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Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino

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La decisión alcanzó al magistrado Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía expedirse sobre el planteo impulsado por el Fiscal federal Pedro Simón.

La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez que debía intervenir en la causa donde se analiza el pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino, en un nuevo capítulo de la investigación judicial.

La decisión alcanzó al magistrado Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía expedirse sobre el planteo impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, que solicitó las detenciones en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

El apartamiento se dio en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez, en una causa que viene generando tensiones y movimientos judiciales en distintas jurisdicciones.

En ese contexto, la sospecha estaba centrada en un supuesto vínculo comercial entre Argibay o familiares suyos con Toviggino, a partir de la venta de una finca que habría sido escriturada por debajo de su valor.

De acuerdo a distintas versiones, la operación habría involucrado a familiares directos de ambos, una hija del magistrado y un hermano del dirigente.

Además, fuentes judiciales indicaron que la recusación del juez ya estaba definida.

"Mañana seguramente saldrá publicada la aceptación en el Lex 100, la plataforma de la Justicia Federal donde se firman las resoluciones oficiales. La decisión ya fue tomada", señaló un camarista.

El expediente investiga supuestas maniobras vinculadas al manejo de fondos de la AFA y apunta a una red de empresas y bienes que estarían ligados a Toviggino y su entorno, bajo sospecha de operaciones irregulares.

En ese marco, el fiscal había solicitado la detención de ambos dirigentes al considerar que podrían entorpecer la investigación o eludir la acción de la Justicia, aunque ese pedido todavía no fue resuelto.

La causa, además, presenta un conflicto de competencia entre distintos tribunales federales, lo que suma complejidad al proceso y demora definiciones clave.

De esta manera, el apartamiento del juez introdujo un nuevo escenario en el expediente y retrasa la decisión sobre el futuro judicial de Tapia y Toviggino, en una investigación que continúa en desarrollo.

El Juez Martínez de Giorgi desestimó intervenir en el caso Libra

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El magistrado rechazó la competencia pese a que el Juez Ariel Lijo le derivó la causa. Cuál fue su argumento.

El Juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, rechazó asumir la investigación de la causa por la presunta estafa vinculada con el fallido lanzamiento de la criptomoneda Libra que tiene entre los involucrados al Presidente, Javier Milei, y a su hermana Karina Milei.

El magistrado respondió así a una decisión del Juez federal Ariel Lijo, quien, como subrogante del juzgado de María Servini, de licencia, declaró la incompetencia para seguir con la investigación contra Milei y la derivó por "conexidad" al juzgado de Martínez De Giorgi.

Es que Martínez de Giorgi ya tiene en su juzgado una denuncia por supuestas dádivas en la que está imputada la secretaria general de la Presidencia.

Qué argumentó Martínez de Giorgi para rechazar la competencia en el caso Libra

El juez recalcó que está de acuerdo con que la causa Libra debe tramitarse junto a la denuncia que tiene en su juzgado pero indicó que, en una decisión anterior, la Cámara Federal superior de los jueces de primera instancia había resuelto que ambas pesquisas siguieran su trámite de manera separada por lo cual ahora debería intervenir ese Tribunal en caso de un cambio de criterio.

Los dos jueces consideran que ambas causas se deben tramitar en forma conjunta para "evitar un dispendio jurisdiccional en detrimento de una pronta y mejor administración de Justicia postura que aquí se reafirma", aclaró Martínez De Giorgi, pero advirtió que "las últimas decisiones adoptadas por el Superior que guardan relación con la materia han establecido un criterio diferente”.

Por eso y "hasta tanto tal situación no sea revertida a partir de una nueva intervención de la Alzada que fije una postura contraria a la ya establecida”, entendió que “no corresponde aceptar la competencia atribuida".

Ambas investigaciones están delegadas en una misma Fiscalía, la de Eduardo Taiano.

En la causa Libra se investiga el lanzamiento y promoción por parte del presidente Javier Milei de la criptomoneda con un posteo desde su cuenta en X el 14 de febrero pasado.

En tanto, el caso que investiga Martínez De Giorgi se inició por una denuncia presentada el 28 de febrero por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, "en la cual señalaron que debía investigarse si Karina Milei, en su carácter de Secretaria General de la Presidencia de la Nación había incurrido en la posible comisión de delitos vinculados a dádivas".

El Gobierno denunció al Juez Gallardo por "mal desempeño en el trabajo de las fuerzas federales"

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El juez había ordenado que la Policía de la Ciudad custodie la marcha de jubilados y que las fuerzas federales se "abstengan" de intervenir en el operativo.

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires contra el juez Roberto Andrés Gallardo, quien había impedido a través de un fallo que las fuerzas federales intervengan en las marcha por los jubilados del próximo miércoles en las puertas del Congreso.

En su denuncia, el Gobierno acusó al titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 de "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".

El magistrado había aceptado una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación para impedir la intervención de fuerzas federales en la manifestación.

Tras el fallo, el ministerio solicitó al Consejo de la Magistratura que se inicie un sumario para investigar la conducta del magistrado, cuyo accionar, según se afirmó, vulnera la división de poderes, desobedece fallos anteriores y responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas.

Según el Ministerio, la demanda se basó en hechos hipotéticos y futuros, sin un caso judicial real que habilitara la competencia del juez.

El escrito señaló que ya existía un fallo previo, en referencia al expediente Red Federal de Derechos Humanos, en el que un planteo idéntico fue rechazado in limine por falta de legitimación activa y por tratarse de un reclamo abstracto.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Cámara de Apelaciones habían determinado que la Justicia porteña "carece de jurisdicción para intervenir en asuntos vinculados a fuerzas federales, competencia que recae exclusivamente en la Justicia federal", indicó.

"A pesar de estos antecedentes, el Juez Gallardo ignoró la falta de competencia y se declaró habilitado para intervenir" y además "habilitó días y horarios judiciales inhábiles sin justificación, resolviendo de forma exprés", se quejó la cartera que conduce Patricia Bullrich.

"El Ministerio considera que esta actuación constituye un claro caso de forum shopping y abuso de poder, al asumir atribuciones que exceden su función como juez local y avanzar sobre competencias propias del Estado Nacional", subrayó.

García Mansilla renunció como juez de la Corte Suprema

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Su decisión se precipitó tras el rechazo del Senado a su pliego y la resistencia del resto de los magistrados del máximo tribunal. Había sido nombrado por decreto por el Presidente Milei.

Tras el rechazo del Senado y las presiones para que deje el cargo, Manuel García Mansilla renunció este lunes como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tras 39 días en el cargo, el juez nombrado por decreto por el Presidente Milei había asumido el 27 de febrero pasado en un acto en el Palacio de Tribunales y, a pesar que el Gobierno intentó sostenerlo en el puesto hasta que termine el año legislativo, García-Mansilla le presentó al Ejecutivo su renuncia.

Su pliego se trató en el Senado y cosechó 51 votos en contra y 20 a favor. Tras conocerse el resultado de la votación, el Juez federal, Alejo Ramos Padilla, dictó un fallo donde le prohibió, por el término de tres meses, intervenir en las causas que ya están en trámite en el máximo tribunal o tomar cualquier decisión administrativa.

Para Ramos Padilla, con la decisión del Senado, se encuentra cuestionada la legitimidad de García Mansilla y cualquier acto al que suscriba "podrían ser considerados ilegítimos, nulos o incluso inexistentes, dañando la seguridad jurídica. En definitiva, el dictado de sentencias que luego podrían ser declaradas inválidas podría resquebrajar el sistema judicial".

García Mansilla decidió no apelar el fallo de Ramos Padilla pero si lo hizo el gobierno, como parte demandada, al presentar un salto de instancia para que la decisión del juez sea revisada directamente por la Corte Suprema.

Desde el viernes crecieron las presiones para que el académico presente la renuncia y evite un conflicto institucional. Así lo expresó en un comunicado el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Para el organismo que preside Ricardo Gil Lavedra, la decisión del Senado de rechazar los pliegos "ha concluido el debate sobre estas nominaciones y debe ser acatada".

También un importante sector académico se pronunció. Profesores, docentes y abogados de todo el país solicitaron "el cese inmediato" de García Mansilla como juez de la Corte.

"Su propuesta de designación fue rechazada por el Senado de la Nación con 51 votos, que representan las dos terceras partes del cuerpo. En ese marco, resulta insostenible su continuidad en el máximo tribunal, en directa violación del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional", destacaron los juristas.

De esta manera, la Corte seguirá funcionando con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes deberán solicitar la participación de conjueces si no logran reunir la mayoría en los distintos fallos que tienen en su poder.

La Corte Suprema rechazó la licencia de Lijo y no podrá jurar como juez del máximo tribunal

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El máximo tribunal quiere que el magistrado renuncie a su juzgado para así asumir en la Corte Suprema hasta noviembre.

La Corte Suprema rechazó otorgar la licencia a Ariel Lijo. El máximo tribunal argentino llegó a la decisión por mayoría y, por el momento, la llegada del juez federal quedó pausada.

Lijo buscaba sumarse como quinto y último integrante de la Corte Suprema, luego de la designación del Presidente Javier Milei.

La votación vio de un lado a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el recientemente asumido Manuel García Mansilla, quienes integraron una nueva mayoría que se opuso a que el juez federal integre el máximo tribunal sin renunciar a su cargo actual.

Del otro lado quedó únicamente Ricardo Lorenzetti, en minoría, quién se mostró a favor de avanzar con su nombramiento.

El pedido de Lijo obedeció a que la designación que establece el decreto 137/2025 es para integrar el tribunal hasta noviembre próximo.

En este escenario, y de no contar con el acuerdo del Senado, el juez podría tener que retomar sus funciones en el juzgado federal de Comodoro Py donde se desempeña actualmente, razón por la cual había solicitado una licencia en lugar de renunciar a su posición actual.

Lijo, actualmente titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, había recibido una aprobación unánime por parte de la Cámara Federal en referencia a su pedido de licencia luego de ser designado por Milei para sumarse como el último integrante del máximo tribunal del país.

Juró el nuevo juez de Faltas de Pocito

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El doctor Sergio Martín Escamilla prestó juramento como nuevo juez de Faltas y Convivencia de Pocito, Juzgado que fue recientemente creado con el objetivo de brindar orden y seguridad jurídica al vecino de ese departamento de San Juan.

El doctor Sergio Martín Escamilla prestó juramento como nuevo juez de Faltas y Convivencia de Pocito, Juzgado que fue recientemente creado con el objetivo de brindar orden y seguridad jurídica al vecino del departamento.

El doctor Escamilla tomó juramento en una Sesión Especial que se realizó en el Concejo Deliberante de Pocito, encabezada por su Presidente, Flavio Quadri, y en donde estuvieron presentes familiares y amigos del flamante magistrado.

El nuevo Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito, que estará ubicado en calle Marco Zalazar y Picón, comenzará a funcionar durante el mes de agosto.

El nuevo juez adelantó que en los próximos días será presentado el Código de Faltas y Convivencia de Pocito. Luego se comenzará con una tarea de difusión y concientización de las nuevas normas entre las Uniones Vecinales, Instituciones y Cámaras Empresariales de Pocito.

Mendoza: destituyeron y detuvieron al Juez federal Walter Bento

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Estaba suspendido en el cargo y actualmente afronta un juicio oral ante la Justicia Federal mendocina acusado de liderar una organización que beneficiaba a delincuentes a cambio de pagos ilegales.

El ahora exjuez federal de Mendoza Walter Bento fue detenido este miércoles en los tribunales federales de Mendoza donde él se presentó cuando en simultáneo conoció la noticia que había sido destituido por mal desempeño en su cargo por el jurado de enjuiciamiento.

Bento quien se quedó sin fueros tras la decisión del jurado por 6 a 1 fue detenido en Mendoza y estará con prisión preventiva hasta finalizar el juicio. 

"La conducta aquí analizada permite afirmar que ha incurrido en actos que perjudican al servicio público, deshonran al país", sostuvo el fallo de mayoría del Jurado.

Bento estaba suspendido en el cargo y actualmente afronta un juicio oral ante la Justicia Federal mendocina acusado de liderar una organización que beneficiaba a delincuentes a cambio de pagos ilegales.

La destitución deja automáticamente sin fueros a Bento, sobre quien pesa una orden de detención preventiva en el marco del juicio penal en el que comparece como acusado.

El fallo destituyente fue suscripto por los jurados Jueces Javier Leal de Ibarra; los Senadores Daniel Bensusán, del Frente de Todos, y José Torello, de Juntos por el Cambio; las Diputadas Anahí Costa y Ana Romero y el abogado Alfredo Barrau.

El jurado Juez Javier de la Fuente se había pronunciado por rechazar la destitución de Bento, quien no estuvo presente en la sala de audiencias.

El tribunal consideró que las conductas reprochadas a Bento son "verdaderamente graves e implican un serio desmedro de su idoneidad para seguir ejerciendo su magistratura".

Si bien se limitó al mal desempeño exclusivamente, la resolución describió situaciones que perfectamente podrían ser consideradas delitos.

"Quedó acreditado que desde el momento en que tomó conocimiento de una investigación penal sobre su conducta realizó diferentes maniobras para el entorpecimiento de la acción judicial", explicó el Jurado.

Además, "vendió un inmueble omitiendo declarar su calidad de persona políticamente expuesta y eludió el embargo de la medida cautelar preventiva que recayó al ser procesado", en la causa penal.

El fallo también le enrostró que "pese a ser dueño de varias propiedades obtuvo un crédito para vivienda única", a la que le dio un destino diferente incluso.

"Es penoso para este tribunal que un juez se haya desviado de su recto proceder al extremo de merecer su destitución", resumió la resolución.

Bento, según las conclusiones del fallo mayoritario, obró bajo "designios que van a contrario de los principios de deben regir sus acciones", lo que derivó en la "pérdida de la confianza pública".

Bento está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba sumas de dinero por dictar medidas judiciales favorables a imputados, junto con otras 28 personas, entre ellas su esposa y un hijo.

La acusación incluye también los presuntos delitos de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

Según la imputación, "al menos desde el año 2007" Bento lideró una organización ilegal cuyo "propósito era obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía".

El tribunal rechazó una invocación de la defensa del ahora exjuez sobre las implicancias de su destitución en la continuidad del tratamiento de uno de sus hijos que sufre de una discapacidad.

San Juan: el Juez Fernando Echegaray fue encontrado muerto en su casa

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El juez de impugnación tenía 67 años y habría sufrido una ataque al corazón. Uno de sus hijos lo halló muerto en su casa situada en Capital.

El abogado y Juez Fernando Echegaray fue encontrado muerto este jueves por la tarde en su casa de Capital. Era conocido en el fuero penal sanjuanino y su fallecimiento causó conmoción en el Poder Judicial local.

Su muerte fue inesperada, ya que este miércoles trabajó normalmente. Todo indica que habría sufrido un ataque al corazón.

Fernando Echegaray, conocido como El Peluco, tenía 67 años y contaba con una larga trayectoria en el fuero penal.

Trabajó como abogado litigante, pero en diciembre de 2020, concursó un cargo en el Poder Judicial de San Juan y por primera vez incursionó como funcionario, siendo nombrado juez de impugnación en el Sistema Acusatorio.

Ruta del Dinero K: rechazaron otra vez un planteo de Cristina contra el juez que entreabrió la causa

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La Cámara de Casación le denegó una apelación ante la Corte por la recusación contra el camarista federal Mariano Llorens, quien aceptó a una ONG vinculada al PRO como querellante.

La Cámara de Casación Penal declaró "inadmisible" un planteo de la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra el camarista federal Mariano Llorens, quien con su voto entreabrió la posibilidad de reflotar la causa denominada Ruta del Dinero.

Llorens definió la votación para aceptar como querellante tardía en esa causa a la asociación civil Bases Republicanas, vinculada con el PRO, para que pudiera apelar el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

Antes de ese fallo, la vicepresidenta lo había recusado por "temor de parcialidad", pero el planteo fue rechazado por el propio Llorens, por la Cámara Federal y por la de Casación.

Entonces, la defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso para llegar a la Corte, pero en un fallo unipersonal el camarista Gustavo Hornos le cerró esa vía.

"El remedio extraordinario presentado no puede hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos", sostuvo Hornos.

"Es doctrina del Máximo Tribunal que, por regla, no procede el recurso extraordinario respecto de lo resuelto sobre planteos de recusación ni se ha demostrado en el caso que corresponda excepcionar ese principio", completó.