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Chiqui Tapia: "La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima"

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La Inspección General de Justicia había solicitado que se designen veedores para acceder a información contable y financiera que no fue entregada pese a los requerimientos realizados.

La Inspección General de Justicia solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación que se designe veedores en la Asociación del Fútbol Argentino para acceder a información contable y financiera que no fue entregada pese a los requerimientos realizados.

En ese contexto, la AFA, presidida por Claudio Chiqui Tapia, emitió un comunicado como respuesta que llevó la firma de su mandatario.

"La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley", afirmaron en uno de los 7 puntos titulado Nuestra respuesta.

Según la IGJ, la información fue requerida y no entregada por la entidad. La decisión se plasmó en una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, quien reportó la detección de "graves irregularidades" dentro de la AFA.

Tras conocerse este accionar, desde la Casa Madre difundieron un comunicado institucional compuesto por 7 ítems que llevó la firma de Tapia.

Allí aseguraron que la resolución de la IGJ "no implica sanción, ni interferencia en el manejo y administración de la entidad" y que se trata de una "medida preparatoria" con el fin de "determinar si corresponde adoptar medidas adicionales".

"La pregunta es obligada: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en 'graves irregularidades?' Porque si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones. Pero no lo hace", sostuvieron.

"Entonces, ¿de qué 'gravedad' estamos hablando?", plantearon en un punto definido como contradicción insoslayable.

También hacen referencia al cambio domiciliario de la AFA a la Provincia de Buenos Aires que fue reconocido en las últimas horas.

"La IGJ insiste en que la sede de Pilar es falsa porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la provincia es un acto administrativo válido y vigente", argumentaron.

"No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales", aseguraron.

Finalmente, hay un mensaje dirigido "al fútbol argentino y al pueblo" donde remarcaron que este deporte "no será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía".

"Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de 'graves irregularidades' si, según sus propios términos, sólo está recolectando información?", preguntaron.

A lo que contestaron: "La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial".

Pidieron designar veedores en la AFA para revisar documentación contable y financiera

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La Inspección General de Justicia solicitó al Ministerio de Justicia una veeduría informativa para analizar balances, vínculos comerciales y el proyecto de la Universidad de la AFA.

La Inspección General de Justicia solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino para relevar documentación contable y financiera que, según el organismo, fue requerida sin respuesta.

La medida, firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, apunta a verificar posibles "graves irregularidades", aunque aclararon que no implica una intervención ni una sanción, sino una veeduría informativa en el marco de las funciones de fiscalización.

De concretarse, los veedores deberán analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, revisar libros societarios, registros financieros y elaborar un informe técnico sobre cuentas, obligaciones impositivas y previsionales.

El control también alcanzará el proceso de creación de la Universidad de la AFA, incluyendo la adquisición de inmuebles, la estructura patrimonial y los convenios firmados, con foco en la trazabilidad de los fondos utilizados.

Además, la Inspección General de Justicia pidió auditar los vínculos comerciales y financieros de la AFA con TourProdEnter LLC, Sur Finanzas y otras firmas relacionadas, para reconstruir el flujo de dinero y las rendiciones de cuentas.

El pedido se dio luego de que el organismo rechazara el intento de la entidad de mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que mantuvo a la asociación bajo su órbita de control.

Ahora, la designación de los veedores dependerá de la decisión final del Ministerio de Justicia.

IGJ declaró irregular el fideicomiso de Maratea para pagar la deuda de Independiente

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Para el organismo dependiente del Ministerio de Justicia, "es irregular e ineficaz". 

La Inspección General de Justicia declaró "irregular e ineficaz" el fideicomiso de Independiente que armó el influencer Santiago Maratea para la recaudación que lleva adelante con el objetivo de pagar la deuda del club.

El organismo da cuenta de la "exhorbitante" suma recibida por Maratea y de los "gastos y honorarios" de los integrantes del fideicomiso.

Se trata del Fideicomiso Maratea Rojo Gogó que tenía la pretensión de inscribirse en la provincia de Neuquén, por eso la presentación ante la IGJ pero que luego de varias prórrogas que dio el organismo nunca se efectivizó. "No se ha iniciado al día de la fecha el trámite de inscripción del aludido fideicomiso", dio cuenta en su resolución.

Tampoco el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén y/o el Registro Público de Contratos de Fideicomisos a cargo de tal corporación notarial ha informado a la IGJ sobre si se ha presentado allí el Fideicomiso Maratea Rojo Gogo.

De ahí la naturaleza del contrapunto de la IGJ puesto que Independiente tiene domicilio real en provincia de Buenos Aires y Maratea en Capital Federal.

Es que el fideicomiso que quiera registrar en un determinado distrito deben tener los bienes en cuestión en la misma o bien las personas que lo integran deben tener domicilio allí.

"La relevancia de la inscripción del carácter fiduciario de un conjunto de bienes, que puede estar constituido por aportes voluntarios, radica en el otorgamiento de publicidad al dominio fiduciario, haciéndolo oponible a terceros, siendo que la inscripción del contrato en un registro específico, por su parte, hace oponibles a terceros las demás disposiciónes contractuales, en especial aquellas referidas a las limitaciones de las facultades del fiduciario sobre los bienes fieicomitidos", señaló la IGJ.

Ahora, Maratea puede apelar la decisión de la IGJ ante la Justicia y de lo que se conoció últimamente lleva recaudado unos poco más de 800 millones e pesos.

Solicitan la nulidad del fideicomiso ciego de los bienes de Macri

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La Inspección General de Justicia remarcó que la categoría de fideicomiso ciego "no encuentra el menor antecedente en la legislación comparada ni en la doctrina nacional y extranjera".

La Inspección General de Justicia solicitó que se declare nulo el Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración de los bienes de Mauricio Macri, que el expresidente celebró el 12 de abril de 2016, y además describió una serie de irregularidades por las que remitió una copia de la resolución que impulsa "la acción judicial de nulidad" a la Oficina Anticorrupción "a los fines de hacer las presentaciones judiciales que estime corresponder".

A través de la resolución 226/2021, un documento de 59 páginas al que tuvo acceso Télam, la IGJ promovió este martes la nulidad del Contrato de Fideicomiso que Macri firmó con la sociedad "Seguridad Fiduciaria SA" en los primeros meses de su gobierno.

Además, el organismo que fiscaliza a las sociedades comerciales dispuso que se considere nula a esa sociedad (Seguridad Fiduciaria SA) y declaró "la irregularidad e ineficacia en términos administrativos" de todos los actos societarios realizados por cuatro empresas vinculadas a Macri: Molino Arrocero Río Guayquiraró SA, María Amina SA, 4 Leguas SA y Agro G SA.

En otro tramo de la resolución, la IGJ remarcó que la categoría de fideicomiso ciego "no encuentra el menor antecedente en la legislación comparada ni en la doctrina nacional y extranjera".

Además, la IGJ, que dirige Ricardo Nissen, determinó que los bienes incluidos en "el denominado fideicomiso ciego de administración no constituían, ni por asomo, la totalidad de su patrimonio" del expresidente Macri, tras lo cual detalló que esos bienes apenas representaban "un 53% del conjunto total" de las pertenencias y propiedades de Macri.

Sobre ese punto, el organismo aseguró que "el devenido en fiduciante" (por Macri) no fue "veraz" al suscribir el fideicomiso debido a que en el apartado "B" de ese documento se había comprometido a "evitar conflictos de intereses y otorgarle transparencia a la administración de su patrimonio durante el período en que ejerza el cargo de Presidente de la Nación Argentina".

En otro punto de la resolución, la IGJ describió una operatoria "ilegítima" entre el llamado Fideicomiso Ciego de Macri con la empresa Agro G SA ya que esta sociedad emitió acciones por 54.286.824 pesos sin inscribir el correspondiente aumento del capital social en el Registro Público de la propia Inspección de Justicia, "ni jamás nadie compareció a asamblea alguna como titular de dichas acciones".

Según la descripción realizada por el organismo, la sociedad Agro G SA luego transfirió de modo ilegal esas acciones, por 54.286.824 pesos, al Fideicomiso ciego de Macri, supuestamente bajo el concepto de "dividendos".

En otro párrafo de la resolución 226/2021, fechada este 27 de abril, el organismo que depende del Ministerio de Justicia consideró que la sociedad Agro G SA previamente había recibido esa suma de 54.286.824 pesos, también en concepto de "dividendos", de la sociedad Latin Bio SA, de la cual, subrayó la entidad, "participa también la cónyuge de Mauricio Macri (por Juliana Awada), como titular del 20,25% de dicho capital".

"Tales circunstancias", remarcó por último la IGJ, "obligan a remitir copia de esta resolución y de la documentación correspondiente a la Oficina Anticorrupción, a los fines de hacer las presentaciones judiciales que estime corresponder, para el caso de entender necesario una investigación del episodio en sede criminal".

El organismo también instruyó a su propio Departamento de Asuntos Judiciales para que "promueva las acciones judiciales" pertinentes.