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La oposición reclamó debatir en extraordinarias el Presupuesto, la Ley de Ficha Limpia y las jubilaciones de privilegio

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Este sábado termina el período ordinario de sesiones en el Congreso. Desde el Gobierno todavía no se realizó el llamado para que las Cámaras permanezcan en funciones durante diciembre. Hay expectativa entre los partidos.

Con el cierre del período ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, persisten las tensiones entre los bloques parlamentarios.

El conflicto se intensifica tras el fracaso en el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia y la confirmación de la comunicación entre el Presidente Javier Milei y la Diputada Silvia Lospennato (PRO), autora de la iniciativa que propone inhabilitar a los condenados por corrupción para postularse a cargos electivos, para realizarle modificaciones.

En este contexto, diversos bloques reclaman la convocatoria a extraordinarias.

La Diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, utilizó su cuenta en la red social X para expresar su posición: "Si no hay un pacto, señor presidente, llame a sesiones extraordinarias por Presupuesto, Ficha Limpia, Reiterancia, la puerta giratoria para delincuentes, y Juicio en Ausencia. Ahora la decisión es suya".

La solicitud se suma a una agenda pendiente que incluye varios proyectos clave.

En el recinto, donde ninguno de los sectores tiene mayorías absolutas, se observó la falta de consenso, incluso para lograr el quórum en las sesiones, con excepción de la reciente aprobación de la ley de Ludopatía.

La Constitución Nacional establece en su artículo 63 que el presidente puede convocar sesiones extraordinarias, lo que le permitiría reabrir el Parlamento en caso de ser necesario.

Sin embargo, los rumores que llegan desde la Casa Rosada indican que, de ser convocadas, el Poder Ejecutivo impulsaría una reforma política que incluye la eliminación de las PASO, el recorte de los fondos públicos a los partidos políticos y modificaciones a la ley orgánica de los mismos.

Además, se añadirían dos temas polémicos, la privatización de Aerolíneas Argentinas y la habilitación al Senado para tratar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Por otro lado, el proyecto de ley del Presupuesto 2025, fundamental para el próximo ejercicio fiscal, no parece estar en la agenda de discusión de la Casa Rosada.

Este presupuesto, reclamado por los gobernadores, incluye puntos de conflicto con el Ejecutivo, especialmente en lo relacionado con la coparticipación de impuestos, lo que, según el Gobierno nacional, pondría en riesgo el equilibrio fiscal y el déficit cero.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, suspendió el debate sin reactivarlo.

En un contexto de pedido de sesiones extraordinarias, el radicalismo también presentó una iniciativa que busca modificar la ley de Jubilaciones de Privilegio, Ley 24.018.

La Diputada Gabriela Brouwer de Koning, titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, recordó que había presentado un proyecto en agosto pasado para modificar el régimen de haberes previsionales de expresidentes y exvicepresidentes.

"La decisión del Presidente Milei de suspender el pago de las asignaciones mensuales vitalicias a la expresidenta Cristina Kirchner debería respaldarse en una ley del Congreso y no por un simple acto administrativo", dijo la diputada.

"Además, dicho acto administrativo es susceptible de crítica por arbitrariedad al no aplicarse al caso análogo de la pensión del expresidente Menem, también condenado por corrupción", agregó.

La propuesta de Brouwer de Koning establece que los expresidentes no podrán percibir más de un haber y que los condenados por delitos de corrupción, así como sus herederos, no podrán acceder a estas asignaciones. Además, se sugiere que los expresidentes que ocupen cargos públicos pierdan automáticamente el derecho a recibir dicha asignación.

Este proyecto se presentó en un contexto político complejo, cuando la Cámara de Diputados debatía la ley de Movilidad Jubilatoria, sancionada por el Congreso y vetada por el presidente Milei. A pesar de los intentos de la oposición por revertir el veto, el bloque de La Libertad Avanza logró evitar la anulación de la decisión presidencial.

La sesión preparatoria y el futuro parlamentario

Mientras tanto, la Cámara de Diputados se prepara para la sesión del 4 de diciembre, en la que se elegirán las autoridades para el período legislativo 2025. Todo indica que el Diputado libertario Martín Menem será reelecto al frente del cuerpo. Ya adelantó Unión por la Patria que ese lugar le corresponde al oficialismo.

A pesar de ser un bloque minoritario de 39 diputados, Menem logró imponer la agenda del Presidente Milei en el Congreso, impulsando la aprobación de leyes clave como la Ley de Bases y la de Medidas Fiscales, además de mantener vigentes los distintos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Ejecutivo.

Menem, que durante 2024 mostró un notable liderazgo dentro del Congreso, presentará un informe de gestión de 400 páginas a sus pares antes de la sesión del 4 de diciembre.

En este documento, se destacará el concepto de "ajuste con resultados y máxima capacidad operativa parlamentaria", en línea con las políticas del Gobierno de Milei.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados recorrerá las provincias de Río Negro y Neuquén para consolidar la presencia de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Con el período ordinario de sesiones llegando a su fin, el futuro del Congreso y las decisiones que tomará el Presidente Milei se mantienen en el centro del debate político.

Gobierno impulsó un proyecto en Diputados para eliminar las jubilaciones de privilegio

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La iniciativa, presentada por Oscar Zago y Eduardo Falcone con aval de la Casa Rosada, busca derogar las leyes que otorgan regímenes especiales en materia previsional a funcionarios públicos, judiciales y eclesiásticos.

El Congreso se sumerge nuevamente en el tratamiento de proyectos que solicitan la derogación de leyes que establecen jubilaciones de privilegio o regímenes especiales en materia previsional.

Los Diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, presentaron una iniciativa que fue avalada desde el Poder Ejecutivo. "Nos interesa ese proyecto", les dijeron los Ministros Guillermo Francos y Federico Sturzenegger a Falcone en la reunión semanal de los lunes en Casa Rosada.

La próxima semana habrá un nuevo encuentro de la mesa de estrategia parlamentaria. El Diputado Falcone, en su proyecto, propone derogar normas que fueron sancionadas durante los gobiernos militares de Jorge Videla y Reynaldo Bignone.

Y también, una tercera ley aprobada durante la gestión del expresidente Carlos Menem: "Deróguense las leyes que establecen privilegios previsionales para ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos en Argentina".

A partir de la derogación, dichas personas pasarían a depender del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

El artículo tercero aclara: "A partir del cese en sus funciones, el Presidente de la Nación gozará de una asignación mensual vitalicia por los servicios prestados a la Nación durante su mandato. Dicha asignación mensual será equivalente al 80% de la remuneración del Presidente de la Nación en ejercicio".

En sus fundamentos, Zago y Falcone expresaron: "Consideramos que el pueblo argentino se ha expresado claramente en las urnas en favor de la racionalización del gasto público y la reducción de impuestos, como condiciones necesarias para liberar las fuerzas productivas de nuestro país y superar el subdesarrollo".

Además, aclararon por qué no acompañaron el artículo del proyecto de la ley de Movilidad Jubilatoria que establecía la derogación del beneficio para el binomio presidencial: "Adoptamos entonces esa incómoda postura política porque consideramos que esa derogación, limitada solamente a los dos cargos más relevantes de la gestión del Estado, era oportunista y además insuficiente".

"A nuestro juicio, la derogación de los privilegios previsionales debía extenderse a todos los funcionarios públicos y no solamente a dos, como preveía el proyecto en debate en ese momento", dijeron.

Los diputados desarrollistas tomaron como antecedente la legislación comparada internacional de Estados Unidos: "La ley de expresidentes de los Estados Unidos, además de una asignación monetaria importante, les otorga altos honores a los expresidentes, quienes ejercen importantes funciones internacionales y son personas de consulta para los Presidentes en ejercicio".

También, en el articulado de la iniciativa, invitan a quienes ya cuentan con regímenes especiales a renunciar a las jubilaciones de privilegio.

Los beneficiarios de las jubilaciones

En la actualidad, hay 14 expresidentes y exvicepresidentes que cobran jubilaciones de privilegio. Cristina Kirchner percibe jubilación y pensión de privilegio por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner, al igual que Alberto Fernández y Mauricio Macri.

Además, están alcanzados por este beneficio los expresidentes María Estela Martínez de Perón y Adolfo Rodríguez Saa. Las viudas de los expresidentes Fernando de la Rúa, Carlos Menem, Marcelo Levingston y la hija de José María Guido también perciben beneficios.

Asimismo, los exvicepresidentes Gabriela Michetti, Julio Cobos, Amado Boudou y Daniel Scioli perciben jubilaciones. Carlos Ruckauf renunció a ese beneficio.

El Presidente Milei apoyó el proyecto para eliminar jubilaciones de privilegio a expresidentes condenados

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"Me encanta la idea", tuiteó el presidente, quien recordó que él renunció a la misma.

El Presidente Javier Milei manifestó este lunes su respaldo al proyecto de ley del Diputado del PRO Damián Arabia para quitarle la pensión vitalicia a expresidentes y y exvicepresidentes condenados penalmente.

"Me encanta la idea. Desde mi visión las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma", escribió Milei en su cuenta de X.

De esa forma, el mandatario recordó que en junio pasado anunció su renuncia a la jubilación vitalicia, también denominada "de privilegio", que le correspondería cobrar como expresidente una vez que deje el Sillón de Rivadavia.

El proyecto de Arabia estipula remover la pensión vitalicia a expresidentes y exvicepresidentes condenados penalmente, como también suspenderlas provisoriamente en caso de procesamiento penal.

Luego del escándalo que envuelve al exmandatario Alberto Fernández por la denuncia de violencia de género de su ex esposa Fabiola Yáñez, algunos dirigentes políticos salieron a pedir que Milei le revoque la jubilación vitalicia, entre ellos la Legisladora porteña Graciela Ocaña.

"Las jubilaciones de privilegio tienen en su origen un costado de reconocimiento honorífico al ciudadano que desempeñó el cargo de presidente. Está claro que Alberto Fernández no tiene honor y es una vergüenza para todos los argentinos", dijo Ocaña.

Pese al pedido de Ocaña al mandatario, todo indica que finalmente la iniciativa irá por los carriles del Congreso, donde debería ser aprobada en Diputados y en el Senado, y en caso de que así sea, Fernández se quedaría sin ese beneficio.

Pensiones de privilegio: 9 expresidentes y vices cobraron en mayo entre $5 y $21 millones

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También perciben la asignación vitalicia las viudas de Fernando de la Rúa, Carlos Menen y Roberto Levingston. Además, la hija de José María Guido también la cobra. En total, el mes pasado sumaron 112.300.000 de pesos. La investigación fue publicada por la periodista Mariel Fitz Patrick en Infobae.

En medio del debate sobre la recomposición de los haberes de los jubilados, a partir de un proyecto de la oposición que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, volvieron a quedar en medio de la polémica las pensiones vitalicias que cobran los expresidentes y exvicepresidentes cuando dejan el poder.

Consideradas de "privilegio", ya que no están relacionadas con el tiempo en el que se desempeñaron en el cargo, los aportes previsionales o la edad.

El Estado argentino paga actualmente 9 pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes por haber ocupado la primera magistratura, y otras cuatro a tres viudas y a una hija de exmandatarios.

Los valores van de $5.000.000 a $21.000.000, en el caso de Cristina Kirchner que cobra dos asignaciones, ya que percibe también como viuda de Néstor Kircher.

Se trata de un beneficio establecido en la Ley 24.018 que prevé una pensión de por vida para los mandatarios y sus vicepresidentes cuando cesan en el cargo.

El haber es equivalente a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de quienes ejercieron la primera magistratura, y de tres cuartas partes de ese monto para los vicepresidentes.

La cifra supera lo que gana hoy el Presidente Javier Milei como titular máximo del Poder Ejecutivo, $4.066.018 en bruto.

El libertario había anunciado en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso que quería derogar esta norma, pero en la sesión en la Cámara baja de hace 10 días en la que se aprobó la recomposición jubilatoria, el artículo que proponía terminar con las jubilaciones de privilegio para exmandatarios y sus vicepresidentes fue rechazado, por lo tanto siguen vigentes.

En el año, esas 13 remuneraciones vitalicias equivalen a $1.460.000.000 a valor actual.

Cristina, abanderada de los humildes

La que más cobró en mayo fue Cristina Kirchner, ya que percibe dos asignaciones de privilegio: en total $21.629.116 en bruto, el equivalente a 83 jubilaciones mínimas.

La suma se compone de $12.052.877 por su rol de expresidenta, y $9.576.240 como viuda de Néstor Kirchner. Luego de los descuentos, en mano le quedó por ambos beneficios la friolera de $12.167.591.

Y los demás también

Duhalde no cobra asignación vitalicia como expresidente porque percibe su jubilación como exgobernador bonaerense a través del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia.

En cambio, Adolfo Rodríguez Saá, que solo ocupó la presidencia 7 días en las convulsionadas jornadas de diciembre de 2001, sí la percibe. En mayo fue de $9.935.233 en bruto. $4.900.464 en mano.

Ramón Puerta y Eduardo Camaño, que solo estuvieron unos días al frente del Poder Ejecutivo, el primero entre el 21 y el 23 de diciembre de 2001, y el segundo entre el 30 de diciembre y el 2 de enero de 2002,, renunciaron a tramitar esta asignación.

Macri percibió en mayo $10.367.337 en bruto como expresidente. En mano, el importe del líder del PRO fue de casi la mitad, $5.083.872. En su entorno informaron que dona un porcentaje a distintas organizaciones.

En monto, el segundo que más cobró fue Alberto Fernández, que llegó a la friolera de $10.801.674 en bruto. Mayo fue el primer mes que empezó a percibir su jubilación como expresidente que, tras los descuentos, le significó $6.737.586 en mano.

El exmandatario tiene pendiente el cobro de un retroactivo de $32.207.388, por los meses adeudados desde que dejó Casa Rosada.

Diputados rechazó el artículo que eliminaba las jubilaciones de privilegio

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La votación del artículo 11 de la ley de movilidad jubilatoria terminó hiper pareja, con 109 votos a favor de suprimir los regímenes especiales de expresidentes y vices, y 111 en contra.

El bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto, y Unión por la Patria lograron frenar el intento de la Unión Cívica Radical y otros bloques para eliminar las jubilaciones de privilegio de expresidentes y vicepresidentes.

El proyecto de ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que había obtenido un rato antes media sanción en la Cámara de Diputados, estipulaba en el artículo 11 la supresión de los regímenes jubilatorios especiales de los que gozan los expresidentes y exvices como Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Eduardo Duhalde.

Superada la votación en general, Pichetto expresó una moción para eliminar ese artículo, que establecía el fin de esos privilegios pero con efecto inmediato desde sancionada la ley, por lo que no podía utilizarse retroactivamente para negarle esos beneficios a expresidentes.

La votación culminó con 109 afirmativos, 111 negativos y 15 abstenciones, por lo que el artículo se cayó con el impulso de Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal.

En tanto, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la Unión Cívica Radical se abstuvieron.

La Libertad Avanza, el PRO y el grueso de la Unión Cívica Radical votaron para que se mantuviera ese artículo en el dictamen, pero no les alcanzó.

Al argumentar los motivos de su moción, Pichetto aseguró que "el que pensó esto tiene una visión de la antipolítica muy perversa".

"Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente sin interés de defender la Argentina y piensa que el presidente al terminar su trabajo tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa en su cabeza estúpida", protestó el diputado oriundo de Río Negro que ejerce mandato por la provincia de Buenos Aires.

El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, justificó su voto al señalar lo que cobra la expresidenta, Cristina Kirchner, por su jubilación y pensión del fallecido Néstor Kirchner, pasando por alto que la iniciativa que su bloque impulsaba no tenía efecto retroactivo con capacidad para quitarle la jubilación y pensión de privilegio la líder del kirchnerismo.

El Diputado de Unión por la Patria, Aldo Leiva, defendió la continuidad de las jubilaciones especiales y aseguró que "lo que al PRO le molesta es que Cristina ganó dos veces la presidencia".

"Ella no tiene la culpa de haber sido la esposa de otro expresidente", acotó diputado de Chaco.

"Todos los expresidentes tuvieron la posibilidad de cobrar eso y van a seguir cobrándolo como corresponde", agregó.

Por su parte, el Diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, también rechazó la iniciativa del radicalismo.

"Si quieren discutir los privilegios, discutamos todo como dice nuestro proyecto también las jubilaciones de privilegio de los jueces, de la jerarquía de la Iglesia y de todos los privilegios que dan en la Ley Bases", agitó.

"Pero no vengan a hacer demagogia porque todos los expresidentes lo van a seguir cobrando como hasta", añadió el legislador trotskista.

Anses aprobó una jubilación de 7.000.000 de pesos para Alberto Fernández

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El expresidente había iniciado los trámites para acceder al beneficio el pasado 6 de diciembre, cuando aún estaba al frente del Poder Ejecutivo. Desde el organismo aseguraron que el proceso de otorgamiento cumplió con los tiempos formales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social aprobó el trámite presentado por el expresidente, Alberto Fernández, para acceder al beneficio de la jubilación de privilegio, un ingreso al que acceden todos los ex mandatarios y que alcanza un monto total de 7.000.000 de pesos.

Según explicaron desde el organismo, el proceso de otorgamiento cumplió los tiempos correspondientes, en medio de las fuertes críticas de la oposición que, por ejemplo, ya había presentado un reclamo formal para impedir el pago de la pensión especial.

Según detallaron desde Anses, el pasado 6 de diciembre, cuando Fernández aún estaba al frente del Poder Ejecutivo, inició los trámites para acceder al beneficio jubilatorio vitalicio para expresidentes y vicepresidentes que otorga la Ley 24.01.

"En cumplimiento con lo que estipula dicha ley, tramitó la jubilación y la resolvió en el tiempo habitual", aclararon fuentes oficiales.

En febrero último, cuando trascendió que el expresidente había iniciado su proceso administrativo para cobrar esa pensión especial, la legisladora porteña Graciela Ocaña presentó un reclamo formal en las próximas horas ante la Anses para que el exjefe de Estado no pueda percibir ese beneficio.

"¡Basta de privilegios! Le vamos a dar elementos a la Anses con los cuales pueda denegar la jubilación de privilegio de Alberto Fernández, y lo vamos a hacer utilizando el DNU que él mismo firmó decretando la emergencia previsional para poder robarle la plata a los jubilados", publicó Ocaña en su cuenta personal de la red social X en ese entonces.

En su fundamentación, la diputada de Confianza Pública había hecho hincapié en la difícil situación que enfrentan los jubilados. Además, esgrimió argumentos formales, entre ellos, que tiene que radicar su residencia en Argentina.

"Lo que establece la ley que otorga estas jubilaciones de privilegio son dos condiciones. Una es que no debe cobrar ningún otro tipo de jubilación, pensión y beneficios dentro del sistema. Y, por otro lado, la otra condición es que debe residir en Argentina. Claramente nosotros estamos adjuntando declaraciones donde decía que cuando dejara la presidencia iba a residir en Madrid, cosa que está haciendo desde el 21 de diciembre", dijo.

La referencia apuntaba a la supuesta decisión de Alberto Fernández de vivir un tiempo en España, tema que había generado otra polémica en relación a si debía garantizar la custodia policial que tienen todos los expresidentes, pero fuera del país. De todos modos, el exmandatario se expresó en sus redes sociales.

"Aclaro que no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país. Hago un culto a mi decencia y no dejaré que difamen mi honestidad mostrándome como un privilegiado. No quiero ser acusado de abusar de privilegios que nunca pedí y nunca tuve. Solo me atengo a recibir el trato que las normas determinan", expresó.

En otro mensaje desde sus redes, Ocaña estimó el valor de la jubilación de privilegio que cobraría el ex mandatario.

"No podemos permitir que Alberto Fernández cobre una jubilación de 7 millones de pesos. Esto equivale a 66 jubilaciones", subrayó la legisladora, que impulsó una colecta de firmas a través de la plataforma Change.org.

"Los jubilados han sido los grandes perdedores del modelo que instauró la presidencia de los Fernández. Los jubilados han perdido en forma espectacular dos puntos del producto con su pérdida de los valores de las pensiones. Esto es algo que no puede aceptarse", insistió la legisladora.

Ocaña repudió que Alberto Fernández "se atreva a pedir una jubilación por su gestión que ha sido desastrosa con 130.000 muertos de Covid-19, la fiestita de Olivos y el vacunatorio VIP".

"La verdad tampoco es de extrañar que Alberto sea un sinvergüenza y haya pedido este beneficio. Lo ha hecho justamente en los días previos que el Congreso elimine esa ley", concluyó.

Milei respondió a Cristina: ¿Qué le parece si anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio?"

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Luego de la polémica ante un decreto que establecía que los funcionarios deben cobrar más que los empleados de planta del Estado y tras dar marcha atrás con la suba de sueldos al presidente y sus políticos de Gabinete, Milei desafió a Cristina por Twitter.

El Presidente Milei le envió un nuevo mensaje a la expresidenta condenada a 6 años de prisión por ladrona.

Luego de la publicación del decreto, pasada la medianoche, Milei publicó: "Hola Cristina, acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional".

Este aumento se había generado gracias a una medida kirchnerista que Cristina impulsó en 2010, diseñada con el objetivo de proteger los bolsillos de la casta política. En el decreto se establece que los funcionarios deben ganar más que los empleados de planta del Estado.

La polémica se desató a raíz del aumento del 12% instrumentado para los funcionarios del Poder Ejecutivo.

Luego de resolver el grosero error que dejó expuesto al Motosierra Milei, el presidente agregó en Twitter: "Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos".

La Oficina Anticorrupción definirá si Alberto Fernández podrá percibir la jubilación de privilegio

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Una diputada nacional cuestionó su honorabilidad para la percepción de la jubilación como exmandatario.

La Oficina Anticorrupción quedó a cargo del pedido de una diputada nacional para que el expresidente, Alberto Fernández, no pueda percibir su jubilación de privilegio por supuesta falta de honorabilidad.

La presentación había sido hecha por la Diputada nacional, Marcela Campagnoli, ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, pero desde el organismo que conduce Sergio Rodríguez se giró la misma a la Oficina Anticorrupción.

La Diputada Campagnoli hizo la presentación en la que acusó al expresidente de "carencia de honorabilidad".

Entre otros motivos que expuso la diputada fue el hecho del vacunatorio vip, por la cual se privilegió la vacuna del Covid-19 a funcionarios y empresarios allegados al entonces Gobierno en detrimento de la población, y la Fiesta en Olivos, donde el entonces mandatario celebró el cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez.

Ahora es la Oficina Anticorrupción la que tendrá que considerar si el exmandatario está en condiciones de percibir la jubilación, aunque puede que el trámite sea judicializado.

Alberto Fernández inició el trámite para cobrar su jubilación de privilegio como expresidente

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El beneficio sería cercano a los 7 millones de pesos por mes. Según la Diputada, Graciela Ocaña, no cumple una de las condiciones para acceder.

Alberto Fernández inició el trámite para acceder a la jubilación como expresidente de Argentina y según se conoció, el beneficio alcanzaría los 7.000.000 de pesos por mes.

Cabe recordar que luego del traspaso de mando, Fernández viajó a España con las intenciones de instalarse en ese país por un tiempo y dar clases en distintas universidades.

Para la Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y Presidenta de Confianza Pública, Graciela Ocaña, este punto sería un impedimento para que el expresidente acceda a la pensión.

"No cumpliría una de las dos condiciones que es la de residir en Argentina porque él dijo que se radicaría en España. Desde el 21 de diciembre se fue a ese país, entendemos que abrió cuentas allí, alquila un departamento y a todas luces parece que está radicado allí. Creemos que Anses no debería dar curso a este trámite iniciado", expresó Ocaña.

Por otra parte, la Ley Ómnibus que se debate en el Congreso plantea la eliminación de las pensiones comprendidas por la ley 24.018 y aunque se llegase a aprobar ese punto, el mismo no alcanzaría a Alberto Fernández.

Al respecto, Ocaña opinó que "hay que quitar los privilegios de estas jubilaciones".

"Hoy un jubilado de a pie cobra 160.000 pesos con bonos y la mínima es de 106.000 pesos. Es algo que no se puede sostener en Argentina", lamentó.

"Los 7 millones que cobraría Alberto Fernández son el equivalente a 64 jubilaciones mínimas por mes", detalló Ocaña.

Según datos de España, Fernández solicitó la pensión el día 7 de diciembre de 2023, antes de viajar a España. En tanto que el viernes 19 de enero se reunió con el Presidente español, Pedro Sánchez. Luego, el exmandatario anunció su contrato con Proeduca, propietaria de la Universidad a Distancia de La Rioja, España, por lo que puede trabajar residiendo en Madrid o en Buenos Aires.

Por otra parte, el expresidente no pasó por el consulado, por lo que es un indicio de que no realizó trámites para ser residente en Madrid.

Fernández siempre ha dicho que seguirá residiendo en Argentina y viajará a Madrid de visita. No obstante, su pareja Fabiola Yáñez y su hijo Francisco se quedarán a vivir, indicio de ello es que el niño desde hace meses asiste a un jardín de infantes en la zona de Pozuelo.

Las jubilaciones de privilegio le costaron al Estado un 4% adicional del PBI

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Así lo señaló el Director de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Rafael Rofman.

Los regímenes previsionales de excepción representaron en 2021 un gasto adicional equivalente al 4% del Producto Bruto Interno respecto del nivel promedio de las jubilaciones del régimen general, superior a todo el déficit primario y a lo que el Estado destinó para el subsidio de tarifas de electricidad, gas y transporte.

Así lo señaló el Director de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Rafael Rofman, luego de que el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, declararan el propósito de revisar los regímenes jubilatorios del Poder Judicial y del servicio exterior.

Al referirse a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Fernández había señalado que "de lo que se habla es de los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces", aunque aclaró que no se incluía a los docentes.

"Me parece bien revisarlos, porque son injustos", sostuvo Rofman, uno de los principales especialistas en cuestiones previsionales, que se desempeñó a lo largo de dos décadas en el Banco Mundial.

De todas maneras, puntualizó que el problema del financiamiento previsional no se resuelve solamente con la revisión de esos dos regímenes, ya que si bien "son muy visibles porque tienen ventajas muy notorias", a su vez "son muy pequeños en función del gasto, con una incidencia que el año pasado fue de menos del 0,1% del PBI".

La jubilación promedio del régimen general es inferior a todas las de los regímenes de excepción, y solamente supera en un 53% al promedio de las pensiones no contributivas.

Los datos de la Secretaría de Seguridad Social de 2020 indican que los beneficiarios del régimen previsional del Poder Judicial eran 5.700 personas y los del servicio exterior 11.464 casos, el 6,5% de todos los regímenes especiales de la Anses y el 0,46% de todos los de excepción.

Sobre un total de 9.424.781 beneficiarios, corresponden al régimen general 5.694.440 (el 60,4% del total), en tanto la suma de regímenes de excepción se lleva el 39,6% restante, con 3.730.341 personas.

Rofman remarcó que "el año pasado se destinaron recursos por el equivalente al 10,5% del PBI para el total de jubilaciones y pensiones".

"Si se le hubiese dado a cada argentino mayor de 65 años un beneficio similar a la jubilación promedio contributiva del Sistema Integrado Previsional Argentino, el gasto hubiese sido de 6,3% al 6,4%. Es decir que el 40% de lo que se gasta en jubilaciones se destina a regímenes especiales o a dobles beneficios", explicó.

En ese sentido, indicó que "cada cual puede hacer la cuenta que quiera sobre el destino que se le podría haber dado a tantos recursos".

Por esa proporción, los jubilados y pensionados de excepción, a pesar de ser el 39,6% del total, representan el 54,7% del gasto.

La jubilación promedio del régimen general es inferior a todas las de los regímenes de excepción, y solamente supera en un 53% al promedio de las pensiones no contributivas.

En 2020, el haber promedio del régimen general fue tres veces menor que el de las fuerzas armadas y de seguridad federales, y casi la cuarta parte de los regímenes especiales de la Anses.

Pero la diferencia es mucho mayor si se consideran a cada uno de esos regímenes específicos, al punto que las jubilaciones del servicio exterior y del Poder Judicial son en promedio entre doce y catorce veces mayores, respectivamente.

Rofman admitió que es extremadamente complicado desenredar la maraña de regímenes excepcionales, "la última vez que los conté eran 177, no sé si ahora habrá más", dijo, al tiempo que señaló que su existencia se remonta a principios del siglo XX, nacidos en simultaneidad con el régimen general.

La creación de los regímenes de excepción, así como su permanencia, "tiene que ver con la dinámica de toma de decisiones políticas en Argentina", en la que "se van dando beneficios a sectores, sin que haya una estructura que defina a qué sector corresponde darle ese beneficio, sino que se le da a cada uno que lo demande".

Rofman reconoció que a lo largo del tiempo "hubo varios intentos por desactivar a los regímenes de excepción, pero no pudieron prosperar".

A juicio del especialista, el fracaso en los intentos por terminar con esos regímenes, además de las presiones de los sectores beneficiados, es por la falta de acuerdos políticos amplios para tomar una decisión cuyos frutos no se verán de manera inmediata.

"Cualquier reforma al sistema previsional muestra los beneficios al mediano y largo plazo, pero en el corto se sufren los costos políticos", admitió.

Al respecto, señaló que "para muchos, meterse con la Seguridad Social es como tocar el tercer riel del ferrocarril, porque al que lo hace, lo electrocuta y lo mata".

"Pero si no se hacen las reformas, la situación se agrava a lo largo del tiempo", alertó, por lo que instó a "generar algunos acuerdos políticos y entender que hay que hacer reformas ahora, pero que tendrán impacto en 10 o 20 años", debido a que los beneficios no se pueden modificar con retroactividad.

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