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La deuda del Estado nacional llegó al récord de 455.935 millones de dólares en agosto

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Sólo en los últimos 12 meses los compromisos aumentaron 62.666 millones de dólares.

La deuda en situación de pago normal ascendió a la cifra record de US$ 455.935 millones em agosto, lo que representó un aumento de US$ 6.318 millones respecto a julio, informó la secretaría de Finanzas.

Cuando asumió Javier Milei la presidencia en diciembre del 2023, la deuda en situación normal de pago alcanzaba a 368.225 millones.

A estos se le agregaron los compromisos con los exportadores que dejó el Gobierno de Alberto Fernández, y el traspaso de la deuda que mantenía el Banco Central con los bancos.

En este marco, la deuda entre diciembre y agosto se incrementó en US$ 87.710, a un promedio de US$ 7.309 millones por mes, hasta alcanzar al 75% del Producto Bruto Interno Argentino.

La deuda que se ajusta por inflación alcanzó al equivalente a US$ 123.633 millones, el 26,97% del total, mientras que la que mantiene el Estado Nacional con el Fondo Monetario Internacional, es un tercio de aquella, ya que suma US$ 41.880 millones.

El Gobierno de Javier Milei busca lograr un nuevo acuerdo con el FMI que le permita, al menos, postergar el pago de US$ 3.037 millones que debe abonar el año próximo, cuando enfrente compromisos por US$ 23.792 millones, según cifras oficiales.

Durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó por el equivalente a US$ 62.666 millones, a un promedio de US$ 5.22 millones al mes, debido a la disminución de los compromisos en moneda extranjera en US$ 10.604 millones y al incremento de la nomina en pesos local por US$ 73.270 millones.

Solo en agosto, la suba del 1,41% de los compromisos a pagar se explica por el incremento de la deuda en moneda extranjera en US$ 1.326 millones y el aumento de los compromisos en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 4.992 millones.

La deuda pública trepó a 406.603 millones de dólares

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Aumentó 11.226 millones de dólares durante septiembre por nuevas colocaciones de deuda en pesos.

La deuda pública bruta del Estado argentino trepó en septiembre a 406.603 millones de dólares, un nuevo máximo histórico, según se desprende de datos que informó el Ministerio de Economía.

En septiembre, el incremento fue de U$S11.226 millones, a causa del crecimiento de la deuda en moneda extranjera por U$S874 millones y de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de U$S10.352 millones.

En los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó U$S24.268 millones, debido al incremento de la deuda en moneda extranjera en US$13.954 millones y de US$10.314 en moneda local, precisó la Secretaría de Finanzas.

Los títulos públicos suman U$S288.306, las Letras del Tesoro U$S5.261, Préstamos U$S83.690 y los adelantos de Transitorios del Banco Central totalizan U$S5.066.

El 34% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local, mientras que, el 66% restante, en moneda extranjera.

Con respecto al mes anterior, la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a U$S11.226 millones, representando un aumento mensual del 2,86%.

La variación se explica por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera en U$S874 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de U$S10.352 millones.

Los números muestran que el "financiamiento neto" que se promociona en las colocaciones que la Secretaría de Finanzas celebra semana a se traduce en un nuevo aumento de la deuda pública. Similar concepto cabe para los préstamos que la Argentina acumuló en los últimos meses de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.

El Estado argentino pagará como mínimo otros 4.920.000.000 de dólares por la expropiación de YPF

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El País Diario
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Los abogados aseguraron que ése es el monto que el país está dispuesto a desembolsar en el marco del juicio por la nacionalización realizada durante el tercer gobierno kirchnerista. El reclamo total asciende a U$S16.000.000.000.

El Estado argentino planteó ante la Justicia de Estados Unidos que está dispuesto a pagar U$S4.920.000.000 adicionales por la expropiación de YPF realizada durante el tercer gobierno kirchnerista, en 2012.

Argentina deberá resarcir al bufete Burford, una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y que se especializa en comprar juicios, que se quedó con los derechos a litigar en la causa de la petrolera.

La presentación fue realizada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT en representación del Estado argentino y forma parte de las audiencias convocadas por el Tribunal del 2do Distrito Sur de Nueva York.

Esta semana se sabrá cuánto tendrá que pagar finalmente Argentina por la expropiación de YPF dispuesta por la Vicepresidenta Cristina Kirchner durante su segundo mandato. Para determinar el monto, la jueza Loretta Preska analizará los escritos que presenten las partes.

La indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización. Se estima que el monto puede variar entre U$S4.920.000.000, el monto que está dispuesto a pagar el Estado, y U$S16.000.000.000, el máximo que exigen los demandantes.

Burford y Eton Park señalaron que 16 de abril de 2012 es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación. Ese día se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso de la Nación, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.

Mientras que el Estado argentino sostuvo que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012 que es la fecha en que entró en vigor la ley.

En marzo de este año la jueza Preska falló contra la República Argentina y eximió de responsabilidades a la empresa petrolera, pero no determinó el monto a pagar como resarcimiento.

Argentina acumuló una serie de fallos en contra desde que comenzó la demanda: un total de 6 reveses entre 2016 y 2023. Incluso recurrió a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en 2019, que rechazó analizar el caso y apoyó lo realizado por Preska.

El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión del Presidente Alberto Fernández.

El Gobierno investiga a dLocal por presunta estafa al Estado argentino y analiza denunciarlo en EEUU

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La Aduana argentina evalúa notificar a la SEC, el regulador de Wall Street, y buscará obtener información vía el Tesoro americano y Homeland Security Investigations sobre el destino de al menos 400 millones de dólares que la empresa uruguaya habría "fugado" al exterior.

Se trata del único unicornio uruguayo, como se denominan a las empresas tech que alcanzan una valuación bursátil de más de USD 1.000 millones.También es la única empresa charrúa que cotiza en Wall Street.

Acusada anteriormente de actividades fraudulentas, la fintech dLocal ahora está siendo investigada por el Gobierno argentino por maniobras indebidas en el mercado cambiario y giros al exterior realizados con el propósito de "fugar divisas".

Las maniobras, que constituirían directamente una estafa, tiene un piso de USD 400 millones, según estimaron fuentes oficiales ante Infobae.

"La empresa funciona como un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaría y sacar dólares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad. En su balance prácticamente no cuenta con bienes de uso y sólo declaran alquileres que serían del domicilio de explotación", destacaron a este medio desde el Gobierno.

"Recibe facturas del exterior de su casa matriz, realiza facturas B a clientes del exterior para justificar ingresos y le factura a empresas del mismo grupo. Al realizar este tipo de facturas evita tener que liquidar divisas proveniente de esa exportación de servicios", detallaron.

Fuentes de la Aduana, el organismo de control que comanda Guillermo Michel, señalaron que evalúan notificar del presunto fraude a la Securities and Exchange Commission, el regulador de Wall Street, a través de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.

También buscarán obtener información vía FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano, y de Homeland Security Investigations para establecer los beneficiarios afectivos de los giros y determinar la ruta del dinero que salió de Argentina.

Además de la Aduana, también participan de la investigación el Banco Central, la Secretaría de Comercio, la AFIP y la Unidad de Delitos Financieros.

La empresa está radicada en Malta, tiene un valor de mercado de unos USD 4.000 millones y su actividad local "está plagada de operaciones intercompany", según las autoridades locales. Es decir que se vende servicios a ella misma.

"El 98% de sus ingresos provienen de servicios prestados a dLocal Corp. LLP y dLocal LTD. Los giros de divisas son principalmente a Malta y Gran Bretaña y los principales beneficiarios son dLocal Corp. LLP, dLocal Limited y Dlocal LLP", se explicó.

Según pudo saber este medio, la AFIP envió un requerimiento el pasado 19 de mayo a la dirección de dLocal Argentina SA, un primer piso sobre la calle Thames al 1600, en pleno Palermo Soho. “Ese primer piso que no se identifica bien desde el exterior... y no parece la dirección de una empresa”, aseguraron fuentes oficiales.

En ese requerimiento se le exigió a la compañía que aporte detalles de las solicitudes de giros al exterior por importación de servicios efectuados en 2022 como fecha, monto, destinatario, país, etc. y documentación que acredite esas solicitudes, facturas y contratos con destinatarios. Aún no se cumplieron los cinco días hábiles que le dieron para presentar los papeles.

dLocal se dedica a proporcionar pagos transfronterizos que conectan comerciantes globales con mercados emergentes y tiene sedes en Montevideo, San Pablo, San Francisco, Londres y Tel Aviv, entre otras ciudades además de la dudosa oficina de Buenos Aires.

Ofrece servicios de pagos electrónicos globales y asegura tener clientes como Zara, Amazon, Nike, Dropbox, Booking y Tripadvisor, entre muchos otros.

"dLocal nació con un objetivo: cerrar la brecha de innovación de pagos que existe entre los países desarrollados y las economías emergentes. Somos 40% facilitadores de pagos transfronterizos, 40% empresa de tecnología y 40% expertos en localización de mercados emergentes. Eso significa que estamos dedicados 120% a ofrecer una solución de pagos integral y flexible que desbloquea nuevos ingresos y maximiza el alcance en los mercados en crecimiento", aseguran en su web con dudosa matemática.

El Presidente y COO de la compañía es Jacobo Singer y el CEO Sebastián Kanovich, ambos uruguayos. Según información pública, Singer se radicó en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el año pasado para comandar el crecimiento de la empresa en África.

Dato Indec: el Estado nacional tiene 323.372 empleados

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De acuerdo con lo informado, la Administración centralizada representa el 17,8% del total, la Administración descentralizada el 40,9%, la Administración desconcentrada el 7,6%, otros entes 4,8% y las Empresas y sociedades el 28% restante.

El Estado Nacional informó que contaba con 323.372 empleados al término de agosto, entre la Administración Pública, empresas y sociedades estatales o con participación estatal, informó este sábado el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

De esta manera, el Estado Nacional cumplió con la directiva impartida por el Ministro de Economía, Sergio Massa, que se une al congelamiento de vacantes, salvo casos de excepción.

De acuerdo con lo informado por los distintos componentes del Estado, la Administración centralizada representa el 17,8% del total, la Administración descentralizada el 40,9%, la Administración desconcentrada el 7,6%, otros entes 4,8% y las Empresas y sociedades el 28% restante.

En detalle, la información suministrada al Indec dio cuenta que 229.685 personas trabajan en la Administración Pública Nacional, en "Otros entes" unas 15.590; mientras que "Empresas y sociedades", otros 93.687 trabajadores.

En la Jefatura de Gabinete trabajan 3.360 empleados, en el Ministerio de Cultura, 4.086; en la cartera de Desarrollo Social 5.705; en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia 2.465.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat cuenta con 770 empleados, el de Economía con 9.964; en la cartera de Educación 1.652; el de Justicia 1.550; Mujeres, Géneros y Diversidad 1.246; Relaciones Exteriores 2.979 empleados, entre otras dependencias.

En el segmento de "Otros Entes" se encuentra el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, con 1.029 empleados; la Comisión Antidopaje 23; el Instituto Nacional de Promoción Turística 57; el Pami 14.481 trabajadores.

Massa subrayó que "este informe de acceso público se actualizará mes a mes con las presentaciones de las declaraciones juradas" y remarcó que "permitirá controlar que nadie viole el compromiso de no aumentar el personal de la administración pública nacional y sus empresas, salvo cuestiones operativas explicadas".

El 3 de agosto, cuando asumió, en su primera conferencia de prensa, Massa afirmó que "rige el congelamiento de la planta del Estado, pero cada jurisdicción será responsable por las empresas descentralizadas que también estarán alcanzadas por la limitación".

La medida había sido oficializada con la Decisión Administrativa 827/2022, publicada en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, en agosto.

El texto oficial sostiene que las empresas del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, así como los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional, deberán informar mensualmente al Indec la variación de su dotación de personal para su publicación.

Cabe aclarar que el Indec no hará auditoría ni control de las nóminas. Esto dependerá de los organismos de fiscalización de cada empresa.

En agosto, con motivo de su participación en el Council of the Americas, Massa volvió a referirse al tema del congelamiento del personal del Estado, como lo hizo en su primer discurso como ministro.

"Hemos planteado un congelamiento de la planta que no solamente alcanza al sector público centralizado sino que, como conocerán en las próximas horas por decisión administrativa, también a cada una de las empresas del Estado porque entendemos que, en definitiva, el desafío de pedir que hagamos un esfuerzo en conjunto entre el sector público y el sector privado tiene que venir apalancado en que el primer esfuerzo lo hacemos desde el Estado", aseguró.

El Estado ahorrará 23.700 millones de pesos en caso de anular un decreto de Macri

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El DNU del expresidente establecía una compensación a empresas productoras de gas. El Senado decidió que no tenía validez, y ahora deberá esperar que sea refrendado por Diputados.

El Estado nacional se ahorrará 23.700 millones de pesos que la administración anterior estableció como compensación a las empresas productoras de gas en noviembre de 2019, a días de terminar el mandato presidencial de Mauricio Macri.

Será como consecuencia de la derogación de un decreto de necesidad y urgencia, que anoche obtuvo la media sanción en el Senado, y ahora resta su ratificación de la Cámara de Diputados.

Si bien el DNU 1053 se dictó el 16 de noviembre de 2018, recién un año más tarde se determinó el monto a pagar por las compensaciones, en 24.524 millones de pesos, y el 6 de diciembre, cuatro días antes de iniciarse el Gobierno de Alberto Fernández, se pagó la primera cuota de $ 817 millones, de las 30 previstas en forma mensual.

En su artículo 7, el DNU estableció que el Estado nacional asumía "el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio".

Un año más tarde, el 14 de noviembre de 2020, el Ente Nacional Regulador del Gas emitió la resolución 735, en la cual determinó que el Estado nacional debía abonar $24.524.715.128 a las prestadoras por las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

El DNU 1053 buscó amortiguar los efectos del acuerdo alcanzado por el exministro de Energía Juan José Aranguren y las gasíferas para dolarizar las tarifas del gas, a principios de 2018.

Previo al decreto, el macrismo determinó a comienzos de octubre de 2018, y tras la devaluación de más del 100% del peso frente al dólar acumulada en el año, trasladar a los usuarios las diferencias del tipo de cambio.

La resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, que en ese momento conducía Javier Iguacel, autorizó a las empresas distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe extra, que significaba un ajuste del 35% promedio, en 24 cuotas, para compensar el impacto de la devaluación, a aplicarse a partir del 1 de enero de 2019.

Las quejas de los usuarios, un frente interno en el Gobierno, y la denuncia penal del fiscal federal Guillermo Marijuan a Iguacel, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, echaron atrás la medida.

La deuda la absorbió el Estado a través del DNU 1053, que en los últimos meses de este año fue cuestionado por organizaciones multisectoriales, sindicales y de defensa de los consumidores, que pidieron su derogación, próxima a efectivizarse.

En paralelo, el interventor del Enargas, Federico Bernal, denunció penalmente a fines de junio último a Aranguren, por aquel acuerdo de dolarización de las tarifas de 2018.

El martes último, Marijuan imputó a Aranguren por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles", en relación con los contratos que fijaron el precio del gas en 2018.

La imputación recayó también sobre el expresidente del Enargas Ezequiel Roitman, el exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía Marcos Pourteau, la exgerente de Legales del Ente Marcela Valdez, y el resto del directorio del organismo regulador.

"Debido al escándalo que en su momento se produjo por la fuerte devaluación de octubre del 2018, el gobierno de Macri decidió trasladar el costo de la devaluación, 393 millones de dólares, a todos los contribuyentes mediante afectación del Presupuesto Nacional, a través del Artículo 7 del Decreto 1053/2018", recordó al respecto la actual conducción del Enargas.