El manual, adaptado a la realidad de San Juan, prioriza el combate contra los delitos que generan mayor impacto social y establece protocolos estrictos para el desempeño de los funcionarios en cada etapa del proceso.

En un acto que reunió a representantes de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público oficializó la presentación del Manual de Política de Persecución Penal. Estuvo presente el Vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, entre otras figuras destacadas del círculo rojo vernáculo.

El documento es el resultado de un trabajo conjunto entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, con el objetivo de establecer criterios de actuación preestablecidos, generales y escritos que orienten el ejercicio de la acción penal pública.

Según explicó el Fiscal general del Poder Judicial de San Juan, Guillermo Baigorrí, la presentación representa un hito institucional tras un proceso de elaboración que incluyó jornadas de intenso compromiso.

Detalló que es "un trabajo arduo, pero estamos felices porque esto marca un punto de partida y era una deuda que teníamos con la ciudadanía".

Agregó, además que desde Fiscalía se pretende que "San Juan tenga un manual de políticas criminal como en grandes provincias".

El manual determina el funcionamiento de fiscales, ayudantes fiscales, policías y todos los involucrados en cada caso, especificando cómo proceder desde el arribo a la escena del crimen hasta la custodia de las pruebas.

Entre las ventajas que destacó Baigorrí, se enumera la posibilidad de dotar al sistema de una mayor coherencia y transparencia.

"Esto saca la discrecionalidad", dijo, al tiempo que agregó que "el mismo comportamiento van a tener todos los fiscales, no hay dudas de cómo se actúa".

El Fiscal General subrayó que el objetivo es que "un fiscal no entienda que se puede hacer una cosa y el otro no", ya que se trata de un "comportamiento de previsibilidad para los ciudadanos".

Ejes centrales y definiciones operativas del manual

Principios

• Establece la actuación bajo principios de legalidad, objetividad, unidad de criterio y dependencia jerárquica.
• Dispone la obligatoriedad de actuar con motivación fundada, transparencia, eficiencia y gestión activa del conflicto.
• Garantía de publicidad de los actos sin afectar derechos de las partes. Criterios para el abordaje del delito
  Regula de forma detallada la investigación penal y crea pautas operativas concretas:
• Dirección funcional del fiscal sobre la policía.
• Presencia del fiscal en hechos graves para mejorar la calidad investigativa.
• Protocolos de preservación de la escena del crimen, incluyendo evidencia digital.
• Sistema integral de cadena de custodia, con etapas definidas: recolección, documentación, transporte, análisis y presentación.
• Creación de instancias de diagnóstico criminal conjunto con Policía y Servicio Penitenciario, al menos una vez al año.
• Intercambio de información entre unidades fiscales para un abordaje integral.

Abordaje de la conflictividad
Introduce criterios específicos para conflictos complejos.

• Identificación de conflictos de alto impacto: multiplicidad de actores, afectación de servicios públicos, repercusión social.
• Creación de instancias de diálogo y mediación institucional previas a la judicialización.
• Implementación de medidas preventivas coordinadas con fuerzas de seguridad.

Política en relación al proceso
Fija reglas claras de gestión judicial.

• Resolución de casos en plazos breves para evitar prescripción.
• Criterios uniformes para decisiones iniciales: archivo, formalización, desestimación.
• Regulación del uso de herramientas como: criterios de oportunidad, con límites estrictos, suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado.
• Lineamientos para medidas cautelares, basados en proporcionalidad y razonabilidad.
• Obligación de impugnar resoluciones judiciales cuando afecten la acción penal.

Política en relación a la víctima
Refuerza el rol central de la víctima en el proceso.

• Garantiza derechos de información, participación y acompañamiento.
• Establece mecanismos de protección integral para víctimas y testigos.
• Obliga a considerar su opinión en decisiones clave como salidas alternativas.

Derechos del imputado
Establece pautas para asegurar.

• Respeto irrestricto a garantías constitucionales.
• Investigación objetiva y sin arbitrariedades.
• Protección de la dignidad y derechos fundamentales.

Perspectiva de género
Incorpora políticas específicas para.

• Investigación con enfoque de género.
• Tratamiento prioritario de hechos de violencia familiar, sexual o contra personas vulnerables.
• Restricción de salidas alternativas en casos sensibles.

Juicio de cesura
Regula criterios para la determinación de la pena.

• Evaluación diferenciada de responsabilidad y sanción.
• Aplicación de parámetros de proporcionalidad y fundamentación.

Ejecución de las penas

• Control del cumplimiento de condenas.
• Coordinación con el sistema penitenciario.
• Seguimiento de medidas impuestas.

Relación con fuerzas de seguridad
Define pautas concretas de coordinación institucional.

• Subordinación funcional de la investigación al fiscal.
• Emisión de protocolos, manuales e instrucciones conjuntas.
• Comunicación permanente y obligatoria en todas las etapas del proceso.

Oficina de Calidad Institucional
Dispone la creación de un área específica de control y mejora.

• Evaluación del desempeño institucional.
• Monitoreo de cumplimiento de estándares.
• Implementación de procesos de mejora continua.

Política comunicacional

• Comunicación institucional transparente y responsable.
• Relación con medios de comunicación.
• Protección de la investigación, la víctima y el principio de inocencia.

El manual se posiciona como una herramienta clave para ordenar la persecución penal, reducir la discrecionalidad y fortalecer la articulación entre organismos, consolidando un modelo de justicia eficiente, transparente y orientado a la resolución de los conflictos.