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Encontraron muerto al apoderado de Eugenio Zaffaroni en la casa del exjuez de la Corte Suprema

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El apoderado, Ricardo Montivero, de 76 años, había sido investigado en una causa por el funcionamiento de prostíbulos en inmuebles del exintegrante de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni. El sábado fue encontrado inconsciente en el baño de una casa de Flores, donde vivía junto al excortista.

Personas cercanas al exjuez, indican que Montivero estaba muerto en la bañadera de Zaffaroni, y que era su pareja, fue el que reconoció ante la justicia que le administraba los 6 departamentos convertidos en prostíbulos durante la era kirchnerista.

El episodio sucedió en una casa ubicada en el barrio porteño de Flores, donde el apoderado y amigo cercano del exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, identificado como Ricardo Montivero, de 76 años, fue encontrado muerto en el baño.

El hallazgo fue protagonizado por una empleada doméstica que trabajaba en el lugar haciendo limpieza.

La empleada se comunicó con el servicio de emergencias 911 el sábado al mediodía, para reportar la presencia de un hombre de edad avanzada inconsciente en el baño de la vivienda situada en la avenida Boyacá al 934, según informó la Policía de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La comisaría Vecinal 7C respondió al llamado y constató que el hombre se encontraba sin vida. En el domicilio también se encontraba Zaffaroni, quien afirmó que vivía allí junto a la persona fallecida, describiéndola como su "amigo íntimo".

De acuerdo con la información proporcionada por la policía porteña, se presume que Montivero se desvaneció en la bañera mientras se estaba bañando. El deceso fue confirmado por médicos del SAME, que acudieron al lugar.

El Papa nombró a Zaffaroni en un nuevo organismo para investigar y promover los derechos sociales

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Francisco también designó a otros tres argentinos. El exjuez de la Corte Suprema venía de integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Papa Francisco nombró al Exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, en un nuevo organismo para la investigación y promoción de los derechos sociales.

Se trata del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales "Fray Bartolomé de las Casas", creado este viernes por el Sumo Pontífice.

El exmagistrado, que luego de su paso por el máximo tribunal se desempeñó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el período 2016-2022, fue designado para integrar la Junta Académica Fundadora del mencionado organismo vaticano entre 2023 y 2028.

Junto a él también fueron nombrados el profesor de globalización y educación argentino radicado en Estados Unidos Marcelo Suárez Orozco y el filósofo ítalovenezolano Alberto Filippi.

El instituto tendrá "finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de Derechos Sociales, migración y colonialismo" y funcionará en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

Los nombramientos fueron establecidos a través de la publicación de un quirógrafo: ese documento también dio a conocer que otros dos argentinos también ocuparán cargos en la estructura eclesiástica.

El Santo Padre estableció que el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, originado en 2017 en un encuentro regional en Buenos Aires y luego creado formalmente en 2019 por el exarzobispo primado de Argentina, sea considerado Asociación Privada de Fieles con carácter internacional.

Para el período 2023-2028, Francisco designó como presidente de Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana al juez Roberto Gallardo, quien el año pasado había tenido un momento de protagonismo nacional cuando había ordenado al Gobierno porteño que retirara el vallado montado en las inmediaciones del departamento de la Vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el barrio de Recoleta.

Además, el Papa también ubicó como secretario del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana al también juez argentino Gustavo Daniel Moreno.

El resto de la estructura de Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana quedó integrada por la brasileña Ana Algorta Latorre, como vicepresidenta; y la colombiana María Julia Figueredo Vivas, la estadounidense Tamila Ipema, el chileno Daniel Urrutia Laubreaux y la peruana Janet Tello Gilardi, como vocales.

Zaffaroni: "Si Cristina Kirchner es condenada, no va a quedar otra que un indulto"

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Uno de los principales juristas defensores de la vicepresidenta planteó que ante un fallo desfavorable, el Presidente Alberto Fernández deberá hacer uso del indulto. Desde Casa Rosada no descartan la posibilidad, llegado el caso.   

El exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni habló de la causa por la Obra Pública que enfrenta la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que, de ser condenada, el Presidente Alberto Fernández deberá recurrir a la figura del indulto presidencial.

"Si la vicepresidenta es condenada, el único recurso que va a quedar, por duro que sea, no será otro que un indulto presidencial. Es conveniente pensar el indulto como último recurso para que la Democracia preservada pueda intentar la restauración de la República", expresó Zaffaroni en un audio emitido en La García por AM 750.

En Casa Rosada aseguran que si bien falta mucho para la resolución del juicio, no descartan la posibilidad del indulto.

Asimismo, explicó que de resolverse la condena, los recursos proveniente de organismos internacionales resultarían "ineficaces" dados los tiempos del Derecho, por lo que señaló que la solución deberá surgir del Derecho Interno.

"Si la vicepresidenta es condenada, no quedará otra alternativa que buscar una solución en el Derecho interno para salvar el futuro de nuestra Democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones", agregó.

En la misma línea, calificó la causa llevada adelante por el Tribunal Oral N° 2 como "una catástrofe que se está cargando a la República y a la Democracia", y arremetió contra Jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso por sus vínculos con el macrismo.

"Los jueces juegan a la política, rompen los límites éticos y jurídicos y protagonizan el juicio oral con final sabido más vergonzoso que nunca se haya visto", indicó.

Por su parte, cruzó también al Embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, a quien definió como "personero del tardo colonialismo financiero" y "representante de intereses financieros" que aconseja "insólitos acuerdos políticos en el orden nacional".

El circulo rojo y el 2023

A tono con los dichos de la vicepresidenta, el exjuez de la Corte aseveró que "la condena ya está escrita, guardada bajo la camiseta de jugadores de fútbol en la quinta presidencial, y será confirmada por los dos jueces que deberían revisarla y que, como buenos jugadores de tenis y pádel, también lo harán, confirmándola".

Para Zaffaroni la condena implicará la proscripción política de Cristina Kirchner producto de lo que definió como "el temor del Círculo Rojo a la candidatura" de la exmandataria en 2023.

"Es predecible que la Corte Suprema calcule sus tiempos según las circunstancias. Si se ve apurada por el Círculo Rojo, aplicará el consabido artículo 280, no me interesa. Nada quedará por hacer en los tribunales del país porque se derrumbaron los últimos escrúpulos que se suponía que podía tener ese grupo de jueces y fiscales que se lanza sin límites a la persecución política", concluyó.

Expresidentes, militantes kirchneristas, Gioja, Larroque, Zaffaroni y Bonafini pidieron por la libertad de Honesty Boudou

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Un arco importante del kirchnerismo, que saqueó al país durante una década, publicó una nueva solicitada para pedir la libertad de Amado Honesty Boudou.

La solicitada salió publicada en varios diarios nacionales y allí critican a la Justicia argentina y a los medios de comunicación.

El texto fue firmado por expresidentes de Latinoamérica, legisladores nacionales, intendentes, funcionarios del gobierno nacional, periodistas y actores que integran el arco del kirchnerismo ladrón.

En la publicación reclaman la libertad del exvicepresidente de Cristina Kirchner, Jefa de la Banda de Cacos que gobernó el país por una década.

El pedido llega diez días después de que el Juez de Ejecución Penal Daniel Obligado ordene su regreso a la cárcel para cumplir la condena por el caso Ciccone.

La decisión del Juez Obligado hizo lugar al pedido de los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín, quienes pidieron el regreso a la cárcel de Honesty Boudou, cuya condena a 5 años y medio de cárcel fue confirmada semanas atrás por la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado revocó el arresto domiciliario al considerar que habían cambiado las circunstancias por las que lo había enviado a su casa, que en su momento era que debía estar con sus hijos mellizos de dos años y que su esposa, ciudadana mexicana, debía trabajar para sostener la familia.

"La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones", señala el texto que fue firmado por los expresidentes Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia) y Manuel Zelaya (Honduras).

También fue firmada por El Vale Todo Gioja, Hebe de Bonafini, Julio De Vido y Eugenio Zaffaroni, entre otros kirchneristas.

En la solicitada los firmantes cuestionaron a la Justicia argentina y a los medios de comunicación. "Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población", indicaron.

Además, aseguraron que "es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente", al tiempo que afirmaron que los "medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política".

Según indicaron en el texto publicado, "la situación de Amado Boudou testimonia con exactitud esa estrategia de guerra, objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal".

Asimismo, consideraron que "un puñado de medios de comunicación son los que organizan una persecución política y moral contra quien fuera vicepresidente durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner".

"Está muy claro que se trata de una venganza por las decisiones en las que participó, y particularmente por la recuperación para los trabajadores de los fondos de pensión que habían sido enajenados a favor de grandes consorcios financieros", agregaron.

Entre los funcionarios y legisladores que firmaron la solicitada se encuentran el Ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi; el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la titular del PAMI, Loana Volnovich; la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; los legisladores Hugo Yasky, Eduardo Valdés, Norma Durango y Leopoldo Moreau; el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan; y el Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Cuervo Larroque.

"Esta situación implica un profundo deterioro de la política, de las creencias sociales y del lenguaje general de una sociedad. Es una verdadera emergencia político judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas", sostuvieron.

El escrito kirchnerista reclama "la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas" para que "en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos".

También señala que "lo que ahora está ocurriendo con Amado Boudou, es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno".

"Es lo que en la región conocemos como la guerra judicial, que hoy es el arma principal de desestabilización de la democracia. La persona de Boudou fue elegida para descargar un castigo ejemplar contra quienes se atreven a enfrentar los injustos privilegios de los que disfruta una facción local históricamente privilegiada, en sociedad con grandes corporaciones locales y extranjeras", expresaron.

Elisa Carrió pidió juicio político contra Eugenio Zaffaroni

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La Coalición Cívica pidió el juicio político al Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni.

El pedido es por los dichos contra la Corte Suprema de Justicia argentina tras dejar firme la sentencia del exvicepresidente Amado Honesty Boudou y sobre la necesidad de indultar a los exfuncionarios kirchneristas a quienes consideró "presos políticos".

La denuncia lleva las firmas de los diputados de Coalición Cívica: Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli, Javier Campos, Laura Carolina Castets, Héctor Flores, Mónica Frade, Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman y Alicia Terada.

En una nota presentada a la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito, Elisa Carrió y el cuerpo de diputados de la Coalición Cívica consideraron que la firma de Zaffaroni en la solicitada denominada "Sin Lawfare no hay democracia", emitida después de que la Corte Suprema confirmó la condena de Amado Boudou por el caso Ciccone, reviste un hecho de gravedad institucional.

Se pidió, en esta denuncia, la apertura de un proceso disciplinario sobre la conducta de Zaffaroni, designado por Boudou como su abogado, y su remoción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Esta carta de apoyo al exvicepresidente de la Nación Amado Boudou, que apareció en diversos medios de información y que tuvo un alto impacto mediático, llevaba la firma, en primer lugar, del integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni", señala la nota.

Además agrega que "el integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusa en una solicitada pública a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina de ser un organismo de persecución y de afectar el funcionamiento de la democracia. Pero no contento con ello, el comunicado que firma el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el fallo de la Corte de Argentina, o la Corte misma, funciona como un "instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y los más vulnerabilizados".

Asimismo dice que "el juez de la Corte Interamericana parece, además, asumir una posición político partidaria explícita, máxime cuando la carta se encuentra firmada por una gran cantidad de dirigentes y funcionarios del partido político que gobierna actualmente".

"La corrupción y la violación de derechos humanos se encuentran íntimamente vinculadas. O dicho de otro modo, prevenir actos de corrupción es prevenir también violaciones de derechos humanos. De modo tal que las expresiones del Dr. Zaffaroni respecto de una sentencia por corrupción contra un ex encumbrado funcionario político, revisada y firme, aparecen como violatorias de los deberes que tiene como juez, y en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", denunció la Coalición Cívica.

Zaffaroni pidió un indulto para Honesty Boudou: "Si no, van a seguir los presos políticos"

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El exministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, se refirió a la decisión del Juez Obligado de que el exvicepresidente ladrón vuelva a la cárcel.

Eugenio Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema, defendió al exvicepresidente Amado Honesty Boudou y pidió un indulto, ya que de otra forma aseguró que "van a seguir los presos políticos".

Es preciso recordar que la semana pasada, el Juez Daniel Obligado resolvió que Boudou debe regresar a la cárcel al revocar el arresto domiciliario que había dispuesto durante la pandemia.

En tanto, sectores cristinistas presionaron para que el exministro de Economía obtuviera la excarcelación.

La decisión tuvo lugar después de un nuevo reclamo de dos fiscales y 27 días más tarde de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Honesty Boudou por el Caso Ciccone.

Sobre la decisión que se debería tomar, Zaffaroni indicó: "La herramienta legal y solución inmediata que hay ahora para estas cosas es el indulto, si no, van a seguir los presos políticos, sin dudas", al tiempo que añadió: "El indulto es un acto político y de Gobierno que existe en todas las Constituciones".

Jubilado VIP: Eugenio Zaffaroni cobra 853.000 pesos netos por mes

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Más de 800 exjueces federales o sus herederos perciben actualmente una jubilación o pensión especial por haber ocupado la magistratura.

Esos beneficios rondan, en promedio, los 430.000 pesos netos. Hay, en tanto, diez exministros de la Corte Suprema o familiares que registran asignaciones sensiblemente superiores: en promedio, unos 648.000 pesos netos, gracias al régimen previsional especial que abarca a los tres poderes del Estado.

El régimen jubilatorio del Poder Judicial cuenta con 5674 beneficiarios: 4186 jubilados y 1488 pensionados. Así consta en datos de mayo de este año a los que accedió diario La Nación a partir de un pedido de información pública ante el Consejo de la Magistratura.

Por mes, el Estado eroga 1.667 millones de pesos en términos de asignaciones especiales para los exmagistrados o las pensiones de sus familiares.

Quien percibe en mano la jubilación más alta es el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. El kirchnerista progre recibió en mayo de este año de Anses, la friolera de 853.000 pesos netos, de acuerdo a la respuesta oficial.

Es un 42% más que la pensión vitalicia que el organismo previsional le paga al expresidente ladrón Carlos Menem, que cobra 600.791 pesos netos, constituyéndose en el expresidente argentino que más gana en el país.

Detrás de Zaffaroni, de acuerdo a la información oficial, figuran el exjuez de la Corte entre 1983 y 2005, Augusto Belluscio ($832.000 netos), el exministro del máximo tribunal entre 1995 y 2004, Adolfo Vázquez ($812.000 netos), y su par entre 1994 y 2002, Gustavo Bossert ($773.000).

Esos son los únicos exjueces de la Corte que reciben este tipo de asignación, ya que en los otros seis casos se trata de pensiones de exministros del máximo tribunal fallecidos, beneficios que se ubican entre los $128.988 y los $700.000 netos mensuales. Corresponden a los herederos de Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Elías Gustavino, Gustavo López, Ricardo Colombres y Jorge Bacque.

De acuerdo a la Ley 24.018, que fija las asignaciones especiales para los tres poderes del Estado, los jueces de la Corte Suprema de Justicia adquieren el derecho a gozar de la jubilación especial cuando cumplen cuatro años en el ejercicio de sus funciones, a partir de los 65 años o al acreditar treinta años de antigüedad en servicio o 20 años de aportes. Estas asignaciones son móviles, vitalicias e inembargables.