La conmoción que experimentó el Gobierno del Frente de Todos con el conflicto generado por el desprolijo intento del Ministro Martín Guzmán de quitarse de encima, a través de una operación de prensa, al Subsecretario de Energía, Federico Basualdo, permite reflexionar sobre las características y los límites de la coalición gobernante.

Muchos son los que todavía se preguntan cómo pueden subsistir ambos funcionarios en el Gobierno nacional después de la opereta, con ribetes de realismo mágico, que tuvo lugar, y hasta es posible interrogarse sobre la situación actual de Guzmán, convertido en una especie de ministro teórico, incapacitado para imponer su propio programa.

¿Es, tal vez, un "intocable", avalado por poderes extranacionales, cuya salida definitiva implicaría mayores daños de los que supone su continuidad, desafectado de autoridad real? Los méritos de su gestión pueden ponerse en duda.

Cerró un acuerdo con los deudores privados que evitó la concreción de la prometida auditoría sobre la legitimidad de la deuda a negociar, por lo que su firma fue celebrada por toda la primera línea de Juntos por el Cambio a tambor batido.

En el combate contra la inflación no obtuvo ningún resultado positivo, sus expectativas para este año murieron a poco de plasmarse en el papel. Los indicadores de pobreza, indigencia y desigualdad no cesaron de incrementarse, superando todas las marcas históricas, y no consiguió obtener ni préstamos externos ni un avance significativo en las negociaciones con el FMI y el Club de París.

En cambio, promovió un incremento de las tarifas eléctricas superior al 32%, en una especie de línea de continuidad con la planilla Excel de Aranguren, que luego debió recortar al 18% y finalmente habría de quedar en el 9% tras el cimbronazo con Axel y Basualdo.

El pretendido programa económico del Ministro Guzmán muestra en el orillo la autoría de las recetas del FMI, más que la pretensión de definir una política pragmática de recuperación y crecimiento económico.

Algunos de sus defensores han presentado a la pandemia y a las medidas de restricción de la actividad económica aplicadas por el Gobierno Nacional como las responsables de estos resultados desoladores, y sin duda algo de razón tienen en eso.

Sin embargo, pretender aplicar políticas de equilibrio fiscal y racionalidad económica teórica en un año electoral a una sociedad diezmada por las políticas del macrismo y la pandemia posterior nos coloca en la alternativa de optar entre la ingenuidad y el cinismo al momento de caracterizar su desempeño.

Pero Guzmán es sólo un ejemplo de los cortocircuitos internos que experimenta el Frente de Todos. Las afirmaciones del Ministro Trotta en favor de la presencialidad educativa a escasas horas de que el presidente anunciara su clausura durante quince días, o la designación en su momento de Guillermo Nielsen en YPF, o la permanencia a cargo del Banco Central de un cuadro del poder financiero como Miguel Pesce invitan a pensar en la composición de la coalición de gobierno y la lógica en la distribución de porciones de poder.

Por no hablar de la continuidad de Victoria Donda a cargo del Inadi luego de revelarse el entuerto con su empleada doméstica o del Ministro Matías Lammens impulsando el turismo en Semana Santa, con su secuela de disparada de la segunda ola de Covid-19 antes de lo esperado.

Las coaliciones políticas son características de los sistemas parlamentarios, donde la fragmentación del voto exige de acuerdos para formar gobierno. En virtud de los porcentajes obtenidos se reparten carteras y organismos oficiales con amplios niveles de autonomía para las fuerzas políticas que la integran.

Si se produce una crisis, se recomponen los acuerdos o se modifican sus integrantes, y en caso de resultar imposible se adelantan las elecciones. Se trata de un formato de gobierno inestable pero práctico, que tiene garantizada su continuidad a través de la figura de un monarca o de un presidente cuya función consiste en garantizar la continuidad institucional.

Pero las coaliciones políticas en sistemas presidencialistas con amplia atribución de facultades en la figura presidencial resulta una opción problemática, ya que las coaliciones o alianzas se definen antes de las elecciones, sin comprobación del porcentaje real de sufragios que respalda a las fuerzas que la integran.

De este modo, el futuro de la coalición está directamente asociado a la continuidad institucional. No hay un presidente o monarca que quede preservado de una eventual crisis de gobernabilidad.

Mientras que el gobierno estuvo en manos de Cambiemos, se trató de una coalición entre una fuerza política hegemónica que distribuía cargos de segunda y tercera línea y bancas legislativas entre sus componentes.

Las disidencias entre las fuerzas políticas no repercutían en la gobernabilidad o en el curso del gobierno, ya que las funciones estaban claramente definidas y la figura presidencial no era cuestionada.

La fragmentación de la oposición panperonista hacía el resto. Y aun así, y pese a todo, existieron coyunturas críticas en las que el gobierno estuvo a punto de naufragar.

La alternativa política que se organizó para desplazar el colapso económico, social y financiero que impulsó deliberadamente el macrismo consistió en una articulación de fuerzas políticas fragmentarias, con abundantes cortocircuitos durante los años previos, a las que les daba cohesión el enemigo común.

Faltaban las coincidencias en cuanto a programas, estrategias y distribución de funciones. Ese débil acuerdo inicial permitió evitar la continuidad del saqueo que hubiera significado una victoria de Juntos por el Cambio, pero hasta el momento no consiguió adquirir la consistencia interna indispensable para remontar las dos pandemias sucesivas. De una se tenía conciencia: era la herencia del macrismo. La otra resultaba impredecible.

El problema que se le planteó desde el principio a la coalición del Frente de Todos fueron las tensiones internas al momento de la distribución de atribuciones y funciones y la disidencia de miras programáticas para darle coherencia a la gestión de gobierno.

Las condiciones en que debe desarrollarse el gobierno actual no son, precisamente, las ideales, ya que a las dos pandemias señaladas debe sumarse una profunda transformación en términos geopolíticos, cambios en las relaciones productivas y las condiciones de trabajo, la consolidación del lawfare como mecanismo de definición de conflictos en beneficio de los intereses corporativos más poderosos y un aún más acelerado proceso de concentración de la riqueza y exclusión social a escala universal.

Si bien la declinación de los grandes partidos de masas constituye un fenómeno común de las sociedades occidentales, en nuestro país afecta de manera disímil a ambas coaliciones. En ambos casos verificamos la presencia de actores y de fuerzas políticas que asumen una concepción diferenciada de la política: los sectores más radicalizados, que la entienden en términos de la lógica amigo/enemigo, característica de Carl Schmitt o de Ernesto Laclau, y los más moderados, que optan por una vertiente de negociación y entendimiento entre adversarios.

El problema que se plantea radica en que, en un contexto internacional de profunda transformación geopolítica, donde los poderes corporativos globales cuentan con la capacidad económica y judicial para torcer el brazo de los Estados, la definición de la política como negociación entre adversarios que coinciden en la búsqueda de un abstracto "bien común" se demuestra como tibia e ingenua.

Es natural y pragmático mantener en las coaliciones a los sectores moderados, ya que son los que, en definitiva, terminan cautivando el voto de los indecisos, pero resulta impensado que éstos puedan ejercer el liderazgo dentro de cada ordenamiento.

Para la oposición la ecuación resulta más sencilla, ya que su programa tiene poco de "nacional", limitándose a ser la bajada local de una estrategia corporativa universal. Por esta razón da lo mismo que la figura visible sea Rodríguez Larreta, Macri, Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal. En cualquier caso, el plan y los objetivos serán los mismo. Pueden variar los beneficiarios corporativos o individuales concretos, pero no el modelo en sí.

En el caso del oficialismo la cuestión se complica ante la ausencia de un programa común, con una figura presidencial que no ejerce el liderazgo natural de la coalición. En cualquier alianza de estas características son factibles dos opciones: o el líder baja línea y los demás obedecen, o bien el líder escucha las distintas posiciones para luego emitir una sentencia que deberá ser inapelable.

A falta de un liderazgo carismático presidencial, se presentan dos opciones. El blanqueo de ese liderazgo en caso de que exista, aunque no lo detente el primer magistrado, lo cual podría afectar la legitimidad del gobierno, o la definición de un estricto programa de acción que oficie como referencia de las decisiones políticas que se adoptan.

Este cuello de botella, en el transcurso de un año electoral que será determinante para el devenir de la sociedad argentina, vuelve a poner sobre el tapete la necesidad de redefinir los términos de la coalición política gobernante, algo que debió ser concretado antes de la asunción de las autoridades actuales pero no llegó a concretarse.

Para evitar fugas en uno u otro sentido, los consabidos "fuegos amigos" y los eventuales pases de factura de quienes participaron activamente en la obtención de la victoria del Frente de Todos, resultaría esencial la apertura de los espacios de debate y participación incorporando a gobernadores, sindicatos, organizaciones sociales, corrientes internas y agrupaciones que han sido llamadas a un silencio casi escatológico en un momento clave de definición del futuro de los argentinos.

Tras el cortocircuito Guzmán - Axel - Basualdo, la conducción actual ha respondido resaltando la imagen de unidad, que resulta indispensable en una situación tan grave como la que atravesamos, con la rebelión de la Corte Suprema y de los gobiernos de la CABA y de Mendoza como factores agravantes.

Pero no alcanza con la unidad sin cohesión y sin ampliación de las bases programáticas, sociales y políticas de la coalición gobernante.

También resulta indispensable definir un liderazgo universalmente aceptado, con la coherencia y las espaldas apropiadas para soportar las disidencias y garantizar la coherencia de las acciones en virtud de objetivos compartidos.

Y, por último, aunque no por ello menos importante, al Frente de Todos le está faltando una épica, una utopía, un horizonte compartido que vuelva inteligibles los sacrificios actuales en aras de un futuro superador.

No es una agenda sencilla de desplegar en un contexto de pandemia, crisis económica y social, y cambio de poder a escala universal. Pero no por ello resulta irrealizable.