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Pidieron indagar a la exfiscal Viviana Fein por el manejo de la escena donde apareció muerto Nisman

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El fiscal Eduardo Taiano calificó como un "descontrol" lo ocurrido en el departamento de la Torre Le Parc la noche del 18 de enero de 2015.

El Fiscal Federal Eduardo Taiano solicitó la indagatoria de la exfiscal Viviana Fein por presuntas irregularidades en el manejo de la escena donde fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman.

Según consta en un extenso dictamen presentado ante el Juez Julián Ercolini.

Fein, ya jubilada, está imputada junto a otros funcionarios por el "descontrol" registrado la madrugada del 18 de enero de 2015, durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento de Puerto Madero.

En un escrito más de 200 páginas, el fiscal describió lo ocurrido aquella madrugada en el departamento de la Torre Le Parc, en Puerto Madero.

La acusación figura en torno al tiempo que pasó hasta que la fiscal llegó al lugar. La cantidad de personas presentes en el domicilio y las irregularidades en la preservación de la escena. Para el fiscal, todas estas deficiencias provocaron la contaminación del lugar.

El fiscal Nisman investigaba el atentado a la sede de la AMIA y había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán.

Horas antes de presentarse en el Congreso para dar detalles acerca de su investigación, apareció muerto en su departamento con un disparo en la cabeza.

Varios años después, la Fiscalía que investigó su muerte determinó que fue asesinado y que su final estuvo relacionado con la pesquisa que llevaba adelante.

En cuanto a la Fiscal Fein, es el Juez Julián Ercolini quien debe resolver si hace lugar al pedido y la convoca como acusada.

Alberto Fernández volvió a pedir que aparten al Juez Ercolini de la causa de violencia de género

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Fernández está acusado de lesiones contra Fabiola Yañez en un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder.

El expresidente Alberto Fernández reiteró este lunes su pedido para apartar al Juez Federal Julián Ercolini de la causa en la que está procesado por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez, al concurrir a una audiencia ante la Cámara Federal porteña.

Fernández se presentó en los tribunales federales de Retiro junto a su abogada defensora Silvina Carreira.

Expuso ante el camarista de la sala II del Tribunal de Apelaciones Eduardo Farah, en un nuevo planteo de recusación del juez Ercolini, informaron fuentes judiciales.

En esa audiencia el ex presidente sostuvo que el juez tiene "enemistad manifiesta" hacia su persona.

Esto es porque durante su Gobierno se hizo pública la denuncia por el viaje del magistrado a Lago Escondido, junto a otros jueces y fiscales, para una estadía en la estancia del estadounidense Joe Lewis en octubre de 2022.

Por este viaje se abrió una causa penal en la cual todos los investigados resultaron sobreseídos.

Ante la Cámara, Fernández retomó este argumento y dijo que con el magistrado que lo procesó por violencia de género lo unía anteriormente una amistad pero que luego se distanciaron.

Ahora el juez Farah deberá decidir si acepta o rechaza la recusación en el caso donde el ex presidente ya tiene procesamiento confirmado por ese Tribunal de Apelaciones y quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral.

Antes de pasar a este siguiente paso, Ercolini dispuso peritar el teléfono celular y una tablet del expresidente para extraer mensajes que intercambió con Yañez y la madre de está última, Miriam Verdugo.

El expresidente está acusado de lesiones contra Yañez en un "contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder" entre ambos desde 2016 hasta agosto de 2024.

Causa Seguros: Alberto Fernández reclamó la "nulidad" de su citación

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La cita estaba prevista para este miércoles. La abogada del expresidente sostuvo que la acusación es confusa y generalizada. También reclamó la nulidad de la declaración.

Alberto Fernández pidió este lunes suspender la indagatoria en la denominada Causa Seguros que estaba prevista para este miércoles.

El expresidente también reclamó la nulidad de la declaración a indagatoria.

La abogada del expresidente, Marian Barbitta, planteó que la acusación contra Fernández es "confusa y generalizada" y aseguró que la indagatoria debe suspenderse porque no se resolvió la recusación que hizo la defensa contra Ercolini.

Ocurre que Ercolini había sido recusado al comienzo del expediente y, según la defensa de Fernández, esa disputa todavía no fue tratada por la Corte Suprema de Justicia.

"El llamado a indagatoria es nulo por haber sido ordenado por una autoridad judicial cuya imparcialidad se encuentra cuestionada", dijo en el documento presentado este lunes.

Otro de los motivos que planteó la abogada del exmandatario es "la falta de claridad y precisión" en la acusación contra Fernández en la Causa Seguros.

"Los déficits de precisión no solo aparecen en el aspecto temporal, sino en la totalidad de la imputación", señalaron en un escrito de 34 carillas.

Ordenaron 24 allanamientos por el escándalo de seguros

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Los operativos estarán a cargo de la Policía Federal y buscan obtener más información sobre las contrataciones millonarias y la aparición de intermediarios durante la gestión de Alberto Fernández.

El Juez federal, Julián Ercolini, ordenó este viernes un total de 24 allanamientos en el marco de la causa por el escándalo de los seguros, en la que el expresidente Alberto Fernández es uno de los imputados.

Los procedimientos, a cargo de la Policía Federal, apuntaron a obtener nueva información sobre las contrataciones millonarias y la aparición de intermediarios.

"Se están allanando empresas y personas", dijo una fuente judicial cuando comenzaban los procedimientos.

Ercolini tiene hasta ahora 2 causas por el escándalo de los seguros. Una se inició a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez, a la que se anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto.

La segunda comenzó con la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la Anses.

Alberto Fernández está imputado en las 2 causas, pero todavía no definió su estrategia judicial.

El resto de los imputados son los brokers Héctor Martínez Sosa y Pablo Torres García, el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el extitular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, Federico D'Angelo Campos.

Hace un mes, el juez ya había allanado los domicilios de Pagliano y los brokers involucrados, pero también mandó a la Policía Federal para que se presente en las oficinas de los intermediarios para llevarse los contratos.

Horas después, ordenó un total de 45 operativos en organismos del Estado para obtener los convenios y las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el último día del Gobierno de Alberto Fernández.

La ronda de medidas terminó con procedimientos sobre un total de 27 brokers. En ese listado figuraban Bachellier S.A, vinculada a Martínez Sosa, Castello Mercuri S.A, una de las firmas que monopolizaba los contratos con el Estado, y las dos firmas que aparecen en una nota enviada por D'Angelo Campos a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados: San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker S.A.

Una auditoría de Nación Seguros reveló que Bachellier cobró $1.665.741.081 por comisiones entre 2020 y 2024. El año que más cobro fue 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.

Gran parte de las comisiones se explican por el contrato con Gendarmería Nacional, que significó $1.363 millones en comisiones. El resto se completaron con los contratos con el Ministerio de Seguridad, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura.

Detrás de Bachellier aparece la empresa que lleva el nombre de Martínez Sosa, con $366.635.744 en comisiones. El informe reveló que el broker tuvo contratos con 19 organismos públicos.

En el listado aparecieron 4 ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales S.A, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros.

En el tercer lugar del ranking aparece Castello Mercuri S.A, uno de los principales aportantes a la campaña presidencial del Frente de Todos en 2019, que impulsaba la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En total, esa empresa cobró $285.956.773 por contratos con INVAP, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Ministerio de Desarrollo Social.

Nación Seguros hizo una auditoría a pedido de Ercolini y contabilizó $3.453.302.777 por comisiones. Eso incluye un listado de los principales 25 brokers y otros 58 productores que aparecen unificados en un solo renglón. El juez ya pidió el detalle de esas 58 firmas, con los montos cobrados por cada una.

Los auditores también armaron un ranking con los organismos públicos y entes que pagaron más comisiones. Por escándalo, en primer lugar quedó la Gendarmería, con $1.617.740.243. Luego aparecen la Anses, $463.837.349, el Ministerio de Desarrollo Social, $239.621.093, Policía Federal, Corredores Viales e YPF.