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Adorni: "La palabra no debió ser deslomarse"

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El jefe de Gabinete se refirió a la polémica por el viaje que hizo junto a su esposa.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas este jueves por haber dicho que estaba "deslomándose" en Nueva York, lugar al que viajó junto a su esposa como parte de la comitiva oficial por la Argentina Week.

"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores", planteó desde sus redes el funcionario.

Y señaló: "Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas".

Además, agregó: "Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que Argentina no cambie".

"Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del presidente", añadió.

Y cerró: "Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien".

La Justicia abrió la primera investigación por los viajes de Adorni con su esposa

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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas comenzó a analizar traslados vinculados al jefe de Gabinete.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la fiscalía especializada en hechos de corrupción, abrió este jueves una investigación preliminar por los viajes del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De esta manera, ya se comenzó a investigar el viaje de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, a Nueva York, Estados Unidos, en el avión presidencial junto a la comitiva oficial. Además, también se investigará el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este, en Uruguay.

"Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos", afirmó Adorni durante Argentina Week.

El episodio derivó en denuncias judiciales y reclamos políticos de la oposición, que cuestionaron la utilización de recursos públicos para el traslado de familiares de funcionarios.

Según explicó Adorni, en diversos medios periodísticos, la presencia de su cónyuge en el vuelo presidencial no habría estado vinculada a funciones oficiales ni a actividades institucionales del Estado, sino que habría obedecido a circunstancias personales.

La primera presentación, realizada por Dalbón, se hizo ante la Cámara Federal y por sorteo recayó en el juzgado federal 3 a cargo del Juez Daniel Rafecas.

"Si se desloma o no no es una excusa válida", dijo el letrado ya que "la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia", agregó el abogado.

La utilización de recursos públicos para trasladar a una persona sin función pública podría constituir una utilización indebida de bienes del Estado, susceptible de encuadrar en las figuras penales previstas en el artículo 260 del Código Penal de la Nación, denunció el letrado.

"En ese sentido, corresponde destacar que los bienes y recursos estatales sólo pueden ser utilizados con fines estrictamente vinculados al ejercicio de la función pública", explicó.

"Por lo que su empleo para fines particulares o ajenos a la actividad oficial podría configurar una afectación ilegítima del patrimonio estatal", indicó el abogado.

En paralelo a la presentación de Dalbón, la Diputada Pagano, del bloque Coherencia y exintegrante de La Libertad Avanza en la Cámara baja, también se presentó ante la Justicia.

Según dijo, el objetivo es que "se investiguen los delitos que el propio Manuel Adorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta".

En un mensaje en sus redes, recordó la rueda de prensa del 13 de agosto del 2024 en la que Adorni anunció la firma del Decreto 712/2024 destinada a prohibir el uso de aeronaves oficiales para el traslado de familiares de funcionarios, medida que podría ser aplicada en su contra.

"No se van a poder usar aviones públicos para traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública", dijo quien por entonces era vocero presidencial.

En el escrito, la legisladora nacional señaló que los hechos "cobran especial gravedad institucional" si se tiene en cuenta que antes del viaje "la propia Jefatura de Gabinete había impulsado una reforma al régimen de viajes oficiales al exterior".

Esta "establece limitaciones estrictas a la composición de las comitivas", entre ellas, se impone un máximo de un funcionario por evento internacional y se obliga a presentar una justificación explícita por la presencia de cada integrante adicional.

El denunciado, aseguró Pagano, "no solo habría incurrido en una conducta irregular, sino que lo habría hecho en contradicción directa con la normativa que él mismo promovió".

Del cual señaló que en el último tiempo ha visto "ampliadas sus facultades, requiriéndose ahora su firma para toda erogación de partidas presupuestarias del Estado, incluidos los Aportes del Tesoro Nacional".

"Lo cual le confiere una posición de especial responsabilidad en la administración de los recursos públicos y agrava la reprochabilidad de la conducta denunciada", completó.

Pagano no dudó en afirmar como "delictivas" las acciones de Adorni y recordó otros antecedentes, como el haber echado al Jefe de la Fuerza Aérea por utilizar vuelos del Estado para uso personal.

"Por ese caso hubo cadenas nacionales de funcionarios como Petri para mostrarlo como caso ejemplificador de que este Gobierno combatía los privilegios de la casta política", dijo.

El viaje de la esposa de Adorni junto a la comitiva oficial "deja en evidencia que esto era un relato para entretener a la opinión pública", continuó la diputada, mientras "por atrás los que roban ahora son los que se dicen "anti casta".

"Es muy grave que Adorni haya señalado que fue el propio presidente quien invitó a su esposa a un viaje oficial a Nueva York", añadió.

"Qué lejos quedó aquel Gobierno cuyo presidente Milei a poco de asumir solo hacía vuelos en aerolínea pública incluso arriesgando su propia integridad física pero esforzándose por mostrar austeridad", lamentó.

Adorni explicó el viaje de su esposa a Estados Unidos: "Quería que me acompañe porque es mi compañera de vida"

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El jefe de Gabinete rompió el silencio sobre el viaje de su pareja en el avión presidencial.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó el martes el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial.

El funcionario confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial y señaló que ella ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado.

"Mi mujer estaba en el avión presidencial", confirmó Adorni durante una entrevista con la señal de noticias A24.

"Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe", explicó el jefe de Gabinete.

Adorni participó en Argentina Week, el evento que se desarrolla del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos, donde también cuestionó al peronismo y lo acusó de haber convertido al país en una "tierra arrasada" durante sus años de gestión.

Según el funcionario, el hecho de que su esposa haya viajado en el avión presidencial no implicó un costo adicional para el Estado.

"Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar", concluyó.

Denunciaron penalmente a Sturzenegger por una contratación millonaria vinculada a su esposa

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Abogados de la agrupación Reset presentaron una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Cancillería adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del Ministro Federico Sturzenegger.

Una denuncia penal presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación Reset Republicano, apunta contra el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la Subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior de la Cancillería, María Cristina Dellepiane; el Titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; y el Director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

La presentación también pide que se analice la conducta de María Josefina Rouillet, esposa del ministro, quien se desempeña como directiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.

La adjudicación bajo sospecha

El eje de la denuncia es la Disposición 21/2026 de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, fechada el 19 de enero de 2026, que adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa la contratación directa por especialidad N° 26-0033-CDI25 por un total de $114.044.133, con opción a prórroga, para brindar capacitación en inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025-2027.

Según surgió del propio acto administrativo, en la "Declaración Jurada de Intereses" prevista por el Decreto 202/2017 se detectó "un vínculo positivo" entre Rouillet y el Ministro Sturzenegger.

La omisión que denuncian

El punto central de la acusación es que, pese a lo afirmado en la disposición, no existiría constancia pública en el sitio web de la Oficina Anticorrupción sobre la publicación obligatoria del caso, tal como exige el artículo 4°, inciso b, del Decreto 202/2017 cuando hay vínculos entre funcionarios con poder de decisión y personas o entidades contratadas por el Estado.

Los denunciantes aseguran que, al consultar el buscador de "Casos informados a la Oficina Anticorrupción", "no hay publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada de intereses" correspondiente a la vinculación entre Rouillet y Sturzenegger.

En ese marco, sostienen que se habría omitido "una publicación relativa a un procedimiento obligatorio de transparencia, impidiendo el conocimiento público de posibles riesgos de interés".

Esa omisión sería atribuible al Titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y al Director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi.

También cuestionan que se haya adjudicado y aprobado la contratación "existiendo un vínculo con un funcionario con rango de ministro, incumpliendo un requisito de transparencia y publicidad clave", decisión que atribuyen a Dellepiane.

Posibles delitos

La denuncia encuadra los hechos, en principio, en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbe, y en el artículo 265, referido a negociaciones incompatibles con la función pública.

En relación con esta última figura, citan jurisprudencia que describe la conducta como el "interesarse en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo", y adviertieron sobre el llamado "desdoblamiento del agente", cuando el funcionario actúa simultáneamente como representante del Estado y como particular interesado.

"Queda claro, en consecuencia, que en su carácter de Ministro, el denunciado Sturzenegger podría haber intervenido para que la organización empresaria que dirige su esposa fuera contratada", sostuvo el escrito.

Antecedentes y pedido de medidas

La presentación también menciona que durante 2024 habría estado vigente otro contrato con los mismos contratantes y plantea que debería verificarse si Rouillet actualizó su declaración jurada de intereses tras la designación de Sturzenegger como ministro en julio de ese año, tal como exige la normativa.

Entre las medidas de prueba solicitadas, los denunciantes pidieron que se requieran copias de las actuaciones administrativas vinculadas a la contratación y que se realice una pericia técnica para verificar si las publicaciones obligatorias fueron efectivamente incorporadas en la web de la Oficina Anticorrupción y, en su caso, en qué fecha.

En la conclusión, los abogados advierten que la omisión denunciada "excede la mera conculcación del derecho individual a acceder a una información pública relevante" y que podría afectar "la institucionalidad misma de la Nación", al tratarse de "privilegios inadmisibles y de una desvergonzada utilización de lo público en beneficio personal".

A partir de ello, según se consignó, "se aplicaron los trámites y procedimientos previstos para estos casos en el Artículo 4° del Decreto N° 202/17", comunicando la situación a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación, y sugiriendo la suscripción de un pacto de integridad.

Además, la disposición sostiene que la Dirección Nacional de Ética Pública dictaminó que "se han cumplido las previsiones establecidas en el Decreto N° 202/17".