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El Gobierno pagará un bono de $5.000 a jubilados en agosto

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El anuncio oficial será realizado esta tarde por el Presidente Alberto Fernández durante un acto previsto en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Se busca compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

El Gobierno otorgará un bono extraordinario de $5.000 en agosto próximo a unos 6 millones de jubilados y pensionados, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación.

El anuncio oficial será realizado esta tarde por el presidente Alberto Fernández durante un acto previsto en el Club Social y Deportivo Ituzaingó, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, anticiparon fuentes oficiales.

La inflación del primer semestre del año superará el 25%, índice que el Indec informará este jueves.

Las jubilaciones tuvieron este año un alza del 21,2%, un 8,07% en el primer trimestre y el 12,1% en el segundo, lo cual arroja cuatro puntos menos que la inflación.

Si se suma la suba de los precios de julio, la inflación en 7 meses rondaría el 29%, con lo que superaría en casi 8 puntos al ajuste de jubilaciones y pensiones.

Con el bono de $5.000, quienes perciben la jubilación mínima de $23.065 cobrarán en agosto $28.065. Además, será pagado a quienes tengan jubilaciones de hasta 2 haberes mínimos, unos $46.130, indicaron las fuentes.

El jefe de Estado decidió adelantar 48 horas el anuncio, frente a la confirmación de hecho que la escalada de precios ya superó las mejoras de los jubilados y pensionados.

Los ingresos de los adultos mayores acumulan un alza de 21,7% (con los aumentos en marzo y junio por la movilidad atada a salarios y recaudación) desde principios de año. El haber mínimo es $23.064 y la próxima suba por ley recién se dará desde el 1 de septiembre.

El Gobierno nacional denunció a Macri y exfuncionarios por el envío de material bélico a Bolivia

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La presentación lleva la firma de la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

El Gobierno Nacional denunció este lunes al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de "material represivo" a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

La denuncia lleva la firma de la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

La presentación realizada ante la justicia federal denuncia "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".

Los funcionarios del Gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".

"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", se indicó en la denuncia.

El envío

El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos, 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.

Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la presentación judicial.

La denuncia señala, además, a "Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)".

La denuncia de Bolivia

Los hechos salieron a la luz cuando la embajada argentina en Bolivia descubrió una misiva del entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se dio cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas.

La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa y a partir de allí se suscitaron a una serie de investigaciones administrativas por parte del Gobierno nacional, a través de las cuales se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material.

El texto

De acuerdo a la denuncia, el envío "se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina" y el material se desvió "hacia las fuerzas armadas bolivianas".

"La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el Gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos", señalaron los funcionarios que firmaron la denuncia.

"No se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano", expresan.

"Fin que las autoridades nacionales no podían desconocer: enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra al pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas", enfatizaron.

La denuncia, que será sorteada este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, incluye 14 documentos oficiales certificados y sugiere al menos 8 medidas de prueba para el inicio de la investigación.

Las investigaciones

Hasta el momento, por lo menos dos organismos del Estado anunciaron el inicio de investigaciones formales por el envío de este armamento a Bolivia.

La Unidad Fiscal Especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados anunció el pasado 9 de julio el inicio de una investigación a cargo del fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González Da Silva.

Indicaron que en el marco de esta pesquisa se dispusieron "una serie de medidas probatorias, entre ellas, el requerimiento de información a la Presidencia de la Nación, a distintos ministerios de la Nación y a la Gendarmería Nacional, con el propósito de comenzar a colectar elementos que permitan avanzar a dilucidar tales episodios a la mayor brevedad posible y determinar, en su caso, sus posibles autores o partícipes".

Por su parte, la Dirección General de Aduanas inició una investigación para determinar "la eventual existencia de delito en la exportación de armas de fuego y otros materiales controlados al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019".

"El organismo que depende de la AFIP también inició una segunda investigación para controlar la regularidad de los procedimientos llevados adelante por la DGA" durante el Gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Seguridad constató inconsistencias en el envío de armamento policial a Bolivia

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Según el informe elaborado por la cartera que dirige Sabina Frederic hay diferencias entre lo "autorizado" a salir y lo registrado como recibido en Bolivia. "En lo enviado por Argentina figuran 70 mil cartuchos antidisturbios y la policía boliviana registra apenas 1.350".

En noviembre de 2019, el caos se desató en La Paz, Bolivia, al mismo tiempo que estallaba la rebelión en Chile. En Argentina, el Gobierno de Mauricio Macri estaba de salida, pero aún estaba al frente del Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich que tuvo durante su gestión a Gendarmería.

Puede adjudicarse a ese sentimiento la decisión de haber enviado efectivos de esa división a las embajadas de ambos países con el fin de proteger las sedes diplomáticas y a las personas que allí se resguardaban.

El grupo de elite Alacrán ya tenía experiencia de sobra en la materia, custodiaron las Embajadas de Argentina en Haití y Nigeria, dos zonas en permanente conflicto. Y la operación que se realizó en ambas naciones estuvo vinculada al rescate de los funcionarios argentinos amenazados por los disturbios. Su actuación no tuvo que ver con las manifestaciones en los alrededores.

Este jueves, el Canciller de Bolivia, Royer Mayta, denunció que Macri "tuvo participación en el golpe de Estado". Como prueba, presentaron una supuesta carta de agradecimiento por el envío de "material bélico para reprimir protestas sociales contra el golpe", que habrían llegado en un avión Hércules de la Fuerza Área Argentina.

Enseguida, la actual Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ordenó a las cuatro fuerzas de seguridad a su cargo informar las actuaciones administrativas que permitan establecer o no las posibles responsabilidades en los hechos. Les dio 72 horas.

Con esos datos la cartera a cargo de la antropóloga, que estudió en su rol de investigadora académica, precisamente a Gendarmería, elaboró un informe preliminar de cuatro páginas en el que se destacan "inconstancias" entre lo informado por la fuerza y la denuncia boliviana.

En primer lugar, el documento señala que el 11 de la Dirección de Logística de la GNA, "en cumplimiento de lo ordenado por el Director Nacional de la GNA, Gerardo José Otero, solicitó que se autorice el uso del material y equipamiento por parte del Personal de la Agrupación Fuerzas Especiales ALACRAN de la GNA en el territorio de la República de Bolivia".

"Dentro del marco de la seguridad y protección del Señor embajador Argentino, su residencia, las instalaciones Diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma", continua.

Ese mismo día, la ANMAC, bajó esa misión, autorizó por 90 días corridos a la Gendarmería el envió a Bolivia de 10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos; 2 escudos balísticos; 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3.600 eran calibre 12-70. Además, habilitó el traslado de once agentes de la GNA.

El 12 de ese mismo mes, se autorizó ampliar a 70.000 cartuchos anti tumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta y ampliar la autorización para el envío de 661 granadas de mano de gas de hostigamiento.

El informe menciona, a la vez, que el 20 de enero de 2020 la Policía Boliviana presenta dos informes a la embajada argentina en Bolivia elaborados por la policía boliviana los días 12 y 28 de noviembre de 2019.

Según el trabajo de la cartera que dirige Frederic, la policía boliviana autorizó "la internación y porte temporal en el Estado Plurinacional de Bolivia, de armas de fuego, su munición y materiales relacionados, al personal de la Agrupación Fuerzas Especiales ALACRAN de la Gendarmería Nacional Argentina, para brindar seguridad en las instalaciones de la Embajada argentina y residencias oficiales, de fecha 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2019".

En ese informe se afirma que "el mencionado material y se equipamiento será transportado en fechas 12 al 14 de noviembre en un avión Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina".

"Encontramos diferencias entre lo pedido y lo registrado por la Policía boliviana, en el informe no figuran de granada de mano ni spray anti tumulto, que sí están en lo enviado por Argentina", remarca.

"En lo enviado por Argentina figuran 70 mil cartuchos antidisturbios y la policía boliviana registra apenas 1.350 cartuchos. Tampoco hay mención, en las autorizaciones realizadas en Argentina de Manta Antibomba que sí figura en los registros de la policía boliviana, así como ocurre con detector de metales y demás elementos", indica en segundo lugar el informe.

Según la carta de agradecimiento que presentó Bolivia, habrían llegado 40 mil cartuchos anti tumultos.

Es "un dato llamativo" para el Gobierno que haya sido el grupo Alacrán el enviado a Bolivia para tal procedimiento. Según argumentan, se trata de un Grupo de Operaciones Especiales que no está entrenado ni preparado para operativos antidisturbios.

"Los grupos destinados para ese tipo de misión, por Doctrina de la GNA, son los Destacamentos Móviles Antidisturbio", decretan.

Sin embargo, sería en otro apartado lo que podría llegar a generar algún tipo de suspicacia. "El 15 de julio de 2020, en la rendición de cuentas de Servicio Administrativo financiero de Gendarmería se informa que, la Agrupación Fuerzas Especiales de GNA durante su permanencia en Bolivia brindado seguridad a la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de noviembre de 2019 hasta junio de 2020".

Y remarca que "a los efectos de mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión".

"En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de 70.000 cartuchos calibre 12,70 MM A/T", es decir Antidisturbios, aclara el informe oficial. "El Grupo Alacrán no es la encargada de manejar munición antitumultos sino que utiliza armamento letal. Por tal motivo, no se comprende las aludidas prácticas de entrenamiento que insumieron tales municiones", estipula.

Por último, el informe de Frederic concluye que "la inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados y lo autorizado y registrado por la policía boliviana muestra diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas y las cantidades de municiones registradas".

Fuentes oficiales indicaron que el análisis continúa y que aún no está claro el objetivo del envío del armamento. Al mismo tiempo, indicaron que Frederic plantea que en el mecanismo investigado intervinieron muchas áreas del Estado, no solo Seguridad, sino también Defensa, Aduana, ANMAC y Cancillería.

La respuesta de Patricia Bullrich

La presidenta del PRO, que participó esta sábado del lanzamiento de la candidatura de María Eugenia Vidal en la Ciudad, criticó el informe de su sucesora y aclaró que "una cosa es llevar armamento para el uso de los efectivos de Alacranes y otra es darlos a Bolivia. Lo que se llevó, se llevó para defender a la Embajada. No tengo idea cuánto fue porque eso lo decide la fuerza en relación al análisis de riesgo, al grado de peligrosidad. Depende de la situación", dijo.

Para ilustrar el peligro que representaban las protestas para la integridad de las personas que se resguardaban en la sede diplomática, la exministra mencionó el caso de Chile.

"Estuvieron a punto de tomar la Embajada, la amenaza de vida era real. Tuvimos que evacuar y eso lo tenía que llevar adelante un grupo de élite como lo es el de Gendarmería. Se trató de una misión de rescate", recordó.

"En una situación de conmoción social, ¿Cómo vas mandar a un grupo antidisturbios? Teníamos que defender a nuestra gente que estaba en la Embajada y además ¿nosotros qué teníamos que ver con las manifestaciones? No saber eso muestra un nivel de desconocimiento técnico total. Criticar esa decisión es estúpido e irresponsable", dijo con dureza.

Para la referente de la oposición, las conclusiones del informe "dejan claro que se trata de una operación política"

Los 8 pedidos del Campo al Gobierno luego de la movilización en San Nicolás

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Entre los representantes del Campo que convocaron a la marcha circuló un documento en el que se exige al oficialismo el cumplimiento de la Constitución.

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos se convirtió en uno de los epicentros de las movilizaciones del sector agropecuario contra el Gobierno. Varios productores del campo se reunieron para una masiva protesta en la localidad bonaerense con apoyo de gran parte de la población para reclamar el cumplimiento de la Constitución Nacional en base a las recientes restricciones a las exportaciones.

A lo largo de la convocatoria circuló un documento firmado por los participantes titulado Proclama de San Nicolás. En el mismo, se especifican ocho pedidos a la gestión sobre la propiedad privada y garantías para la producción y exportación.

Los pedidos del sector agropecuario

"Que el cumplimiento de la Constitución Nacional no es optativo, sino obligatorio. Ante la grave situación actual, y las dificultades que acarrea al normal funcionamiento de las instituciones, el Estado debe ser más prudente que nunca. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso deben sancionar leyes ni tomar medidas cuya constitucionalidad no resulte, a todas luces, indiscutible".

"Que la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva. Argentina no puede sostenerse, mucho menos prosperar, sin agricultura, sin industria, sin comercio, sin servicios. Ninguna de estas actividades pueden desarrollarse como nuestro país necesita con la presión impositiva y las leyes laborales actuales".

"Que el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución y todo funcionario público está obligado a velar por su respeto. Nadie que ocupe un cargo público debe hacer declaraciones que relativicen o pongan en duda este derecho, pues al hacerlo no hablan en su propio nombre, sino en el del Estados, y el Estado no puede sostener opiniones contrarias a la Constitución".

"Que es obligación del Estado compensar a aquellos ciudadanos que se ven forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas para preservar la salud de la comunidad. Todos los rubros afectados de manera directa por las restricciones sanitarias deben quedar exentos de cualquier tasa o impuesto nacional, provincial y municipal, y esta exención debe prolongarse el tiempo suficiente para que puedan recuperarse".

"Que la educación es un derecho inalienable y solo la presencialidad puede garantizar el acceso a ella a todos los niños del país. Las escuelas deben ser lo último en cerrarse, lo primero en abrirse, y la suspensión de clases presenciales debe ser por poco tiempo y sólo en los distritos en que resulte realmente indispensable".

"Que el personal de salud es el principal afectado por la pandemia y debe ser reconocido no sólo en forma simbólica sino también económica. Ningún bono, aumento o beneficio otorgado por el Estado debe superar, en monto o porcentaje, a aquel que se otorgue a médicos, enfermeros y demás trabajadores del sistema de salud".

"Que la única fuente de ingresos para el país es la exportación, y en cualquier medida que la obstaculice, la limite o la desaliente es absurda. El Gobierno debe derogar inmediatamente cualquier prohibición o cupo para todos los rubros, terminar con el desdoblamiento cambiario, y proponer un plan de reducción progresiva de las retenciones que permita eliminarlas en el menor tiempo posible".

"Que el déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general y del gasto político en particular. La clase política y su entorno deben compartir los sacrificios del resto de la ciudadanía, y ser los primeros en posponer sus intereses y objetivos en un contexto de crisis".

El Gobierno amplió el cupo de personas que podrán ingresar al país

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Será en forma progresiva. Habrá disponibles 5.200 plazas para la semana del 10 al 16 de julio, 6.300 para la semana del 17 al 23 y 7.000 para las semanas del 24 al 30 de este mes y del 31 de julio al 6 de agosto. Además se extiende la vigencia del DNU.

El Gobierno nacional prorrogó este viernes por cuatro semanas, hasta el 6 de agosto inclusive, la vigencia del DNU con medidas sanitarias para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus y amplió el cupo de pasajeros argentinos o residentes que pueden ingresar al país, se informó oficialmente.

A través del DNU 455/21, el presidente Alberto Fernández prorrogó el DNU 287/21, que faculta a gobernadores y al jefe de Gobierno porteño a adoptar medidas ante la verificación de determinados parámetros, a través del denominado "semáforo epidemiológico", que se divide en bajo, mediano y alto riesgo según la evolución de la pandemia en cada distrito del país.

En tanto, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, firmó la Decisión Administrativa 683/21, con validez también hasta el 6 de agosto, que amplía el cupo de argentinos y residentes que podrán ingresar al país por vía aérea, de acuerdo con un esquema gradual que regirá durante las próximas cuatro semanas.

Habrá 5.200 plazas disponibles para la semana del 10 al 16 de julio; 6.300 para la del 17 al 23, y 7.000 para las semanas del 24 al 30 de este mes y del 31 de julio al 6 de agosto.

También se permitirá el ingreso desde Uruguay de dos buques de pasajeros semanales, con aforo de hasta el 50% de su capacidad.

En un marco de pandemia y ante la necesidad de evitar la entrada de variantes de coronavirus que no tienen circulación comunitaria en el país, como la Delta, el Gobierno nacional recomendó "a todos los argentinos y residentes no viajar al exterior, especialmente a aquellos que integran los grupos de riesgo", indicaron fuentes oficiales.

Esta recomendación busca también "evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas", añadieron.

Las fronteras continuarán cerradas al turismo y seguirán suspendidos los vuelos provenientes de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chile, Brasil, India y países africanos.

También continúan suspendidos los viajes internacionales grupales, de egresados y egresadas, jubilados y jubiladas, de estudio, para competencias deportivas no oficiales; de grupos turísticos y de actividades recreativas y sociales, en forma genérica.

Además, quienes regresen desde el exterior estarán obligados a aislarse en los lugares que determinen los Gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires durante 10 días, contados desde el testeo realizado en el país de origen; y la estadía en los lugares de aislamiento estarán a cargo del pasajero.

Se controlará que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento en sus domicilios y se radicarán denuncias penales en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento, de acuerdo con los artículos 205 y 239 del Código Penal, por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública.

Esos códigos contemplan sanciones con prisión de seis meses a dos años y con prisión de 15 días a un año, respectivamente.

Los viajeros deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina y, además, deberán hacerse una prueba al llegar al país y otra al séptimo día de ingreso.

Quienes resulten negativos, al ingreso al país deberán cumplir con el aislamiento en los lugares que dispongan los Gobiernos provinciales y de CABA, y deberán realizar un nuevo test para finalizarlo.

Quienes resulten positivos, al ingreso al país deberán realizar otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, hasta su traslado seguro hasta la residencia si correspondiera.

Todos los testeos y la estadía en los lugares de aislamiento estarán a cargo del pasajero. Asimismo, el viajero deberá declarar los lugares en donde estuvo en los 14 días previos al reingreso al país.

Para el ingreso autorizado como excepción por Migraciones, a través de pasos terrestres, la jurisdicción provincial deberá disponer corredores seguros.

Los extranjeros no residentes que ingresen a desarrollar trabajos esenciales, con autorización de Migraciones, deberán cumplir con el aislamiento establecido.

En tanto, las provincias deberán controlar el cumplimiento del aislamiento de las personas ingresadas desde el exterior.

Transportistas

En cuanto a transportistas y tripulaciones terrestres, los extranjeros y nacionales deberán contar con testeo de Covid negativo que tendrá una vigencia de siete días de realizado.

Estos testeos, se informó, deberán realizarse carácter previo a comenzar el viaje, en cercanía a su lugar de residencia.

En el casos de los buques, los extranjeros deberán permanecer embarcados y no contarán con relevo en el país; los nacionales tendrán que realizar un testeo de antígenos dentro de las 72 horas de ingreso.

Los transportistas internacionales y los operadores turísticos deberán informar a los usuarios las restricciones vigentes, las condiciones fijadas por cada jurisdicción en la que resida el viajante y la posibilidad de que las mismas sean modificadas según la situación epidemiológica.

Deberán también procurar flexibilidad en la reprogramación de fechas de viajes, para facilitar el cumplimiento de la recomendación de diferir viajes no esenciales.

Por su parte, la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, firmó la Disposición 1892/21, que prorroga también hasta el 6 de agosto la Disposición 1798/21, que mantiene suspendida la Disposición 3763/20 que permitía el ingreso al país por algunos pasos fronterizos de extranjeros no residentes parientes directos de ciudadanos argentinos, y que lo hacían en forma transitoria por razones de necesidad.

El Gobierno promulgó el Consenso Fiscal y las provincias podrán aumentar impuestos

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Modificó una norma impulsada por Mauricio Macri, que promovía una reducción gradual de los tributos provinciales. Ahora, los gobernadores podrán incrementar las alícuotas de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos.

El Gobierno promulgó este miércoles la Ley de Consenso Fiscal, que modifica una norma que se había aprobado durante la gestión de Mauricio Macri y permite a las provincias aumentar impuestos provinciales, tales como Sellos, Ingresos Brutos e Inmobiliario.

Con las firmas de Alberto Fernández, del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del Ministro del Interior Eduardo de Pedro, comenzó a regir la Ley 27.634, a la que no adhirieron las provincias de San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El distrito porteño inició un reclamo ante la Corte Suprema por el recorte que sufrió a la coparticipación y debería desistir de la demanda si quisiera adherir al Consenso Fiscal.

Desde el Gobierno destacan que a el nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con una recaudación adicional de $70.000 millones que podrán ser utilizados para reactivar las economías regionales.

Esos fondos extras, saldrán de los bolsillos de los contribuyentes provinciales y, probablemente, ese aumento de impuestos repercuta en los precios, justamente cuando el Gobierno pretende moderar la inflación.

El Consenso Fiscal oficializado este miércoles reemplaza a un acuerdo similar que se había firmado en 2017 y que proponía una baja progresiva de los impuestos provinciales.

Ahora, las exenciones y escalas de alícuotas máximas quedaron suspendidas para los años fiscales 2020 y 2021, por lo que la reforma impositiva macrista solamente funcionó durante 2018. Antes de la modificación por ley, el Gobierno Nacional y las provincias habían acordado suspender la baja de impuestos durante 2020.

Qué les pidió el Gobierno a las provincias

Como contraprestación de la autorización a elevar impuestos, la Ley dispone que por un año, las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales y se suspenderán los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

También habrá trabajos en conjunto entre la AFIP y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables.

Por otra parte, según la iniciativa, en 2021 las jurisdicciones no podrán aumentar el stock de deuda denominada en dólares con respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020. De todas maneras, habrá tres excepciones.

  • No se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito.
  • Tampoco tendrá vigencia con respecto a los acreedores institucionales, siempre que otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los multilaterales en términos de repago y de destino de los fondos.
  • La última salvedad será para los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o la reestructuración de deudas tomadas antes del 31 de diciembre de 2020.

El Gobierno pide información para avanzar en la aplicación pediátrica de vacunas

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La solicitud se da en el marco de una estrategia del Ministerio de Salud para avanzar con la vacunación de niñas, niños y adolescentes, en particular de aquellos con comorbilidades.

El Gobierno argentino solicitó a la empresa Sinopharm la información que llevó a autorizar la aplicación pediátrica de su vacuna contra el coronavirus en China con el fin de ser evaluada por las autoridades nacionales, al igual que hará con la de Pfizer, que ya fue aprobada para adolescentes en Estados Unidos y Europa, confirmaron fuentes oficiales.

El objetivo es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica pueda efectuar el análisis de la información del estudio que se realizó con niñas y niños de 3 a 17 años de la vacuna de Sinopharm, que es una de las que se está aplicando en Argentina en población adulta y de la que se espera que ingresen en los próximos meses 24 millones de dosis.

La solicitud de esta información se da en el marco de una estrategia del Ministerio de Salud para avanzar con la vacunación de niñas, niños y adolescentes, en particular de aquellos con comorbilidades.

Es en este contexto también se dictó el DNU 431/2021 que permitirá avanzar en la contratación de las vacunas para uso pediátrico con los laboratorios estadounidenses, según explicó este martes en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Por su parte, la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, enmarcó la decisión de avanzar con este decreto en el contexto de "una situación inédita y dinámica" como la que impone la pandemia de coronavirus, y puso el acento en lo que respecta a "ensayos clínicos en los menores de 18 años y en particular niños, niñas y adolescentes con comorbilidades".

El 11 de junio de este año, China aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra Covid-19 de Sinopharm y de Sinovac Biotech en personas de 3 a 17 años.

"Después de su uso autorizado para adultos, las vacunas Sinopharm y Sinovac, ambas desarrolladas por instituciones farmacéuticas de China, han demostrado ser seguras para el grupo de edad de 3 a 17 años después de ensayos clínicos y revisiones de expertos, y ahora están autorizadas para uso de emergencia por el grupo de edad por autoridades relacionadas", dijo el experto del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, Shao Yiming.

La vacunación de la población pediátrica se está evaluando en todo el mundo y se están realizando ensayos clínicos de diversos inmunizantes.

Hasta ahora sólo la vacuna de Pfizer se encuentra autorizada para adolescentes tanto por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos como por la Unión Europea.

La autorización de la UE se basó en los resultados de un ensayo clínico de fase 3, en el que se inscribieron 2.260 participantes, que fue publicado en The New England Journal of Medicine y que arrojó una eficacia del 100%, respuestas sólidas de anticuerpos y que fue bien tolerada.

Actualmente Pfizer lleva adelante un estudio pediátrico que evalúa la seguridad y eficacia de su vacuna en niños de seis meses a once años.

También la vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna lleva adelante un ensayo clínico 2/3 de su vacuna de ARN mensajero en niños de la misma edad.

Por su parte, Janssen está realizando un estudio de su vacuna en adolescentes entre 12 y 17 años.

Este lunes la Vicealcaldesa de Moscú , Anastasia Rakova, informó en una rueda de prensa que "comenzaron los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V que involucran a adolescentes".

"Hemos comenzado los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V en adolescentes de 12 a 17 años en colaboración con el Centro Gamaleya. La primera y la segunda fase de los estudios se están llevando a cabo en dos hospitales infantiles líderes, el Hospital Infantil Morozov y el Hospital Infantil Bashlyayeva", detalló Rakova.

El sector privado y las provincias pueden usar el nuevo DNU para negociar con Pfizer y Moderna

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"Sacar la palabra negligencia de la ley no solucionaba el problema", remarcó la Ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti. También se refirió a la llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik V para inocular a 350 mil personas.

Luego de que el Gobierno nacional publicara el Decreto de Necesidad y Urgencia que buscará agilizar las negociaciones con Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, fue la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien se refirió en profundidad a esta decisión y a las metas que deben alcanzarse en el corto plazo.

En diálogo con Sábado Tempranísimo, por Radio Mitre, destacó que ahora el objetivo será armar el "marco legal con el laboratorio que dona y con el país que dona. Y en función de la disponibilidad se avanzará. Tanto Moderna como Pfizer tienen ensayos clínicos para menores de 12 años y refuerzos".

En relación al proyecto de ley que buscaba legitimar esta negociación, la funcionaria respondió que "sacar la palabra negligencia de la ley no solucionaba el problema. Se cambió esa mirada, también otras palabras y las garantías líquidas. Esa confidencialidad de la negociación hace que el gobierno nacional tenga el compromiso de la negociación y la dificultad de difundirlo".

El DNU que se anunció este viernes por la tarde y fue publicado este sábado también creará el Fondo de Reparación Covid-19 para afrontar posibles indemnizaciones por eventuales daños derivados de las vacunas.

Otro de los motivos que movilizó al Gobierno a avanzar con este decreto radica en la imperiosa necesidad de inmunizar a los menores de 18 años. Vizzotti remarcó que "Rusia también está evaluando a menores y los refuerzos. No estamos pensando solo en lo inmediato sino a mediano y largo plazo".

Respecto al segundo componente de la Sputnik V, la ministra sostuvo que "esperamos se vaya resolviendo, estamos trabajando mucho para eso. Hay que completar los esquemas. No son seis millones de personas que necesitan la segunda dosis ahora, sino que deben llegar a la segunda dosis unas 350 mil personas, que la van a recibir".

Y continuó diciendo que "el Gobierno ruso está priorizando a Argentina y va a cumplir con el contrato".

Vizzotti hizo hincapié en que el Gobierno de Alberto Fernández "nunca rechazó vacunas de Pfizer" y manifestó que "en los tres laboratorios se requiere un acuerdo bilateral, que es en lo que se está trabajando para que sea lo antes posible".

Hasta el momento, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica no dio la aprobación para el uso de emergencia de la vacuna de Moderna ni la Johnson & Johnson. Solo fueron permitidas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer.

"La decisión fue acortar los tiempos con un DNU. La negociación con los laboratorios excede por mucho la palabra negligencia por eso se hizo por decreto", enfatizó Vizzotti.

"Desde que está la ley vigente las provincias pueden comprar vacunas. Tanto Pfizer como otros laboratorios primero cumplen los contratos con los estados nacionales, por eso ningún distrito pudo traer dosis todavía", completó.

Jubilados: Gobierno confirmó que se pagará un bono para compensar la pérdida ante la inflación

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El País Diario
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La decisión oficial fue ratificada por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Los detalles del suplemento serán definidos una vez que se conozca el IPC de junio.

El Gobierno tiene decidido pagar un bono adicional a los jubilados y pensionados para compensar la diferencia entre el aumento de los haberes del primer semestre del año y la inflación acumulada durante el mismo período, una medida cuyo monto y detalles serán definidos en dos semanas cuando se conozcan los datos del IPC del mes de junio.

La determinación oficial fue confirmada por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en un reportaje. El funcionario garantizó que, en línea con el compromiso oficial para que este año los salarios le ganen a la inflación, también en el caso de los haberes del sector pasivo "la voluntad del presidente es la de corregir si hace falta" para que no queden retrasadas frente a la suba de precios.

"Vamos a ver ahora cómo cierra la inflación de junio y sobre eso vamos a tomar la decisión. Si vemos que hay un retraso en los haberes jubilatorios lo vamos a hacer", respondió Cafiero.

El funcionario indicó que todavía no están definidos los detalles que podría tener el pago del bono, pero aclaró que se definirá en 15 días. "Necesitamos tener los números. En las primeras dos semanas se va a conocer la inflación de junio y cuando la conozcamos ahí vamos a poder corregir lo que haya que corregir en los haberes jubilatorios", aseguró.

Y amplió que "hay voluntad de corregir si hace falta, es la decisión del Presidente".

El jefe de gabinete ratifico, en esa línea, que la posición del Ejecutivo es que este año los ingresos de trabajadores y de jubilados se ubiquen por encima del incremento que acumulen los precios. "La prioridad es que el Presidente si tiene que involucrarse para corregir los salarios o los haberes jubilatorios, lo va a hacer", garantizó.

Con sus dichos Cafiero confirmó el anticipo que fuentes del Gobierno deslizaron semanas atrás respecto a que estaba en evaluación el pago un suplemento especial para jubilados y pensionados destinado a compensar el deterioro de los haberes del sector pasivo por efecto de la inflación acumulada en el primer semestre del año.

Según esos voceros, hasta ahora la Casa Rosada tiene definido que el bono se pagará durante los meses de julio y agosto, en un esquema similar al suplemento especial de $1.500 que los jubilados recibieron durante abril y mayo para compensar la suba de precios del primer trimestre del año.

Respecto al alcance del beneficio, las fuentes gubernamentales consultadas anticiparon que la intención es que sea percibido de mínima por todos aquellos jubilados con haberes de hasta $31.000, aunque esa definición aún está en análisis y se resolverá en los próximos días.

En marzo pasado las jubilaciones y pensiones se incrementaron un 8,07% a partir de la aplicación de la nueva fórmula de movilidad impulsada por la gestión de Alberto Fernández.

Y para compensar la inflación del período el Gobierno dispuso el pago de dos bonos de $1.500 durante los meses de abril y mayo para unos 5 millones de jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas y PUAM que cobraban menos de $30.856.

Desde junio regirá un segundo tramo del aumento para los jubilados, que será de 12,12% y llevará el haber mínimo a $23.000. Así el incremento de los haberes acumulará una suba de 21,2% durante el primer semestre, aunque quedará por debajo de la aceleración del período.

Vacunación casa por casa: la nueva medida para los grupos de riesgo que no hayan recibido la primera dosis

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El País Diario
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El operativo comenzará la semana que viene y es para reforzar la tarea que ya están haciendo los gobiernos provinciales. Este jueves hubo consenso entre entre todos los ministros de Salud para aplicarlo en todo el país.

En el camino hacia la inmunidad de rebaño que comenzó a transitar el Gobierno durante el invierno, aumentar el volumen de vacunación es clave. No solo para subir el porcentaje de inmunización en la Argentina, sino también para fortalecer el escudo protector frente a la nueva variante Delta.

En ese contexto, la semana que viene el Gobierno de Alberto Fernández pondrá en marcha un operativo nacional para vacunar casa por casa a quienes no se hayan podido inscribir o no tengan acceso a los centros de salud. Es una práctica que ya aplican en varias provincias del país pero que tendrá un impulso nacional en los próximos días.

El método tiene que ver con achicar el margen de personas que están sin vacunar en todo el país. En Argentina existen pueblos que están aislados y donde sus habitantes no pueden llegar hasta los centros de salud. Como también hay gente que no tiene acceso a tecnología para inscribirse o no.

Este jueves, durante un encuentro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, los ministros de Salud de todas las provincias acordaron avanzar en la búsqueda activa de las personas de la población priorizada que aún no se han vacunado, a través de lo que se conoce como estrategia extramuro. Irán casa por casa vacunando.

En el ministerio de Salud consideran que para llevar adelante ese operativo lo mejor es utilizar las vacunas de Sinopharm y Astrazeneca, debido a que pueden conservarse dentro de heladeritas portátiles. Ambas vacunas se pueden mantener entre 2° y 8°. Diferente es la situación con la vacuna rusa Sputnik V, que debe ser refrigerada a temperaturas bajo cero.

En muchas provincias el operativo casa por casa se está realizando desde hace tiempo. En Jujuy, por ejemplo, a fines de mayo comenzaron con un operativo especial para vacunar en los pueblos que están lejos de los cascos urbanos y a los que es difícil acceder con vehículos.

Para hacerlo montaron un operativo para llevar vacunas en mulas y caballos, mientras que en algunos casos específicos pusieron a disposición un helicóptero de la provincia para vacunar los pocos habitantes del lugar. Esas comunidades están lejos de los centros médicos y dependen exclusivamente del Estado para poder ser atendidos con rapidez.

Localidades como El Durazno, Alto Calilegua, Molulo o Chañi son algunas de las que están dentro de la nómina que armó el Gobierno jujeño para llevar vacunas con animales o por el aire. Es la única opción que tienen. Una realidad muy lejana a la que se vive en el centro del país.

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