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30 de octubre de 2025

Etiqueta: Exfuncionarios

Argentina aceptó entregar chats de funcionarios y exfuncionarios por el caso YPF

Preska intenta establecer conexión directa entre la petrolera y el Gobierno nacional para hacer cumplir el pago de la sentencia.

Argentina le informó a la Jueza, Loretta Preska, que le pedirá a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional que cooperen con la Justicia de Estados Unidos y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles, tal como pidió la magistrada.

Entre ellos se incluiría el actual Ministro de Economía, Luis Caputo, y su predecesor, Sergio Massa.

La comunicación fue planteada en un escrito elevado a la jueza y que publicado por el experto, Sebastián Maril.

En esa misma presentación, Argentina le solicitó a Preska que extienda la fecha de entrega hasta el 21 de noviembre.

El pedido de la jueza es parte del proceso de obtención de pruebas solicitado por el fondo de inversión Burford Capital, beneficiario del fallo por U$S16.000.000.000, y tiene el objetivo legal de demostrar que el Estado argentino y la petrolera YPF son la misma entidad, un concepto conocido como "alter ego".

La sentencia original condenó a la República a pagar más de U$S16.000.000.000, pero eximió a YPF de responsabilidad.

Si se prueba el alter ego, los demandantes podrían habilitar el embargo de activos de YPF y de otras empresas públicas, como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, o Enarsa, para asegurar el cobro de la condena.

La orden judicial buscará mensajes, incluyendo plataformas como WhatsApp, que sugieran que los funcionarios utilizaron canales no oficiales para emitir directivas, interferir en precios de combustibles o controlar la gestión de YPF, actuando en beneficio del Estado y no como una sociedad anónima independiente.

Causa YPF: la Justicia de Estados Unidos pidió los celulares de Luis Caputo y Sergio Massa

La Jueza Preska ordenó entregar los chats de funcionarios y exfuncionarios.

La batalla judicial por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York sumó un nuevo capítulo de máxima tensión: mientras Argentina presentaba sus argumentos para evitar la entrega de acciones de la petrolera, la Jueza Loretta Preska ordenó al país entregar el contenido de las comunicaciones de WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al actual Ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa.

Según supo Noticias Argentinas, la orden se conoció después de que los abogados del Estado argentino presentaban un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control de YPF.

En su presentación ante la Cámara de Apelaciones, Argentina advirtió que ejecutar la orden de entrega de las acciones de YPF "causaría un daño irreparable a la República" y "podría desatar un conflicto diplomático significativo" con Estados Unidos.

El escrito, al que tuvo acceso el experto Sebastián Maril, sostiene que la orden de Preska "vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero" y contradice la ley estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino.

Además, el Gobierno remarcó que el interés público se ve favorecido por la suspensión, ya que la ejecución del fallo afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino.

Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o si hace lugar al pedido argentino de suspenderla durante todo el proceso de apelación.

El presidente relevó del deber de guardar secreto de Inteligencia a varios exfuncionarios

De esta manera, todos los involucrados quedaron autorizados para prestar declaración ante el Juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de submarinistas del ARA San Juan.

El Presidente Alberto Fernández relevó este sábado del deber de guardar secreto y confidencialidad a varios funcionarios de la gestión de su antecesor, Mauricio Macri, y también a la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, para que puedan prestar declaración en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que fallecieron como consecuencia de la explosión y posterior hundimiento de la embarcación.

A través del Decreto 762/2021, publicado este sábado en el Boletín Oficial, quedaron autorizados a dar detalles vinculados a la Inteligencia el exministro de Defensa Oscar Aguad; el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis; al exjefe de la Custodia Presidencial Alejandro Cecati; el extitular de la Casa Militar José Luis Yofre; y su sucesor, Alejandro Guglielmi.

Además, el exministro de Seguridad bonaerense y actual Presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. El jefe de Estado también incluyó en el listado a Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI.

Alberto Fernández explicó la medida al señalar que el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, "solicitó que se releve del deber de confidencialidad previsto en la Ley Nº 25.520 a siete personas que individualiza en el oficio de requerimiento, en atención a lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en su presentación escrita realizada en el marco de la audiencia indagatoria de fecha 3 de noviembre de 2021, y con el fin de evitar dispendios jurisdiccionales y eventuales planteos de las partes".

Asimismo, remarcó que en el expediente en cuestión "se investiga la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que haya sido necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación".

"Con el fin de posibilitar la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales, es que corresponde relevar a las personas solicitadas por el juez interviniente del deber de secreto y confidencialidad en los términos de la normativa vigente", agregó el decreto.

La semana pasada Alberto Fernández había adoptado la misma medida con Macri, luego de que se frustrara su presentación en el Juzgado de Dolores por el detalle técnico de que el líder del PRO aún estaba obligado a guardar secreto y confidencialidad en cuestiones vinculadas a la Inteligencia.