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Alberto Fernández afirmó que no hará cambios en su Gabinete

"El Gabinete ha hecho un trabajo impresionante", expresó el presidente argentino en una nota y destacó el funcionamiento de su equipo. Aseguró que continuará sin cambios.

En una charla mantenida con el portal El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, el Presidente Fernández remarcó: "Me ha tocado a mí estar al timón, pero soy parte de este proyecto. Una vez me fui, dos veces no me voy. Este es mi último proyecto, para que todos juntos no permitamos que el conservadurismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina nunca más. Si hay algún compañero en la CGT que piensa que la solución es tirar a otro compañero o compañera por la ventana, conmigo no cuenten, porque aquí hacemos falta todos".

Durante una entrevista en la cual habló sobre la pandemia y las medidas dispuestas desde el mes de marzo, el presidente habló sobre la convocatoria para el próximo 17 de octubre, la cual por primera vez en la historia del peronismo se realizará de forma virtual. "Si alguien está pensando hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina, se equivoca, porque no lo voy a hacer. Lo que más necesitamos es estar unidos. Hoy le escribí a Máximo para ver si el lunes podemos comer juntos y charlar un rato. No está en mi cabeza la posibilidad de que eso ocurra. Si quieren fortalecer al gobierno a través de mi persona, bienvenido sea. Pero que nos fortalezca a todos", aseguró.

De esta manera, el presidente aseguró que su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner se mantiene en excelente estado.

Cuando fue consultado sobre los cambios en el Gabinete, Fernández negó que haya habido cambios en su composición, remarcando que Adriana Puiggros, quien se alejó del ministerio de Educación, continúa trabajando como su asesora.

"Por ahora no tengo previsto cambios en el Gabinete. Creo que el Gabinete ha hecho un trabajo impresionante", afirmó el presidente, quien remarcó que a veces, "la angustia que nos causa la pandemia no nos deja ver lo que hemos hecho. Gracias a todas las medidas tomadas, evitamos que otro millón y medio de personas hoy estén por debajo de la línea de pobreza".

Nuevo banderazo #12O: protestarán contra el Gobierno en todo el país

Este lunes 12 de octubre, desde las 17 horas, se realizará una nueva marcha en todo el país contra el Gobierno que encabeza Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La convocatoria para el #12O se realizó a través de las redes sociales.

La protesta no descansa. A pesar de que este lunes 12 de octubre es feriado, se concretará en todas las ciudades del país un nuevo banderazo en todo el país contra el Gobierno peronista.

La marcha, que comenzará a las 17 horas de este lunes, fue convocada a través de las redes sociales y uno de los reclamos que se escuchará en la protesta es contra "la impunidad para llevarse puestos a los jueces" y un férreo rechazo a "la reforma judicial".

Además, otros motivos de la convocatoria es la insoslayable crisis económica que atraviesa el país.

Pedirán además "por el regreso a las aulas de los alumnos" y por el final de la cuarentena. Con epicentro en el Obelisco de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrollará también en las plazas principales de cada una de las provincias argentinas.

Con los hashtags #12OSomosLibres #12O #12Oyovoy y #todosperotodosalascalles, la convocatoria surgió hace unos días en las redes sociales para reclamar contra "una agenda clandestina" del oficialismo, entre otras críticas al peronismo que gobierna el país.

En el Día de la Diversidad Cultural, la protesta apunta contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, Jefa de la Banda de Cacos que saqueó al país durante una década. También pedirán por la independencia del Poder Judicial, algo que por ahora en este país parece un sueño inalcanzable.

Para el Gobierno la toma de tierras no es ilegal hasta que haya "sentencia firme"

Así respondió la Ministra de Seguridad Sabina Frederic tras la consulta de un senador radical.

El gobierno nacional planteó que hace falta una sentencia judicial para calificar una toma de tierras como un hecho ilegal.

La postura oficial fue planteada por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ante las consultas que le hicieron los senadores en el marco del informe de gestión que brindó esta semana en la Cámara Alta.

Habitualmente, el jefe de ministros recibe preguntas de los legisladores antes de presentarse en la Cámara y remite las inquietudes al área que tiene la información correspondiente para dar una respuesta.

"¿Qué actitud adoptará el gobierno en defensa de la propiedad estatal y privada frente a estos delitos?", fue la pregunta que le hizo el Senador fueguino por la UCR Pablo Daniel Blanco.

La respuesta brindada por el Ministerio de Seguridad y validada por la Jefatura de Gabinete planteó que el déficit habitacional es una cuestión que debe ser analizada desde un enfoque multidisciplinario y que las fuerzas federales y provinciales sólo pueden intervenir ante una orden judicial.

El criterio ya había sido expuesto por la Ministra Sabina Frederic y diversos reportajes. Sin embargo, esta vez se incluyó un argumento nuevo: "Una vez que la situación se define como toma de tierras mediante una sentencia firme emanada de autoridad judicial competente, es que estamos ante un acto ilegal".

La definición adquiere relevancia en un momento donde se discute la toma de terrenos en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, especialmente en Guernica, en un país donde los procesos judiciales no suelen caracterizarse por su velocidad: hay casos que están abiertos varios años y terminan archivados sin una sentencia.

Un fallo "firme" requiere además que se hayan agotado todas las vías de apelación, lo que convierte el trámite en una experiencia eterna de acuerdo a los antecedentes jurisprudenciales en el país.

Gobierno rechazó una reunión convocada por Rosenkrantz y la calificó de "oportunista"

El presidente de la Corte Suprema decidió reunir a la Comisión Interpoderes para agilizar los juicios de lesa humanidad. En un comunicado la ministra de Jusiticia aseguró que "el desempeño de la Corte en esta materia ha sido de enorme retroceso".

El Gobierno nacional y varios organismos de derechos humanos decidieron que no asistirán a la reunión de la Comisión Interpoderes, encargada de agilizar los juicios de lesa humanidad, que fue convocada por el Presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en medio de la tensión política por el per saltum de los jueces trasladados a cargos estratégicos en Comodoro Py y de que se presentara un pedido de juicio político en su contra, precisamente por haber "favorecido y asegurado la impunidad de los responsables del terorrismo de Estado".

Esa denuncia de la diputada Vanesa Siley señalaba, además, que el titular del tribunal no reunía a la comisión en cuestión pese a los pedidos de los organismos de derechos humanos. La Interpoderes dejó de tener encuentros durante la presidencia de Mauricio Macri y Rosenkrantz, impulsor entre otras cosas del 2x1 a favor de los genocidas, se acordó de activarla ahora. El Poder Ejecutivo envió al supremo una nota que dice que su invitación resulta "oportunista" y que la Corte ha mostrado un retroceso en el tratamiento de expedientes sobre crímenes del Terrorismo de Estado, que años atrás el propio tribunal dijo que debían formar parte de una política de Estado.

No estarán en el Zoom ni la Ministra de Justicia, Marcela Losardo, ni el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Tampoco irán el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, ni el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda.

El Gobierno revisó su posición inicial, que apuntaba a asistir, pero después de deliberaciones internas evaluaron que la iniciativa de Rosenkrantz responde a una especulación de posicionamiento personal y le atribuyen un intento de utilizar para eso los juicios de lesa humanidad. Una idea compartida por algunos funcionarios y funcionarias es que la Corte debería dar sus mensajes a través de sus fallos, algo que no sucede. En el alto tribunal hay al menos medio centenar de causas pendientes sobre crímenes dictatoriales.

La nota que envió el Poder Ejecutivo, firmada por Losardo y Pietragalla, señala entre las razones para "declinar la invitación" que desde la última reunión de la Interpoderes, el 23 de septiembre de 2016, "el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso. En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista". 

El jueves por la tarde los organismos de derechos humanos debatieron sobre qué hacer. Hace tiempo que reclaman que volviera a funcionar Interpoderes que estuvo cuatro años en pausa. Pero una mayoría, que integran Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza se Mayo Línea Fundadora, planteaban que no irán, algunos en consonancia con la mirada del Gobierno, otros suman que rechazan que se ponga al frente el juez que ideó el fallo de 2x1 a favor de los genocidas. "Rosenkrantz ofende a nuestros hijos y a los 30.000", dijeron en Madres Línea Fundadora. 

También están convocados el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Casación Penal Federal que aguardaban con cautela los pasos del resto de los invitados. 

El Gobierno argentino apoyó a la ONU en la condena a Venezuela por violación de los Derechos Humanos

Argentina votó a favor del proyecto de resolución que extiende el mandato de la Alta Comisionada sobre la situación venezolana.

El Gobierno de Alberto Fernández apoyó ante la Organización de las Naciones Unidas el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en crisis política, económica y social desde hace años bajo el mandatario del bolivariano Nicolás Maduro.

"Argentina está preocupada por la situación de derechos humanos y por la crisis política y humanitaria agravada por las sanciones y la pandemia de Covid 19. Entendemos que los derechos fundamentales de todos los venezolanos deben prevalecer sobre otras consideraciones", dijo en Ginebra el embajador argentino ante el organismo, Federico Villegas.

Argentina votó a favor del proyecto de resolución que extiende el mandato de la Alta Comisionada sobre la situación venezolana e instó a todas las partes "dentro y fuera del país" a "cooperar plenamente".

"Como integrante del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, Argentina votará a favor", dijo Villegas, en referencia a la votación de la agrupación que integran países de la Unión Europea, Bolivia, Costa Rica y Ecuador, entre otros.

Tras la polémica desatada días tras por las declaraciones del representante argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, quien dijo que el país caribeño "sufrió un fuerte asedio de intervencionismo" y que la apreciación sobre las violaciones a los derechos humanos eran "sesgadas", Cancillería había anticipado que el país "mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana".

En este marco, el país pidió a las autoridades de ese país investigaciones "prontas, exhaustivas, independientes e imparciales" de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, según el texto.

En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos previa a la votación sobre la situación en el país caribeño, Villegas había adelantado la postura final del Gobierno al abstenerse de una resolución que presentaron Irán y Venezuela.

"No obstante los resultados alcanzados positivos alcanzados en la cooperación con la oficina de la Alta Comisionada, el presente proyecto presenta un insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de su responsabilidad por la situación de los derechos humanos en su territorio reflejada en el informe oral de la alta comisionada el 25 de septiembre", había dicho Villegas.

"Instamos al gobierno venezolano a cooperar plenamente con todos los mecanismos de este Consejo y a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes así como con su llamado a que conduzcan investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones a las violaciones de los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la Justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas", agregó.

Pese al revuelo que habían generado las declaraciones de Raimundi, la postura que el Gobierno dejará fijada este martes está en línea con la última intervención de Villegas ante el Consejo, en la que también condenó las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Maduro, al manifestar la "profunda preocupación" oficial.

En 9 meses, el Gobierno Nacional gastó 3.200 millones de pesos en pauta oficial

La Secretaría de Medios publicó un informe sobre el gasto realizado en publicidad oficial en los primeros 9 meses de 2020.

El informe cumple con el decreto 247/2016 y está disponible en la página web de la Secretaría de Medios. Allí se detalla los montos aplicados a la publicidad pautada en TV abierta, gráfica, TV por cable y canales del interior, radios, medios digitales y redes.

Durante los primeros 9 meses del año, el Gobierno de Alberto Fernández distribuyó la suma total por rubros de la siguiente manera:

$ 731.757.153 para la TV abierta

$ 671.027.835 para medios gráficos

$ 661.481.707 para TV por cable y del interior del país

$ 614.706.905 para radios

$ 522.136.057 para medios digitales.

Redes sociales

En redes sociales: Facebook, Instagram, Google, YouTube y Dispositivos Móviles, el Gobierno nacional gastó la friolera de 198.974.412 pesos.

Pacto social: el Gobierno convocó a sindicatos y empresarios a una reunión de agenda abierta

Será a las 17 de este lunes y estará encabezada por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El Gobierno se reúne este lunes en Casa Rosada con empresarios y sindicalistas, para comenzar a delinear lo que será la agenda de "recuperación económica y social" ante la pandemia del coronavirus.

Así lo anticiparon a NA fuentes oficiales, que precisaron que el encuentro está previsto para las 17 y será encabezado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En ese marco, fueron convocados al cónclave representantes de la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores de la Argentina y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, además de la Unión Industrial Argentina y las cámaras de Comercio y la Construcción.

La reunión será "a agenda abierta, pero con dos ejes centrales: recuperar la producción y el trabajo".

"Dialogar, escuchar y proponer el camino para avanzar con diferentes propuestas. Queremos volver a poner el eje en el trabajo y la producción, que es el ADN del Gobierno", describieron fuentes de Casa Rosada.

Las mismas fuentes indicaron que la reunión apunta a "recuperar aquella idea del pacto social, en la que entre distintos sectores se puedan discutir políticas y medidas".

De esta manera, Cafiero será el anfitrión del encuentro junto a los integrantes del Gabinete Económico, entre ellos los ministros Martín Guzmán de Economía, Matías Kulfas de Desarrollo Productivo y Claudio Moroni de Trabajo.

Además, formarán parte de la reunión la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce.

Entre los participantes también estarán el presidente de la UIA, Miguel Acevedo; el secretario general de la CGT, Héctor Daer; y el titular de la CTA, Hugo Yasky, entre otros.

Fuentes sindicales afirmaron a NA que el encuentro será "la continuidad del gabinete socioeconómico ampliado", y servirá para "intercambiar puntos de vista y trabajar en medias que fortalezcan el empleo".

Si bien no está previsto que el Presidente Alberto Fernández forme parte del encuentro, no se descarta que el jefe de Estado pueda acudir al salón Mujeres, dado que desde hace varios días retomó su agenda de trabajo en la casa de Gobierno.

El Gobierno prorrogó hasta fin de año la prohibición de cortar servicios públicos

El DNU extiende de tres a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, un Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de cortar los servicios públicos por falta de pago de las facturas.

De acuerdo con el DNU 756/2020, el Poder Ejecutivo dispuso que "las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta siete facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020".

La norma especifica que "quedan comprendidos y comprendidas los usuarios y las usuarias con aviso de corte en curso. Si un usuario o una usuaria accediera a un plan de facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamentación, se considerará a los efectos del presente, como una factura pagada".

Este DNU modifica plazos y fechas dispuestas en el decreto 311/2020 y extiende de tres a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.

En su artículo tercero el decreto también prorroga hasta fin de año el plazo de corte para los usuarios del sistema de servicio prepago de energía eléctrica. La norma también contempla el caso de usuarios y usuarias del sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet que no hubiesen abonado recargas para acceder al consumo y estira hasta el 31 de diciembre la obligación de los prestadores de "brindar un servicio reducido que garantice la conectividad".

El Decreto N° 311/20 disponía que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a las usuarias y a los usuarios alcanzadas y alcanzados por dicha medida, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020.

Con un mensaje grabado el Gobierno nacional extendió la cuarentena hasta el 11 de octubre

Lo hizo con un video que solamente incluyó gráficos y la voz de una locutora que detalló el estado de situación. Así, el país cumplirá 205 días de restricciones. En el corto no aparece el Presidente Fernández.

En Argentina se pagan 165 impuestos pero sólo 11 explican el 90% de la recaudación total

La nueva edición del "vademecum" impositivo realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal avanza en una propuesta para reducir el intrincado esquema de los tres niveles de gobierno.

El "vademecum" impositivo argentino sumó dos nuevos impuestos: entre nacionales, provinciales y municipales; ahora son 165, dos más que los 163 que había registrado el año pasado el Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

El centro de estudios, que encabeza el economista Nadin Argañaraz, relevó por segunda vez la maraña de la que se sirven los tres niveles del Estado argentino para asfixiar a los contribuyentes.

La lista de 165 tributos surge de sumar 41 impuestos nacionales, 39 provinciales y 85 municipales, disfrazados de diversos tipos de impuestos, "tasas, contribuciones y derechos" de dudosa contraprestación.

Los 41 impuestos nacionales

Nueve de ellos están entre los 11 que explican el 90% de la "torta" recaudatoria de los 3 niveles del Estado

Desde el primer relevamiento, la más importante modificación fue la creación del "Impuesto PAIS", patriótico acronismo de "Para una Argentina Inclusiva y Solidaria", el 30% que le cobra el Estado nacional a cualquier ciudadano que quiera acceder al dólar o cualquier otra moneda extranjera, sea para ahorrar, consumir o invertir.

Las provincias

A nivel provincial la lista mermó en dos tributos. Córdoba derogó dos Fondos: el del "Financiamiento del Sistema Educativo", Fofise, y el de "Financiamiento de Obras de Infraestuctura", FFOI.

Salta eliminó el de las "Cooperadoras Asistenciales", que se aplicaba sobre la nómina salarial.

Por su parte, San Juan hizo lo mismo con la "Contribución de los servicios prestados en el Matadero Municipal", que sin embargo siguen cobrando algunas localidades, por lo que sigue poblando el frondoso vademécum.

A nivel municipal, La Plata creó una nueva "Tasa por Seguridad Vial y Señalética" en tanto Castelli y Puerto Madryn crearon dos "tributos extraordinarios" por el Covid-19.

Pese a la abundancia de tributos, muy pocos explican el grueso de la recaudación. Según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IVA, los Aportes a la Seguridad Social, las Contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto a las Ganancias de personas humanas, a las Ganancias de sociedades y el impuesto provincial a los Ingresos Brutos explican el 70% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina.

Si a esos 6 tributos se le agregan los Derechos de Exportación, los de Importación, el Impuesto al Cheque, el impuesto sobre los Combustibles y la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal, el tributo preferido de los intendentes, se llega que 11 tributos explican el 90% de la recaudación de los 3 niveles de gobierno.

Los 154 restantes explican el 10% del total, a un promedio de 0,064% de aporte cada uno.

De los 11 tributos que explican el 90% de la recaudación total, 9 son nacionales. A través de un intrincado esquema de coparticipación y leyes y acuerdos modificatorios de la misma, su producido se distribuye entre la Nación (el Tesoro y Anses) las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las provincias, mediante sus propios laberintos, distribuyen a sus Municipios y Comunas los fondos que les ingresan por coparticipación nacional y los impuestos provinciales, básicamente, Ingresos Brutos, el segundo impuesto que más recauda del país.

El Iaraf precisa que los $90 (del total de 100) que recaudan los 11 principales tributos se distribuyen automáticamente del siguiente modo: $24 para el Tesoro Nacional, $27 para la Anses, $31 para el conjunto de las provincias y la Capital Federal y $8 para los Municipios.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene más tributos que las provincias, por ser un distrito "provincial y municipal" a la vez. Todas las provincias coinciden en el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), de Sellos y diferentes tasas sobre Servicios Administrativos, judiciales y otras específicas. Por caso, el “pago de derechos de inscripción en el Registro de Marcas y Señales.

Cada provincia, sin incluir en este cálculo a CABA, cobra 8 tributos en promedio. Las provincias que más tributos cobran son San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán, que exigen 10 cada una, y la que menos cobra es Chubut, con sólo 5.

El estudio analiza luego los tributos vigentes en las 23 capitales de provincia, que cobran por si mismas poco más de la mitad de los diferentes tributos existentes.

Hay allí una gran variedad de situaciones, dependiendo de la creatividad de intendentes y ediles, al punto que 80% de los tributos municipales es cobrado por 10 municipios o menos y 50% de los tributos es cobrado solamente por un municipio. Sólo 4 de los tributos relevados son comunes a todos los municipios; se trata de la "Tasa de Servicios Generales", conocida como tasa inmobiliaria o a la propiedad. La de "Inspección, Seguridad e Higiene", que es la que más incide sobre la actividad industrial, comercial y de servicios. El "Derecho de Registro al Conductor" y el "Derecho a Cementerio".

Otras tasas de cobro generalizado son la de "Ocupación y Uso del Espacio Público" y la de "Habilitación de Comercio e Industria", en tanto se presentan como "Derechos" los de "Oficina" y "De Publicidad y Propaganda", los de "Espectáculos Públicos" y los "De Construcción". Amén de una friolera de tasas por servicios varios, servicios especiales de limpieza e higiene, instalación de antenas y permisos de juegos de azar, que cobran la mitad de las jurisdicciones.

En promedio, cada municipio cobra 20 "Tasas", "Derechos" o "Contribuciones" sobre los más variados hechos imponibles. El municipio que más tributos cobra es San Salvador de Jujuy, que rapiña a los vecinos metiéndoles 26 tasas, y el que menos cobra es San Fernando del Valle de Catamarca, que exige 16 en total.

La necesidad de una simplificación tributaria

En la parte final del estudio, el Iaraf hace una "propuesta de simplificación tributaria", a partir de la constatación ya comentada de que 11 de 165 tributos recaudan el 90% de los recursos totales.

Sin analizar el mérito de los tributos más rendidores, explica que "resulta evidente que la reducción en la cantidad de instrumentos sería posible con un costo relativamente bajo en términos de recaudación, sobre todo en comparación con el beneficio en términos de eficiencia, simplificación para el contribuyente y reducción en las posibilidades de corrupción y captura de rentas a las que dan lugar habitualmente los tributos demasiado específicos".

Una primera fase de simplificación avanzaría sobre los tributos provinciales y municipales, mediante la eliminación de aquéllos que sin contribuir mucho al financiamiento de cada distrito generan distorsiones y costos de transacción. Esa primera "limpieza", precisa, permitiría eliminar 95 tributos, dejando el total agregado en "nada más" que 70.

La propuesta implica la eliminación de tributos específicos que hoy aplican cinco jurisdicciones. De hecho, del total a eliminar, 90% son cobrados por una única jurisdicción. Un segundo paso sería excluir los tributos que cobran "menos de 10 jurisdicciones". Este primer paso hacia la simplicidad, resume el Iaraf, hace visible la gran cantidad de tributos específicos que complejizan la estructura tributaria nacional e introducen distorsiones, costos administrativos y transaccionales sin generar un aporte significativo en la recaudación.

"Para las provincias significaría una reducción del 80% del total de instrumentos actualmente existentes, mientras que para municipios habría 70% tributos menos, en ambos casos aportantes de niveles muy bajos de ingresos".

En suma, la idea sería dejar atrás una etapa de mucho ruido para los contribuyentes y pocas nueces para los recaudadores.