Etiqueta: Federico Sturzenegger

En 14 meses dieron de baja a más de 42.000 empleados públicos

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Según estimación oficial representa un ahorro anual de U$S1.650 millones.

Un total de 42.034 empleados de la administración pública dejaron sus cargos en los últimos 14 meses, según un informe oficial.

El Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, estimó que a valores de febrero esta baja significa un ahorro de U$S1.650 millones anuales.

"Son menos impuestos para todos nosotros", señaló el funcionario en sus redes sociales.

"Este trabajo, columna vertebral de la política indeclinable de superávit fiscal, es tarea de todo el Gobierno", añadío.

De acuerdo a la información que publicó el ministerio, 24.244 cesantías corresponden a la administración central y descentralizada, 13.711 a empresas del estado y 4.079 a personal militar y de seguridad.

Siempre de acuerdo al trabajo publicado por la cartera, en febrero dejaron sus lugares 1.544 empleados estatales.

El FMI armó un consejo de asesores e incluyó a Sturzenegger

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Es el Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento y los miembros se reunirán una vez cada tres meses.

En medio de la recta final de las negociaciones del Fondo Monetario Internacional con el Gobierno de Javier Milei, el organismo financiero conformó un consejo de asesores.

Entre sus miembros, se encuentra Federico Sturzenegger, actual ministro de Transformación y Desregulación del Estado.

La Directora del FMI, Kristalina Georgieva, nombró a 9 personas para que formen parte del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento.

El objetivo general de este grupo será "identificar políticas que mejoren la asignación de recursos, fomenten la innovación e impulsen el crecimiento económico liderado por el sector privado".

Según detallaron en un comunicado oficial, "los miembros del Consejo compartirán sus puntos de vista y experiencias sobre cómo se puede promover el espíritu emprendedor y la productividad mediante políticas macroeconómicas y financieras".

Según detalló Georgieva, las personas seleccionadas son "destacados pensadores y profesionales del ámbito empresarial, financiero, académico y de la formulación de políticas para compartir sus puntos de vista y experiencias sobre cómo las políticas macroeconómicas y financieras pueden generar un entorno propicio para la innovación, el emprendimiento y la productividad, ingredientes clave para un sector privado próspero y un sólido crecimiento económico".

El nuevo consejo asesor se reunirá aproximadamente una vez cada tres meses en debates estructurados según las reglas de Chatham House.

Gobierno desregulará por decreto el transporte marítimo y habilitará la navegación de buques extranjeros

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La medida establece que el tránsito, comunicación y comercio "serán practicados por barcos bajo registro argentino o extranjero" y elimina la obligatoriedad de contratar tripulantes locales. El documento ya está listo y prevén firmarlo en el corto plazo.

El Gobierno desregulará por decreto el transporte marítimo en los próximos días. Según pudo saber Todo Noticias, la medida habilitará buques y tripulaciones extranjeras en el cabotaje nacional, lo que implicará la pérdida de la exclusividad de la Marina Mercante.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en conjunto con el titular de la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, Iñaki Arreseygor.

"El decreto va a salir en breve. La idea es reducir trabas y fomentar la actividad", expresaron desde Nación.

El documento ya está listo y establece que "la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional serán practicados por buques bajo registro argentino o extranjero".

Fijarán la posibilidad de que barcos de bandera extranjera operen en cabotaje nacional por hasta 180 días renovables.

Elimina también la obligatoriedad de contratar tripulantes argentinos y dispone que las empresas puedan "utilizar a tripulantes de cualquier tipo de nacionalidad, con la única excepción de que estén habilitados como personal marítimo o fluvial" en caso de demostrar la falta de disponibilidad de tripulantes idóneos argentinos.

La iniciativa habilita a los propietarios inscriptos en el Registro Nacional de Armadores a solicitar el cese de bandera provisorio a la Prefectura Naval Argentina de los buques inscriptos en la matrícula nacional para su inscripción en registros extranjeros sin ser considerado como una exportación. Excluye del régimen a los buques afectados a la pesca.

La medida tiene una duración de hasta diez años y dispone de un reingreso automático sin costos adicionales.

Le da prioridad también a la ley del país de abanderamiento sobre los contratos de los tripulantes y se otorga tratamiento de bandera nacional a buques extranjeros arrendados sin tripulación con antigüedad menor a 20 años.

El decreto declarará como servicio esencial a la navegación por agua marítima destinada al transporte comercial, de pasajeros, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera. La medida implica que se deberá garantizar un porcentaje mínimo de operatividad en caso de huelga o conflicto laboral.

Establecerá además que los sindicatos podrán sugerir un listado del personal disponible en las bolsas de trabajo a los empleadores, pero fija libertad de contratación por parte de estos.

"El empleador podrá contratar a la persona sugerida y/o a cualquier otra que disponga. Queda derogada toda norma que se oponga al presente artículo y/o a la libertad de contratación y elección del personal por parte del empleador", expresó el texto.

Aguiar pidió la renuncia de Bullrich y dijo que "está cada vez más cerca el caos social"

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Además indicó que la ministra de Seguridad "lo único que hace es acumular muertos" y confirmó que ATE estará en la marcha de jubilados de este miércoles.

El Secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "tiene que renunciar", alegando que lo único que hace es "acumular muertos" y señaló que, con este Gobierno, "está cada vez más cerca el caos social".

"Tenemos un Gobierno que está actuando al margen de la ley, Bullrich tiene que renunciar. Lo único que hace es acumular muertos", expresó en diálogo con Radio Splendid.

"Está cada vez más cerca el caos social con este Gobierno", añadió.

Además, manifestó: "La pérdida del poder adquisitivo es desesperante. El Gobierno ha fracasado en su gestión. Son CEOs fracasados y nos está costando muy caro a los argentinos. Esperemos que el Congreso comience a poner límites institucionales".

"El acuerdo con el FMI va a lesionar de manera grave nuestra soberanía", aseguró, mientras que luego dijo: "Diputados y senadores están lejos de cumplir con el mandato que la sociedad les dio".

En tanto, señaló que este miércoles los representantes de ATE van a ir a la marcha y aclaró que es "no solo por los jubilados, sino por la democracia".

"El 27 de marzo en el paro de estatales acá en Capital Federal nos vamos a movilizar al ministerio de Sturzenegger en rechazo a los recortes en el Estado", culminó.

Gobierno decretó que los aportes económicos a cámaras empresarias dejarán de ser obligatorios

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Las contribuciones en el marco de las Convenciones Colectivas de Trabajo pasarán a ser voluntarias.

El Gobierno nacional determinó que los aportes económicos de las compañías empleadoras a las cámaras empresarias dejan de ser obligatorios para pasar a ser voluntarios, mediante el Decreto 149/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso que "las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos".

En ese sentido, puntualizó que la imposición en curso o la aceptación voluntaria "podrá ser revocada libremente, y en cualquier oportunidad, mediante simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente".

En el texto oficial, el Ejecutivo argumentó la decisión indicando que la imposición de contribuciones obligatorias a favor de las cámaras o grupos de empleadores es una práctica "carente de sustento normativo", asegurando que "afecta la autonomía convencional, la libertad de contratación y de afiliación de los empleadores y vulnera los principios constitucionales de legalidad y representatividad".

Al fundamentar dicha valoración, expuso que el artículo 9 de la Ley N° 14.250 admite la incorporación de cláusulas que establezcan contribuciones a favor de las asociaciones sindicales de trabajadores, pero asegura que no alcanza a terceros ajenos al ámbito de la representación ejercida en la suscripción del Convenio Colectivo de Trabajo por las asociaciones o cámaras o grupos de empleadores que lo suscriben.

En este marco, estableció que la Secretaría de Trabajo "no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contengan cláusulas destinadas a establecer contribuciones, aportes o cualquier tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a quienes no se encuentren afiliados o asociados a estas".

Al respecto, sostuvo que "la homologación de los Convenios Colectivos de Trabajo tiene como finalidad exclusiva la regulación de condiciones de trabajo de aquellas relaciones individuales comprendidas en su ámbito de aplicación, sin extender su alcance a cuestiones relacionadas con el financiamiento o sostenimiento de cámaras empresariales o agrupaciones de empleadores".

Asimismo, consideró que "tampoco resulta procedente extender su encuadre justificado en las denominadas cláusulas de solidaridad, en cuanto normativamente quedan ceñidas a los trabajadores no afiliados a las organizaciones sindicales, en favor de estas".

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la medida en su cuenta de X asegurando que "el Decreto 149/25 termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer impuestos privados para beneficio de privados".

Al valorar la decisión, explicó que "la Ley 14.250 regula los convenios colectivos como instrumentos destinados exclusivamente a fijar condiciones de trabajo", señalando que "pensar que pueden ser usados para permitir la imposición de contribuciones obligatorias vulnera el principio constitucional de libertad de asociación, ya que impone cargas económicas a sujetos que no han elegido voluntariamente participar de esas entidades".

Sobre este aspecto, puntualizó que "la creación de cargas patrimoniales sólo puede surgir de una norma con rango de ley y no de un acuerdo entre partes privadas que se hace extensivo a terceros sin su consentimiento".

El ministro remarcó que "el tema no es menor", ejemplificando que "en el comercio, por dar uno de los muchos ejemplos posibles, estas contribuciones alcanzan los 6.000 millones de pesos por mes. Y ¿quién paga esto? ¡Todos nosotros! cada vez que compramos en un comercio".

La medida entrará en vigencia en un plazo de 90 días, que servirán como periodo de adecuación para su implementación.

En este punto, Sturzenegger precisó que "junto al Jefe de Gabinete hace unos meses le avisamos a lo que se conoce como el Grupo de los 6, una serie de organizaciones empresarias, que avanzaríamos en el sentido de este decreto y nos comprometimos a establecer un plazo de transición para que las cámaras se adecúen y pasen a ofrecer un servicio que sus representantes puedan querer voluntariamente aceptar".

Sturzenegger anunció una nueva desregulación en la industria de las frutas

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado anunció "una normativa liviana" para que el Senasa trabaje directamente con los productores frutícolas, ante las pestes que surjan, y también para realizar "la emisión de certificados fitosanitarios".

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció una nueva desregulación en la industria de las frutas, a partir de "una normativa liviana", donde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria trabaje directamente con los productores, ante las pestes que surjan, y realicen "la emisión de certificados fitosanitarios".

Mediante sus redes sociales, informó que esta medida logró tomar forma luego de trabajar junto a Pablo Cortese, Presidente del Senasa, a quien calificó como "el indiscutible héroe de la jornada".

"Nos preguntamos: ¿cuál es el verdadero sentido de la intervención de Senasa en los mercados del empaquetado y fruta? La repuesta fue muy clara: la vigilancia sanitaria, controlar que no haya pestes que puedan propagarse afectando la actividad, y la emisión de certificados fitosanitarios para la exportación, que permiten el comercio internacional de estos productos. Escribimos entonces una norma desde cero focalizada en solo estas dos cosas", expresó el ministro.

Después de varias reuniones, llegaron a la conclusión de que los productores frutícolas "solo tienen que avisarle al Senasa lo que hacen y donde están", para que, ante un evento sanitario, el organismo pueda trabajar con los ellos y contener el foco, como así también, recurrir al organismo para solicitar la emisión de certificados fitosanitarios.

Asimismo, Sturzenegger destacó las desregulaciones que se desprenderán de este proyecto: se dejará de pedir habilitación de instalaciones y ya no habrá necesidad de revalidarlas anualmente; el productor puede cosechar cuando quiera, ya que se eliminan los permisos de autorización para hacerlo; se elimina toda normativa relacionada con el envasado, ya que pueden ser elegidos por los mismos productores, y las restricciones a la exportación por tipología de fruta; asimismo, se exportará lo que demande el mercado.

Senasa, además, estará disponible para certificar lo que exijan las autoridades sanitarias de los países importadores, sin embargo, no podrá exigir ningún trámite adicional.

"De esta manera, los productores van a hacer menos papeleo y el organismo podrá poner más energía en la vigilancia sanitaria, donde agrega valor. Con esta reformulación de normativa a base cero, damos un paso más en la revolución de la desregulación que nos pide nuestro Presidente Javier Milei, en este caso, favoreciendo a los productores de frutas a lo ancho y largo del país. VLLC!", concluyó.

Gobierno le renovará contratos a 40.000 empleados públicos pero solo por tres meses

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Deberán rendir el examen de idoneidad para determinar si continúan en el cargo.

El Gobierno finalmente decidió renovar los contratos de unos 40.000 empleados públicos de la administración nacional, aunque solo por tres meses. Se tratan de aquellos que no integran la planta permanente estatal.

Desde que asumió, la gestión de Javier Milei viene renovando estas contrataciones de forma precaria, cada tres meses, para definir qué porción de los trabajadores mantiene su puesto y cuáles son despedidos.

Lo hará otra vez ahora con nuevas prórrogas hasta fines de marzo a la espera de que estos empleados realicen un examen de idoneidad para pasar a un régimen de mayor estabilidad.

Unos 40.000 empleados siguen contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que establece regimenes por un tiempo determinado por servicios transitorios o estacionales.

A todos se les venció su convenio el último día del 2024, pero en las distintas dependencias se están firmando renovaciones por otros tres meses.

Se espera que esta sea la última prórroga, ya que se dispuso que todos deberán rendir la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, un "examen de idoneidad" con un cuestionario dividido en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública.

De los empleados contratados, a partir de marzo seguirán los que cumplan con dos condiciones: el examen de idoneidad aprobado y que sus jefes consideren que la persona cumple una función necesaria para el área, indicaron fuentes oficiales.

Hasta ahora rindieron el examen 14.000 empleados, y el 95% aprobó.

La Asociación de Trabajadores del Estado denunció que no son 40.000 sino más de 55.000 los empleados a los que se les venció su contrato el 31 de diciembre.

Contabilizan también los monotributistas bajo locación de servicios y los 2.400 empleados que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor.

El Gobierno ya anunció que va a desvincular a los trabajadores que tengan un convenio a través de Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

Desde ATE señalaron que con el cambio de año "se detectaron los primeros despidos en el Ministerio de Justicia, en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas, la obra social de los uniformados, y en Parques Nacionales".

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex ESMA, 87 empleados recibieron un mensaje por WhatsApp el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que ya no debían presentarse a trabajar.

El Gobierno publicó dos nuevos decretos para congelar la plata de la administración nacional y limitar el ingreso de personal nuevo al sector público.

En el último Boletín Oficial de 2024, Milei y Sturzenegger firmaron los decretos 1148/24 y 1149/24.

Allí se fijó que "las entidades del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza".

Esa prohibición abarca a las designaciones en las plantas transitoria, las contrataciones bajo el paraguas del "artículo 9°" y las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos.

Excepcionalmente, se podrán prorrogar las designaciones transitorias y de contratos firmados el año pasado.

Cualquier alta nueva excepcional en un organismo público deberá estar respaldada por la baja de tres empleados "cualquiera fuera la causal, producidas a partir de una renuncia, jubilación o desvinculación".

El decreto 1149/24, en tanto, establece que, a partir del 1 de marzo de 2025, quienes aspiren a ingresar al sector público deberán aprobar el examen de idoneidad implementado previamente para los empleados existentes.

Este examen también será obligatorio para las empresas con mayoría accionaria estatal.

Gobierno habilitó la exportación de chatarra y residuos metálicos

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La decisión consiste en no renovar los decretos que prohibían estas políticas. Según los funcionarios, pretende fomentar el reciclaje y abrir nuevos mercados.

El Gobierno tomó la decisión de no renovar los decretos 1040/20 y 70/23, que prohibían la venta de chatarra al exterior.

La medida fue anunciada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y vuelve a permitir la exportación de deshechos metálicos, algo que no ocurría desde el 2009.

"El Presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado", destacó el ministro a través de su cuenta de X.

"Por ello ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23, no confundir con DNU 70/23, por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos”, exhibió.

"Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía, por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse", explicó.

"En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición", continuó.

"De esta manera esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían, típicamente empresas más pequeñas de reciclado, al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos. La norma original fue de julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días", destacó Sturzenegger.

"Pero como en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15, Cristina, 823/16, 848/17, 970/18, 664/19, Macri, 1040/20 y 70/23, Alberto", finalizó.

Gobierno estableció restricciones para contratar empleados públicos

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El decreto publicado en el Boletín Oficial estableció que las designaciones deberán ser validadas por el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger.

El Gobierno determinó restricciones en la contratación de empleados, sumado a la obligatoriedad de aprobar un examen.

El decreto 1148/2024 publicado en el Boletín Oficial estableció que las designaciones deberán ser validadas por el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger.

Las restricciones alcanzan a la Administración Nacional y "entes públicos excluidos expresamente" en esta órbita, "cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones".

El decreto, firmado por el Presidente Javier Milei y por Sturzenegger, argumentó que "en lo que respecta a la transformación de la política de gestión del empleo público corresponde adoptar medidas que optimicen los recursos del Estado asignados a las designaciones transitorias y contrataciones de personal en el Sector Público Nacional".

Los pedidos de designaciones deberán ser validados por el Ministerio liderado por Sturzenegger.

La resolución determinó que estas medidas "tienen por objeto garantizar el ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional y propender al mantenimiento de una planta de personal que se adecúe razonablemente a las estructuras y necesidades del Sector Público Nacional".

Aclaró que "los límites establecidos no deben ir en desmedro de la posibilidad de realizar designaciones y contrataciones de personal cuando respondan a necesidades estratégicas para el funcionamiento del Sector Público Nacional".

Gobierno determinó la obligatoriedad de que los estatales aprueben un examen

El Gobierno determinó además por medio del decreto 1149/2024 publicado en el Boletín Oficial que los empleados públicos deberán aprobar un examen, la Evaluación General de Conocimientos y Competencias durante el mes de diciembre de 2024, y que las personas que no lo hubiesen aprobado "no podrán ser contratadas durante el Ejercicio 2025, por períodos que excedan el 31 de marzo de 2025".

Elecciones 2025: Sturzenegger afirmó que se pondrá en juego el modelo de Milei o el de Kicillof

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Así lo expresó el titular de la cartera de Desregulación en declaraciones radiales.

El Ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que en las próximas elecciones legislativas se pondrá en juego el modelo del Presidente, Javier Milei, o el del Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Lo dijo en comparación con la baja de impuesto que promueve el oficialismo desde el Estado nacional y en contraposición a Kicillof.

"Yo creo que en la provincia de Buenos Aires, en las próximas elecciones y en las elecciones legislativas son esos dos modelos", manifestó.

"Queremos devolverle recursos y capacidad de gasto al sector privado o seguimos pensando que la mejor manera es hacerlo a través del Estado", añadió Sturzenegger, encargado de conducir una cartera apuntada a desregular la economía y la burocracia estatal.

Además, agregó que Milei pretende "sacar al Estado para devolverle capacidad de gasto al sector privado".

"Nos preguntamos quiénes fueron los beneficiarios de ese 8%… ¿quién lo está gastando? ¿cómo se produjo ese aumento del 8% del gasto privado en 2024?. Bajamos el gasto para bajar impuestos. Kicillof quiere subir el gasto, va a tener que subir impuestos", remató.

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