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Gonzalo Montiel quedó imputado por abuso sexual

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El jugador de la Selección Argentina declaró en la UFI N°3 de La Matanza y luego fue notificado por la Justicia.

Gonzalo Montiel fue imputado en la causa por abuso sexual que se conoció en marzo. El jugador de la Selección Argentina declaró en la Unidad Funcional N°3 de La Matanza y luego fue notificado del fallo por la Justicia.

El lateral del Sevilla quedó imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas. El hecho habría ocurrido el 1° de enero de 2019 cuando festejaban el cumpleaños de Montiel en su casa de Virrey del Pino, ubicado en el barrio bonaerense de La Matanza.

Según consta en el escrito: "Se procede a notificarlo de los derechos normados en el Artículo 60 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, haciéndole saber la naturaleza y los cargos que se le imputan, como así también derecho a comunicarse libremente con un letrado de su elección".

Por su parte, se confirmó que la víctima, de identidad reservada, prestará declaración nuevamente el próximo jueves 22 de junio.

La denuncia fue ratificada por la damnificada el 31 de marzo pasado, auspiciada por su abogada Raquel Herminia Leyenda. A su vez, se acusa a la familia de amenazar a la víctima para que no hable de lo sucedido.

Qué dijo Montiel en su declaración

El joven de 26 años, patrocinado por los abogados Matías Aquino y Nicolás Payarola, prestó testimonio en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos derivados de Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la Integridad Sexual N°3 de La Matanza, a cargo del Fiscal Luis Alberto Brogna.

Dijo que conoció a la damnificada hace algunos meses, fueron a su departamento de Capital Federal y tuvieron "relaciones sexuales consentidas".

A su vez, se refirió a lo que habría pasado en enero de 2019, mencionó que volvió a su domicilio alrededor de las 7 y las 8 de la mañana, después de haber llevado a un amigo a su casa y que vio a los todos los invitados fuera de su hogar.

"Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C., la víctima, gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería", indicó Montiel.

Luego agregó: "Me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá, que estaba estacionado adentro de la casa". No obstante, confesó no conocer a esta persona.

Estados Unidos: imputaron a Donald Trump por supuesto soborno a una actriz porno

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El gran jurado de Nueva York acusó al expresidente de haberle pagado a Stormy Daniels 130 mil dólares para que no divulgara un encuentro íntimo. Lo habría hecho con fondos de la campaña de 2016. 

El gran jurado de Nueva York decidió acusar formalmente este jueves al expresidente Donald Trump, investigado por un supuesto caso de corrupción durante la campaña presidencial de 2016, que luego lo llevó a la Casa Blanca.

Se trata de un hecho sin precedentes en la historia estadounidense, ya que es el primer mandatario en enfrentar cargos criminales.

El Fiscal Alvin Bragg, de Manhattan, inició una investigación por el caso de los pagos que recibió la actriz porno Stormy Daniels, Stephanie Clifford, su nombre real, de parte de Trump.

El expresidente, de 76 años, está acusado de haber pagado 130 mil dólares a la actriz de películas condicionadas para evitar que esta divulgue detalles de un supuesto encuentro íntimo que habrían mantenido en 2016, durante la campaña presidencial.

El pago lo hizo su abogado, Michael Cohen, y, si bien Trump le reembolsó el dinero, habría utilizado los fondos de campaña para ello, lo cual constituye un delito para la Justicia de Estados Unidos.

Cohen fue condenado a tres años de prisión por el caso y su testimonio fue decisivo para que el gran jurado se decidiera a imputar a Trump.

Atento a esta situación, la semana pasada el magnate había advertido, a través de su red social Truth Social, que en pocos días iba a ser arrestado y pidió públicamente a sus seguidores que lo respalden.

Esta imputación supone un freno para las aspiraciones del republicano, quien ya había lanzado su candidatura para las elecciones de 2024, con el fin de retornar a la presidencia.

Imputaron a Aldo Rico tras su convocatoria a militares para "defender la patria"

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Así lo decidió el Fiscal Taiano. El veterano de guerra es acusado de "constituir una amenaza de atentado contra el orden constitucional y la vida democrática".

El exteniente coronel carapintada Aldo Rico fue imputado en las últimas horas por convocar a militares y veteranos en un mensaje que se difundió por las redes sociales, en el que advertía que "la patria está en peligro" y en vías de "disolución".

La primera denuncia fue formulada por el procurador fiscal ante la Corte, Víctor Abramovich, por entender que el exintendente de San Miguel podría "constituir una amenaza de atentado contra el orden constitucional y la vida democrática".

El mensaje fue transmitido el 21 de julio pasado por Youtube y estuvo dirigido a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y a todos los veteranos con el fin de prepararse y organizarse para una eventual defensa de la patria.

"Nuestra amada patria, esta república, es una anarquía, no hay Gobierno, lamentablemente y todos están en la calle. Todos los movimientos piqueteros están en la calle defendiendo al oficialismo, defendiendo a la oposición. Lamentablemente nuestras amadas Fuerzas Armadas están conducidas por un delincuente terrorista", sostuvo Rico en la filmación desde su casa.

Dijo además que se encontraba conectado con "los que pertenecimos a los cuadros de oficiales, queremos hablar con los suboficiales, queremos integrar a nuestros soldados, veteranos que pelearon como leones en Malvinas y prepararnos, porque apreciamos que en nuestra amada patria, lamentablemente, las circunstancias de violencia y de disolución se van a profundizar".

En este marco, el Fiscal Taiano solicitó convocar a especialistas para que evalúen la idoneidad y el alcance del mensaje del exmilitar, como así también el contexto histórico y político.

También pidió la declaración de Sergio Rossi, actual secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa; del teniente general retirado Martín Balza; del periodista e historiador Rosendo Fraga y de los académicos Juan Gabriel Tokatlian y Paula Canelo.

Además consideró necesario que se sume la instrucción de la denuncia sobre los dichos de Rico que formuló el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, cuando el exlíder carapintada hizo la convocatoria, en la convicción de que se trata de los mismos hechos.

"Es preciso investigar si el mensaje difundido por Aldo Rico se enmarcó en una conspiración para cometer los delitos de rebelión o sedición y/o seducir tropas, si representó una instigación a cometer delitos contra el orden público o una amenaza al orden constitucional", resumió Taiana tras su fallo.

Imputaron al piloto del avión venezolano como sospechoso de terrorismo

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En la investigación alrededor del avión, el Juez Federico Villena ya encargó 60 medidas de prueba en el caso.

La Fiscal Cecilia Incardona imputó al piloto del avión venezolano demorado en Ezeiza como sospechoso del delito de terrorismo y seguirá investigando al resto de la tripulación, en medio de la investigación que busca determinar las circunstancias en las que arribaron al país.

Se trata del piloto de la nave de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, quien llegó al país a principios de junio.

"Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo", afirmó la fiscal.

En su dictamen, sostuvo que "tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización".

Tras recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el Juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana "para delimitar el objeto procesal".

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

Pese a que la fiscal minimizó la importancia al informe del FBI, porque "la información allí consignada sólo puede ser utilizada para inteligencia", mencionó en su requerimiento que esa agencia confirmó que Ghasemi es CEO y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air.

Incardona pidió que se acredite de modo fehaciente la titularidad de la aeronave de Emtrasur y confirmar si la firma Mahan Air tiene aún algún tipo de vinculación con la misma.

"Mahan Air es considerada una compañía que colabora con organizaciones terroristas de su país de bandera, y Gholamreza Ghasemi es CEO y piloto de Oeshm Fars Air vinculada a Mahan Air, que hoy continúa al mando del nombrado avión", destacó en su requerimiento.

"Aún con la salvedad de los alcances del informe del FBI ya señalados, de allí surge que Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC (E.O. 13224) por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la IRGC-QF y por transportar armas y personal para Hezbollah. Esta sanción no es técnicamente información de inteligencia, sino que es un dato perfectamente corroborable", agregó.

Sobre el resto de la tripulación, 4 iraníes y 14 venezolanos, Incardona señaló que "existen inconsistencias en la información respecto de quienes componen la tripulación, lo cual será también profundizado en la investigación".

De esta manera, queda descartado que el juez mantendrá retenidos los pasaportes de todos los tripulantes y la prohibición de salida del país.

Sebastián Villa fue imputado en la causa por abuso sexual

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El jugador de Boca fue acusado por una joven a partir de un hecho ocurrido en junio de 2021. Además, el viernes declarará la médica que atendió a la denunciante.

El jugador de Boca Juniors Sebastián Villa fue imputado de manera formal en la causa que se inició luego de la denuncia de una joven que lo acusa de abuso sexual e intento de homicidio por un hecho ocurrido en junio de 2021.

La noticia se conoció este jueves, mismo día en que el jugador colombiano está cumpliendo 26 años. El oficio fue librado por la Unidad Funcional de Instrucciones 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora.

"Líbrese oficio al Titular de la Comisaria Sexta de Ezeiza a fin que procedan a notificar a Sebastian Villa Cano de la formación de las presentes actuaciones en orden al delito de Abuso sexual con acceso carnal", reza el documento, que también solicita informar al jugador de las medidas cautelares impuestas por el Juez de Garantías que actúa en la causa.

Esto implica que Villa será notificado de que se ha iniciado una causa en su contra. El objetivo es que sepa de la imputación y que pueda ejercer su defensa, tal como lo establecen sus derechos.

Además, se han pedido informes a la comisaría de la zona en la que ocurrió el hecho para conocer los nombres de los efectivos que estaban en la zona aquel día.

La denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva y que tan solo es nombrada como R., acusa a Villa de haber abusado sexualmente de ella en junio de 2021 en un country del partido bonaerense de Ezeiza.

Además, la Justicia citó a la médica que atendió a la joven a prestar declaración testimonial el viernes a las 9 de la mañana. Se trata de la profesional del hospital Penna que revisó a la joven en las horas posteriores al hecho denunciado.

Aquella noche, la denunciante concurrió a un centro hospitalario para someterse a estudios y calmar el dolor que sentía en su cuerpo frente a la violencia física que el jugador ejerció.

Desde las 10 será el turno de R., quien deberá presentarse ante la Justicia para atravesar una serie de pericias psicológicas.

Cómo fue la visita de la denunciante al hospital

En su denuncia, R. relató que concurrió al hospital Penna, ubicado en la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el 27 de junio de 2021 por las consecuencias físicas que le había dejado el episodio con Villa.

Según su testimonio, la médica que la revisó le indicó que sus síntomas eran compatibles con un abuso sexual y le solicitó que hiciera la denuncia. Además, le recetó pastillas y cremas para sanar las heridas que había podido constatar.

Qué puede pasar con Sebastián Villa

En caso de que la médica del hospital Penna ratifique lo que vio aquella noche y declare que las lesiones que presentaba R. eran consistentes con un abuso sexual, podría emitirse un pedido de prisión preventiva para el jugador de Boca.

Es necesario recordar que sus abogados ya habían pedido la eximición de prisión, aunque este recurso no fue resuelto debido a que al momento de ser presentado tan solo obraba una denuncia en la causa. Con la imputación formal del colombiano, el panorama cambia.

El delantero es tenido en cuenta por el entrenador Sebastián Battaglia y se perfila para ser titular en la final de la Copa de la Liga que Boca jugará el próximo domingo ante Tigre en Córdoba.

Confirmaron la imputación del marido de Carolina Píparo por doble tentativa de homicidio

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Así lo resolvió la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones platense tras negar un recurso de apelaciones de la defensa de Juan Ignacio Buzali que seguirá preso.

Este viernes, la Justicia platense decidió ratificar la acusación de doble tentativa de homicidio contra Juan Ignacio Buzali, el marido de la Diputada y funcionaria de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, acusado de intentar atropellar y arrastrar por varias cuadras a un grupo de motociclistas a los que confundió, según su relato, con los motochorros que lo habían asaltado a él y a su esposa.

La decisión, fue tomada por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones tras rechazar un recurso de la defensa de Buzali a cargo del abogado Marcelo Peña. Así, son ocho magistrados y funcionarios judiciales los que ratificaron la calificación planteada por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo de la UFI N° 17 de La Plata.

La defensa, según el fallo de la Sala IV, "actuó con dolo de ímpetu, en virtud de la situación emocional vivida hace años atrás junto a su esposa", de acuerdo a la decisión. "Paralelamente refiere que en el caso de autos, existió un supuesto de legítima defensa putativa que debió ser considerado", continuó. Ambos argumentos fueron rebatidos.

El hecho por el que está detenido Buzali ocurrió en la madrugada del 1 de enero cuando su esposa denunció que fue asaltada por tres parejas de motochorros en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que su marido estacionó para dejar a su padre en su casa.

Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos delincuentes que los habían asaltado.

En la calle 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso pese a las lesiones que habían sufrido. Esos jóvenes no tenían nada que ver con quienes los habían asaltado.

Los jueces Carlos Arguero, Miriam Ermili y Sergio Almeida dispusieron no hacer lugar al recurso de apelación que presentó el abogado de Buzali. De esta forma, se ratificó la prisión preventiva y la causa retornó al Juzgado de Garantías N° 5 de Dolores.

"La acción deliberada de atropellar por detrás al vehículo que lo precedía, más allá de que las motivaciones que lo determinaran a ello, pudieran haberse debido a la bronca, impotencia, frustración o enojo, pone en evidencia un claro accionar tendiente a la búsqueda de provocar el resultado dañoso con la intencionalidad de dar muerte", explicó el juez Arguero.

"El cual con independencia de su resultado, sin dudas responde a la exigencia típica de la figura contemplada en los artículos 79 y 42 del C.P., no llegando a consumarse la acción desplegada por razones ajenas a su voluntad, quedando en grado de tentativa", sostuvo.

Luego completó con que "esta acción intencional, de perseguir y acometer desde atrás contra al menos una de las motos que lo precediera, provocando la inmediata caída al pavimento de sus ocupantes, se trasunta también en la actitud posterior y consecuente asumida, en tanto se dispone a huir del lugar tras el impacto, arrastrando el motovehículo debajo de su automotor durante varias cuadras y haciendo caso omiso a los pedidos de los compañeros de la víctima para que detenga su marcha".

Por otra parte, el magistrado Almeida, al expedir su voto, explicó que "el encausado embistió con su vehículo, a velocidad, la parte trasera del motovehículo en que circulaban las víctimas, con conocimiento previo de que tal actuar podría causar la muerte de las mismas, y no obstante ello prosiguió intencionalmente en su accionar, siendo despedidas de la moto, golpeando estas contra el suelo en la caída".

"Por más que no haya sido la finalidad última dar muerte, como se pretende, tal resultado ha sido igualmente asentido por el conductor imputado en autos. Corrobora además lo expuesto, que en la embestida prosiguió arrastrando el motovehículo y como lo ha señalado el a quo con claro desprecio por la vida ajena", continuó.

Sobre ese momento, Buzali admitió que sabía que había chocado a la moto, pero que no imaginó que los había herido. "Yo había sentido el impacto de un choque, sí. No pensé que alguien estaba en riesgo de vida. Eso es que se le vino a la mente a ella", dijo haciendo referencia a la fiscal.

Imputaron a Ginés González García por el caso del vacunatorio VIP

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La decisión fue tomada por el Fiscal Eduardo Taiano. Todas las denuncias formuladas por el hecho se acumularon en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti.

El Fiscal federal, Eduardo Taiano, imputó esta tarde al exministro de Salud, Ginéz González García, y a su sobrino Lisandro Bonelli, quien era Jefe de Gabinete del ministerio, en el caso que se abrió por las múltiples denuncias presentadas en Comodoro Py luego de que se descubriera la existencia del Vacunatorio VIP.

Todas las denuncias que se presentaron ante la Cámara Federal porteña quedaron acumuladas en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti que está de turno en 2021 con la fiscalía que encabeza Taiano.

En principio los imputados son el exministro y su sobrino, ambos dejaron sus cargos, y la calificación primigenia se encuadra en el delito de "abuso de autoridad".

En un mismo expediente se acumularon las denuncias presentadas por el Fiscal federal Guillermo Marijuán, los legisladores de Juntos por el Cambio: Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Alicia Terada, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman y Carolina Castets. Otros particulares también denunciaron el mismo hecho.

En la imputación firmada por Taiano, el fiscal le pidió a la Jueza Capuchetti que realice en prinicio dos allanamientos. Uno en la sede del ministerio de Salud de la Nación y otro en el Hospital Posadas.

Taiano quiere que se obtenga el libro de ingresantes al ministerio entre el 1 y el 19 de febrero pasado. También, pidió el registro de las cámaras de seguridad. Además, solicitó las constancias de los viajes efectuados por los vehículos oficiales desde el ministerio hacia el Hospital Nacional Posadas y en el sentido inverso.

El fiscal pidió el listado de personas que recibieron la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Taiano le solicitó a Capuchetti que se haga una inspección del lugar utilizado para vacunar, que se tomen fotografías y que se realice un croquis.

Por otra parte, el fiscal solicitó que en el allanamiento al Hospital Nacional Posadas se obtengan las imágenes de las cámaras de seguridad y el registro de las partidas de vacunas Sputnik V recibidas por ese centro de salud. También, que se consiga la nómina de personas vacunadas en el Posadas y el listado del personal del hospital asignado al plan de vacunación contra el virus Covid-19.

Imputaron a Aranguren y a otros seis exfuncionarios por dolarizar las tarifas de gas

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Lo reveló el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, en diálogo con Radio 10.

El Fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al exministro de Energía Juan José Aranguren y a otros 5 ex funcionarios del Enargas por dolarizar las tarifas de gas.

Así lo reveló este martes el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, en diálogo con Radio 10. "Ayer a la tarde me llegó la notificación de la imputación", aseguró Bernal en conversación con el programa Mañana Sylvestre, quien también dijo que Marijuan le solicitó nuevas medidas de pruebas y documentación oficial.

"Se confirmó efectivamente la imputación de Aranguren y de los otros seis ex funcionarios de los cuales cinco son ex autoridades del Energas de la gestión anterior", confirmó Bernal.

El interventor explicó que el Ejecutivo podía fijar los precios de las tarifas del gas debido a la emergencia económica, pero esta llegó a su fin el 31 de diciembre de 2017. Desde ese momento, tenía que comenzar a regir la libre negociación de los precios, pero según relató Bernal, Aranguren convocó a las empresas "a firmar un pacto y les dijo que como terminaba la emergencia y entraba a regir el marco regulatorio necesitamos una transición de dos años de precios en dólares". "Esto viola la ley de gas y el marco regulatorio", afirmó Bernal.

"Acá hay dos perjuicios: por un lado la estatización de la deuda que se genera entre productoras y distribuidoras que hizo Mauricio Macri al firmar el DNU 1.053, por un monto de u$s393 millones que se dividen en treinta cuotas y de las cuales solo pagó una; pero también hubo un perjuicio por u$s168 millones para los usuarios, que fue lo que saltó el valor de las tarifas cuando Aranguren firmó el pacto con las empresas", explicó el interventor.

El propio titular del Enargas fue quien denunció penalmente a Aranguren, exministro de Energía y Minería, y a parte de su entonces equipo. Esa denuncia, que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, versa sobre la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal.

Además de Araguren fueron denunciados Marcos Porteau, exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del MINEM, Mauricio Roitman, expresidente en ejercicio del Directorio del ENARGAS, y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador; en razón de de las denominadas "Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes" concertadas y determinadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

"Ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la Ley 24.076 (Ley del Gas) y normas reglamentarias y complementarias, en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras. Sin embargo, el Energas en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias y rechazar ese acuerdo: las referidas Bases y Condiciones, lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018", indicó el organismo en un comunicado.

Y agrega: "Así, en octubre de aquel año al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, se pretendió, mediante las famosas 24 cuotas que impulsó el otrora Secretario de Gobierno de Energía Javier Iguacel, que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios y las usuarias en cuotas en sus facturas, lo que mereció el repudio generalizado y hasta la promoción de denuncias penales. Esto derivó, conforme Decreto 1053/2018, en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada".

Al respecto, Federico Bernal declaró que "Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación contractual, con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, algo inédito en la historia de la comercialización del gas. Esta denuncia me corresponde no solo como funcionario público en ejercicio y en razón del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, sino también por las obligaciones que surgen del Decreto 278/20 dictado por el Presidente Alberto Fernández conforme la Ley 27.541".

El perjuicio económico calculado por el Energas haciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes.

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