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Imputaron al hermano de Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

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La causa se inició a partir de una denuncia de la Diputada nacional Marcela Pagano.

Francisco Adorni, actual Diputado provincial y hermano del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado este miércoles por el Fiscal Federal Guillermo Marijuán, quien le abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El expediente se inició a partir de una denuncia de la Diputada nacional Marcela Pagano sobre posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni.

El legislador provincial llegó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa 2024, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares.

Su escalada en la función pública se dio gracias a su hermano.

El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades y requirió levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, indagando su evolución patrimonial por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025.

También por la cancelación, en un plazo de doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto aproximado de $60.000.000.

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

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La decisión judicial también alcanzó al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por la supuesta retención ilegal de aportes jubilatorios de la entidad.

La decisión la tomó el fiscal Claudio Navas Rial, que acusó formalmente a los dos dirigentes de la AFA, en el marco de una investigación por la deuda superior a los $19.000.000.000 en aportes jubilatorios.

La causa está en manos del Juez Diego Amarante, y es la primera vez en la que Tapia y su mano derecha son imputados.

La denuncia presentada por la Dirección General Impositiva en los primeros días del mes de diciembre avanzó y cuenta ya con la imputación de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En aquel entonces, la subdivisión que responde a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero había estimado un perjuicio fiscal de $7.000.000.000, entre retenciones impositivas y tributos a la seguridad social.

Mientras que actualmente el monto denunciado ascendió a los $19.000.000.000, únicamente en cuanto a aportes jubilatorios impagos.

La causa investiga a la entidad madre del fútbol argentino por los delitos mencionados en los artículos 4 y 7 de la ley 27.430 del Régimen Penal Tributario.

En los cuales se califica como infracciones a la "apropiación indebida de tributos" y de "recursos de la seguridad social", con plazos de 30 días para depositar, total o parcialmente, el dinero evadido.

En caso de no hacerlo, los artículos mencionados indican penas de entre dos y seis años de prisión para el "agente de retención", el principal responsable del dinero retenido y administrador de la clave fiscal, quien en este caso es Claudio Chiqui Tapia.

Además del presidente de AFA y su tesorero, la magnitud de la estructura económica de la asociación genera que se amplíe la investigación hacia otros dirigentes vinculados.

Entre los cuales se encuentran Cristian Malaspina, Presidente de Argentinos Juniors, secretario de la entidad, y Gustavo Lorenzo, Director general de la mesa directiva de la asociación acusada.

Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero tras recibir U$S200.000 de Fred Machado

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El diputado nacional adjudicó el pago a un trabajo de consultoría para una minera guatemalteca.

El Fiscal Federal de San Isidro Federico Domínguez decidió impulsar la investigación contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero.

Desde este martes el diputado nacional de La Libertad Avanza está imputado por las sospechas alrededor de los U$S200.000 que recibió a principios de 2020 de parte de Fred Machado, empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos

El Juez Lino Mirabelli, a cargo del expediente, delegó la investigación en la Fiscalía, que ya solicitó las primeras medidas de prueba.

El caso se originó a partir de una denuncia del dirigente Juan Grabois, quien llevó el caso a la Justicia.

Lo hizo para que se determine si los fondos "se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal".

Aclarando que provienen " de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos, por el delito de tráfico de estupefacientes".

El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico Fred Machado.

El pago de los U$S200.000 dólares, que ocurrió entre enero y febrero de 2020, forma parte del expediente criminal USA v. Mercer-Erwin et al., de donde el equipo de Juan Grabois obtuvo la información.

"Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista", explicó el diputado libertario en un video que difundió en sus redes sociales, previo a renunciar a su candidatura. La firma en es Minas del Pueblo de Guatemala.

"Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia", alegó Espert.

"Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada", sostuvo.

La explicación del pago

De acuerdo a su versión, los U$S200.000 dólares fueron "un adelanto en virtud de ese contrato", y "no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba los servicios profesionales".

La denuncia de Juan Grabois también mencionó que Espert usó vehículos y aviones de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019.

Esto se toca directamente con la causa judicial que tramita en el Juzgado Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, donde se están investigando 36 vuelos.

Un escenario posible es que el expediente de San Isidro, que está en manos del Juez Lino Mirabelli, pase a Comodoro Py y todo se unifique en un mismo caso.

Caso Thiago Correa: imputaron al policía que disparó 11 veces

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Actualmente, está catalogado como homicidio con dolo eventual. La Fiscalía de La Matanza se inclinó por esta figura para definir el delito que habría cometido Facundo Aguilar Fajardo.

La Fiscalía de Homicidios de La Matanza imputó este domingo al policía Facundo Aguilar Fajardo por el homicidio con dolo eventual de Thiago Correa, el nene de 7 años que recibió un balazo en la cabeza cuando el efectivo intentaba repeler un robo del que era víctima junto a su mamá en Ciudad Evita, en el partido de La Matanza.

Fuentes del caso indicaron el fiscal se inclinó por esta figura por encima del homicidio culposo, dada la gran cantidad de disparos, 11, el lugar, una avenida pública, y en un horario todavía transitado.

De esta manera, Fajardo será indagado este lunes por ese delito y por el exceso en la legítima defensa en el homicidio de uno de los delincuentes que lo abordaron en la parada de colectivo, ubicada a pocos metros de su casa.

Con esta definición, la Fiscalía sostiene la hipótesis de que el policía federal, de 21 años, pudo prever el resultado de su accionar y, aun así, continuó disparando. Es decir, que corrió el riesgo de matar, sabiendo que lo estaba haciendo.

En cambio, en el homicidio culposo, el autor no quiere ni acepta la muerte de la víctima, pero esta ocurre por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de deberes.

Fajardo disparó 11 veces su arma reglamentaria. Uno de los plomos impactó en Thiago, que esperaba el colectivo junto a su papá, a unos 180 metros del hecho.

La calificación es a estas instancias iniciales, puede cambiar con el transcurso de la investigación, aclararon las fuentes.

Al mismo tiempo, no es vinculante para el juez de Garantías que actúa en la causa, es decir, puede no compartirla.

En cuanto a la muerte del presunto ladrón de 18 años que intentó asaltarlo junto a otros tres cómplices, la Fiscalía sostuvo la misma imputación: exceso en la legítima defensa.

Caso Chocolate: ampliaron la imputación hasta 2002 y el robo con tarjetas superaría los $4.000 millones

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La banda del puntero y dos funcionarios de la Cámara de Diputados regenteaba los sueldos vip de prestanombres contratados hace 22 años.

La Fiscal, Betina Lacki, amplió temporalmente la imputación a la banda del puntero massista, Julio Chocolate Rigau, y sus jefes inmediatos, Facundo Albini y Claudio Albini.

Si hasta ahora se les adjudicaba haber defraudado a la administración pública con una maniobra de ñoquis y prestanombres perpetrada entre 2012 y 2023, ahora las fechas abarcan desde 2002 hasta 2023.

Las andanzas de la banda en las sombras de la Legislatura tienen más de dos décadas.

"En virtud de las constancias reunidas en autos, este Ministerio Público Fiscal realizó una ampliación respecto del alcance temporal", informó Lacki a los procesados en esta causa.

Y trazó el nuevo marco temporal de la investigación: "Desde el 1 de enero de 2002 hasta al menos el día 9 de septiembre de 2023".

Inicialmente, se estimó una maniobra muy acotada, de unos tres años de antigüedad, porque en un chat localizado en el teléfono celular del puntero, fechado el 27 de agosto de 2023, el exconcejal Facundo Albini le dijo: "Te llevas 200 por mes hace tres años, y cuando te necesito no estás".

Además, según surgió de un informe de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal, se habían tenido en cuenta solo los contratos que empezaron en 2012.

Se estimó así que el perjuicio económico a la provincia de Buenos Aires rondaría los $800.000.000.

Sin embargo, las cosas empezaron en 2002 y el perjuicio económico ha sido abrumadoramente superior.

Diecisiete casos del lote de tarjetas que se le secuestraron a Rigau fueron contratados antes de 2012.

Solo ocho de los contratos son recientes, desde 2020. Y entre los de 2002 están, por ejemplo, la primera mujer de Claudio Albini.

Un cálculo periodístico realizado en el marco de esta investigación, teniendo en cuenta año por año del contrato de cada dueño de las 48 tarjetas y sus sueldos, son de septiembre de 2023, cuando arrancó la investigación, arrojó una cifra de $4.000.000.000.

Y esto es solo con el lote de 48 tarjetas que le encontraron ese día a Chocolate en el cajero.

El Juez de Garantías del caso, Federico Guillermo Atencio, ya había planteado, en un fallo con el que le denegó la excarcelación a Rigau, que "con el devenir de la pesquisa" podría detectarse "un acto de corrupción de inmensurable trascendencia".

Para imaginarla, cabe recordar que Facundo Albini le mandó un mensaje a Chocolate que decía: "Necesito unos nombres para la Muni".

Un chat que no debería soslayar la causa judicial abierta en la capital bonaerense, conocida como los "ñoquis de la Municipalidad de La Plata", donde interviene el Fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Cabe recordar que Facundo Albini tenía un pie en el Concejo Deliberante, lo que Albini llama "la Muni" y otro en la Cámara de Diputados, al calor de su padre.

Al mismo tiempo en el que era un concejal del peronismo con intenciones de reelegir, el rostro de una unidad básica del centro platense, seguía cobrando de la Secretaría Administrativa de Diputados, un área dirigida por Miguel Antonio De Lisi y donde había ocupado la Dirección de Control y Gestión, y donde su padre, Claudio, era subdirector de Personal.

Además, en el hogar de Rigau se encontraron cuadernos con más nombres y muchos papeles de los que se usan para incorporar gente al Estado.

Rigau le rendía el dinero de su "trabajo", religiosamente, a Claudio Albini, mientras este viajaba por el mundo junto a la barra de Estudiantes de La Plata.

También están los Chocolates del Senado, un esquema idéntico, pero con tarjetas del Senado provincial y protagonistas que no son del peronismo, sino que se referencian con el PRO, y sin ningún detenido.

Esta maniobra está probada, fue descubierta gracias al análisis de videos de Chocolate Rigau al alba fatigando los cajeros de la ciudad. Los abogados que representan a los prestanombres y a los "chocolates" Hugo Muguerza y Josefina Ortellado son los mismos que en los del esquema de Chocolate Rigau. Interviene el fiscal Juan Menucci.

Volviendo a la causa Chocolate original, en ella hay 50 procesados por asociación ilícita y estafas reiteradas, tres hombres presos y un pacto de silencio global sobre hacia quiénes más seguía ascendiendo el flujo del dinero recaudado con la "chocolatería".

Rigau y los dos Albini tienen la prisión preventiva confirmada. El primero de ellos logró que el Tribunal de Casación Penal le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria en función de motivos humanitarios, aunque sigue preso porque ese fallo no está firme.

Con este antecedente, los Albini pidieron la misma morigeración, durante una extensa audiencia virtual con la fiscal del caso la semana pasada.

Para Claudio, su defensa plantea que debe salir por su edad, tiene 68 años, y el cuidado de su salud. Para Facundo, plantean que es padre de una nena chiquita y debe ayudarle a su esposa con su manutención.

Los Albini tienen un lugar mucho más alto en la cadena de mando de la asociación ilícita, según la fiscal.

A Claudio se lo apunta como el jefe de la banda y a quien Chocolate le rendía la recaudación.

Y Facundo también aparece con un rol mucho más jerárquico que Rigau, dándole órdenes al puntero.

La fiscal, además, considera que los peligros procesales que justifican su prisión en cárcel están vigentes.

La fundación Poder Ciudadano, que está presentada como particular damnificado en la causa, también le pidió al Juez Atencio mediante un escrito que rechace la morigeración, por considerar que hay peligros procesales vigentes.

Este criterio es el que ha primado hasta ahora en la causa por parte del juez y de los camaristas, teniendo en cuenta el poder de los protagonistas y su capacidad de eventualmente influir en coimputados.

Además, Poder Ciudadano sostiene que Claudio Albini tiene menos de 70 años y que su salud está bien atendida en la alcaidía donde está alojado.

Sobre Facundo, informaron que su esposa tiene empleo como auxiliar letrada en la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense y que sacaron pasajes a Disney para un viaje familiar junto a la niña, un tío y la suegra de Albini, que es una de las dueñas de las tarjetas de débito y como tal, está procesada como parte de la asociación ilícita y las estafas.

Hay otro particular damnificado, el Fiscal de Estado, abogado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, que no se presentó a la audiencia de morigeración.

Gobierno imputó a 95 empresas por incluir tasas de manera indebida en las facturas de luz y gas

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Se abrieron 244 expedientes a partir de 2.705 reclamos.

La Secretaría de Industria y Comercio imputó a 95 empresas por haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor.

Se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma.

Las actuaciones corresponden a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando entró en vigencia la resolución 267/2024, que determinó la prohibición de incluir en las facturas conceptos indebidos, según precisó la dependencia en un comunicado de prensa.

La autoridad de aplicación continuará con la instrucción de sumarios para los próximos vencimientos de noviembre y diciembre. 

Se imputaron empresas de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

A partir de recibir la notificación, las empresas tendrán 5 días hábiles para hacer su descargo.

Cumplido ese plazo la Secretaría de Industria y Comercio sancionará a las empresas que no cumplieron la norma, de acuerdo a lo previsto por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, que en su artículo 47, inciso b, contempla multas de hasta $2.130 millones.

Comercio indicó que "las denuncias fueron recibidas en el correo electrónico habilitado para tal fin, denunciatufactura@comercio.gob.ar" y precisó que "hasta el momento ingresaron 2705 reclamos".

Caso Cecilia Strzyzowski: postergaron la audiencia clave que definía las imputaciones del clan Sena

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Los magistrados Héctor Geijo, Vanesa Fonteina y Daniela Meiriño anunciaron que la audiencia está prevista para el viernes 16, sin posibilidades de una nueva reprogramación.

La audiencia clave que definía las imputaciones del clan Sena en el caso Cecilia Strzyzowski fue postergada y en un comunicado los magistrados Héctor Geijo, Vanesa Fonteina y Daniela Meiriño anunciaron que la misma se desarrollará el viernes 16 de agosto.

Este jueves se iba a realizar una audiencia más que importante en el caso, donde la Cámara de Apelaciones iba a determinar si se mantienen las imputaciones contra César Sena y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Sin embargo, a horas de que se lleve a cabo la recepción, los magistrados que integran la Cámara de Apelaciones comunicaron que la misma fue postergada para este viernes 16 a las 8 de la mañana, sin posibilidades de una nueva reprogramación.

El medio Data Chaco indicó que frente a esta decisión se hizo lugar a un pedido de los abogados defensores de la familia Sena.

Héctor Horacio Sandoval, Juez de Garantías N°2 había establecido que el matrimonio con alto poder político en Chaco sea juzgado como coautores del asesinato, al tiempo que su hijo en carácter de autor del femicidio.

La decisión fue luego de las audiencias de oposición al requerimiento de elevación a juicio, cuando el juez determinó que César no pudo haber actuado solo, motivo por el cual concluyó que el clan Sena es igual de responsable que su hijo por el crimen.

Si bien la carátula de partícipes necesarios no les disminuye la pena proyectada de prisión perpetua, sí significaba una imputación negativa para la familia de la víctima ya que le "restaban" participación en el femicidio.

Alberto Fernández sumó otra imputación por el escándalo de la contratación de Seguros en Anses

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El Ministerio de Capital Humano hizo la denuncia en una causa paralela donde también se investiga una maniobra similar. Los seguros se incluían en créditos Anses.

El Fiscal federal Ramiro González imputó este martes al expresidente de la Nación, Alberto Fernández y otros exfuncionarios por una maniobra supuestamente fraudulenta en la contratación de seguros que otorgaba con Créditos Anses el organismo en cuestión.

Se trata de una causa paralela a la ya existente y a partir de una denuncia de la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según la denuncia, en el otorgamiento de créditos desde la Anses se contrataron pólizas de seguros a través de Nación Seguros pagando comisiones "indebidas", por lo que fue imputado el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliolo y el exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses Federico Alejandro D´Angelo Campos.

También el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA y el responsable de TG Broker S.A. pues fueron contratados como organizador y productor por D´Angelo Campos sin haber mediado licitación alguna y justificando la "falta de costo" para el Estado.

La maniobra se ejecutaba cuando se otorgaba un crédito a algún jubilado y pensionado por el cual no se podía recuperar entre otras cosas por fallecimiento, y por el cual se pagó al menos entre marzo del 2022 y octubre del año siguiente la suma de 10 mil millones de pesos.

Como medida de prueba, el fiscal le sugirió al Juez Julián Ercolini pedir a la Auditoría General de la Nación un informe sobre los hechos, informes a la Superintendencia de Seguros sobre las aseguradoras San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A y TG Broker S.A.

También que jefatura de gabinete de ministros aporte el decreto 823/2021 que impuso la obligación de otorgar los créditos con pólizas de seguro, así como si son proveedores del Estado.

Otra de las medidas es que sea citado como testigo Osvaldo Giordano, el extitular de la Anses que fue echado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, y quien descubrió la maniobra ahora investigada.

El fiscal pidió la realización de un "peritaje de la especialidad con el objeto de determinar el perjuicio patrimonial" a partir del decreto del 2021 firmado por el expresidente Alberto Fernández.

Ésta causa se suma a la otra que también tienen el Juez Ercolini y el Fiscal González a partir de la denuncia de Silvina Martínez y que también se investigan la contratación de seguros y el pago de comisiones a otras empresas de seguros a través de Nación Seguros.

Imputaron a Alberto Fernández por el escándalo de los seguros en Anses

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La causa está en manos del Juez federal Julián Ercolini y fue impulsada por el Fiscal federal Ramiro González, quien ya requirió las primeras medidas de prueba.

El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su Gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del Juez federal Julián Ercolini y fue impulsada por el Fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción.

Los imputados son el "expresidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, el extitular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas", indicó el dictamen.

Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada este miércoles por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las "presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021", detalló el fiscal.

Alberto Fernández se defendió tras la imputación por contratos de seguros en Anses: "No soy corrupto"

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El expresidente será investigado en la causa por las contrataciones del Estado a Nación Seguros, en donde habrían actuado intermediarios y empresas privadas

El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa que investiga la trama de contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, en donde habrían actuado intermediarios y empresas privadas.

Al conocer la noticia, el dirigente peronista rompió el silencio desde que se fue de la Casa Rosada y aclaró que "no hay ningún acto de corrupción" y que es "todo falso". "No soy corrupto", advirtió.

El Juez federal Julián Ercolini, que recibió por sorteo la denuncia, le giró el caso a la fiscalía 6. Por estas horas, el titular a cargo, Ramiro González, en reemplazo de su colega Carlos Rívolo, por estos días de licencia, impulsó la investigación y solicitó una serie de medidas de prueba, pidió información a la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica, y también a Nación Seguros.

El fiscal detalló que los imputados son el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, el extitular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y Héctor Martínez Sosa, "sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas".

En diálogo con radio La Red, Fernández denunció que se trata de "una operación política porque me doy cuenta de dónde viene", aunque evitó pronunciarse sobre quiénes podrían ser los responsables.

"Tengo muchas ganas de aclarar esto porque no soy corrupto. Si algún funcionario hizo algo que no debía que responda, pero el caso de Anses es un disparate", resaltó.

"Inventan que yo estoy beneficiando a Martínez Sosa. Yo no me quedé una goma de borrar del Estado, les pido a todos que entren y miren mi declaración jurada, si cambió algo y si alguien se benefició. Esto no es un acto de corrupción, es todo falso", insistió Fernández.

Además, aclaró que el DNU que firmó durante su mandato eliminó los intermediarios y que "ordena al Estado que sólo pueden asegurarse de forma directa con Nación Seguros". "Osvaldo Giordano, extitular de Anses, es un hombre de bien pero está equivocado. No era una caja de la política", agregó.

"Que el fiscal pida que se investigue me parece razonable. Alguien hace una denuncia, me parece razonable. El concepto imputación en términos periodísticos suena a acusación pero en términos técnicos significa investiguemos esto", indicó Fernández.

El exmandatario aseguró que durante su gestión no hizo "negocios con nadie", que "lo único" que se llevó del Estado fue "el enorme honor de ser presidente de los argentinos" y que eso es algo que "ningún operador de prensa" se lo va a "salpicar".

"Les pido a todos que entren y vean mis declaraciones juradas, si ha cambiado algo. Busquen si mi familia se enriqueció o si hay algún testaferro que se ha beneficiado", agregó.

En el artículo periodístico que publicó Clarín se afirmó que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de Anses que resultó beneficiado con una comisión del 17%, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las "presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021", detalló el Fiscal Ramiro González.

"En el 2021 yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo en esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno", aclaró Fernández en reiteradas oportunidades.