Para el juez hubo órdenes concretas para investigar ilegalmente a agrupaciones, movimientos y actividades opositoras al Gobierno de Mauricio Macri.

En el marco de la causa por espionaje ilegal, el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia del Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como coautores de "acciones de inteligencia prohibidas" y "abuso de autoridad".

Los procesamientos fueron dispuestos en un desprendimiento del caso D´Alessio, en el que se investigan maniobras de espionaje político desplegadas desde las denominadas "bases AMBA" durante los años 2016 y 2017.

"Existía una directiva de carácter general" que ordenaba a los agentes de la AFI "realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo", es decir Arribas y Majdalani, explicó Auge en el procesamiento.

Para el magistrado hubo "órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de Gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar".

"Si bien en las resoluciones de creación de esas Delegaciones Provinciales, en el discurso público y también conforme han manifestado algunos de los imputados, éstas se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, se corroboró en la investigación que estas bases de inteligencia se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político en la provincia de Buenos Aires a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno", explicó el juez.

A su vez, recordó que el Proyecto Amba de la AFI consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense desde mediados del 2016, en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo, Pilar, La Matanza y Quilmes. Además de las delegaciones históricas con asiento en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia del organismo en la provincia durante el año 2017.

El espionaje habría recaído sobre dirigentes políticos nacionales y territoriales, gremios y dirigentes gremiales, movimientos sociales, espacios comunitarios, actividades desarrolladas en comedores y escuelas y manifestaciones de cualquier tenor que pudieran ser opositoras al expresidente Mauricio Macri.

En fallo además se describieron maniobras de espionaje sobre manifestaciones de usuarios del servicio de luz, que reclamaron por cortes de luz en Ezeiza e inteligencia ilegal sobre una charla vinculada con la situación judicial de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagros Sala, en la que fueron disertantes la ahora ministra Elizabeth Gómez Alcorta y el periodista Horacio Verbitsky.

El procesamiento incluye embargos de hasta 20 millones de pesos y es el segundo que pesa sobre los exjefes de la AFI: el primero, también por espionaje ilegal fue en la causa en la que se investigan maniobras ilegales realizadas sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la misma resolución Ramos Padilla procesó a otros 9 exagentes de la AFI y consideró que todos los procesados son coautores de los delitos "en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias".

También deberán declarar otros 23 imputados, entre los que están exintegrantes del Servicio Penitenciario Federal.

Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, Jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Cambiemos, volvieron a ser citados a indagatoria, en esta ocasión por supuesto espionaje ilegal en cárceles.

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, citó a los exjefes y a otras 23 personas imputadas. También están implicados exintegrantes del Servicio Penitenciario Federal, entre los que figura su extitular Emiliano Blanco. Las fechas para las declaraciones son 9 y 10 de diciembre.

Las indagatorias fueron dispuestas tras un requerimiento formulado por los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardrona, quienes están a cargo de la investigación.

La nueva ronda de indagatorias se dará en el marco del denominado "legajo 9", en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por exmiembros de la AFI junto a exagentes y funcionarios penitenciarios sobre personas privadas de su libertad, entre las que se encontraban exfuncionarios y empresarios.

Con el avance en esta parte del expediente, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal quedó subdividida en tres ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria; el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas y el espionaje penitenciario.

En esta parte de la investigación, los fiscales se centraron también en el papel que jugó en la estructura ilegal el área de jurídicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el Gobierno de Macri e incorporó a sus funciones habituales el "trabajo operativo" y tareas de escucha y transcripción, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al Poder Judicial.

La defensa de la exjefa de la AFI anunció que recurrirá ante la Cámara Federal de La Plata para intentar revertir lo resuelto por el Juez Augé.

El Juez federal de Lomas de Zamora rechazó la recusación que los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani habían planteado contra la fiscal Cecilia Incardona, que tiene delegada la investigación por espionaje ilegal contra periodistas, dirigentes políticos, religiosos y sociales durante el Gobierno de Mauricio Macri.

El magistrado lo decidió luego de una audiencia de dos horas que se desarrolló este martes a través de la plataforma Zoom, en la que se trató el planteo de apartamiento que había formulado la defensa de la ex señora 8, Majdalani, al que luego adhirieron las de los también imputados Arribas y Darío Nieto, secretario privado de Macri.

La decisión fue anunciada de forma oral al término de la audiencia y, aunque se trata de un asunto inapelable, la defensa de Majdalani anunció que recurrirá ante la Cámara Federal de La Plata para intentar revertir lo resuelto por el juez Augé.

La defensa de Majdalani había planteado la recusación de Incardona bajo el pretexto de que la fiscal intervino en la causa conocida como G-20 que ahora se investiga como una maniobra de la AFI de Macri para intentar dar apariencia de legalidad al espionaje político.

La causa G-20 fue un expediente abierto en Lomas de Zamora, ante el Juez federal Federico Villena, en el que se habían denunciado supuestas amenazas terroristas en la Argentina de cara a lo que sería la cumbre internacional conocida con ese nombre que se desarrollaría en Buenos Aires en 2018.

Con ese telón de fondo, la AFI conducida por Arribas y Majdalani dispuso una serie de tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos que luego, según se investiga ahora en Lomas de Zamora, habría intentado ocultar en un expediente judicial.

Con ese argumento fue apartado del expediente en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal el juez Villena quien instruyó la causa por supuestas amenazas contra dirigentes políticos en el marco del G-20.

En la audiencia de hoy, la fiscal Incardona remarcó que la defensa de Majdalani confundía, al plantear su recusación por supuesta falta de objetividad, la imparcialidad que se le exige a un juez para el ejercicio de su función con la objetividad que se le reclama a un fiscal que, en su rol de acusador, mal podría ser imparcial.

La defensa de Majdalani sostuvo que Incardona ahora investiga como presuntamente ilegal algo que antes, cuando le tocó intervenir en la causa del G-20, había considerado como legal: la fiscal respondió que cuando se tramitó esa denuncia, que instruyó el juez y no la fiscalía, no había noticias del espionaje ilegal, algo de lo que se anotició por la denuncia que hizo este año la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

En el marco de esta causa, Nieto,el secretario privado del exmandatario, fue convocado a prestar declaración indagatoria por Zoom para el 6 de octubre a las 10.30, mientras que Majdalani y Arribas están citados para 8 y el nueve del mismo mes, a la misma hora, respectivamente.

Los extitulares de la AFI ya se encuentran procesados por el presunto espionaje ilegal realizado sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2018, junto con el último jefe de Contrainteligencia de la central de espías durante la gestión Cambiemos, Martín Coste, y el exjefe de operaciones especiales Alan Ruiz.

Ambos estarían implicados en el supuesto espionaje ilegal sobre el domicilio de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria en 2018.

Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron el procesamiento de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por espionaje ilegal.

Arribas y Majdalani estarían implicados en el supuesto espionaje ilegal sobre el domicilio de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria en 2018, según informó la agencia de noticias Télam.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, que tienen delegada la investigación, presentaron el dictamen ante el Juez Federal Juan Pablo Auge, que en los próximos días deberá resolver la situación procesal de los acusados.

Fuentes con acceso al expediente revelaron a Télam que los fiscales también reclamaron que sea procesado el agente y exdirector operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, en el marco del expediente por el cual ya se encuentra procesado el exespía Alan Ruiz, sindicado como quien coordinaba los operativos ilegales.

Para los investigadores, los acusados violaron la ley de inteligencia al ordenar y realizar tareas de espionaje ilegal, pero además cometieron el delito de falsedad ideológica cuando intentaron ocultar las maniobras a través de la producción de documentos falsos, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a su accionar.

En un extenso dictamen del que aún no trascendieron detalles, los fiscales sostuvieron que los documentos fueron parte del intento de ocultar el espionaje ilegal.

La agencia informó que la orden de realizar tareas de espionaje, que Ruiz trasladó al grupo de espías que operaba en la "calle", apuntaba a vigilar e informar si en ambos domicilios ingresaban o salían "bolsos", y no a advertir riesgos ante un eventual ataque terrorista, como se intentó decir en un primer momento.

Fuentes judiciales dijeron que, según la investigación, esa orden llegaba directamente de Silvia Majdalani.

Ruiz, quien en el mundo de los espías era conocido por el alias de Augusto Rovero, "coordinó durante el año 2018, al menos, desde el mes de mayo y hasta diciembre de ese año, junto a otras personas, un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia de la AFI, dedicada a realizar tareas de inteligencia y espionajes ilegales", sostuvo el Juez Auge cuando procesó al exespía.

Las tareas de espionaje ilegal "consistían en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidaria, social, sindical y/o cultural", de acuerdo al expediente.

De lo aportado a la investigación por un testigo de identidad reservada, se pudo reconstruir que la orden que Ruiz había dado era la de "detectar si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación y/o dinero, como así también si en esos dos domicilios recibían ese tipo de objetos o se desarrollaban esas actividades".

La "vigilancia" se hacía de día, desde un auto ubicado en las inmediaciones de los blancos a espiar, uno de ellos detectado el 6 de agosto de 2018 por personas que frecuentaban el Instituto Patria, desde donde los espías podían verlo todo.

Por las noches se utilizaban "autos de técnica" que tiene cámaras indetectables y que quedaban estacionados y sin ocupantes.

El 9 de agosto de 2018, Arribas y Majdalani "suscribieron conjuntamente la Nota con sello de identificación de la AFI N° 8201 que fue presentada ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Control y Actividades de Inteligencia" con la que buscaron justificar las actividades desarrolladas por los espías descubiertos.

Desde la AFI de Cambiemos se intentó justificar el espionaje ilegal bajo el pretexto de haber desplegado tareas para desarrollar "vigilancia perimetral", en el marco de una causa por alarmas de atentado, radicada en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena, quien debió excusarse de intervenir en este expediente.

Esta investigación se inició por una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite y que pudo haber sido utilizado para fines ilegales.