El Gobierno reestructurará el organismo y disolverá parte de sus áreas.

Luego de que el Gobierno anunciara que despediría empleados de la Procuración del Tesoro por la sospecha de que filtraron información de YPF a los fondos extranjeros, el organismo confirmó una "profunda reestructuración".

Según indicaron a través de un comunicado, se busca "eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva".

En la misma línea, agregaron: "Este recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas, busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos".

Además, indicaron que desde la llegada de las nuevas autoridades en febrero de este año, se redujo la cantidad de personal en más de un 20%.

Ahora, pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.

Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas.

"Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales", agregaron.

Desde el organismo expresaron: "La Procuración del Tesoro reafirma así su compromiso con una defensa eficaz del Estado, acompañando el proceso de transformación nacional con una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos".

Y finalizaron: "Reducir el gasto público y colaborar con el equilibrio fiscal es un objetivo compartido por todas las áreas del Gobierno y prioridad absoluta de esta administración para el manejo de una gestión eficiente".

Horas antes, el Gobierno aseguró que tiene pruebas para impulsar una ola de despidos en el sector por venta de información confidencial a los demandantes por la expropiación de YPF.

En Balcarce 50 no descartan denunciar a los trabajadores apuntados ante la Justicia por daños al Estado. "Es un delito grave porque es un perjuicio directo hacia el Estado", expresaron en Nación.

El Gobierno cree que hay una serie de áreas, con acceso a los expedientes en trámite, como las apelaciones ante la Justicia de los Estados Unidos, que envía o comercia información con los fondos beneficiarios.