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El Senado debate los proyectos sobre propiedad privada, fondos buitre y 50 pliegos judiciales

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El temario acordado por el oficialismo y la oposición incluye el proyecto de pago a los fondos buitres y 50 pliegos judiciales; la lista no incluye el de Verónica Michelli.

El Senado sesiona este jueves para tratar el proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos "exprés" de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas.

Esta iniciativa es uno de los temas centrales junto al pago de los fondos buitres que La Libertad Avanza acordó hoy con los bloques dialoguistas incluir en la sesión que se realiza desde las 11.

El temario establecido para la sesión de este viernes contempla la aprobación de 50 pliegos de los 73 que están en condiciones de ser tratado en el recinto de sesiones, mientras que la postulación rechazada por el Gobierno de Verónica Michelli, se debatirá en una próxima sesión junto con otros 23 candidatos a la justicia.

Y dos proyectos de creación de cámaras federales para Mar Del Plata y Tucumán impulsadas por el radical Maximiliano Abad y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza.

La lista de candidatos a jueces, defensores y fiscales que se aprobarán este viernes recién se definirá antes de la sesión y lo difundirá el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto.

Principio de acuerdo entre Argentina y los fondos buitres que litigan por deuda defaulteada en 2001

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Argentina acaba de anunciar que alcanzó un acuerdo con dos fondos que aún mantenían judicializada deuda soberana en que había caído default en el 2001.

El Estado argentino presentó el martes por la noche una carta ante la Jueza, Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, en la que anunció un acuerdo con los fondos que aún mantenían judicializada deuda soberana en que había caído default en el 2001.

De esta forma, Argentina acaba de anunciar que alcanzó un acuerdo con ambos acreedores con sentencia a favor.

Así, las partes solicitaron a la Jueza Preska suspender el litigio, incluyendo dejar en suspenso el pedido presentado por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual buscaba la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas, hasta que se finalice el acuerdo de conciliación.

Los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund llegaron a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal. La carta no aborda la moción de Bainbridge que solicita el turnover de las acciones de YPF, confirmó Sebatián Maril de Latam Advisors.

"A la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación", señaló el documento.

Ahí también se expresa que las partes anunciarán oportunamente al tribunal sobre el "estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso".

Historia de un conflicto que se remonta a varias décadas

El conflicto se remonta a bonos emitidos en la década de los '90 bajo el Plan Brady. Luego del default de 2001, Argentina entra en cesación de pagos.

A diferencia de la mayoría de los acreedores, Attestor y Bainbridge decidieron no participar en los canjes de 2005, 2010 ni en el acuerdo masivo impulsado en 2016.

Optaron por la vía judicial para cobrar el 100% del valor nominal más intereses acumulados.

La batalla legal en la Corte de Nueva York, bajo la órbita de la Jueza, Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa, se centró en identificar activos argentinos que no estuvieran protegidos por la Ley de Inmunidad de Soberanos Extranjeros.

Argentina mantenía fondos en una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York como garantía de los antiguos Bonos Brady.

Al vencer esos bonos en 2023, el remanente de ese dinero debía volver a Argentina.

YPF: Argentina rechazará el pedido de desacato del fondo Burford

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Desde la Procuración de la Nación aseguran que se cumple con los pasos procesales exigidos por la Justicia de los Estados Unidos.

 Argentina rechazará el pedido de "desacato" planteado por el fondo Burford, beneficiado con un fallo a favor de la Jueza Loretta Preska por U$D 16.000.000.000, en los plazos procesales definidos por la magistrada.

El escrito será presentado este 19 de febrero, de acuerdo al cronograma establecido por Preska, según confirmaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Burford elevó un pedido a la jueza para que declare en desacato y sancione a la Argentina por no entregar la documentación requerida en lo que concierne a chats y mails entre funcionarios nacionales. El fondo busca establecer la vinculación entre YPF y el Estado nacional.

"Argentina ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino", afirmaron fuentes de la Procuración.

Asimismo, agregaron que la moción constituye el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de "hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas", como parte de lo que su CEO ha manifestado a los inversores que es una estrategia para "poner arena en los engranajes" de la recuperación económica de la Argentina.

Desde la defensa argentina señalaron además que el pedido de sanciones debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford.

Entre esos antecedentes, mencionaron la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por U$D 16.000.000.000, que derivó en una caída superior al 20% en el valor de las acciones del fondo, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.

"Ante este escenario, a Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery", señalaron fuentes oficiales.

"Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene".

Más allá de esta presentación del fondo Burford, desde la Procuración indicaron que Argentina "continuará cumpliendo con el proceso de discovery siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas, mientras la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito analiza las apelaciones interpuestas contra las órdenes sin precedentes dictadas por el Tribunal de Distrito en este caso".

Gobierno de Estados Unidos apoyará a Argentina en su estrategia para frenar la entrega de acciones de YPF

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La gestión de Donald Trump se presentará como "amicus" en respaldo a la solicitud argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Es la segunda vez que el Departamento de Justicia norteamericano interviene en el caso.

El Gobierno de Estados Unidos se presentará ante la Justicia de ese país para respaldar a Argentina en su intento por evitar la entrega de las acciones de YPF como pago de la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.

La decisión del Departamento de Justicia norteamericano es en apoyo al pedido argentino ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para que rechace la orden de la Jueza, Loretta Preska.

La magistrada falló contra el país a fines de junio. La sentencia para que transfiera de inmediato los papeles de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park por el juicio perdido en 2023, se encuentra suspendida ahora de manera temporal tras una apelación de la Argentina ante el tribunal superior.

"La intervención del Gobierno de Estados Unidos en respaldo a Argentina apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de la Jueza Loretta Preska mientras se tramita la apelación", consideró Sebastian Maril de Latam Advirsors.

El especialista apuntó que el respaldo del Departamento de Justicia no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco al fallo de fondo por el que se condenó al país a pagar U$S16.100 millones.

El año pasado, el gobierno estadounidense ya se había presentado como "amicus" de Argentina en rechazo a lo que era en ese momento un pedido de los demandantes para que cobrara la sentencia con acciones de YPF.

Finalmente, Preska desoyó el consejo de la entonces administración Biden y falló contra Argentina.

En ese pedido ante Preska, el Departamento de Justicia de Estados Unidps aseguraba que una medida como la de entregar las acciones de YPF "viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos".

Juicio por YPF: Gobierno volvió a reclamar la suspensión del fallo que lo obliga a entregar las acciones

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En un escrito presentado ante la Jueza Preska, los abogados del país le contestaron a los fondos beneficiarios de la sentencia. Anticiparon los próximos pasos de la defensa.

Luego de pedir a la Justicia de Estados Unidos que suspenda el fallo en el que la Jueza, Loretta Preska, ordenó la transferencia de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia por más de US$16.000 millones, el Estado nacional respondió a los escritos de los beneficiarios del juicio, que rechazaron la solicitud de Argentina.

En los documentos presentados este martes, los abogados del país remarcaron que cumplir el fallo forzaría a Argentina a violar sus propias leyes y a perder el control que tiene sobre YPF.

Además, indicaron que una entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros, como a las provincias y a los tenedores de bonos soberanos.

El Gobierno busca que se suspenda la orden de Preska de entregar las acciones de YPF para cumplir con dos condenas impagas: la principal es en el caso de la expropiación de la petrolera por US$16.000 millones, en favor de los fondos Burford y Eton Park.

La otra es a favor de Bainbridge por U$S95.000.000 por el juicio que ese fondo de inversión inició en 2016 y que cuenta con sentencia a su favor por la deuda en default de principios de siglo.

Argumentos del Gobierno en su nueva presentación ante Preska

En el caso por la expropiación de YPF no se trata de una "disputa comercial ordinaria", sino que representa un asunto "sin precedentes, con un fallo de US$16.100 millones, aún apelado".

Los letrados enfatizaron que se trata de una medida que deriva en un escenario complejo. Uno en el que Argentina se vería obligada "a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible".

La suspensión del fallo, desde el punto de vista de Argentina, no supone perjuicio alguno contra los demandantes, "ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa".

Por otro lado, enfatizaron, la entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros no involucrados de forma directa en la disputa y activar "cláusulas contractuales adversas para YPF".

Con base en esto, el Gobierno destaca la importancia de mantener el statu quo a favor del interés público.

En cuanto al fallo que favorece a Bainbridge, Argentina argumentó que la transferencia de las acciones de YPF representaría una violación a la Ley N° 26.741.

De acuerdo con el Estado nacional, "no existe jurisprudencia que avale" esta disputa legal, un aspecto que abre la chance de que un tribunal de apelación tenga un enfoque distinto.

Desde el punto de vista del Gobierno, los demandantes no alcanzan a demostrar el perjuicio que supondría suspender la entrega de acciones.

La Argentina presentó en enero de 2024, una apelación ante la Cámara de Nueva York por la condena de U$S16.000 millones y se encuentra "próxima" a elevar una segunda apelación para que se suspenda la transferencia de acciones.

Contexto del juicio por YPF

El 15 de septiembre de 2023, la Jueza Loretta Preska condenó a Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, un monto que ahora asciende a US$17.750 millones, si se agregan los intereses.

El fallo benefició a los representantes de las empresas que eran accionistas minoritarias de la petrolera al momento de la estatización.

El reclamo se basa en que el Gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía.

Finalmente, le pagó con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.

Desde el momento del fallo, Argentina apeló la sentencia. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión.

Entre ellas, el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, que tiene ahora fallo favorable de Preska y que abrió el camino a otros acreedores del país con sentencias para reclamar también que se les pague con papeles de la petrolera.

El Presidente Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete tras el fallo de YPF

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El presidente encabezó la reunión con sus ministros. El Gobierno apelará la decisión de la Jueza Preska que ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos buitres.

El Presidente, Javier Milei, volvió a liderar una reunión de Gabinete tras casi dos meses, en un encuentro que convoca a prácticamente toda la cúpula del Gobierno nacional.

La cita fue en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, en un contexto marcado por el reciente fallo de la Jueza de Nueva York, Loretta Preska, que obliga al Estado argentino a desprenderse del 51% de las acciones de YPF, perdiendo así el control mayoritario de la empresa.

Confirmaron su presencia el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo, Economía; Federico Sturzenegger, Desregulación; Mario Lugones, Salud; Luis Petri, Defensa; Patricia Bullrich, Seguridad; Mariano Cúneo Libarona, Justicia, y Sandra Pettovello, Capital Humano.

También el Vocero presidencial, Manuel Adorni, y otros secretarios clave de la presidencia.

El único ausente previsto es el Canciller, Gerardo Werthein, quien se encuentra abocado a los preparativos de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de julio en Buenos Aires.

Reactivan demanda contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas

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Piden que se cumpla un fallo que el CIADI dictó en 2017. El país nunca abonó la suma estipulada como compensación por la toma de control estatal de la línea aérea, ocurrida en 2008.

Argentina recibió una demanda en los tribunales de Nueva York por parte de el fondo de inversión Titan Consortium. La acción judicial asciende a USD320.000.000 y está originada en la expropiación de Aerolíneas Argentinas, dispuesta en 2008 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El demandante obtuvo en 2019 una sentencia firme favorable en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, pero Argentina nunca pagó. Por ello, y dado que no existen más instancias para recurrir dentro del CIADI, ahora presentó la demanda ante la justicia de los Estados Unidos.

Según explicó el abogado Sebastián Maril, director de Latam Advisors, ahora el gobierno tiene 60 días para responder la demanda, aunque el juez podría exigir esa respuesta en un plazo aún más corto. A juicio del experto, además, es probable que aparezcan medidas de embargo contra activos argentinos, tal como ocurrió en los peores momentos de las negociaciones con los "fondos buitres” por el default de la deuda pública.

"No veo a este gobierno pagando nada que el anterior gobierno no haya pagado, mucho menos antes de las elecciones. Por eso no hay que descartar que en algún momento haya algún tipo de acción legal que ordene un embargo contra la Argentina”, señalo Maril.

El riesgo de embargos contra el país por esta acción de USD USD320.000.000 es solo una pequeña muestra del riesgo total. "A partir de este año y antes de 2024, la Argentina tiene compromisos internacionales por fallos que seguramente va a perder por un monto superior a los USD 9000 millones. No es una estimación propia, son números que el gobierno nacional informó a la Security Exchange Commission”, apuntó Maril. La SEC es el organismo estadounidense equivalente a la Comisión Nacional de Valores en la Argentina.

El experto aclaró que se llega a ese monto englobando sentencias en contra en el CIADI y en la justicia ordinaria que quedaron impagas, originadas en el mencionado caso de Aerolíneas Argentinas, la expropiación de YPF llevada a cabo en 2012, el pago de los bonos con "cupón PBI” atado a las manipulaciones del Indec, entre otras causas.

El caso que hoy llegó a los tribunales neoyorquinos lleva más de una década. El CIADI dictó su primera sentencia en contra de Argentina en 2017, en ese entonces en favor del grupo español Marsans, considerando que el gobierno no le había pagado lo correspondiente por la línea aérea de bandera.

Argentina pidió la anulación de la sentencia. El juicio estaba en manos de Burford Capital, un estudio londinense dedicado a comprar demandas de esta clase. En 2018, con la sentencia a su favor por USD320.000.000, Burford decidió venderlo a Titan Consortium por USD107.000.000, dado que sabía que Argentina continuaría apelando. La operación, explicó Maril, tenía un put a su favor: si alguna apelación era favorable a la Argentina, podría deshacer la operación.

En 2019, el CIADI rechazó el pedido de anular la sentencia y obligó a la Argentina a pagar USD320.700.000 en carácter de indemnización. Por tratarse de una caso que ya obtuvo una sentencia previa en el tribunal internacional al que adhieren ambos países, el trámite en la justicia estadounidense no comienza desde cero, por lo que en caso de que el juez lo acepte la posibilidad de acciones de embargo no estarían tan lejos.