Ambos intendentes son del PJ. En San Juan, los dos están siendo observados por Fiscalía.

Funcionarios de la Municipalidad de Jáchal, que conduce el Intendente Matías Espejo, ya fueron denunciados ante la Justicia penal por dos concejales.

Mientras tanto, el Intendente de Angaco, José Castro, luego de años en que la Justicia desaceleró un juicio en su contra, y pese a artilugios legales, se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados con otra denuncia más realizada de oficio por una fiscal.

Es posible que estemos ante un cambio de época en la Justicia vernácula. Por el momento solo hay algunas muestras: habrá que esperar que las acciones sean de fondo.

El Intendente de Jáchal, Matías Espejo, su incapacidad, sus “asesores” y las denuncias penales

Tal como escribió Jorge Morales en el diario Jáchal La Región, "para muchos es una gran decepción la gestión de Matías Espejo, para propios y extraños", al tiempo que agregó: "No solo demostró ser una mala copia de Miguel Vega y Jorge Barifusa, y no es más de lo mismo, es menos de lo mismo".

Matías Espejo en Jáchal

Con el enemigo adentro, comenzó la gestión culpando las bombas que le dejaron, sin ponerle nombre y apellido al causante de esos problemas heredados. A la herencia se la dejó su compañero peronista, exintendente, actual diputado, Miguel Vega.

Nunca lo denunció y mucho menos fue claro en su proceder para dejar en evidencia los desastres recibidos: fondo anticíclico en cero, cargos de amigos, FODERE sin rendir y no poder recibir, pago millonario de expropiación por capricho para donar el terreno de la ciudad judicial, y siguen las firmas.

Luego están sus "méritos" propios: incumplimiento de la Ordenanza Agua Segura, ya que en su gestión no hizo nunca un análisis de agua teniendo presupuesto aprobado, le "regaló" a una empresa el uso de un predio municipal sin aprobación del Concejo Deliberante, tiene récord de funcionarios que renunciaron y, con el "cerebral asesoramiento" de sus funcionarios más cercanos: Andino y Dara, realiza contrataciones aparentemente irregulares como si fuese el dueño de la Municipalidad de Jáchal.

El viernes 20 de febrero de 2026, fue denunciado para se lo investigue, junto a sus funcionarios, por parte de los Concejales Gema Casas y Felipe Tañez, por los presuntos delitos de: incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica y encubrimiento.

Al momento de la presentación, la demanda fue recibida por el abogado Emanuel Sisterna, colaborador de litigación del Fiscal Aballay.

Sucede que los concejales Gema Casas y Felipe Tañez, luego de conocer datos emanados de la Policía de San Juan, iniciaron por escrito los pedidos pertinentes para confirmar la legalidad y legitimidad de la contratación de una empresa de vigilancia que prestó servicios en la última edición de la Fiesta Nacional de la Tradición en Jáchal.

Con fecha 21 de noviembre de 2025, los concejales enviaron una nota a la Central de Policía de San Juan, dirigida al Comisario General Retirado Néstor Marcelo Álvarez, solicitando se informe si Luis Eduardo Medawar y Gabriel Marcelo Clavel contaban con la habilitación de ley como Agencia de Seguridad.

En fecha 4 de diciembre de 2025, el Oficial Principal Mario Echegaray, Jefe Interino de la División Control de Agencias Privadas, y atento a lo solicitado, tras llevar a cabo una compulsa en los archivos de la dependencia Policial se estableció que: "actualmente se encuentran habilitadas treinta y nueve agencias de vigilancia y seguridad privada, para cumplir funciones para cumplir funciones de Vigilancia, Custodia y Seguridad, en todo el territorio de la provincia de San Juan, que entre esas empresas no se encuentra ninguna registrada y/o propiedad de José Luis Medawar y Gabriel Marcelo Clavel".

En cuanto a la Fiesta Nacional de la Tradición, realizada en el departamento de Jáchal, personal de esta Unidad Policial se constituyeron en dicho evento los días 14 y 15 del mes de noviembre del presente año, más precisamente  en el Anfiteatro Natural Buenaventura Luna, donde se infraccionaron a 20 personas que estaban cumpliendo funciones de seguridad privada, sin pertenecer a ninguna empresa habilitada, como así también  los mismos no están habilitados para cumplir dicha función, en virtud de ello se instruyó Expediente Contravencional por infracción al art. 20 Apartado I, inciso "C" y apartado III, del Decreto Reglamentario, de la Ley Nº926 -R- "Ley Servicios de Vigilancia, Custodia y Seguridad", con intervención del Juzgado de Paz Letrado del Departamento de Jáchal.

Con fecha 17 de diciembre de 2025, los concejales Casas y Tañez, presentaron una nota ante el Juzgado de Paz de Jáchal, solicitando al Juez Martín Peñafort copia de los Expedientes Contravencionales que pesan sobre la Municipalidad de Jáchal de los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2025.

La Justicia de Paz de Jáchal, respondió al pedido de los concejales enviando copia de las actuaciones que se están llevando a cabo en los Autos Nº24370/235 y Autos Nº24368/25 Caratulados Clavel Gabriel M, y otros. Falta J2 - Código de Faltas Art. 28º, Apartado I, inciso "G", Apartado III del Decreto Reglamentario 649, Ley 926 – R, Exp. 88/25, División Control Agencias Privadas.

En fecha 19 de diciembre, el Concejal Tañez presentó un pedido de informe ante el Presidente del Concejo Deliberante, abogado Héctor Sánchez, solicitando información referida a la Fiesta de la Tradición edición 63º y 64º, para que sea tratado sobre tablas en la última sesión ordinaria del año.

El tratamiento nunca se llevó a cabo porque los concejales que responden al Intendente Matías Espejo rechazaron el pedido.

Con fecha 29 de diciembre de 2025, los concejales Casas y Tañez presentaron un pedido de informe directamente al Intendente de Jáchal, Matías Espejo, solicitando información sobre el servicio de seguridad que brindó cobertura en la 64º edición de la Fiesta Nacional de la Tradición los días 8, 14 y 15 de noviembre de 2025.

En un plazo de cinco días hábiles, se solicitó copia integra del expediente administrativo, contrato y facturas de los pagos efectuados. Además, se pidió que se brinde información sobre si el servicio ha sido contratado en otras oportunidades por la Municipalidad de Jáchal.

José Castro en Angaco

El actual Intendente de Angaco, José Castro, desde el año 2019 está en la mira de la Justicia. La fecha para su juico se había pactado para el lunes 23 de febrero de 2026, pero mediante un artilugio legal, se solicitó un pedido de "compensación" por parte del acusado, con el torpe apoyo de tres de sus concejales y ahora no solo deberá seguir el proceso que fue suspendido, sino que fue denunciado nuevamente.

La presentación judicial realizada por la Fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi, fue por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra José Castro y los concejales: Alberto De los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, que avalaron un acuerdo conciliatorio para evitar el juicio por malversación de fondos.

Según confirmaron fuentes judiciales, la denuncia fue radicada en la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales y se originó a partir de un acuerdo impulsado por el jefe comunal y aprobado por los tres ediles, mediante el cual Castro ofreció una reparación del daño por 5 millones de pesos, a donar a Cáritas del departamento, con el objetivo de eludir el proceso penal en su contra.

Para la fiscal, tanto el intendente como los concejales se atribuyeron facultades que no les corresponden, ya que avanzaron sobre competencias propias del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial.

En ese sentido, sostuvo que la maniobra constituyó un hecho institucional grave y dejó abierta la sospecha de un posible pacto de impunidad entre el Ejecutivo municipal y la mayoría del Concejo Deliberante.

El Tribunal de juicio quedó integrado por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe, quienes resolvieron postergar el inicio del debate hasta contar con la postura formal del Ministerio Público Fiscal.

Tras analizar el acuerdo, la Fiscal Gerarduzzi no solo anticipó que lo rechazaría, sino que además avanzó con la denuncia penal contra el intendente y los concejales que lo aprobaron.