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Ctera pidió al Gobierno que "recapacite" y envíe fondos docentes a las provincias

La titular de la organización gremial docente, Sonia Alesso, advirtió que se corre el riesgo de que "el próximo mes los docentes cobren menos".

La Secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, criticó al Gobierno del Presidente, Javier Milei, por frenar el envío del dinero de fondos docentes a las provincias y pidió que "recapacite" para evitar inconvenientes en el comienzo del ciclo lectivo.

"Esta semana vamos a estar discutiendo la situación de cada una de las provincias y la posición de Ctera frente al no envío del Fondo Compensador y el FONID, dos fondos creados por una ley nacional que debe ser cumplida, por lo que el Gobierno no puede discrecionalmente no enviarlo", sostuvo la dirigente sectorial.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid AM 990, Alesso exigió que "el Gobierno recapacite y envíe los fondos, sino el próximo mes los docentes van a cobrar menos".

"No vamos a aceptar que nos rebajen el salario", señaló la titular de Ctera, quien advirtió que "no hay ningún antecedente de ningún Gobierno que dejara de pagar" los fondos docentes.

Al cuestionar las políticas impulsadas por la gestión del Presidente Milei, expresó que "este ajuste lo que está haciendo es dañar la posibilidad de vida de la gente".

"Se pararon todas las obras de infraestructura y eso significa también muchos jardines de infantes, ampliación de escuelas. Una cosa es limitar gastos y otra es directamente no pagar sueldos o no construir escuelas", añadió.

Y concluyó: "El ajuste va a llevar a más hambre, más pobreza, más situaciones sociales graves para la población".

La Iglesia católica dejó de recibir fondos económicos del Estado

Las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre, "conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación", indicó la CEA en un comunicado.

La Conferencia Episcopal Argentina comunicó que concluyó el "proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares" a los fondos previstos en la ley 21.950, por lo cual esas autoridades de la Iglesia católica dejarán de percibir los aportes del Estado nacional.

Las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre, "conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación", indicó la CEA en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en una resolución del 26 de abril de 2023, había habilitado que los arzobispos y obispos que "hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley", se detalló.

¿Cuánto cobraban los prelados?

La ley 21.950, del año 1979, establece que los "arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías, circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo, y exarcados, territorios, del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos".

"El monto actual de la asignación es de 98.000 pesos", precisó la CEA sobre la suma que recibían los eclesiásticos.

Además, se recordó que la CEA en 2018 había anunciado su "decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales" y se consignó que en julio de 2020 "los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial, destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país".

"Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos, cubría solamente el diez por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres", se destacó.

San Juan busca fondos del programa Agro XXI con proyectos de siete cadenas productivas

El equipo del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico trabaja en los proyectos locales para acceder a estos ANR.

En el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, los equipos técnicos trabajan para anticiparse a la convocatoria nacional y acceder a los ANR que ofrece la herramienta de financiamiento Alianzas Productivas, del programa nacional Agro XXI.

En este sentido, el ministro Ariel Lucero mantuvo reuniones con Gervasio Bozzano, titular de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Economía de la Nación.

Junto a su equipo, Lucero pudo interiorizarse de los requisitos para la segunda convocatoria de Alianzas Productivas cuyo lanzamiento se realizará a mediados de julio.

Esta herramienta cuenta con 50.000.000 de dólares para todo el país, se trata de ANR destinados a proyectos que estén orientados a la exportación de productos con alto valor agregado.

“Desde San Juan se presentaron siete cadenas productivas que responden a los requisitos del programa; y desde la semana pasada, los equipos técnicos trabajan en profundizar en las características y requisitos para la formulación de los proyectos”, señaló Lucero.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria y la Unidad Ejecutora Central Provincial de Proyectos Agropecuarios son las encargadas de formular los proyectos con cada cadena productiva de la Provincia.

Sobre Agro XXI

Agro XXI lleva adelante el Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos, se trata de políticas públicas, en especial aquellas dirigidas a construir un sólido tejido productivo que sea la base del desarrollo de las economías regionales y a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población rural.

Para llevarlas a cabo se presenta como la principal herramienta de la Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal del Ministerio de Economía de la Nación para formular y gestionar programas y proyectos con financiamiento externo.

Las líneas de acción de Agro XXI son: Infraestructura Pública para el desarrollo agroindustrial; Apoyo a inversiones del sector privado; Innovación ecológica e inclusiva del sistema agroalimentario; y Respuesta a emergencia de contingencias.

El Banco Central transfirió más fondos al Tesoro y se aleja la meta monetaria del FMI

El Banco Central transfirió fondos por encima de los fijado en el acuerdo con el Fondo Monetario para el primer trimestre. Los analistas económicos advierten sobre los problemas de esta situación.

El Banco Central emitió esta semana otros $150.000 millones en concepto de Adelantos Transitorios para asistir al Tesoro Nacional, según se conoció este miércoles. El monto fue otorgado este martes, apenas 72 horas hábiles después de hacer entregado $140.000 millones para financiar el déficit fiscal.

Los analistas advierten que esto marca tres temas: el alejamiento respecto de las metas de emisión monetaria y de déficit fiscal del FMI, la necesidad de una revisión de gastos para el Estado y la incidencia en inflación. Además, señalan que la licitación de deuda del Tesoro de este miércoles será clave para estos temas.

Esta es una mala noticia para el Gobierno, que suma otro incumplimiento de las metas del FMI, tras haber fallado en alcanzar la de reservas en el primer trimestre, ya que probablemente incumpla también la fiscal en estos tres meses, dado que el Tesoro ya había consumido el 99% de la meta de asistencia prevista en el acuerdo con el organismo internacional para el primer semestre.

Hasta ahora, el Tesoro había recibido otras transferencias por $100.000 millones, el 21 de abril, y por $130.00 millones, el 17 de marzo. Según Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora Empiria, "ya usaron $520.000 millones en el año, cuando la meta con el FMI hasta fin de junio estaba algo por debajo de los $373.000 millones".

Tesoro debería reintegrarle fondos al BCRA

El economista Salvador Vitelli, calcula que se emitieron en forma directa $670.000 millones en concepto de adelantos transitorios y señala que "en la medida en que no devuelva el envío en lo que resta del actual trimestre, estaremos ante otro incumplimiento de meta".

Según su estimación, se ha superado ampliamente la meta del primer semestre, e incluso, del tercer trimestre.

El requerimiento está vinculado con el impacto que la sequía tuvo en la capacidad de recaudación tributaria. Eso, abre la posibilidad de que este sea uno de los puntos contemplados en la renegociación con el FMI que lleva adelante el Gobierno: una flexibilización de la meta fiscal. Y es que los ingresos fiscales, desde hace unos meses, no logran seguir ni siquiera el ritmo de la inflación, lo que implica que caen en términos reales.

Emisión: efecto en inflación

Sin embargo los analistas de la City advierten que es contraproducente que se acelere el uso de emisión en medio de una escalada inflacionaria, que llevó el costo de vida al 8,4% en abril y esperan que la tendencia alcista se mantenga para mayo y proyectan una evolución de precios anual en torno al 165%.

Y es que Vitelli advierte que, en el actual contexto tan inflacionario, "cada precio que se termina emitiendo se va a precios y genera mayor presión". Asimismo, comenta que esto evidencia un descalabro en las cuentas fiscales, que se aleja del objetivo del ministro de Economía, Sergio Massa.

"Aumentar los adelantos transitorios es prender la impresora de pesos", opina al respecto el economista de Epyca Consultores Joel Lupieri. Y prevé que, en este contexto, el aumento de la emisión probablemente suma un factor más de presión a las ya altísimas expectativas de inflación.

Debilidad financiera y la licitación de deuda

Advierte que, el Estado aun gasta más de lo que le ingresa y afirma que esto responde a que, "con las vías del crédito y los impuestos prácticamente vedados para seguir aumentando ingresos, la única carta que queda es el camino de la emisión".

Según su opinión el Estado argentino debe encaminarse a una reestructuración profunda, donde los gastos tengan correspondencia con los ingresos genuinos que se recauden.

"El fuerte incremento de los AT en mayo reflejan la debilidad de la situación financiera del gobierno", indica Jorge Neyro, economista jefe de Delphos Investments. Y sostiene que esto es un indicador de que "el sostenido déficit ya no puede cubrirse con colocaciones de deuda, como en los primeros meses de este año".

La señal que está dando es de problemas en las cuentas públicas, advierte el economista y director de CyT Camilo Tiscornia, en igual sentido. "Además, hay que sumarle los vencimientos de deuda que se vienen en mayo y junio", menciona.

En consecuencia, Vitelli sostiene que "es clave mirar lo que pase hoy con la licitación porque, en la medida en que logre un buen resultado en el financiamiento neto, será más factible devolverle al BCRA los adelantos".

Cuáles son las provincias que más fondos recibirán de coparticipación durante 2023

El ranking de las transferencias por habitante está encabezado por Tierra del Fuego, la provincia menos habitada de Argentina, que percibirá 523.000 pesos per cápita, según datos del IARAF.

El reparto de los fondos de la coparticipación es una muestra más de lo diferentes que son las realidades en cada territorio y las proyecciones del Presupuesto 2023 dan cuenta de que las transferencias por habitante son hasta cuatro veces mayores entre una provincia y la otra.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal analiza los datos de este año porque señala asimetrías significativas con lo que sucedería en la Ciudad de Buenos Aires si se cumpliera correctamente la medida cautelar de la Corte Suprema que obliga a la Nación a restituir parte de los fondos recortados al Gobierno porteño, a partir de los valores de diciembre de 2022.

"Se observa que no hay cambios significativos en los montos de las transferencias, a excepción de CABA, que de cumplirse la medida cautelar de la SCJ, en el 2023 duplicaría los montos que recibió en el 2022. Al contabilizarse dichos montos, CABA lograría recibir más transferencias per cápita reales que Buenos Aires, quedando esta última jurisdicción en el último lugar del ranking como la que menos recibiría", señala el documento.

De esta manera, la provincia que menos fondos por habitante recibirá en 2023, entonces, será provincia de Buenos Aires, la más habitada del país. En ese distrito, el monto de las transferencias per cápita será de $115.000.

Luego, en Ciudad de Buenos Aires, que quedó en segundo lugar entre las que menos reciben, ese número será de $128.000.

Continúa en la lista Mendoza con $172.000 y Córdoba con $184.000. Neuquén ($201.000) y Santa Fe ($223.000) son las siguientes.

En contrapartida, entonces, la provincia que más fondos recibirá será Tierra del Fuego, la más austral y menos habitada del país, donde la cifra es de $523.000 por habitante.

En segundo lugar de los territorios que más recibirán se ubica Catamarca, con $520.000 per cápita, y Formosa con $499.000. La Rioja ($442.000) y La Pampa ($428.000) son la cuarta y la quinta que más reciben per cápita.

Otro informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba dio cuenta de lo que sucedió con la coparticipación en la última década. El hallazgo fue que durante la última década, en promedio, las transferencias totales por habitante de Nación a las provincias cayeron 4,4%, mientras el nivel de empleo público cada 1.000 habitantes aumentó 11%.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, Tierra del Fuego "lidera el ranking de distritos con mayor nivel de transferencias per cápita y que, a la vez, cuentan con más cantidad de empleados públicos cada 1.000 habitantes".

Completan el grupo de mayores transferencias y empleo público, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa y Jujuy, que están por encima del promedio en ambos indicadores.

En el otro extremo están las provincias con menor dependencia de Nación y también con menos peso del empleo público, que son Ciudad de Buenos Aires, provincia Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Misiones.

Uñac: "Si de la investigación resulta que hay delito, los responsables serán juzgados"

El Gobernador de San Juan, Sergio Uñac, destacó que "los mecanismos de control y auditoria de la administración pública funcionan bien y posibilitan detectar estas situaciones".

El mandatario se refirió así al caso que estalló luego de que se detectaran anomalías en transferencias bancarias de la cuentas de la Policía de San Juan.

Es por ello que las autoridades de la fuerza y de la Secretaría de Seguridad de la provincia denunciaron en la Justicia Penal para que el supuesto desvío de fondos se investigue.

Luego de descubrir las irregularidades, la Secretaría de Seguridad, a cargo de Carlos Munisaga, resolvió licenciar a todo el personal que desempeña tareas en la División Tesorería. Fue la primera medida administrativa, en tanto la Justicia investiga el caso de las operaciones aparentemente irregulares.

En ese sentido, el Gobernador Uñac aseveró que "si de la investigación resulta que hay delito, el o los responsables serán juzgados".

Asimismo, aseguró que que "la Policía es una gran institución y sus integrantes son hombres y mujeres comprometidos, no vamos a tolerar que unos pocos manchen la reputación de la fuerza".

El comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad

La Secretaria de Estado de Seguridad y Orden Publico y la Policía de la provincia de San Juan informa que a partir de controles contables, se han detectado anomalías en transferencias bancarias de la cuentas de la policía provincial en la División Tesorería.

Por instrucciones del Secretario de Seguridad, Dr. Carlos Munisaga y del Jefe de Policía de San Juan, Crio. General, Luis Martínez se ha realizado la correspondiente denuncia en la Unidad Fiscal Delitos Especiales a cargo del Fiscal coordinador, Iván Grassi.

La mencionada fiscalía se encuentra ejecutando medidas de procedimiento con las pruebas documentales aportadas por la institución policial.

De igual manera se han cursado los informes pertinentes a la Subsecretaria de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública con el objeto que se lleve adelante la investigación administrativa de rigor.

A fin de garantizar la transparencia de la investigación se informa que ha sido licenciado personal de la División Tesorería policial.

La causa se encuentra bajo investigación en la Unidad Fiscal Delitos Especiales.

Rodriguez Larreta no irá a la reunión con el Gobierno por los fondos de la Policía

El jefe de Gobierno envió una carta al ministro de Economía y a su par de Interior para declinar la invitación. Señaló que la norma que se plantea discutir es inconstitucional. 

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este sábado que no concurrirá a la reunión convocada para esta semana por el Gobierno nacional para tratar la reasignación de fondos para la Policía de la Ciudad, según lo dispuesto por la ley 27.606 de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad, promulgada por el Ejecutivo Nacional el 28 de diciembre pasado.

En una carta dirigida al ministro de Economía Martín Guzmán y a su par de Interior Eduardo de Pedro, quienes habían cursado la invitación, el jefe comunal de la Ciudad argumentó que no puede concurrir ya que planteó la inconstitucionalidad de dicha ley ante la Justicia.

"Ante todo, quiero expresar que nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2 de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma", indica el texto.

En la misiva, Rodríguez Larreta planteó que la "Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos", pero consideró que en este caso "los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover".

Además, destacó que la ley "viola manifiestamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ya que la firma del convenio de traspaso de la Policía Federal llevada a cabo en 2016 era suficiente para consolidar la transferencia de facultades y funciones de seguridad sin necesidad de una norma adicional".

En otro tramo de la misma explicó que "la invitación al acuerdo dentro de un plazo de 60 días es un simulacro que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede ni debe convalidar. No sólo porque ya se había firmado un convenio con el Gobierno Nacional y se estaba ejecutando sino porque, incluso si se hubiesen querido modificar las condiciones establecidas, la negociación debió ser previa y consensuada para luego, en caso de acuerdo, solicitar la aprobación legislativa".

Rodríguez Larreta recordó que la presentación realizada por la Ciudad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reiteró que la ley es "inconstitucional y daña a las instituciones democráticas de nuestro país".

Esperamos encontrar una alternativa a través de un diálogo abierto, sincero y de buena fe, como el que hemos promovido desde el primer día para resolver cualquier diferencia. Y siempre en un marco de legalidad, transparencia e institucionalidad que, según nuestras convicciones, son valores fundamentales", cerró.