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La pericia del derrumbe en Villa Gesell detectó irregularidades en la construcción

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Por el hecho ocurrido en 2024 fallecieron nueve personas y se señalaron posibles responsabilidades administrativas.

Un informe pericial realizado por el perito de parte del arquitecto acusado Enrique Bonavita, que fue incorporado al expediente del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell cuyo saldo resultó nueve muertos en octubre de 2024, indicó que el desenlace fue "previsible y evitable", al tiempo que se detectaron fallas en columnas claves, irregularidades constructivas y falta de controles.

El escrito indicó que se encontraron además posibles responsabilidades administrativas por la aprobación de la obra en condiciones deficientes.

El caso continúa bajo investigación, tal es así que los familiares de dos damnificados y otros propietarios son representados por el estudio de abogados de Graciela Bravo, que actúan como parte querellante, mientras la justicia avanza con peritajes y análisis complementarios.

En esta línea, la letrada consideró que "el perito de parte sostuvo que el daño deriva de deficiencias estructurales preexistentes del edificio", sin embargo, contrapuso: "Resulta previsible que la defensa de Bonavita intente valerse de dicho informe para deslindar responsabilidad y atribuya el daño a defectos estructurales preexistentes. Así, intenta romper el nexo causal y deslindar responsabilidad".

"Del propio desarrollo argumental del informe pericial se desprende la existencia de múltiples contradicciones internas, dislocaciones lógicas y se sostiene que el relevamiento estructural fue preciso, pero aleatorio", concluyó en base al texto, la letrada Bravo.

En paralelo, un anexo técnico incorporado al expediente elaborado por peritos de la División Investigación de Siniestros de Bomberos señala que al momento del derrumbe, el edificio se encontraba en obra, con trabajos de recambio de carpinterías en los 48 balcones y tareas en planta baja, además de documentación que da cuenta de la modernización del ascensor.

No obstante, el informe de parte indicó que el cambio de uso de la propiedad, de vivienda multifamiliar a apart hotel, no implicaba, por sí mismo un incremento significativo de las sobrecargas estructurales, mientras que, tras el colapso no se detectaron procesos de corrosión generalizada ni asentamientos en las fundaciones.

Como dato técnico, la pericia indicó que las condiciones de viento al momento del derrumbe habrían sido del orden de los 24 kilómetros sobre hora, valores contemplados en la normativa vigente, y que no existe documentación previa sobre fisuras o deformaciones estructurales antes del colapso.

En cuanto al comportamiento estructural tras el colapso, una de las imágenes muestra, en los restos de la construcción, a las columnas "B5" y "C5", tramos que estaban sobre niveles superiores, que "precipitaron casi en forma vertical", esto implica que no se inclinaron, ni volcaron hacia los costados, sino que cedieron y cayeron prácticamente en forma vertical hacia el segundo subsuelo, lo que contribuye a explicar la mecánica del hecho.

Además, se consignó que una de las columnas analizadas presentó una fractura en su nodo, lo que mantuvo parcialmente en pie un sector de la edificación lindero.

Por otra parte, no se detectaron signos de corrosión generalizada en los elementos estructurales relevados, aunque sí múltiples fisuras y fracturas atribuibles al evento de colapso, al tiempo en que se documentaron indicios de trabajos en curso dentro del edificio, con acopio de materiales y elementos vinculados a tareas de remodelación.

Las imágenes muestran la presencia de mesadas, artefactos sanitarios y cañerías nuevas en sectores internos, lo que permite inferir intervenciones recientes en instalaciones de plomería, lo que incluye el reemplazo de ductos de desagüe en subsuelos.

Asimismo, se observaron caños destinados al tendido eléctrico en losas cercanas a edificaciones linderas, lo que refuerza la hipótesis de trabajos vinculados a instalaciones de servicios.

En sectores del segundo subsuelo se detectaron perfiles metálicos tipo doble T y puntales de madera, elementos habitualmente utilizados para apuntalamientos o refuerzos estructurales, aunque al momento de la inspección no se registró presencia de responsables de la obra que pudieran precisar su uso o destino.

El relevamiento también da cuenta de tareas de demolición previas al derrumbe, registradas en material fílmico, donde se observan intervenciones sobre sectores de mampostería en planta baja.

Finalmente, los peritos señalaron que durante las tareas de remoción de escombros pudieron identificarse los arranques de columnas sobre sus fundaciones sin evidencias de asentamientos en el suelo, lo que descarta, en principio, fallas asociadas a inestabilidad del terreno.

Denunciaron a Adorni por presuntas irregularidades en contrataciones y la concesión de Tecnópolis

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De confirmarse, la causa podría configurar una "simulación de competencia" en perjuicio del Estado.

La Diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y la concesión de Tecnópolis que involucran al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La presentación judicial, conocida este jueves, apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio de Tecnópolis, bajo la órbita estatal entre 2025 y 2026.

Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650.000.000 para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.

En ese proceso, se advierten posibles vínculos societarios entre las firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.

La denuncia también señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una "simulación de competencia" en perjuicio del Estado.

Tecnópolis

Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300.000.000 y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.

Asimismo, se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la presentación, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

De acuerdo con el documento, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la denunciante solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.

Causa ANDIS: pidieron indagar al jefe de Sistemas de Suizo Argentina

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El planteo se dio en una causa desprendida del expediente que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El Fiscal federal Carlos Rívolo solicitó la indagatoria del jefe de Sistemas de la Droguería Suizo Argentina S.A., Daniel Díaz, por haberse negado a realizar el blanqueo de claves de directivos de la empresa, lo que impidió que la Justicia pudiera acceder a los correos corporativos requeridos en el marco de una investigación judicial.

El planteo se da en una causa desprendida del expediente que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La negativa del responsable del área informática habría bloqueado el acceso judicial a los correos electrónicos cooperativos de directivos de la compañía, considerados una prueba relevante dentro de la investigación.

El expediente busca determinar si existieron maniobras para obstaculizar el acceso a información que podría resultar clave para el avance de la causa.

El caso forma parte de una investigación más amplia que analiza el vínculo entre la droguería Suizo Argentina y contrataciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

La empresa pertenece a la familia Kovalivker, un grupo empresario que controla la firma desde hace décadas y que actualmente está bajo la lupa judicial por su participación en operaciones vinculadas al sistema de salud pública.

Dentro de ese entramado aparece Jonathan Simón Kovalivker, uno de los accionistas relevantes de la compañía junto a su padre Eduardo y sus hermanos, quien habría ocupado una posición estratégica en la relación entre la droguería y el organismo estatal.

La causa ANDIS se inició en 2025 tras la difusión de audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, que mencionaban presuntas irregularidades en la contratación de medicamentos y posibles pagos indebidos vinculados a empresas proveedoras.

A partir de esas revelaciones, la Justicia abrió distintas líneas de investigación que involucran a funcionarios y empresarios del sector.

En ese contexto, el pedido de indagatoria apunta ahora a determinar si hubo un intento de entorpecer la investigación judicial al impedir el acceso a comunicaciones internas de la empresa, una medida que podría resultar clave para reconstruir las decisiones y vínculos entre los directivos de la firma y los contratos investigados.

ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a la AFA y a Toviggino

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Se trata de Malte SRL, una firma relacionada con el entorno del tesorero del ente regulador, que había exteriorizado activos por unos U$S1.400.000.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmó la existencia de múltiples irregularidades en Malte SRL, una firma ligada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, que había exteriorizado activos por unos U$S1.400.000.

Según un informe del organismo remitido a la Justicia, la compañía presenta características compatibles con una sociedad sin actividad económica real.

Lo que la ubica bajo sospecha dentro de una investigación penal que también involucra a autoridades de la conducción de la AFA, entre ellas su presidente Claudio Chiqui Tapia.

De acuerdo con la documentación oficial, Malte SRL fue catalogada como una firma sin capacidad operativa económica ni financiera para respaldar el volumen de operaciones registradas.

Entre las inconsistencias detectadas se mencionan cambios reiterados de domicilio fiscal, la inscripción de actividades comerciales sin relación entre sí y movimientos patrimoniales difíciles de justificar.

El análisis de ARCA también señaló transferencias frecuentes de bienes de alto valor, como vehículos, maquinaria e inmuebles, con escasa trazabilidad documental.

Además, se registraron facturaciones por montos significativos entre empresas vinculadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.

Otro de los puntos observados fue la estructura laboral de la empresa: en los períodos analizados solo se registró un empleado, pese a los niveles de facturación informados.

También se detectó que la firma no actuó como agente de retención en ejercicios con volúmenes relevantes de operaciones, lo que resultaría incompatible con su nivel de actividad declarado.

El informe fue incorporado a una causa que tramita en la Justicia federal, donde se analizan posibles maniobras vinculadas a evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades pantalla.

Según trascendió, la empresa estaba vinculada a Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano a Toviggino, quien había sido expuesto previamente en registros audiovisuales manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.

La presentación de ARCA amplía el alcance de las investigaciones que ya apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados al entorno dirigencial de la AFA.

Pensiones por discapacidad: Fiscalía argumentó irregularidades y destrato institucional

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En la presentación ante la Corte Suprema se señala que el Estado nacional utilizó un acto de Gobierno para generar mayor exclusión.

La Provincia de Salta, a través de la Fiscalía de Estado, a cargo de Juan Agustín Pérez Alsina, presentó a la Corte Suprema una Acción de Amparo contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad.

La acción instruida por el gobernador Gustavo Sáenz, también solicita una Medida Cautelar y pedido de audiencia pública.

Por el escrito se busca restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez en la provincia de Salta, las cuales se considera que fueron suspendidas en procedimientos arbitrarios e irregulares, con evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado nacional, que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Además, se requiere el inmediato restablecimiento y pago retroactivo de las pensiones suspendidas.

También, que se adopten medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Por último, se cite a audiencia pública con participación de las partes a los fines informativos y conciliatorios.

La demanda se fundamenta en la suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025 y las irregularidades detectadas en las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La Provincia alega que los procedimientos fueron "arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales", y destaca que la Agencia Nacional de Discapacidad se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios y los procedimientos detallados de las suspensiones.

Entre las anomalías denunciadas, se mencionan la falta de notificación previa a los beneficiarios, el uso de criterios dispares en las evaluaciones médicas, y la realización de auditorías por personal sin la debida habilitación profesional.

La Provincia también señala el destrato institucional hacia los organismos locales y los propios beneficiarios, quienes se vieron obligados a recorrer largas distancias para trámites que no se concretaban.

La presentación de Salta sostiene que las acciones del Gobierno nacional no sólo incumplen la obligación de proteger a los grupos vulnerables, sino que además agravan su situación, afectando directamente su derecho a la vida, la salud y la dignidad humana.

En este sentido, la Fiscalía de Estado considera que se trata de una medida con fines fiscalistas que atropella los derechos de los ciudadanos.

Gobierno subió las cargas sociales que deben pagar los clubes de fútbol

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Sturzenegger denunció maniobras para eludir los pagos.

El Gobierno nacional aumentó hoy la alícuota de retención y percepción que pagan los clubes al sistema de seguridad social de 7,5% al 13,06%.

Lo hizo a través de la resolución 16/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzeneger, explicó la situación en un posteo de X con fuertes críticas a los clubes.

"En 2024 las ventas de jugadores de fútbol argentinos dejaron ingresos por US$ 324 millones, dato de la FIFA publicado en diario La Nación el 31 de enero de 2025. Sin embargo, a la hora de pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social la actividad que genera estos ingresos es subsidiada por los jubilados", señaló Sturzenneger.

El ministro explicó que "con el argumento de la crisis del año 2001 la AFA obtuvo del Gobierno de Duhalde un régimen especial para el ingreso de los aportes jubilatorios. Se reemplazaba el régimen general, es decir, lo que paga cualquier empresa, quiosco, pyme, asociación o fundación, por un cargo sobre venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación. Para que quede claro: los clubes no pagan sus aportes al sistema jubilatorio y lo reemplazan con un porcentaje de esos conceptos", continuó.

Sturzenegger afirmó que "el truco es que las alícuotas establecidas hacían al sistema deficitario, la alícuota inicial, establecida en 2%, era una cargada,, pese a que el decreto original, el 1212/03, exigía fuera neutral en términos de recaudación".

"Por ello se fue llevando el irrisorio aporte inicial del 2%, al 6,5 %, luego al 6,75%, Decreto 231/19, y finalmente al 7,5%, por el Decreto 510/23 donde Massa sumó a la AFA misma como beneficiara. Sorprendentemente, o no, la alícuota nunca generó un equilibrio. ¿Quién se hacía cargo del déficit? Los jubilados, ya que el sistema jubilatorio quedaba desfinanciado", dijo el ministro.

Sturzenegger subrayó que "más recientemente el déficit empezó a aumentar" y precisó que "entre noviembre de 2023, fecha de la última revisión de alícuota, y abril de 2024 el sistema tuvo un déficit de 7.000 millones".

"Esto porque la AFA y los clubes le encontraron la trampa a la trampa. Primero, porque los clubes empezaron a sumar actividades que no tenían que ver con el fútbol pero que, por estar en un club, también gozaban de la exención de aportes al sistema jubilatorio. Por repetir un caso con que vengo ilustrando el punto, River, por ejemplo, desarrolló actividades educativas, muy buenas por cierto, por las que no paga aportes al personal, mientras que la escuela ORT, a dos cuadras, sí debe hacerlo. Segundo, porque para eludir el pago, los clubes pasaron de vender entradas a un régimen de abonos, los que habían sido convenientemente excluidos del 1212. El resultado: beneficios crecientes e ingresos menguantes", se explayó Sturzenegger.

El ministro detalló que "si en el primer año de Javier Milei el sistema aportó el 57% de lo recaudado, en los siguientes seis meses ese porcentaje había caído al 33%".

El funcionario recordó que "el Decreto 939/24 buscaba dar fin a esta inequidad, para lo que habilitó a una comisión integrada por gobierno y clubes para diseñar un nuevo sistema sin déficit o, en caso que no se pudiera acordar, se volviera al sistema general. Vencido el plazo de 6 meses, la AFA y los clubes trajeron una propuesta claramente deficitaria por lo que el gobierno pidió a la AFA garantizar cualquier faltante".

“Pero se ve que pese a sus millonarios ingresos, la AFA del “Chiqui” Tapia no quería asumir riesgos: prefirió que sigan pagando los jubilados. Por eso a fin de Abril el Decreto 939/24 revirtió las obligaciones del fútbol a las regulares de todos los contribuyentes”, indicó.

En este marco, el ministro denunció que “a días de la vuelta al sistema general, la casta (la AFA en este caso) obtuvo una protección cautelar de su privilegio (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la CABA, Dr. Enrique Alonso Regueira –firma no verificada). Así mientras miles de empresas, pymes, autónomos, etc… pagan sus aportes y contribuciones a la seguridad social por el régimen general el juez pretendía que un grupo privilegiado pudiera evitar contribuir lo que el resto al sistema jubilatorio. Total, el déficit es de los jubilados”.

"Para que entiendas el absurdo y sin querer estigmatizar a nadie, dice la AFA que para el club Vélez Sarfield volver al sistema general le hubiera significado pagar 26 veces más en aportes al sistema jubilatorio. Para el caso de Ríver 22 veces más. El juez dice que eso es una barbaridad. Pero omitió decir que Vélez contribuía U$S12.000 por 714 empleados y River U$S27.000 como aportes jubilatorios de 1.530 empleados. Esto aun cuando ambos clubes declaran en sus balances del ejercicio 2024 ganancias de U$S28.000.000 y U$S65.000.000. Pero, para el Juez Regueira, para los jubilados no hay”, se explayó en su explicación.

Sturzenegger afirmó que "el Juez Regueira, al restablecer la vigencia del decreto 510/23 para que el futbol siga con su privilegio, vuelve a habilitar el decreto que nos obliga a realizar el ajuste en las alícuotas para que el sistema esté en equilibrio".

Tribunal de Cuentas formuló 25 cargos contra el exintendente de Pocito Armando Sánchez

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El peronista Armando Sánchez, quien fuera intendente de Pocito durante el Gobierno de Sergio Uñac, y parte de su equipo, fueron imputados por el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades millonarias durante su gestión 2023.

El informe del Tribunal de Cuentas indica que hubo pagos sin contratos, obras sin certificación y compras sin facturas por casi $120.000.000.

Entre todas las observaciones que se realizan a la gestión de Armando Sánchez en Pocito, los más graves serían repavimentaciones, equipamientos y operativos de limpieza que no tienen respaldo documental.

El justicialista Armando Sánchez, muy ligado al exgobernador Sergio Uñac, deberá ahora presentar pruebas y descargos para evitar ser declarado responsable de un perjuicio patrimonial.

Si no logra justificar los gastos, podría tener que devolver la plata de su propio peculio particular, y la medida aplicaría a otros exfuncionarios que acompañaron su gestión en Pocito.

La investigación avanza y la resolución final podría llegar a la Corte de Justicia si no logran revertir los cargos.

Hidrovía: advirtieron graves irregularidades en la licitación

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Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió corregir el proceso para evitar adjudicaciones irregulares. Señaló falencias en la evaluación de ofertas y falta de control ambiental.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció graves irregularidades en el procedimiento licitatorio para la concesión de obra pública por peaje en la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía, a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

En su dictamen, emitido en el marco del Expediente Procuraduría de Investigaciones Administrativas Nº 126/2022, el Fiscal nacional, Sergio Leonardo Rodríguez, y el auxiliar Fiscal, Esteban Luis Venditti, subrayaron la "trascendencia de la Vía Navegable Troncal para el desarrollo de la economía de la República Argentina, su relevancia estratégica y su función clave para el comercio regional e internacional"

Entre las principales observaciones, el dictamen advirtió sobre la "inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados" y la falta de cumplimiento de las disposiciones del artículo 10 del Anexo II del Decreto 713/2024, que requería la intervención del Ministerio de Economía para la aprobación de los pliegos de bases y condiciones​.

Además, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas recibió denuncias por parte de potenciales oferentes que señalaron "un posible direccionamiento hacia la empresa que actualmente realiza el dragado de la vía troncal"​.

Esta situación, también observada por un grupo de diputados nacionales, afecta directamente los principios de "igualdad, transparencia y concurrencia", que deben regir los procedimientos de selección de contratistas del Estado​.

El organismo fue tajante al advertir que los errores en la elaboración de los pliegos podrían tener consecuencias graves.

"Los errores u omisiones en las cláusulas de los pliegos pueden conducir a un procedimiento y una adjudicación pasibles de reproches administrativos o incluso penales", dijeron​.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas ya había intervenido en la Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 13/2021 para el dragado de la vía navegable troncal, en la que observó "diversas irregularidades durante el desarrollo del procedimiento" y propuso una serie de recomendaciones para evitar que estas situaciones se repitieran​.

Finalmente, el dictamen instó a la Agencia Nacional de Puertos a garantizar que el proceso licitatorio se ajuste a los principios de "juridicidad, razonabilidad, transparencia y publicidad", y destacó que "toda contratación debe subordinarse a estos principios, que no solo emanan del ordenamiento jurídico interno, sino también de compromisos internacionales asumidos por el país"​.

Gobierno disolvió 3 fondos fiduciarios por irregularidades

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Se trata del Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el Fondo Fiduciario Del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario Para La Vivienda Social.

El Gobierno nacional disolvió 3 fondos fiduciarios tras encontrar irregularidades en el manejo de los fondos y el incumplimiento de objetivos.

Se trata del Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el Fondo Fiduciario Del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario Para La Vivienda Social.

Lo hizo a través del decreto 6/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La decisión se fundamentó en la necesidad de reestructurar la administración pública y optimizar la gestión de los recursos del Estado.

Entre los considerandos se indica que la Sindicatura General de La Nación realizó las auditorías correspondientes y detectó irregularidades en su funcionamiento.

"Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente", señaló el Gobierno en un parte de prensa.

El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como Casa Propia y Reconstruir.

"Este instrumento fue utilizado con finalidades políticas y clientelistas, y había evidenciado irregularidades e incumplimientos", indicó el parte oficial.

En esta línea, "las auditorias efectuadas por la Sindicatura General de la Nación pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros".

En tanto, el Fondo Fiduciario Del Servicio Universal había sido creado por la Ley N°27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC, que son servicios de tecnologías de la información y la comunicación, con servicios pagados por los usuarios.

"Su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, el instrumento evidenció múltiples deficiencias en su gestión corroboradas por los informes de la Sindicatura General de la Nación", añadieron

El Ministerio de Economía subrayó que "entre las principales falencias se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones, etcétera".

"Estos motivos evidenciaron que el Fondo Fiduciario Del Servicio Universal no cumplió con su finalidad y que su disolución permitirá mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías, asegurando mayor transparencia y eficiencia", agregó.

En tanto, el Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar había sido creado por el artículo 74 de la Ley N°26.895 con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito.

"En este caso, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, ha informado que el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución", precisó Economía.

Causa comedores: ordenaron indagatoria para Belliboni

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El dirigente del Polo Obrero será indagado en la causa donde se investigan supuestas irregularidades en los comedores sociales.

El Juez federal, Sebastián Casanello, ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni para el 15 de junio, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales.

Además, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que se elabore un informe sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos en comedores sociales, cuya existencia fue denunciada por una investigación periodística la semana pasada.

El juez adoptó la decisión después de "avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas, en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos integraba una parte de los hechos objeto de la presente".

Así, el juez determinó que "diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el exministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo".

Casanello basó su apreciación en "la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos".

"Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria", subrayó.

Según Casanello, "dicha maniobra se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político partidarias, aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular, referenciado en el propio espacio político, en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal".

El cronograma de las indagatorias prevé que Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches deberán presentarse el 11 de junio.

Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper, el 12; Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli, el 13 de junio.

Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez, el 18; Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma, el 19 de junio.

Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz, el 15 de junio.

Casanello advirtió sobre "una distorsión de la noble política estatal, en defensa de los más necesitados, de la que participaban algunos actores".

"La organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados. Los elementos probatorios reunidos llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado", destacó el juez.

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