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Ordenaron rastrear llamadas en el área donde se perdió Loan y analizan prendas de uno de los imputados

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Son nuevas medidas que ordenaron los fiscales del caso a una semana de la desaparición del niño en Corrientes. Sigue la hipótesis de que se perdió, pero ya trabajan en el lugar fuerzas federales y la unidad fiscal antitrata.

Los investigadores que buscan a Loan Danilo Peña en Corrientes ordenaron un barrido telefónico de las antenas de la zona donde fue visto por última vez el pasado jueves para ver el impacto de los distintos teléfonos y si surge algún otro número más allá del que utilizaron ese día los testigos e imputados.

Es que, si bien por declaración de testigos se pudo reconstruir quienes estuvieron presentes en la reunión familiar que hubo, los fiscales del caso quieren determinar si había terceras personas o surge algún dato más en cuanto a los llamados realizados durante esas horas del jueves en que el niño se perdió.

Sí se sabe que los propios imputados, el tío Bernardino Benítez y la pareja Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, realizaron llamados. Los tres se llevaron a Loan junto a otros niños a un naranjo a pocos kilómetros de la casa de la abuela del nene e hicieron llamadas ni bien advirtieron que perdieron de vista al pequeño.

Otra de las medidas de prueba, es el análisis de una remera que utilizó Bernardino Benítez porque se cambió la misma cuando volvió al domicilio familia, tras perder a Loan y luego salió en su búsqueda nuevamente.

En la causa ya hay tres fiscales provinciales trabajando, Guillermo Barry, Juan Castillo y Francisco Arrué, y también la Unidad fiscal federal anti trata que encabeza Alejandra Mangano.

Más allá que su intervención fue desde el inicio por activarse el alerta Sofía, el protocolo de búsqueda de un menor cuando está en situación de peligro, ahora la colaboración es directamente con la investigación y personal de la unidad en el lugar de búsqueda.

En las últimas horas, se corroboró la versión que declararon los otros niños que acompañaban a Loan a partir de una reconstrucción realizada el miércoles en el lugar de los hechos.

Por ahora la hipótesis principal sigue siendo que Loan se perdió y las tres personas sólo están imputadas por abandono de persona y detenidos. En la indagatoria se negaron a declarar y por eso no se los hizo partícipes de la reconstrucción que se llevó a cabo el miércoles.

La respuesta de organizaciones sociales tras allanamientos: "Son mentirosos y los vamos a combatir"

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La Justicia investiga presunta extorsión a beneficiarios de planes. Dirigentes sociales denunciaron amenazas, irregularidades y actos intimidatorios durante los operativos.

Tras los 27 allanamientos ordenados por la Justicia a dirigentes sociales por presunta extorsión a beneficiarios de planes, las organizaciones sociales denunciaron amenazas, irregularidades y actos intimidatorios durante los operativos.

"Son mentirosos, unos ajustadores, a los que vamos a combatir en todos los terrenos", dijo el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

En una conferencia de prensa frente al Congreso, dirigentes de distintas organizaciones sociales, entre ellos algunos de los allanados, negaron irregularidades y aseguraron que se trata de una "persecución política" del Gobierno del Presidente Milei.

"Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Hoy, fue un amedrentamiento más, rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias, pero las organizaciones sociales hemos aprendido. Vamos a dar la vida, no nos van a vencer, no nos van a quebrar, vamos a dar la cara, vamos a seguir organizados, peleando, defendiendo a nuestras familias", dijo Alejandro Peluca Gramajo, Secretario general de UTEP.

Allanaron a piqueteros por extorsionar a beneficiarios de planes sociales para ir a marchas

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Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad por llamados realizados a la línea 134.

Alrededor de 30 allanamientos se realizaron este lunes en el marco de una investigación por posibles extorsiones de varios dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a protestas.

Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.

La investigación desde entonces implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión

La investigación desde entonces implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión, en total lo fueron 27; entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.

En una primera instancia, el fiscal pidió incluso detenciones las cuales no fueron concedidas por el Juez, Sebastián Casanello, y amerito la intervención de la Cámara Federal que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se efectivizó en el día de hoy.

Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una "cuota" para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los animales.

Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con "multas" para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a marchas o bien la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores.

También había "listas de espera" de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligados como mérito a ello a realiza trabajos; los "beneficiarios comunes" que son los que lo recibirán y como contraprestación debían ir a marchas o hacer "un aporte" al comedor; los "delegados" que reciben el doble o triple ayuda y los "referentes" quienes controlan la administración de fondos y ordenan a los anteriores.

Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: "Compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera", rezó el hallazgo de esos mensajes.

Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los allanamientos fueron en varios comedores así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado.

"De esta manera, los imputados violando los deberes a su cargo perjudicaron gravemente los intereses a ellos confiados, toda vez que los fondos públicos otorgados mediante subsidio y los alimentos y la mercadería que el Estado Nacional distribuía a los comedores, habían sido asignados a dicho destino con la finalidad de que pudieran utilizarse para la asistencia social de las personas más necesitadas y no para los fines lucrativos a los que los imputados torcieron ilegítimamente su destino", según la fiscalía.

Violación grupal en Palermo: pidieron hasta 13 años de prisión para 5 de los 7 acusados

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En las próximas audiencias expondrán las defensas de los imputados. El hecho ocurrió en febrero de 2022. 

El Fiscal Fernando María Klappenbach solicitó penas que van de los cuatro años y ocho meses a los 13 años de prisión para cinco imputados en la violación grupal de una joven ocurrida en el 28 de febrero de 2022 en el barrio porteño de Palermo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en su alegato, el fiscal consideró a uno de ellos como autor de las amenazas contra dos testigos de la situación mientras que señaló a otro de los imputados como el autor de las lesiones leves contra un hombre que se encontraba utilizando su teléfono celular en las inmediaciones el día de los hechos.

Además, la Fiscalía solicitó a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº14 que, una vez que quede firme el fallo, se remita al Banco de Datos Genéticos el perfil genético obtenido en la investigación de los cinco imputados, de acuerdo a lo previsto en la Ley N°26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Durante las diversas audiencias que se vienen realizando desde agosto se produjo tanto la prueba testimonial como pericial y el 27 de octubre pasado se inició la etapa de alegatos con la exposición del abogado de la querella que representa a la víctima.

En las últimas horas, el fiscal pidió para Ángel Pascual Ramos, la pena de 13 años de prisión al considerarlo coautor del "abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas".

Por ese mismo delito, solicitó que se condene a 12 años de prisión a Lautaro Dante Ciongo Passotti.

Con respecto a Thomas Fabián Domínguez, pidió una condena de 10 años de prisión por considerarlo coautor del abuso sexual agravado y responsable del delito de amenazas.

Mientras que para Steven Alexis Cuzzoni solicitó la pena de 9 años y 6 meses de prisión, a quien también acusó en carácter de coautor del abuso sexual agravado.

En tanto, para Ignacio Retondo la fiscalía solicitó la imposición de una pena de 4 años y 8 meses de prisión, como partícipe secundario del delito de abuso sexual agravado.

Por último, si bien solicitó la absolución por duda de Franco Jesús Likan con respecto a su rol en la agresión sexual, requirió una pena de seis meses de prisión al considerarlo responsable de las lesiones leves a un testigo.

El fiscal consideró que se debe absolver por duda a Ramos, Retondo, Cuzzoni y Likan por las amenazas sufridas por dos de los testigos.

Y la misma solución consideró que debe tomarse en relación con las lesiones respecto de los imputados Pascual Ramos, Retondo, Cuzzoni, Ciongo Passotti y de Domínguez.

El hecho ocurrió el 28 de febrero de 2022 cuando la víctima y un amigo habían ido a un boliche de música electrónica, en la zona de Palermo, donde conocieron a dos de los imputados.

Cuando el local cerró, y según se determinó durante la investigación, fueron con ellos a una plaza a tomar algunas bebidas alcohólicas junto con otras personas.

Cerca de las 11.00, y de acuerdo a lo que pudo reconstruirse, el grupo se encontró con los otros cuatro imputados, y alrededor de las 14.45, aprovechándose del estado de "vulnerabilidad química" en el que se encontraba la joven, los implicados en la agresión sexual la llevaron hasta un auto que estaba estacionado en la intersección de las calles Serrano y Cabrera, donde abusaron sexualmente de ella.

Esto fue advertido por una empleada de un local, que fue quien llamó al 911, y junto a su esposo fueron amenazados en ese momento, circunstancia en la cual también terminó lesionado otro de los testigos.

El juicio oral comenzó el pasado 28 de agosto e intervinieron tanto el Fiscal Klappenbach, como el auxiliar Fiscal Francisco Figueroa y personal de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres.

Tras la acusación llevada adelante por la Fiscalía, en las próximas audiencias expondrán las defensas de las personas imputadas.

Imputaron a Milei y a Marra tras denuncia del Presidente Fernández

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El Fiscal federal, Franco Picardo, reclamó que se abra una investigación formal contra el candidato a presidente por La Libertad Avanza y dirigentes del espacio.

El Fiscal federal, Franco Picardi, imputó al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y al postulante a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, tras la denuncia del Presidente Alberto Fernández a raíz de las declaraciones que hicieron que habrían provocado una corrida del dólar.

Además, el fiscal imputó al dirigente del espacio, Agustín Romo, en la causa que impulsó ante la jueza María Servini.

Se trata de una de las denuncias que se hicieron en Comodoro Py contra Milei y Marra, pues hubo otra realizada por la abogada particular Valeria Carreras y una hecha por Patricia Bullrich.

Picardi valoró la presentación del abogado Juan Manuel Ubeira, quien patrocinó al presidente en la denuncia donde acusó a los dirigentes por el delito de intimidación pública.

La denuncia fue luego de que Milei, ante la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de ahorro en pesos, respondió: "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono".

Al día siguiente, según se apuntó en la denuncia, Marra tuiteó: "Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo".

Según el Presidente Fernández, "el movimiento financiero inducido por la actividad premeditada y tendenciosa de estas personas, ha generado en el país un daño incalculable; no ya en términos económicos solamente, sino a nivel confianza pública principalmente".

"La señal o voz de alarma que el código requiere, se vio configurada en este caso por las manifestaciones masivamente difundidas por las personas que imputo", añadió en la denuncia Ubeira.

Ahora, el fiscal pidió al juzgado que, como medida de prueba,se haga de las declaraciones radiales así como otras hechas en redes sociales por los denunciados y, de esta forma, se dio impulso a una investigación formal.

Tras la denuncia, Milei dio una conferencia de prensa en la que fustigó en duros términos al Presidente y señaló que la suba del dólar se debió a su mala gestión económica y no a las declaraciones que él o gente de su espacio realizaron.

Imputaron a Jésica Cirio y a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

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Lo hizo una fiscal de Lomas de Zamora en otra causa, a raíz de la denuncia contra Insaurralde y su expareja por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. También imputó a Clerici. 

La Fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó este jueves a la conductora Jesica Cirio, a su ex pareja, el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. 

A Cirio e Insaurralde los imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y en lo que respecta a Clerici, por el delito de encubrimiento.

Se trata de la denuncia hecha por el dirigente Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talarico.

En la imputación y pedido de investigación, la Fiscal Incardona sugirió realizar varias medidas de prueba contra los tres, y que tienen que ver con levantamiento de secreto fiscal y bancario de los tres imputados, así como presentación de declaración jurada de bienes en el caso de Insaurralde como funcionario público.

Trascendió que Insaurralde presentó la última declaración jurada en 2022 y anunció que en ese último año percibió casi 4 millones de pesos por su actividad como Jefe de Gabinete Bonaerense e Intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. 

La fiscal también reclamó la intervención de la Unidad de Información Financiera para determinar si existieron reportes de operaciones sospechosas en España vinculadas a Insaurralde. 

En tanto, Jesica Cirio quedó en el ojo de la tormenta a partir de la supuesta firma de un acuerdo de divorcio con Insaurralde por el cual se cree habría pagado éste la suma de 20 millones de dólares en Uruguay. Allí hay una denuncia ya que tramita ante la Justicia y la diputada Graciela Ocaña pidió informes con fines de investigar ese episodio.

Además, se pidieron informes a distintos registros para determinar la existencia de inmuebles, automotores y hasta buques.

Investigan los 200 viajes que hizo al exterior

En medio de la investigación por lavado de dinero a la que está siendo sometido Insaurralde, Migraciones entregó a la Justicia los registros de los viajes hechos por el dirigente lomense, que fueron solicitados por el Fiscal Sergio Mola.

Según este informe, entre el 1999 y este año hay más 200 entradas y salidas del exfuncionario en la mira. En ese marco, se busca aclarar cuáles fueron viajes oficiales, conectados con sus funciones y cuáles fueron vuelos privados.

Los registros detallan las entradas y salidas del dirigente en el periodo de enero de 2020 hasta septiembre de este año, donde el destino más recurrente fue los Estados Unidos.

Solo en lo que va de este año fue al país norteamericano dos veces, en enero y julio. También había viajado a España antes de las vacaciones que tuvo con Sofia Clerici, fue entre el 28 de junio y el 4 de julio.

En 2022, viajó una vez a Francia, dos veces a Estados Unidos y una vez a Paraguay. Llama la atención la salida hacia el vecino país, ya que fue en vuelo privado, en el registro figura "traslado particular", y luego continuó a Estados Unidos.

La Justicia busca determinar si Insaurralde viajaba en vuelos de línea o aviones privados, porque los costos de los vuelos son diferentes. La manera en que costeó los viajes y los motivos de esas salidas también son desconocidos hasta ahora.

Por otro lado, en 2021 solo se registra un viaje a Estados Unidos. En 2020, viajó una vez a Uruguay, dos veces a Colombia y otra a Estados Unidos.

Caso Marita Verón: imputaron por encubrimiento a 2 dirigentes sindicales

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La Justicia Federal de Tucumán imputó al secretario general de Apjae y a su par en Tucumán. Ambos aportaron, por escrito, información respecto a la "carpeta".

La Justicia Federal de Tucumán imputó a dos dirigentes sindicales por encubrimiento en el caso de Marita Verón, desaparecida hace 21 años. El avance de la causa se da en el marco de la investigación que indaga si la joven está muerta y si su cuerpo pasó por un hospital sindical de esa provincia.

Se trata del secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, Norberto Manzano, y de su par en Tucumán, Carlos Alberto Rojas, quienes fueron convocados ayer a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Tucumán.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los sindicalistas no declararon, pero sí presentaron un escrito y la Justicia resolvió imputarlos por ser sospechosos de ocultar u omitir la existencia de una carpeta que contenía fotos del cuerpo de Marita.

"Se les imputa el delito de encubrimiento, ya que en este caso tienen o han tenido documentación que permitiría conocer el destino final de Marita y no la han aportado a la Justicia", dijo este sábado a Télam Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida.

Caso Marita Verón: qué es la "carpeta" y cuáles son los vínculos sindicales

El pasado 9 de agosto Trimarco convocó a una conferencia de prensa en la sede de la Fundación María de los Ángeles en Tucumán, luego de que trascendiera información sobre nuevas pistas en la causa de la desaparición, relacionadas con la existencia de una carpeta con fotos y documentos que demostrarían que Marita

murió y que en el hecho habría vinculación de "sectores gremiales". Acompañada por sus abogados, José D'Antona y Garmendia, Trimarco señaló que las pruebas recolectadas les permiten sostener que la carpeta con las fotos "existe o ha existido" porque en total son "diez personas" que revelaron la misma información, y confirmó que "Luz y Fuerza y otros gremios pequeños están involucrados".

Según contó Garmendia sobre los hechos que se denuncian, "en marzo de este año tuvo lugar una reunión de Apjae a nivel nacional en Tucumán, en la que Manzano dijo que tenía en su poder una carpeta con documentación y fotos de Marita muerta. De acuerdo con lo que se ve en una de esas fotos, el cuerpo habría estado en la sede del gremio de Luz y Fuerza de la provincia, y en otra, se lo puede ver en la clínica Luz Médica".

Además, Manzano habría contado en ese encuentro que "la documentación había llegado a sus manos través de Rojas, quien se la había sacado anteriormente a Julio Luna, en ese entonces titular de Luz y Fuerza de Tucumán. Manzano utilizaba la carpeta en contra de Luna en una puja por los afiliados", agregó el abogado.

Garmendia sostuvo que "se pudo acreditar que la reunión existió, que Manzano se hizo de esa carpeta y sus dichos en la misma".

Luz Médica, ubicada en la capital tucumana, fue fundada por Luna, quien tuvo una larga carrera como dirigente de Luz y Fuerza y murió en diciembre de 2020, después de permanecer internado por una infección agravada por Covid-19, por lo que la clínica quedó en manos de su familia.

Ofrecen $5 millones por datos sobre el caso Marita Verón tras avances en la causa

El Ministerio de Seguridad estableció este miércoles una recompensa de $5 millones para quien aporte datos que permitan dar con el paradero de María de los Ángeles Marita Verón, desaparecida hace 21 años en Tucumán, luego que la semana pasada se conocieran avances en la causa que investiga su posible muerte.

A través de la resolución 562/2023 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad oficializó una recompensa "dentro del territorio de la República Argentina, por la suma de $5.000.000, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Verón, de nacionalidad argentina, titular del DNI 26.961.699".

La recompensa también incluye a aquellas personas que aporten información que permita "lograr la detención de quienes hubiesen tomado parte en la ejecución de los delitos vinculados a su desaparición y/o sus encubridores", según se precisó en el artículo 1 de la Resolución.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la cartera de seguridad, llamando a la línea gratuita 134 que garantiza la preservación de la identidad del aportante.

Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Las investigaciones que encaró Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.

Amenazas de muerte a la familia de Massa: 10 imputados se reconocieron culpables

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Los responsables deberán abonar entre $20.000 y $200.000 a una Asociación Civil, realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, entre otros.

Diez imputados en la causa que investiga las amenazas de muerte que recibió la familia del actual Ministro de Economía, Sergio Massa, en 2020 se reconocieron culpables y deberán cumplir con la probation.

Fue a raíz de haber hecho público su número de teléfono y el de integrantes de su familia, en 2020. Los acusados tendrán ahora registrado el hecho en sus antecedentes penales. Por otra causa, habría un detenido.

El Juzgado Federal 2 de San Isidro resolvió suspender el proceso a prueba respecto de los 10 imputados en la causa por múltiples amenazas contra Sergio Massa, su esposa Malena Galmarini y familia, en 2020, tras haberse difundido públicamente sus números de teléfono, y les impuso la realización de entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias.

Además, deberán realizar donaciones a la Asociación Civil Pequeños Pasos por montos que varían entre $20 mil y $200 mil pesos.

En septiembre del 2020, Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados y su esposa, Malena Galmarini, habían recibido múltiples amenazas tanto en redes sociales como por Whatsapp, tras haberse difundido sus teléfonos.

Tras la denuncia, se identificaron diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina.

Luego de la investigación y tras considerarse que "se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales" de los acusados, la Justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.

De esta manera, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la Fiscalía, "cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad", los imputados deberán abonar entre $20 mil y $200 mil pesos a la Asociación Civil Pequeños Pasos; entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes; realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales.

El Presidente Fernández fue imputado por el festejo en Olivos

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La notificación fue emitida este jueves por la tarde y abarca, además del presidente, a todos los asistentes a la celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez.

El Fiscal federal Ramiro González le notificó este jueves formalmente al Presidente Alberto Fernández que está imputado en la causa por la celebración del cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos durante la primera etapa de la pandemia.

González formalizó la imputación "a los fines de garantizar debidamente sus derechos de defensa".

El fiscal apeló a una fórmula contenida en el Código Procesal Penal que establece los "derechos del imputado" y representa una suerte de invitación a formular descargo y proponer prueba.

El resolutorio del Fiscal González se produjo en simultáneo a la presentación del escrito del Presidente Fernández pidiendo su sobreseimiento y ofreciendo, subsidiariamente, donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán.

"Considero que en este estadio del proceso corresponde: formalizar la investigación descripta contra el Señor Presidente de la Nación, Doctor Alberto Ángel Fernández", explicó el fiscal.

La medida alcanza también a la primera dama y a todos los demás asistentes a la celebración, que tuvo lugar el 14 de junio de 2020, en el momento más estricto de las restricciones por la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

"Notifíqueselos en los términos de los artículos72, 73, 279 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación", resolvió González.

Bajo el título Calidad del imputado, el artículo 72 establece "los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación del proceso, cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso".

El artículo 73, por su parte, se refiere al "derecho del imputado" y determina que "la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles".

Finalmente, el artículo 279 establece que "la persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar. Si la declaración fuere recibida en la forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto".

Con la presentación del escrito de este jueves, Alberto Fernández ya se había asumido tácitamente como imputado pues, de hecho, pidió su sobreseimiento.

Prohíben salir del país a los 7 imputados por la muerte de Maradona

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Se trata de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y otros cinco imputados en la causa que investiga la muerte del astro del fútbol. 

La Justicia de San Isidro prohibió la salida del país de los siete profesionales de la salud que la semana próxima serán indagados por la muerte de Diego Armando Maradona y enfrentan una imputación por "homicidio simple con dolo eventual", informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, e involucra a los siete acusados que son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Charly Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni y la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini.

El juez dispuso que la decisión sea comunicada de inmediato a Dirección Nacional de Migraciones y a las cuatro fuerzas federales, es decir, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

De esta forma, el juez avaló el pedido que la semana pasada, al citar a indagatoria a los acusados, formularon los tres fiscales de San Isidro que llevan adelante la investigación, Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra.

Si bien ante el cambio de calificación a un delito que prevé de 8 a 25 años de prisión, se especulaba con la posibilidad de que los fiscales pudieran solicitar detenciones, los representantes del Ministerio Público solo pidieron la prohibición de salida del país resuelta este jueves por el magistrado.

"Es el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal pública, quien considera suficiente y adecuada la medida restrictiva que aquí habrá de adoptarse, en miras de neutralizar toda peligrosidad procesal que atente contra el normal desarrollo de la investigación, postura que, por cierto, comparto en un todo", señaló Díaz en su resolución.

Si bien el juez recordó "la altísima expectativa de pena" que tiene el delito de homicidio simple, argumentó que "dada la particular naturaleza de los eventos en estudio y las características personales de los inculpados, aparece como adecuada la imposición de la medida limitativa de la libertad requerida por los acusadores".

En otro tramo de la resolución, el juez rechazó la posibilidad de que él esté presente en las indagatorias, algo que había pedido la defensa de la enfermera Madrid.

Las indagatorias por "homicidio simple con solo eventual" se tomarán los lunes, miércoles y viernes desde el próximo 31 de mayo, y de a una por jornada.

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