Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, reveló que la universidad exige el 95% de los fondos nacionales y pidió "transparencia radical".

El Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a la Universidad de Buenos Aires de intentar monopolizar los fondos destinados a hospitales universitarios de todo el país y aseguró que el Gobierno nacional cumplió con todas las transferencias correspondientes.

Según afirmó, el conflicto responde a "una extorsión" política impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti para presionar por mayores recursos.

Álvarez cuestionó el reclamo presentado por la UBA, que denunció falta de giro de fondos para el Hospital de Clínicas y advirtió sobre riesgos en la atención médica. El funcionario sostuvo que la universidad pretende quedarse con "75.000 millones de pesos", equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios.

"Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas 4.000 millones", aseguró.

Y agregó que universidades como la Universidad Nacional de Cuyo ya solicitaron por sí solas partidas cercanas a los 2.400 millones de pesos para sus centros de salud.

Álvarez afirmó que las transferencias mensuales se realizaron "en tiempo y forma" y calificó de "falsa" la denuncia de desfinanciamiento.

"Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarle al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros", señaló por Radio Rivadavia.

El funcionario explicó que el presupuesto universitario contempla dos componentes: los fondos corrientes asignados mensualmente a cada universidad y un fondo anual extraordinario de $80.000.000.000 de pesos destinado específicamente a salud.

Según indicó, la UBA pretende que ese fondo se ejecute casi por completo en los primeros meses del año.

"Ellos quieren prácticamente duplicar su presupuesto de salud y quedarse con todo el fondo anual", afirmó.

En ese sentido, acusó a las autoridades universitarias de utilizar el conflicto sanitario para generar presión pública.

"Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno", sostuvo.

Álvarez apuntó directamente contra Yacobitti y aseguró que el conflicto universitario está atravesado por intereses políticos.

"Ellos tienen necesidades políticas que no tienen nada que ver con la educación ni mucho menos con la salud", afirmó.

Además, cuestionó el rol del dirigente radical dentro de la universidad: "Nadie sabe quién es el rector de la UBA, pero todos conocen a Yacobitti".

El subsecretario también insistió en la necesidad de avanzar con auditorías técnicas de la Sindicatura General de la Nación para transparentar el manejo de fondos públicos.

Según explicó, la UBA mantiene una disputa judicial para impedir esos controles y sólo acepta auditorías posteriores de la Auditoría General de la Nación.

"La ley es clarísima: la auditoría interna corresponde a la Sindicatura General de la Nación y la externa a la Auditoría General de la Nación", remarcó.

Y cuestionó: "Si están manejando bien las cuentas públicas, ¿por qué se niegan a ser auditados?".

Por otra parte, Álvarez sostuvo que el actual sistema de distribución presupuestaria universitaria carece de criterios objetivos y respondió históricamente al lobby político en el Congreso.

Por eso, propuso avanzar hacia un esquema basado en indicadores concretos como cantidad de alumnos reales, graduados, infraestructura y costos operativos.

"El 40% de la matrícula universitaria nunca rindió un examen en dos años", aseguró, al explicar que el Gobierno comenzó a depurar estadísticas y detectar duplicaciones de alumnos.

También indicó que la tasa de graduación de la UBA ronda el 30%, muy por debajo de estándares internacionales.

El funcionario cuestionó además el financiamiento estatal para estudiantes extranjeros, especialmente en carreras costosas como Medicina.

"En la Facultad de Medicina de la UBA, alrededor del 50% de la matrícula son extranjeros", afirmó.

Según explicó, el Gobierno ya introdujo cambios en el sistema de residencias médicas para priorizar a quienes estudiaron en universidades argentinas.

"No puede competir en igualdad de condiciones un título argentino con universidades extranjeras sin acreditación equivalente", señaló.

Finalmente, Álvarez defendió la necesidad de "ordenar prioridades" dentro del sistema universitario y criticó lo que definió como una desviación de la función esencial de las universidades públicas.

"La misión principal es enseñar, aprender y generar graduados de calidad", concluyó.