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San Juan: lanzaron formación para la resolución de conflictos destinado a Fuerzas de Seguridad

Impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el alcance de la formación apunta a resolver conflictos públicos y privados a través de herramientas de comunicación.

El Gobierno de San Juan dio apertura al curso de formación "Herramientas de la Comunicación e Introducción a la Facilitación de Conflictos Públicos y Privados", destinado a las fuerzas de seguridad de la provincia e implementado por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia de la Nación.

A través de la cartera de Gobierno, en coordinación de la Secretaría de Gobierno, Justicia y DD.HH., y la secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la actividad fue presentada en la Sala Sres. Vicegobernadores de la Legislatura Provincial.

Los procesos de gestión colaborativa de conflictos contribuyen a la reducción de la confrontación social y favorece el protagonismo temprano de quienes están involucrados en una controversia, mediante la implementación de modelos de abordaje sensibles al conflicto.

En este marco, el objetivo de la instrucción busca que los conocimientos adquiridos sirvan a los agentes de seguridad civiles como herramienta práctica y analítica para facilitar un mejor desenvolvimiento de sus tareas en el contexto cotidiano en el cual desarrollan sus funciones.

Entendiendo que la trayectoria y experiencia de trabajo que tienen en "territorio", la capacitación generará instancias de reflexión y aprendizaje crítico y reciproco, desarrollando jornadas de trabajo por fuera de la mera transmisión de saberes abstractos.

San Juan es la primera provincia en eliminar el examen de VIH para ingresar a las fuerzas de seguridad

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado de Seguridad en el marco jornada sobre la eliminación del estigma y discriminación de VIH en el área laboral.

El Secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga, participó en la lectura de las conclusiones de la jornada sobre la eliminación del estigma y discriminación de VIH en el área laboral, coordinada por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social y ONUSIDA para el Cono Sur.

Durante la misma, el secretario de Seguridad destacó que a partir de la decisión política del Gobierno provincial "San Juan es la primera provincia del país en eliminar la solicitud de VIH en el ingreso a las fuerzas de seguridad provinciales".

El secretario de Seguridad consideró que "es política del Gobernador Uñac y del Gobierno trabajar en la inclusión de los sanjuaninos en la situación en la que se encuentren, y eliminar todas las formas de discriminación y generación de estereotipos".

Munisaga recalcó que "con este paso importantísimo e histórico que hemos dado, estamos cumpliendo con la normativa vigente nacional y siguiendo los lineamientos de los organismos internacionales sobre inclusión y desarrollo social".

Aclaró que esta decisión ya está siendo aplicada este año para los aspirantes a ingresar a las carreras de para formar parte de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario Provincial.

La Ministra de Salud, Alejandra Venerando, resaltó la importancia del anuncio que demuestra que se está trabajando en una verdadera inclusión y en la eliminación del estigma laboral.

San Juan: convenio para capacitar a las fuerzas de seguridad sobre derechos humanos

El Gobernador Uñac y el Secretario Pietragalla rubricaron un acta acuerdo para fomentar y fortalecer políticas de Estado en materia de seguridad pública. La capacitación será con perspectiva de derechos humanos.

El Gobernador de San Juan, Sergio Uñac, junto al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, firmaron en San Juan un convenio para la realización de una importante capacitación sobre derechos humanos y políticas de seguridad, destinadas a las fuerzas de seguridad de la provincia. El acto se desarrolló en la sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno.

Este curso es el resultado de la articulación institucional entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de San Juan. El propósito es fomentar y fortalecer políticas de Estado en materia de seguridad pública de largo plazo, de carácter integral y con pleno respeto a los derechos humanos, tanto a nivel federal como local.

En ese marco, el Gobernador Uñac destacó que la concreción de este tipo de convenios demuestra la práctica del federalismo que pone de manifiesto el Gobierno nacional.

Luego, realizó una valoración sobre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y enumeró las acciones a las que adhirió San Juan, como la Ley Nacional de Sitios por la Memoria o la capacitación denominada Jóvenes y memorias que se pondrá en práctica próximamente.

Con respecto a la firma de convenio realizada en Casa de Gobierno, afirmó que "la policía de San Juan tiene un marco de referencia ejemplar y mucha relación con la comunidad. Sumamos nuevas herramientas. Este es el marco y el camino en el cual trabajamos conjuntamente con la policía y el secretario".

"El Estado debe velar por los DDHH y asegurar que los individuos puedan vivir con ese marco de igualdad que es necesario para una sociedad que pretende transitar y avanzar", cerró Uñac.

Por otro lado, Pietragalla, explicó que "en este convenio marco hay varios ítems para fortalecer la verdad, la memoria y la justicia".

"Esto tiene que ver con una necesidad suprema de quienes conformamos la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación porque entendemos que se avanzó mucho sobre la reparación de los delitos de la última dictadura junto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y puso a la Argentina como ejemplo en materia de derechos humanos a nivel mundial, expresó.

Además, dijo que tiene como objetivo que "las fuerzas de seguridad estén formadas en garantizar los derechos humanos, como una manera de fortalecer las instituciones".

La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, valoró las políticas de Estado del Gobierno provincial y el acompañamiento permanente del Gobierno nacional y luego evaluó que "este curso aportará muchísimo a una sociedad que pueda valorar aún más la tarea que las fuerzas de seguridad desempeñan en pos de los ciudadanos”.

Sobre el cierre, Munisaga afirmó que "de esta manera se materializa la idea de diseñar e implementar las políticas de seguridad que tengan un respeto integral por los derechos humanos y una concepción de la seguridad ciudadana en sentido amplio".

El objetivo de la capacitación es promover el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad integrales que den cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos.

La modalidad será virtual con 70 horas de cátedra a realizar en 9 semanas. Serán tres instancias de taller virtual con una entrega de trabajo final. El Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expedirán certificados según ciertos requisitos.

- Certificado de aprobación: a quienes hayan cumplido al menos con el 75% de las actividades obligatorias del curso y aprueben el Trabajo de Integración Final.
- Certificado de asistencia: a quienes hayan cumplido al menos con el 75% de las actividades obligatorias del curso.

San Juan: tendrán prioridad las denuncias de violencia de género que involucren a policías

Tras el femicidio de Úrsula Bahillo, la Fiscalía General de San Juan resolvió que tratatá con urgencia las denuncias de violencia de género o intrafamiliar que involucren a personal de las Fuerzas de Seguridad.

Úrsula Bahillo aguantó siete meses en silencio la violencia que ejercía contra ella su pareja, el policía Matías Ezequiel Martínez. Hasta que con valentía comenzó a contarle lo que ocurría a sus amigas, a su familia y después en comisarías, donde lo denunció porque tenía miedo.

El lunes por la noche, Bahillo fue asesinada a cuchilladas en una zona rural de la provincia de Buenos Aires. Su feminicidio ha reavivado las protestas contra el sistema judicial y la policía, que a menudo fallan en la protección de las víctimas.

Familiares de víctimas de feminicidio exigen que el Gobierno de Alberto Fernández tome medidas urgentes para evitar más muertas y la impunidad de los agresores.

"Un agresor no puede estar protegido por la misma fuerza que lo tiene que castigar", asegura Ada Rico, titular de la ONG Casa del Encuentro, pionera en la elaboración de estadísticas sobre feminicidios en Argentina.

Rico advierte que para las mujeres maltratadas es muy difícil dar el paso de denunciar y la dificultad aumenta si el acusado es policía porque a menudo sus compañeros lo encubren.

Es por esto que la Fiscalía General de San Juan resolvió que tratatá con urgencia las denuncias de violencia de género o intrafamiliar que involucre a personal de las Fuerzas de Seguridad.

Este viernes, el fiscal general Eduardo Quattropani firmó e informó en un comunicado que desde ahora priorizarán "el abordaje y gestión de las unidades fiscales de investigación todo hecho de violencia contra la mujer o intrafamiliar, en supuestos que importen la comisión de un delito mediando utilización de armas de fuego o cometidos por personas que habitualmente las detenten o usen, con o sin autorización". 

Además, se realizarán pericias psicológicas para los uniformados denunciados y el informe final sobre su estado mental determinará si sigue apto para portar o no armas de fuego. También, se tomarán medida cautelares para que el presunto agresor no pueda acercarse a la víctima. 

La decisión judicial involucra a la unidades fiscales: Cavig y Flagrancia.

Con esta serie de medidas, se busca brindar mayor seguridad a las mujeres frente a situaciones de violencia de género. A su vez, se pretende fortalecer el control y evaluación del personal de las Fuerzas de Seguridad para garantizar que cumplan con su deber de proteger y servir a la sociedad.

Por su parte, la decisión que determine la Justicia sobre el asesinato de Úrsula, será igual de importante para establecer el camino que se pretende seguir con estas medidas. Si realmente se busca proteger a las mujeres y generar un cambio real, este aberrante crimen no puede quedar impune.

Fuerzas de seguridad con escalas bajas reciben un bono de $4.000 por única vez

Los policías bonaerenses anunciaron que volverán a protestar por una mejora en sus sueldos.

El Gobierno estableció el otorgamiento de una suma fija no remunerativa y no bonificable, por única vez, de 4.000 pesos, correspondiente a diciembre pasado, para el personal militar de las Fuerzas Armadas, de la policía de establecimientos navales, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, y del Servicio Penitenciario Federal que no ganen más de 60 mil pesos.

"Otórgase al personal del Servicio Penitenciario Federal en actividad, cuya retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, aprobada vigente al 31 de enero de 2020, no superaba la suma de $60.000, una suma no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez de $4000, a imputarse a los haberes correspondientes al mes de diciembre del año 2020", indica el DNU 80/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Además, se otorga la misma suma en diciembre y por "única vez al personal militar en actividad de las fuerzas armadas, al personal civil en actividad de inteligencia de las fuerzas armadas y al de la policía de establecimientos navales cuya retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, vigente al 31 de enero de 2020 no superaba la suma de $60.000".

También, se otorga esa retribución al "personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos o alumnas, como asimismo al personal con estado policial en actividad y personal de alumnos o alumnas de la Prefectura Naval, al personal en actividad de la Policía Federal, al personal con estado policial y al personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal".

En los considerandos del decreto, firmado por el presidente Alberto Fernández y todos los ministros, se fundamenta que la retribución es necesaria para "garantizar el camino de recuperación" económica emprendido por el Gobierno y que "permitirá dinamizar el mercado interno y generar un círculo virtuoso de producción y empleo".

En esa dirección, la norma señala que la "recuperación deberá ser consistente y focalizada en el objetivo de mejorar, en primer término, la situación de aquellas y aquellos que han sido más perjudicados por la crisis".