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El Ministerio Público Fiscal presentó el Manual de Política Criminal

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El manual, adaptado a la realidad de San Juan, prioriza el combate contra los delitos que generan mayor impacto social y establece protocolos estrictos para el desempeño de los funcionarios en cada etapa del proceso.

En un acto que reunió a representantes de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público oficializó la presentación del Manual de Política de Persecución Penal. Estuvo presente el Vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, entre otras figuras destacadas del círculo rojo vernáculo.

El documento es el resultado de un trabajo conjunto entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, con el objetivo de establecer criterios de actuación preestablecidos, generales y escritos que orienten el ejercicio de la acción penal pública.

Según explicó el Fiscal general del Poder Judicial de San Juan, Guillermo Baigorrí, la presentación representa un hito institucional tras un proceso de elaboración que incluyó jornadas de intenso compromiso.

Detalló que es "un trabajo arduo, pero estamos felices porque esto marca un punto de partida y era una deuda que teníamos con la ciudadanía".

Agregó, además que desde Fiscalía se pretende que "San Juan tenga un manual de políticas criminal como en grandes provincias".

El manual determina el funcionamiento de fiscales, ayudantes fiscales, policías y todos los involucrados en cada caso, especificando cómo proceder desde el arribo a la escena del crimen hasta la custodia de las pruebas.

Entre las ventajas que destacó Baigorrí, se enumera la posibilidad de dotar al sistema de una mayor coherencia y transparencia.

"Esto saca la discrecionalidad", dijo, al tiempo que agregó que "el mismo comportamiento van a tener todos los fiscales, no hay dudas de cómo se actúa".

El Fiscal General subrayó que el objetivo es que "un fiscal no entienda que se puede hacer una cosa y el otro no", ya que se trata de un "comportamiento de previsibilidad para los ciudadanos".

Ejes centrales y definiciones operativas del manual

Principios

  • Establece la actuación bajo principios de legalidad, objetividad, unidad de criterio y dependencia jerárquica.
  • Dispone la obligatoriedad de actuar con motivación fundada, transparencia, eficiencia y gestión activa del conflicto.
  • Garantía de publicidad de los actos sin afectar derechos de las partes. Criterios para el abordaje del delito
    Regula de forma detallada la investigación penal y crea pautas operativas concretas:
  • Dirección funcional del fiscal sobre la policía.
  • Presencia del fiscal en hechos graves para mejorar la calidad investigativa.
  • Protocolos de preservación de la escena del crimen, incluyendo evidencia digital.
  • Sistema integral de cadena de custodia, con etapas definidas: recolección, documentación, transporte, análisis y presentación.
  • Creación de instancias de diagnóstico criminal conjunto con Policía y Servicio Penitenciario, al menos una vez al año.
  • Intercambio de información entre unidades fiscales para un abordaje integral.

Abordaje de la conflictividad
Introduce criterios específicos para conflictos complejos.

  • Identificación de conflictos de alto impacto: multiplicidad de actores, afectación de servicios públicos, repercusión social.
  • Creación de instancias de diálogo y mediación institucional previas a la judicialización.
  • Implementación de medidas preventivas coordinadas con fuerzas de seguridad.

Política en relación al proceso
Fija reglas claras de gestión judicial.

  • Resolución de casos en plazos breves para evitar prescripción.
  • Criterios uniformes para decisiones iniciales: archivo, formalización, desestimación.
  • Regulación del uso de herramientas como: criterios de oportunidad, con límites estrictos, suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado.
  • Lineamientos para medidas cautelares, basados en proporcionalidad y razonabilidad.
  • Obligación de impugnar resoluciones judiciales cuando afecten la acción penal.

Política en relación a la víctima
Refuerza el rol central de la víctima en el proceso.

  • Garantiza derechos de información, participación y acompañamiento.
  • Establece mecanismos de protección integral para víctimas y testigos.
  • Obliga a considerar su opinión en decisiones clave como salidas alternativas.

Derechos del imputado
Establece pautas para asegurar.

  • Respeto irrestricto a garantías constitucionales.
  • Investigación objetiva y sin arbitrariedades.
  • Protección de la dignidad y derechos fundamentales.

Perspectiva de género
Incorpora políticas específicas para.

  • Investigación con enfoque de género.
  • Tratamiento prioritario de hechos de violencia familiar, sexual o contra personas vulnerables.
  • Restricción de salidas alternativas en casos sensibles.

Juicio de cesura
Regula criterios para la determinación de la pena.

  • Evaluación diferenciada de responsabilidad y sanción.
  • Aplicación de parámetros de proporcionalidad y fundamentación.

Ejecución de las penas

  • Control del cumplimiento de condenas.
  • Coordinación con el sistema penitenciario.
  • Seguimiento de medidas impuestas.

Relación con fuerzas de seguridad
Define pautas concretas de coordinación institucional.

  • Subordinación funcional de la investigación al fiscal.
  • Emisión de protocolos, manuales e instrucciones conjuntas.
  • Comunicación permanente y obligatoria en todas las etapas del proceso.

Oficina de Calidad Institucional
Dispone la creación de un área específica de control y mejora.

  • Evaluación del desempeño institucional.
  • Monitoreo de cumplimiento de estándares.
  • Implementación de procesos de mejora continua.

Política comunicacional

  • Comunicación institucional transparente y responsable.
  • Relación con medios de comunicación.
  • Protección de la investigación, la víctima y el principio de inocencia.

El manual se posiciona como una herramienta clave para ordenar la persecución penal, reducir la discrecionalidad y fortalecer la articulación entre organismos, consolidando un modelo de justicia eficiente, transparente y orientado a la resolución de los conflictos.

Solo 7 provincias lograron superávit: San Juan, Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, Tucumán y Santiago del Estero

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Según un informe de la consultora Politikón Chaco, durante 2025 solo 7 provincias lograron mantenerse con superávit: San Juan, Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán.

El resto ya muestra cuentas en rojo. Tierra del Fuego lidera el ranking con un déficit financiero equivalente al 16,4% de sus ingresos. Le siguen Santa Cruz 12,9%, Chubut 8%, Chaco 7,3% y Mendoza 5,8%.

Las cuentas públicas de casi todas las provincias registraron un fuerte deterioro durante 2025 y revirtieron el equilibrio alcanzado el año anterior.

En un contexto marcado por mayores gastos y una menor dinámica en los ingresos, las provincias pasaron de tener superávit a cerrar el año con déficit financiero.

De acuerdo a un relevamiento de la consultora Politikón Chaco, dirigido por Alejandro Pegoraro y basado en datos oficiales provinciales junto a proyecciones, el resultado agregado cambió significativamente en apenas doce meses: de un superávit equivalente al 1,1% de los ingresos totales en 2024 se pasó a un déficit del 2,9% en 2025.

A pesar del duro contexto económico que imperó durante 2025, hay informes que señalan a San Juan y Formosa como las provincias con mayor constancia en superávit primario.

Como respuesta a la delicada situación de algunas provincias, el Ministerio de Economía puso en marcha una línea de adelantos financieros a tasas reducidas para asistir a una docena de provincias en el pago de gastos urgentes.

Las favorecidas con créditos son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

El Senado convocó a audiencia pública por designación de cargos judiciales: 16 postulantes rendirán examen

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La Comisión de Acuerdos pondrá en marcha este jueves la primera de cuatro audiencias públicas para evaluar a los postulantes.

El Senado dará el puntapié inicial en el proceso de designación de 78 jueces, defensores y fiscales, con la audiencia pública que se efectuará este jueves, donde unos 16 postulantes rendirán examen ante los legisladores.

En una nueva tanda de designaciones, el Poder Ejecutivo sumó 30 nombres a la lista de aspirantes a vacantes judiciales.

Una de las propuestas centrales es la continuidad de Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el Gobierno busca que el magistrado permanezca en su cargo por un nuevo período de cinco años, superando el tope de edad jubilatoria

Pesino y María Dora González dejaron sin efecto la cautelar que había suspendido 82 artículos de la reforma laboral decretada por el juez Horacio Ojeda.

Ahora los nuevos pliegos deben tener ingreso formal en una sesión de la Cámara de Senadores que posiblemente se realice el 6 de mayo, para que la Comisión de Acuerdo pueda avanzar en el tratamiento de esas propuestas, como lo hizo en el caso de la prórroga del mandato del padre del Ministro de Justicia, Carlos Mahiques.

Lo mismo ocurrió en la sesión del 9 de abril, cuando el Senado otorgó estado parlamentario a unos 78 pliegos enviados por el Gobierno para cubrir vacantes en el Poder Judicial, de los cuales 16 defenderán sus postulaciones en la audiencia de este jueves 30 de abril.

Será la primera de las cuatro Audiencias Públicas que se efectuarán entre el 30 de abril y el 13 de mayo, previo a que esos 78 pliegos se traten en el recinto de sesiones del Senado, que con mayoría simple votará la designación de postulantes para el Poder Judicial.

De todos modos, los pliegos que más atención política tendrán se tratarán en mayo, que es cuando expondrán Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

En la segunda semana de dicho mes, también lo hará María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Otro pliego que despierta el interés de los legisladores es el de Cristina María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, que está a cargo del Caso Libra, para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

Primeros postulantes

En la primera Audiencia Pública de la comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Pagotto, expondrá María Inés Restón como Defensora Pública ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, un lugar estratégico para el Gobierno.

Restón obtuvo el primer lugar en el orden de mérito del Concurso N° 175 para el Ministerio Público de la Defensa y ha figurado con altos puntajes en el Concurso N° 216.

Expondrán también a Ricardo Lombardo, a quien se propone como juez de la Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal; a Santiago Poncio, como magistrado del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal; y a Javier Santiso, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal.

En la lista para exponer figuran, como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal, Ignacio Labadens, y Julián Herrera para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal.

Se presentarán en la Audiencia Pública para ser juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, Santiago Munilla, y Gloria Capanegra para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal.

También defenderán ante los senadores sus pliegos: Soledad Mariño, propuesta para el Juzgado Nacional en lo Criminal N.º 18 de la Capital Federal; Paula Fuertes, como jueza para el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 14 de la Capital Federal; y Laura Kvitko, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23 de la Capital Federal.

Asimismo, defenderá su pliego Hugo Decaria, como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 3 de la Capital Federal; Juan Balcázar, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 95 de la Capital Federal; y Ezequiel Sobrino Reig, como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N.º 80 de la Capital Federal.

La primera Audiencia Pública contempla que también expongan Santiago Poncio, que se postula como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13 de la Capital Federal; Germán Degano, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 64 de la Capital Federal; y José Guerrero, como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la Capital Federal.

El Senado otorgó estado parlamentario a 78 pliegos de jueces, fiscales, y defensores

Entre los pliegos que se tratarán figuran la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

También se propuso a Cristina María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, que está a cargo del caso Libra, para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

Crimen de Nora Dalmasso: presentaron el jury contra los primeros fiscales del caso

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La familia reclamó que hubo pruebas suficientes para investigar a Roberto Barzola, pero que los fiscales se centraron en acusarlos a ellos.

El jury de enjuiciamiento contra los tres primeros fiscales que investigaron en un comienzo el crimen de Nora Dalmasso, fue presentadoy podría ver resolución en los próximos meses por mal desempeño al no haber investigado a Roberto Barzola, actual acusado, pese a las reiteradas pruebas en su contra.

Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, hijo de Dalmasso, le confirmó a Noticias Argentinas que a última hora del domingo hizo oficial la presentación del jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

"El pedido ya está formalizado en la Legislatura y ahora se realizará un jurado, compuesto por un miembro del Tribunal Superior de Justicia y cuatro miembros de la legislatura, y a partir de ahí ellos determinan si el planteo es correcto para empezar a investigar", explicó Mussolini y destacó que, si se abre esa instancia, en cuatro meses debería haber una definición.

La abogada destacó que desde un comienzo los tres fiscales se centraron en que la familia era culpable.

"Tenían todas las pruebas para culpar a Barzola. Contradicciones en sus testimoniales, su presencia en la casa de Nora al momento del hecho, un informe del FBI en 2011, pero de igual modo decidieron no investigar", dijo.

"No sabemos por qué, es una respuesta que van a tener que dar ellos si tienen alguna justificación cuando se desarrolle el jury de enjuiciamiento", explayó.

Mussolini manifestó que la familia entiende que los fiscales no investigaron porque “no querían estar en el medio de un segundo ‘perejilazo’ después de lo que ocurrió con Gastón Zárate”.

"Entendemos que no se investigó a alguien que era claramente sospechoso y se decidió ir en contra de la familia, por lo que también se cometió violencia institucional durante 18 años", continuó.

"Desde mayo de 2007 se lo empezó a señalar a Facundo Macarrón y se lo imputó por ser supuesto autor material de la violación y asesinato de su madre, estuvo 5 años acusado. Después de 2012 a 2015 no hubo movimientos en la causa, en el 2016 se lo imputa a Marcelo Macarrón, esposo, por supuestamente haber viajado en un avión fantasma desde Punta del Este, violar a su mujer o matarla, volver y ganar un torneo de golf", explayó acerca de la insólita investigación de los fiscales.

En medio de la investigación ingresó el fiscal Luis Pizarro, que cambió la calificación legal, e imputó a Macarrón por ser instigador de la muerte de su mujer y elevó la causa a juicio.

En 2022 se desarrolló el debate y allí resultó absuelto: "Entra el Fiscal Pablo Jávega, que dio como principal sospechoso a Barzola por dar positivo en las muestras de ADN en el cinto y la bata de la víctima, como así también en el pelo púbico encontrado en la zona inguinal de Nora".

"Desde un primer momento los fiscales se ensañaron con la víctima y la familia, quienes nunca pudieron constituirse como querellantes", manifestó a este medio.

"Hay muchas notas de Marcelo Brito, exabogado de Facundo Macarrón, pidiendo en 2007 que se investigue a los parquetistas, pero nunca se hizo, y bueno, acá estamos con el tema de la prescripción", sostuvo.

Sobre esto último, a mediados de marzo el Fiscal Jávega rechazó la prescripción del caso y ratificó la necesidad de que el único acusado, que está libre, pueda ser juzgado.

En este sentido, Mussolini indicó que lo único que se sabe sobre este pedido es que continúa en el juzgado de control y será el juez quien decida si está de acuerdo o no con la postura de la defensa y fiscalía.

Fiscalía respondió a quienes agravian a fiscales, ayudantes fiscales, magistrados y profesionales

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Este martes, hubo movilizaciones frente a Tribunales de organizaciones que aseguran que muchos hombres son blanco de "falsas denuncias de supuestos abusos y violencia de género" que terminar por complicar la vida de muchas personas en relación con sus hijos y familiares, incluso terminan detenidos.

Este movimiento ciudadano, por lo general, cuestiona el desempeño del Poder Judicial, más precisamente ponen en duda el desempeño del Ministerio Público Fiscal, bajo el argumento de que no se tiene en cuenta el derecho de los hombres, actuando en favor de las mujeres.

A raíz de este cuestionamiento y de la marcha que se desarrolló este martes en la puerta de Tribunales, el Ministerio Público Fiscal emitió un duro comunicado, firmado por el Fiscal Eduardo Quattropani, en defensa del trabajo de fiscales, ayudantes fiscales, magistrados y profesionales, tal el caso de psicólogos, médicos y asistentes sociales.

El documento se titula: "La violencia de género y el abuso sexual no admiten presiones".

El texto explica que "ante la movilización de quienes se agrupan bajo la premisa: no más falsas denuncias, la que viene acompañada bajo el cuestionamiento del Sistema Acusatorio y, más aún, de descalificaciones agraviantes contra Fiscales, Ayudantes Fiscales, Magistrados y profesionales tales como psicólogos, médicos y asistentes sociales, cumplo con la obligación de decir:

1) Que ciertamente el Sistema Acusatorio, con la investigación a cargo de Fiscalías, ha venido a poner fin a la indignante impunidad de la que gozaban en el marco del anterior sistema quienes ejercían violencia de género e intrafamiliar, así como abuso sexual contra niñas, niñas y adolescentes.

2) Que hoy las UFI CAVIG y ANIVI cuentan con Fiscales, Ayudantes Fiscales, psicólogos, médicos, asistentes sociales, enfermeras, predispuestos las 24 horas todos los días del año para contener a las víctimas y gestionar seriamente cada caso.

3) Que el tratar de instalar la idea de que los Fiscales llevan adelante causas por tener predeterminada intención de perjudicar al denunciado, en modo alguno se corresponde con los datos objetivos de la realidad.

4) Que ello surge así de las estadísticas de las Unidades Fiscales en cuanto a causas desestimadas, archivadas o sobreseídas, pudiendo decirse que: estadísticas matan relato.

5) Que debe esclarecerse a la sociedad que los tipos de delitos de competencia de UFI CAVIG y de UFI ANIVI ocurren de común en la clandestinidad, en ámbitos privados, por lo que los archivos, desistimientos o sobreseimientos no son fruto, por lo general, de una falsa denuncia sino, simplemente, de dificultades probatorias.

6) Que los agravios, ya sea contra el sistema o contra sus operadores, robustecen nuestra idea de la necesidad de reforzar aún más las estructuras de las Unidades Fiscales, las que están trabajando al límite de su capacidad operativa, fruto del crecimiento y complejidad de las causas.

7) Quede claro, somos receptivos a las críticas, tan claro como que no estamos dispuestos a dar ni medio paso atrás en cuanto a los derechos de las víctimas de tan intolerables desvíos de conducta.

8) Decir por último que los integrantes del Ministerio Público Fiscal y Tutelar gozan del más firme respaldo del Fiscal General en cuanto al regular ejercicio de sus funciones, el que no puede estar condicionado por manifestaciones o marchas de quienes en democracia y bajo el régimen republicano tienen todas las herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos".

Los fiscales descartaron la pérdida de Loan y denunciaron "alteración del hecho"

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En conferencia de prensa, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry aseguraron que siempre consideraron que el niño pudo haber sido secuestrado. "Nos movimos rápido", subrayaron. Trata de personas, la principal hipótesis.  

Los Fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, de la Unidad Fiscal de Goya, Corrientes, aseguraron este lunes que la exfuncionaria municipal, María Caillava, y el excapitán de la Armada, Carlos Pérez, fueron los cabecillas de la desaparición de Loan.

Barry y Castillo sostuvieron que "la zapatilla de Loan fue plantada". "Hubo una clara alteración de la escena del hecho", denunciaron.

Ambos funcionarios judiciales insistieron en que "el único norte es encontrar a Loan", durante una conferencia de prensa brindada este lunes a la tarde en la sala de audiencias orales de la calle Ejército Argentino 550, en Goya.

"Notamos inconsistencia en algunas evidencias y que había un entorpecimiento en la investigación", resaltaron los fiscales, al tiempo que reportaron el "aviso a Interpol" y que activaron "alerta Sofía".

Según plantearon, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez "hicieron todo el mecanismo de distracción para que se produzca la captación del niño".

En este sentido, Barry consideró que tuvieron un "panorama más claro" cuando realizaron la Cámara Gesell con los primos de Loan, a diferencia de la reconstrucción hecha con los detenidos.

"El niño debería haber gritado y llorado si se perdió", estimaron los fiscales, a la vez que confirmaron que "Loan no salió de la zona entre la casa de la abuela y los montes aledaños" y que tampoco llegó a donde estaba la zapatilla, según los registros de los perros.

Los canes sólo obtuvieron datos de Loan entre la casa de la abuela y el naranjo, que son 576 metros aproximadamente.

A su vez, afirmaron que ninguno de los imputados pudo explicar cómo se perdió el menor. "La hipótesis de que Loan se perdió se abandonó definitivamente", recalcaron.

"Tenemos material importante, que no vamos a develar, para confirmar la dirección de la causa", agregaron, a la vez que calificaron de "trascendente" la prueba realizada en los autos.

Además, manifestaron que nada está descartado sobre las personas que participaron del almuerzo. "Fueron todos entrevistados", añadieron.

"El tiempo que permaneció en ambos vehículos fue del cien por ciento en el de María Caillava y un cincuenta en el de Carlos Pérez", revelaron los fiscales durante la conferencia de prensa.

Por otro lado, señalaron que la Procuraduría de Trata iniciará una investigación.

Fiscales y procuradores expresaron alarma ante la posibilidad de una futura Fiscalía Anticorrupción

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Los consejos de Procuradores, Fiscales generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, además de asociaciones integradas por la totalidad de los Fiscales generales y Procuradores generales de todas las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitieron un comunicado conjunto.

En el mismo se manifestaron "seriamente alarmados ante las afirmaciones de importantes funcionarios nacionales, señalando que una futura Fiscalía Anticorrupción a crearse en el ámbito de la Procuración General de la Nación tendría competencia para investigar a funcionarios provinciales", tal el caso de "gobernadores y diputados".

En el texto enviado a todos los medios de comunicación, expresaron que sienten "el deber de convocar a una profunda reflexión con la finalidad de evitar propuestas como esta, cuya concreción violentaría gravemente el orden constitucional sometiendo a las autoridades provinciales a un poder jurisdiccional extraño con el inminente riesgo de condicionarlos en el ejercicio de sus mandatos y funciones provinciales con las obligaciones y derechos que cada normativa local procesal les confiere".

El comunicado, firmado por el Presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Procurador general, Jorge Miquelarena; y por el Presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales de la República Argentina, Jorge Canteros, indica que "junto a esta convocatoria de reflexión pretendemos alertar a los gobernadores provinciales y al Jefe de Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y claro está, a los respectivos legisladores" de las provincias, "a fin de que, en su caso, propugnen en defensa de las autonomías provinciales y el irrestricto respeto por el federalismo".

El PRO movilizará a sus fiscales para cuidar los votos de Javier Milei

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El partido fundado por el expresidente Mauricio Macri, pondrá la "mano de obra" que La Libertad Avanza no tiene para controlar el acto electoral. Ya comenzaron los llamados a los militantes con la intención de superar los 100.000 fiscales de mesa.

El acuerdo que propició Mauricio Macri con Javier Milei, y que transparentaron Patricia Bullrich y Luis Petri, empieza a decantar hacia abajo.

Mientras los dirigentes de uno y otro espacio se posicionan públicamente apoyando o no y se desata una fuerte interna en Juntos por el Cambio que parece camino a la ruptura, el aparato electoral del PRO comienza a ponerse en marcha.

Desde las usinas del partido amarillo ya lanzaron el proceso de contacto con la lista de militantes o simpatizantes que en las pasadas elecciones generales oficializaron como fiscales.

La intención de los que estuvieron coordinando la campaña y el proceso electoral de Bullrich es la de juntar a los militantes necesarios para poder fiscalizar una elección que entienden como trascendental.

Los contactos ya comenzaron porque quieren tener dos encuentros de capacitación. "Aunque la mayoría ya pasó por el proceso electoral, ahora hay que dejar bien en claro cómo se tienen que contabilizar los votos positivos, los nulos y los blancos", indicaron desde el PRO.

Teniendo en cuenta que los números de la Cámara Nacional Electoral, el domingo 19 de noviembre a las 8 de la mañana se abrirán 104.577 mesas en 16.950 escuelas, por donde transitará buena parte de los 35.394.425 de personas habilitadas para votar.

Fiscales acusaron que Hotesur y Los Sauces fue una "pantalla" para blanquear dinero

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Así afirmaron quienes acusaron a la vicepresidenta y su hijo Máximo. Por orden de Casación, se hará el juicio oral y público contra más de veinte acusados.

Los fiscales Diego Velasco y Mario Villar acusan que la sociedad Hotesur y Los Sauces funcionó como una "pantalla" para llevar adelante contratos "simulados" para recibir dinero de privados a quienes la Vicepresidenta Cristina Kirchner benefició con licitaciones durante su gestión.

Velasco, el fiscal que tendrá a cargo la acusación durante el juicio, y Villar, su superior ante la Cámara Federal de Casación Penal, mantuvieron que el juicio debía realizarse para analizar los varios contratos que Lázaro Báez por un lado y Cristóbal López por el otro tenía con el matrimonio Kirchner.

En el caso de Lázaro Báez, ya condenado por la "Ruta del dinero K" a diez años de prisión, y a través de Austral Construcciones tenía como único cliente al Estado Nacional, en el gobierno de Cristina Kirchner.

Asimismo, los pagos de Austral Construcciones y las empresas Los Calzos y Del Curto y Kank & Costilla por otro, eran mientras Lázaro Báez se convertía en el mayor contratista del Estado. Sumado a eso, la investigación por la cesión de obra pública vial demostró la concentración de obras en la provincia de Santa Cruz, donde aquel predominaba.

También la acusación de los fiscales apuntaron a los complejos habitacionales que a la firma Los Sauces pagaban las empresas de Cristóbal López. Justamente, hay pendientes peritajes para analizar esos contratos que se realizarán ahora que la causa vuelve al Tribunal Oral para realizar el juicio.

Parte de la argumentación fiscal en contra del sobreseimiento que habían dictado los jueces es que debía llevarse a cabo el juicio porque no había prueba nueva incorporada como sí habían determinado los magistrados Daniel Obligado y Adrián Grünberg, al valorar elementos de la causa Oil Combustibles y caso Vialidad.

La imputación de los fiscales y las pruebas tienen que ver con los contratos y justamente derribaron el argumento sobre que los mismos están bancarizados. Algo que los jueces habían valorado como indiciario que no se había cometido delito.

El Procurador Casal le mandó una carta al Presidente Fernández por sus dichos

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Luego de recibir a Diego Luciani y Sergio Mola, el jefe de los fiscales cuestionó las declaraciones de Alberto Fernández por considerar que son una "injerencia indebida" en la investigación de la causa Vialidad.

El Procurador interino Eduardo Casal le mandó una carta al Presidente Alberto Fernández a raíz de sus dichos contra los fiscales que alegaron en el juicio de la obra pública y sostuvo que implican "una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones".

"Esas expresiones no sólo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el trámite de un proceso por cuya legalidad esta misma Institución también debe velar (art. 120 de la Constitución Nacional), y que al mismo tiempo afecta el principio republicano de división y respeto de poderes", dice la carta firmada por Casal luego de reunirse con los Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Los fiscales Mola y Luciani ya habían sido criticadas duramente por Cristina Kirchner en su exposición desde el Senado, pero anoche, al intentar defender a la vicepresidenta, el presidente habló de "una persecución judicial y mediática" y puntualizó sobre Luciani, quien tuvo a su cargo el tramo más contundente del alegato.

Para el Procurador, esa acusación "implica una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones (art. 63, inc. c, de la ley 27148) la que, a mi entender, se ve incluso agravada por las referencias peyorativas con que ha calificado su condición profesional".

La carta, de apenas dos carillas, concluye de manera diplomática: "Convencido de que la adecuada ponderación de las consideraciones precedentes por su elevada investidura contribuirá al fortalecimiento de las instituciones que rigen nuestra vida en sociedad, saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración".

Casal asumió como procurador general interino en octubre de 2017 cuando renunció como Jefa de la fiscales Alejandra Gils Carbó. El año pasado, fue blanco de duras críticas y hasta de denuncias por parte del oficialismo. En ese contexto, el Gobierno lanzó un proyecto para reformar la ley del Ministerio Público que nunca terminó de aprobarse.

En el programa A Dos Voces, el presidente también se refirió este miércoles a la seguridad del Fiscal Luciani y y lo comparó con el caso de Alberto Nisman. "Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así Luciani", dijo Alberto Fernández en ese reportaje.

La frase generó un impacto político inmediato, que incluyó un comunicado de la Asociación de Fiscales, una denuncia de la Coalición Cívica, y una respuesta de otros referentes de la oposición como el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.

Lejos de retractarse, el presidente salió este jueves a ratificar sus dichos. "La pregunta no fue sobre la seguridad de los fiscales, la pregunta fue si yo temía que a los fiscales les sucediera lo mismo que a Nisman. Y como la pregunta hablaba de Nisman particularmente, contesté lo que creo, Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal", planteó.

En la reunión que tuvo este jueves al mediodía con los Fiscales Luciani y Mola, Casal les preguntó si estaban conformes con su seguridad y acordaron mantener las mismas condiciones.

Los fiscales asignados al juicio de la obra pública tienen un refuerzo de la seguridad desde el comienzo de los alegatos. Y luego hubo un nuevo refuerzo en el domicilio de Luciani ante las publicaciones del diario Página 12 que motivaron las recusaciones contra él mismo y dos de los jueces del tribunal oral.

La seguridad de ambos fiscales está a cargo de la Policía Federal. En el caso de Luciani, además de la custodia ambulatoria también tiene personal en la puerta de su domicilio, dijeron fuentes de la Procuración.

"El Procurador ratificó el apoyo institucional que venían teniendo los fiscales y que tienen todo el Ministerio Público Fiscal", dijo a este medio uno de los participantes del encuentro.

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