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La CGT presentó un amparo contra el decreto de Gobierno que limita las huelgas

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La CGT había adelantado que tomaría medidas legales ante el DNU.

La Confederación General de los Trabajadores presentó ante la Justicia una acción de amparo sindical para frenar la vigencia del reciente decreto de Gobierno que limitó el derecho a huelga al ampliar la cantidad de actividades consideradas esenciales.

Tal como había anticipado los referentes sindicales la semana pasada apenas se conoció la publicación del decreto, la presentación se concretó este lunes ante el Juzgado Laboral Número Tres.

En un comunicado, la CGT había manifestado su repudio al Decreto 340/2025 porque "intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate".

Además, advirtió que el movimiento obrero "dará batalla en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo".

Días después, el Cosecretario General de la CGT, Héctor Daer, sostuvo: "La semana próxima estamos actuando nuevamente en la Justicia. Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la Justicia en primera y segunda instancia con respecto a este tema". 

Se refirió de esa forma al Mega DNU que publicó el presidente Javier Milei a pocos meses de su asunción y que contenía un apartado con reformas laborales, el cual quedó suspendido por la Justicia tras una presentación de la CGT.

"Están reiterando lo mismo que estaba establecido en el decreto DNU 70/23, donde pretendían cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de tener una medida de acción directa", dijo Daer.

Melella confirmó que se van a conservar los puestos de trabajo en Tierra del Fuego

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También respondió las críticas que recibe el régimen industrial fueguino argumentando que "se habla desde la mala leche y la desinformación".

En medio del conflicto por la baja de aranceles que está sucediendo entre el Gobierno nacional y tanto las autoridades como trabajadores de la provincia de Tierra del Fuego, el Gobernador, Gustavo Melella, confirmó que todas las partes involucradas se reunirán para firmar un acuerdo orientado a la conservación de los puestos de trabajo.

"Las empresas declararon que se van a conservar los puestos de trabajo y que se comprometerán a reordenar la producción. Nosotros los citamos para el día de hoy para firmar un acuerdo entre provincia, empresas y trabajadores sobre que no se va a perder ningún puesto de trabajo", sostuvo Melella.

Ante esto, señaló que están analizando la posibilidad ir a la Justicia: "Todo tiene que ver con arancel. Se habló de un recurso de amparo, por lo que estamos con legal y técnica de la provincia. Lo que lo tiene que presentar es el directamente afectado".

Consultado por los efectos de la nueva normativa, aseguró que "permite que la producción de Tierra del Fuego le venda directamente al país sin pasar por esa cadena de comercialización que ayudaba a distorsionar el costo final y que para las empresas era más cómodo también".

En relación a la paralización de la actividad industrial durante el miércoles, remarcó el impacto social que implicaría una pérdida de empleos.

"Cuando a veces dice uno 6500 puestos de trabajos, uno dice 'ah no es tanto, se reconvertirán'. Cada puesto de trabajo afecta por dos o incluso por tres: afecta a comerciantes, colectiveros, taxistas…", explicó.

"Pasó en el Gobierno de Macri cuando perdimos 55% del empleo en industria tecnológica, lo que provocó un empobrecimiento de la ciudad muy grande. Los fueguinos sabemos de eso, por eso ayer se paralizó la provincia", declaró.

También se refirió a las críticas que apuntan contra el régimen industrial fueguino: "Entendemos muy bien lo que significa el empleo. Hay cosas que hay que mejorar, que tenemos que comunicar mejor. Podemos competir con cualquier producto".

"Producimos, ensamblamos, que le da valor agregado a lo que hacemos, se exporta, hay producción desde cero, se produce desde las primeras marcas", afirmó.

"A veces se habla desde la mala leche y la desinformación. No estamos para pisar a nadie. Queremos favorecer y desarrollar la industria de la provincia", concluyó.

Gobierno reglamentó el derecho de huelga en el transporte, educación y salud a través de un DNU

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El artículo 3 de la normativa publicada en el Boletín Oficial señala que dicha actividad quedará sujeta a la "prestación de servicios mínimos".

A través del decreto de necesidad y urgencia 340/2025 el Gobierno del Presidente Javier Milei reglamentó el derecho a huelga y amplió las actividades consideradas esenciales.

Se trata de las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en medio de un conflicto sindical.

"Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos", afirmó artículo 3 de la normativa.

Agregó que "en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare".

Por su parte, "en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%".

El nuevo decreto del Gobierno amplió el listado de servicios considerados esenciales que, hasta ahora, sólo reconocía como tal a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo.

A diferencia de lo que regía hasta ahora, la normativa incorporó actividades clave en sectores estratégicos como la salud, el transporte, la educación y las telecomunicaciones.

Se incluyeron como servicios esenciales: los servicios sanitarios y hospitalarios, el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios, los servicios farmacéuticos, y la producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica.

También, los servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales; y la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y demás servicios portuarios.

Lo mismo para los servicios aduaneros y migratorios, y otros vinculados al comercio exterior, el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial, y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, junto a los servicios conexos y operaciones costa afuera.