Este miércoles, Fiscalía de Estado se presentó como querellante ante la UFI en la causa que investiga si hubo o no asociación ilícita y administración fraudulenta durante la megaobra que se ejecutó durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac.

Desde este miércoles 25 de febrero de 2026, el Estado provincial se constituyó como querellante en la investigación judicial por la obra no realizada del Acueducto Gran Tulum, durante la gestión del exgobernador del PJ, Sergio Uñac.

La petición se dio en virtud de la denuncia penal realizada por el abogado Marcelo Arancibia, para investigar los gastos en caños y materiales, más el endeudamiento de la provincia de San Juan para una obra que finalmente nunca se terminó y que apenas se concretó en un mínimo porcentaje durante el gobierno anterior.

La obra no se hizo, la provincia se endeudó en dólares, la plata se gastó, pero el acueducto no está.

Se espera, en adelante, que el Ministerio Público Fiscal formalice audiencia para tal fin. Antes que eso ocurra, el equipo de investigación judicial deberá reunir la prueba necesaria para saber si podrá o no sostener la imputación de dos delitos graves: asociación ilícita, administración fraudulenta y desvío de fondos, teniendo en cuenta que en el medio hay dineros públicos en juego, devenidos de un compromiso internacional con el Gobierno de Kuwait, cuando en los años 90 Argentina envió Cascos Azules de la ONU a ese país y luego Kuwait devolvió el gesto otrogando préstamos a tasa muy baja y en dólares para las provincias argentinas.

El pedido de Fiscalía de Estado, que "brega por los intereses del Estado cuando considera que estos se ven lesionados", sugiere en su presentación formal que se investiguen una serie de hechos de gravedad institucional vinculados a presuntas maniobras ilícitas cometidas en el marco de las contrataciones estatales durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac.

Los hechos podrían configurar delitos graves contra la administración pública. De hecho, se investiga si hubo incumplimiento de los deberes del funcionario público, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita para defraudar al Estado.

El texto también solicita que se investigue la presunta participación de funcionarios provinciales en los períodos de gobierno que fueron entre el 2015 y el 2019, y el 2019 y el 2023.

Se investiga si los funcionarios tuvieron competencia en la contratación de obra pública, control de calidad y certificaciones, sin dejar afuera de la investigación a la empresa Krah.

También solicita la investigación sobre posibles direccionamientos de licitaciones públicas por manifestaciones de integrantes de las empresas competidoras en ese trámite público, las cuales habrían señalado que los pliegos licitatorios podrían haber sido diseñados para favorecer a la empresa investigada, sacando a la competencia.

De comprobarse este último punto, se configura el delito de abuso de autoridad según el Artículo 248 del Código Penal, entre otros.

Un punto trascendental para el esclarecimiento de la cuestión es la calidad de los caños provistos para la obra no realizada.

Desde los organismos competentes, hubo alertas técnicas dejando saber deficiencias estructurales, por lo cual no se cumplía con los estándares de calidad.

Otra de las dudas que deberá esclarecer la investigación judicial se centra en las diferencias económicas significativas entre la oferta adjudicada y las demás empresas competidoras. Se intenta saber si hubo o no perjuicio económico al erario público provincial, en lo relacionado a pagos anticipados y presuntos beneficios indebidos.

En adelante, la Justicia deberá ejecutar las acciones pertinentes y producir la prueba necesaria para imputar o no los delitos mencionados.