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Pidieron enviar a juicio a Belliboni por delitos con el programa Potenciar Trabajo

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El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, lo hizo a pedido del Juez federal, Sebastián Casanello, quien dio por concluida una parte de la investigación en la que están procesados el dirigente sindical y otros acusados.

El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, pidió este lunes el envío a juicio oral del líder del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión" en la causa que investiga delitos con el programa Potenciar Trabajo, al firmar el requerimiento para el pase del caso a un Tribunal.

Lo hizo a pedido del Juez federal, Sebastián Casanello, quien dio por concluida una parte de la investigación en la que están procesados Belliboni y otros acusados y dio vista a las partes para que formulen su postura respecto al envío del caso a juicio oral, informaron fuentes judiciales.

Al respecto, el fiscal formuló este lunes su requerimiento de elevación a juicio y acusó a Belliboni de montar un sistema extorsivo para "controlar y manejar, en lo que públicamente se denominó gerenciamiento, a miles de personas a lo largo y ancho del país", según el dictamen.

El objetivo de "esta organización criminal", definió, fue "obtener un lucro indebido y consolidar un esquema de poder".

Para ello se habrían abusado de la "vulnerabilidad" de quienes necesitaban los planes "para torcer su voluntad bajo amenazas e intimidaciones" como privarlos de un "plato de comida o de su único medio de subsistencia".

La investigación se inició por denuncia del Gobierno de Javier Milei, a raíz de llamados anónimos donde se denunciaban presiones para asistir a marchas o piquetes.

Además, al apropiarse de fondos destinados a beneficiarios de planes sociales, se simulaban gastos con facturación apócrifa.

La Fiscalía aludió a un "esquema extorsivo-coactivo" mediante el cual los beneficiarios del programa debían "entregar" una parte de la ayuda estatal y también estaban obligados a participar y contribuir a las "actividades políticas" del Partido Obrero, detalla el dictamen de más de 279 carillas.

Además de Belliboni, Casanello procesó a otros 16 imputados en decisiones ya confirmadas por la Cámara Federal porteña y sigue bajo investigación en su Juzgado el rol que tuvieron en lo ocurrido funcionarios nacionales.

"En el caso hubo una matriz delictiva que se valió de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”, advirtió la Fiscalía desde por lo menos junio de 2020 a marzo de 2024.

"Los acusados defraudaron al Estado mediante la apropiación ilegítima de millonarios fondos públicos que le eran entregados como subsidios a la agrupación Polo Obrero", dio por probado la Fiscalía en el requerimiento que será leído cuando comience el futuro juicio oral.

Alimentos: el Juez Casanello ordenó un allanamiento en el Ministerio de Capital Humano

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La medida apuntó a "secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega" de la mercadería.

El Juez federal Sebastián Casanello ordenó este jueves allanar al Ministerio de Capital Humano en el marco de la medida cautelar que obliga a la cartera a repartir las seis mil toneladas de alimentos retenidas en galpones.

Según consta en la orden judicial, la medida apuntó a "secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega" de la mercadería.

Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que, en el marco del allanamiento, se entregó un "back up de la computadora del director de logística de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo".

La orden dispuesta por el magistrado contra la cartera que conduce Sandra Pettovello fue dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.

"Entre los elementos presentados se encuentran los partes diarios recibidos por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, ubicado en Tafí Viejo en dicha provincia, con el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos", indicó Capital Humano.

Y agregó que también se facilitaron a la Justicia "las constancias del sistema informático S.U.M.A con los movimientos de alimentos en los depósitos y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios".

"Desde el inicio de esta administración, ha habido una clara disposición a transparentar y comunicar el trabajo que se viene realizando para que las familias vulnerables aumenten su poder de compra, poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y terminando con la intermediación de las políticas sociales", indicó Capital Humano a través de un comunicado.

Manifestó la cartera que "está cumpliendo en tiempo y forma con el plan de distribución de alimentos" y recordó que "presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para defender la división de poderes, marcando que el Poder Judicial no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del Ejecutivo".

La causa se inició por una denuncia penal que el dirigente de Frente Patria Grande Juan Grabois presentó contra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad ante el desabastecimiento alimentario de los comedores comunitarios.

"Nuevo fallo contra la incumplidora serial Sandra Pettovello por dejar a los pibes sin comer y ocultar pruebas. Siguen jugando con el hambre de los chicos y delinquiendo alegremente", publicó Grabois en redes sociales tras hacerse pública la medida de Casanello.

Casanello ordenó a Capital Humano que informe cuántos alimentos tiene y que los distribuya de inmediato

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La existencia de comida sin distribuir quedó expuesta por una investigación periodística.

El juez federal, Sebastián Casanello, le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

Lo hizo ante un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores sociales que denuncian la falta de provisión de alimentos.

La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue denunciada por una investigación periodística del sitio web El Destape y recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia de Grabois.

El juez le encomendó al Ministerio de Capital Humano a que "elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas".

Casanello dispuso "librar una orden de presentación", aporte voluntario de documentación e información, "el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán".

Ese informe "deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería".

Además, el juez pidió "los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada".

La orden tendrá efecto inmediato: "deberá diligenciarse por el personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina el lunes 27 de mayo del año en curso a las 9 horas en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, ubicada en Avenida 9 de Julio 1925 de esta ciudad".

Casanello dispuso que "una vez cumplida, deberá remitirse a esta dependencia la totalidad de la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado".

"Dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes, como medida de acción positiva, encomendaré al citado Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias elabore un plan de distribución de dichos alimentos", subrayó el fallo.

Ello, aclaró, "en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato".

"Tal plan deberá ser informado de manera precisa al tribunal, en el plazo de 72 horas", urgió el juez.

El Juez Casanello sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa denominada Ruta del Dinero K

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Se trata de la causa por lavado de dinero en la que está condenado el empresario Lázaro Báez y su familia. El pedido de sobreseimiento fue solicitado por el Fiscal Marijuan a raíz de la denuncia del 2013.

El Juez federal Sebastián Casanello sobreseyó este lunes, por pedido del Fiscal Guillermo Marijuán, a la Vicepresidenta ladrona, Cristina Kirchner, en la causa denominada Ruta del dinero K.

Casanello desvinculó a la jefa de Alberto Fernández del expediente, porque desapareció la acusación, ya que el fiscal, como la UIF y la AFIP, consideraron que no había elementos para inculparla.

"Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición", explicó el Juez Casanello.

"En el presente caso se hayan satisfechos, toda vez que la fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente", añadió el magistrado.

Casanello no podía adoptar otra decisión, ya que "el juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado", explica el sobreseimiento.

En una breve resolución, el juez dio por cerrada una investigación que insumió más de un lustro y en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado por lavado.

El dictamen exculpatorio del Fiscal Marijuán fue clave en la decisión, pues desistió de la imputación "tras considerar agotadas las medidas de prueba, dio un cierre a la investigación abierta hace siete años para dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno".

"Frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas, UIF y AFIP. Ambas agencias compartieron la solución postulada", subrayó el chanta Casanello.

El juez también desestimó una presentación de una asociación civil denominada "Bases", que tiene como abogado al exfiscal porteño Luis Cevasco.

Entre otras razones, el juez aludió a la extemporaneidad de la presentación y a que la documentación presentada por la Asociación Civil es incongruente, pues tiene una fecha anterior al dictamen de Marijuán, que es lo que motivó el pedido para ser tenida como querellante.

"La presentación presenta serias deficiencias en torno a la personería y la capacidad para actuar, que comprometen su admisibilidad", resumió el juez.

Ruta del Dinero K: el Fiscal Marijuán pidió que sigan investigando a Cristina

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El Fiscal Guillermo Marijuán le pidió este al Juez Sebastián Casanello una serie de medidas de prueba en la causa conocida como La Ruta del Dinero K.

Se deberá seguir investigando a Cristina Fernández de Kirchner para "determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización de las diligencias que se mencionaran en adelante", dice el escrito judicial.

La Ruta del Dinero K es la única causa en la que Cristina fue llamada a declarar y no terminó procesada. La mandataria había sido beneficiada con la falta de mérito hace tres años, pero la semana pasada, el Juez Casanello le pidió opinión al fiscal y a las querellas para definir su situación procesal.

El magistrado le había dado intervención a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera antes de definir la situación.

"En relación al motivo de la vista conferida y respecto de Cristina Fernández, esta parte considera que la investigación no se encuentra acabada, estimando necesario, a los fines de completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización de las diligencias que se mencionaran en adelante", manifestó Marijuán en un escrito dirigido a Casanello.

La causa

El Tribunal Oral Federal 4 condenó a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como La Rosadita.

También dispuso 9 años para su hijo, Martín Báez, el único detenido en cárcel común, ya que la Justicia había considerado que quiso obstruir la investigación al movilizar dinero, entre otros condenados.

Los hechos de lavado de dinero no sólo fueron con la fuga de dinero, sino también por la compra del campo El Carrizalejo, en Mendoza, en la que Báez y su hijo fueron considerados coautores del delito.

El Juez Casanello se declaró incompetente y envió a San Isidro la causa por el festejo en Olivos

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Se trata de una cuestión de competencia territorial y ahora de la investigación se ocupará la Juez federal de San Isidro, Arroyo Salgado, quien tenía otra denuncia paralela.

El Juez federal Sebastián Casanello se desprendió este miércoles de la causa por el escándalo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yanez, en la Quinta de Olivos el 14 de julio del 2020, en la que se investiga la supuesta violación al decreto que imponía aislamiento por la pandemia del coronavirus.

La causa podría pasar a la jueza de San Isidro, la cual tiene competencia sobre Olivos, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, y quien tenía una sola denuncia por el escándalo.

Se trata de una cuestión de competencia territorial y ahora se ocupará Arroyo Salgado, quien también tenía otra denuncia paralela.

De no aceptar la competencia la Jueza Arroyo Salgado, será la Cámara Federal porteña la que determine si el caso queda en sus manos o en el juzgado de Capital Federal.

Casanello resolvió porque le llegó para definir el pedido de inconstitucionalidad hecho por Estefanía Domínguez, una de las amigas y visitas al cumpleaños de la primera dama, sobre el decreto presidencial firmado por Alberto Fernández que prohibía en ese momento ese tipo de encuentros.

En la investigación está imputado el Presidente Alberto Fernández y la primera dama, entre otros, por el festejo del cumpleaños de ella en Olivos.

"El denominador común de todos los hechos denunciados es el lugar de comisión, la Quinta Presidencial de Olivos. Sólo varían los actores y las fechas", explicó Casanello. Además, detalló que los denunciantes apuntan a "la Quinta de Olivos" como el lugar donde tuvieron lugar los distintos encuentros incluidos el del 14 de julio del 2020.

"En igual sentido, los dictámenes y la actividad probatoria llevada a cabo por la Fiscalía dan cuenta de que los hechos que son objeto de investigación tuvieron lugar en esa Residencia Presidencial, sita en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. En consonancia, los escritos presentados por las defensas también ubican las conductas en ese lugar", agregó.

Más aún, descarta de plano que los hechos hayan ocurrido en la Capital Federal, donde hasta este miércoles estuvo la causa.

"No estamos frente a delitos continuados o permanentes que hayan involucrado distintas jurisdicciones, ni delitos cometidos a distancia. Aquí, según los recortes hechos en las denuncias, el lugar de la acción y del resultado es el mismo y no involucran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dijo.

De ser Arroyo Salgado quien quede con la causa u otro magistrado, tiene para resolver dos planteos: uno el de inconstitucionalidad de la norma hecho por Domínguez, y el otro el del presidente de la Nación, imputado en el caso.

El presidente pidió su sobreseimiento por considerar que no hubo delito ya que el encuentro no generó contagios a propios ni terceros, y además propuso una reparación económica consistente en donar por cuatro meses la mitad de su salario al Hospital Malbrán.