Los nuevos pliegos se publicarán entre octubre y noviembre. Se definirá un plazo de concesión más corto, se incorporarán mejoras técnicas exigidas por el sector exportador y se buscará adjudicar el contrato en el primer semestre de 2026.
La nueva licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay avanza a paso firme y, según fuentes oficiales que trabajan en el pliego, el proceso concluirá con la publicación de la documentación técnica hacia octubre o noviembre, con la intención de adjudicar el contrato en el primer semestre de 2026.
El corredor fluvial, que abarca más de 1.200 kilómetros desde Confluencia hasta el Océano Atlántico, es clave para la competitividad exportadora: por allí circula aproximadamente el 80% de las exportaciones de granos, harinas y aceites, lo que representa cerca de U$S28.000 millones anuales en comercio exterior agroindustrial.
El nuevo llamado buscará dejar atrás el fallido proceso anterior, anulado en febrero tras denuncias por falta de transparencia.
Esta vez, aseguran, cada paso estará auditado por la Unctad, el organismo de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, en el marco de un convenio ya firmado en la gestión de Mauricio Macri.
Mesas de trabajo y auditoría internacional
El rediseño de los pliegos se trabaja en una serie de mesas técnicas que ya se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Rosario, y que continuarán en julio en Paraná y luego en Chaco o Corrientes.
En cada encuentro participan entre 80 y 100 representantes de provincias, puertos públicos y privados, agroexportadores, armadores, universidades, cámaras de prácticos y usuarios de la vía.
Uno de los debates técnicos más avanzados se centra en los anchos de canal y las zonas de sobrepaso.
La Cámara de Prácticos, junto con otros actores, presentó un extenso informe con kilómetro por kilómetro donde proponen obras puntuales.
Exclusión a empresas estatales y control privado total
El nuevo pliego mantendrá la cláusula que impide la participación de empresas con control estatal extranjero, lo que, de hecho, deja afuera a las dragadoras chinas.
Además, se confirmó que todo el esquema será 100% privado: quien cobre el peaje, quien haga el dragado y quien supervise el cumplimiento.
Plazo menor, tope tarifario y deuda en revisión
Otro punto revisado es el plazo de concesión, que bajará de 30 a 20 años. La definición responde a una lógica técnica: es el mínimo necesario para amortizar dragas nuevas.
En cuanto a la tarifa, se aplicará un tope que no podrá superar el costo actual, y se espera que las empresas compitan por debajo de ese valor.
La situación de la deuda de U$S78.000.000 con Jan de Nul, que originalmente debía asumir el nuevo adjudicatario, sigue sin definición. Actualmente está a cargo de la Administración General de Puertos, y se está evaluando una alternativa que no genere ventajas ni barreras.
Participación empresaria y cierre del cronograma
Según el esquema previsto, luego de las mesas de julio y agosto se abrirá una audiencia pública. El llamado formal saldría entre octubre y noviembre, y las empresas tendrán 60 a 90 días para presentar ofertas.
El Gobierno estima que podrían participar entre 4 y 5 grandes dragadoras internacionales, probablemente en alianza con firmas locales o mediante sociedades en formación.
Transparencia, operaciones y control del proceso
Desde el equipo que lidera el proceso reconocieron que se trata de una licitación que es súper disputada y operada por jugadores políticos, por geopolítica y por empresarios, y debido a eso anticiparon críticas.
Además, insistieron en que la etapa actual es clave para canalizar cualquier objeción, por eso remarcan que todo lo debatido quedará documentado.
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