El año pasado, el Frente de Todos aprobó un proyecto en el Congreso para establecer el monto anual, que fue impugnado por el Ejecutivo porteño por considerarlo insuficiente.

El Gobierno de Alberto Fernández convocó a Horacio Rodríguez Larreta para avanzar en la negociación por el monto que la administración nacional debe transferirle al Ejecutivo porteño para afrontar los gastos de la Policía de la Ciudad.

El año pasado, el Senado convirtió en ley un proyecto que contemplaba un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional por el traspaso de la policía fijando un monto de $24.500 millones anuales, actualizable cada tres meses. 

Ese monto fue acordado mediante un convenio que se firmó entre el Gobierno de Mauricio Macri y el de Horacio Rodríguez Larreta en enero 2016.

Según la nueva iniciativa, la cifra que percibirá la Ciudad será actualizada de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

Pero la ley aprobada por el Senado determinó que ese monto deberá acordarse en el convenio que deben firmar Nación y Ciudad. Por eso mismo, los Ministros de Economía, Martín Guzmán, y del Interior, Eduardo Wado de Pedro, convocaron formalmente este jueves al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horario Rodríguez Larreta, a un encuentro en Casa Rosada.

Según se informó en un comunicado, el objetivo de la reunión es "acordar criterios comunes en el proceso de traspaso de la Policía, tal como fija la ley de diciembre de 2020, aprobada en el Congreso a propuesta del Ejecutivo".

La reunión será este viernes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en horario a confirmar. Además, el oficialismo informó que los ministros "ofrecieron como alternativa, en caso de que no pueda asistir, los días 17, 18 o 19 de mayo".

Para la administración porteña, ese monto no es suficiente para que Rodríguez Larreta afronte los gastos que implica mantener el funcionamiento de la fuerza de seguridad.

En ese sentido, consideran que se trata de una nueva quita de fondos implementada por el Gobierno de Fernández, que ya había disminuido el porcentaje de coparticipación de la Ciudad.

El conflicto comenzó cuando, en medio de las protestas de la policía bonaerense que llegaron hasta la Quinta de Olivos durante el 2020, Alberto Fernández anunció sorpresivamente que, por decreto, le recortaba parte de la masa coparticipable que recibía la ciudad de Buenos Aires para financiar a las fuerzas que dependen de Axel Kicillof.

En ese entonces, Larreta realizó una conferencia de prensa en la que rechazó el accionar del Gobierno nacional y anunció que iría a la Corte Suprema para que declaren inconstitucional la maniobra.

Sin embargo, el Ejecutivo no cedió y, al recorte anunciado, le sumó la quita de fondos que el territorio porteño recibía para la Policía de la Ciudad. Larreta volvía a ir a la Corte, que aún no se expidió al respecto.

De esta manera, la coparticipación de CABA asó a ser del 3,5% a un 1,4% del Presupuesto, lo que significa que la Ciudad de Buenos Aires, según sus estimaciones, percibirá anualmente 62 mil millones de pesos menos.

Alberto Fernández envió poco tiempo después un proyecto de ley al Congreso para validar lo que había expuesto en el decreto 735. El Senado lo aprobó el 2 de octubre y recién el 1 de diciembre la Cámara de Diputados le dio curso con modificaciones por lo que debió volver a la Cámara alta.

El 10 de diciembre, el mismo día que los diputados le daban media sanción a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, los senadores la transformaron en ley por 40 votos a 25.

Para cubrir el vacío de fondos, el Gobierno porteño subió la alícuota de Ingresos Brutos que se les cobra a los bancos, eliminó la exención de Ingresos Brutos sobre las LELIQs y dispuso que se le cobre un 1,2% a los gastos que se hagan con tarjetas de crédito dentro de su ámbito.

Además, se anunció que se paralizarán importantes obras públicas como la mudanza de la cárcel de Devoto y la urbanización del predio del Mercado de Hacienda en Mataderos.