La misma se llevará a cabo este lunes y fue ordenada por la Jueza federal, María Servini.
La Justicia realizará este lunes una pericia balística para determinar la trayectoria del disparo que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo, durante una manifestación el 12 de marzo último en apoyo a jubilados en el Congreso Nacional.
La diligencia fue ordenada por la Jueza federal, María Servini, luego de citar a declaración indagatoria para el 2 de septiembre próximo al gendarme imputado como supuesto autor del disparo, Héctor Guerrero, informaron fuentes judiciales.
El cartucho de gas disparado hirió en la cabeza al fotógrafo que cubría una manifestación en apoyo a los jubilados en inmediaciones del Congreso Nacional.
Al ordenar el peritaje la jueza dispuso determinar "la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo desde su origen hasta el punto de impacto".
También "la velocidad alcanzada por el proyectil en cuestión desde su origen hasta el momento del impacto" y la posición del arma al momento de efectuarse el disparo.
La Jueza Servini pidió los informes en un legajo abierto de manera reservada y bajo secreto de sumario en lo vinculado a ambos.
La Jueza federal, María Servini, libró un oficio al Banco Central para que informe los entidades bancarias que operan o hayan operado cuentas a nombre del Presidente Javier Milei, su hermana y Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros tres investigados en el escándalo del lanzamiento de la criptomoneda Libra en febrero pasado.
Servini pidió los informes en un legajo abierto de manera reservada y bajo secreto de sumario en lo vinculado al presidente y su hermana para investigar su evolución patrimonial ante las denuncias presentadas en la investigación que está delegada en la Fiscalía federal de Eduardo Taiano, informaron fuentes judiciales.
En el oficio se pidió información desde el año 2023 al presente.
La medida se sumó a la inhibición y prohibición de innovar por 90 días respecto a los bienes de otros tres imputados en el caso, Mauricio Novelli, Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores y Manuel Terrones Godoy.
En el caso del primero, Novelli, la medida alcanza a su madre María Alicia Rafaele y su hermana María Pía Novelli, luego de que filmaciones de seguridad de la sucursal del banco Galicia donde tienen cajas de seguridad, las mostraron entrando con bolsos vacíos el 17 de febrero por la mañana y saliendo con los mismos abultados tras, supuestamente, vaciar el contenido.
Ello ocurrió el primer día hábil posterior al posteo del presidente Milei que promocionó el lanzamiento de la criptomoneda, ocurrido la tarde del viernes 14 de febrero.
En relación a las imágenes incorporadas al caso en un informe de la Policía Federal, la Fiscalía analiza si hubo un vaciamiento de esas cajas de seguridad que, cuando fueron allanadas semanas después, estaban vacías.
Se trata de un informe de la división Lavado de Activos de la Policía Federal donde dan cuenta ante un requerimiento del Fiscal federal, Eduardo Taiano, que la madre y hermana de Novelli habrían salido con bolsos "aparentemente" abultados de un banco luego de pedir acceso a las cajas de seguridad.
El hecho ocurrió en la sucursal Martínez del banco pocos minutos después del horario de apertura a las 10.
En base a imágenes pedidas a la entidad bancaria se constató que las mujeres ingresaron con bolsos que estarían vacíos y salieron con los mismos ya con una apariencia "abultada".
"A las 11.03 se visualiza a las señoras en cuestión salir de la sucursal, notándose tanto el bolso de mano como la mochila que utilizaron al momento de ingresar, aparentemente más abultados", consignó el informe según fuentes judiciales.
El escándalo de la fallida criptomoneda Libra comenzó la tarde del 14 de febrero último con un posteo en la red social X del Presidente Milei promocionando su aparición.
El valor se incrementó y muchos compraron pero con el correr de las horas se desvalorizó y luego Milei posteó aclarando no estar al tanto del negocio.
La decisión fue del camarista Juan Pablo Salas, quien hizo lugar a una apelación del fiscal federal de San Isidro.
La Cámara federal de San Martín ordenó a la Jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado que envíe a su par porteña María Servini la causa que lleva en su juzgado por el escándalo de Libra al hacer lugar a un pedido fiscal de declinatoria de competencia.
El Tribunal de Apelaciones resolvió que la causa que lleva Arroyo Salgado, iniciada porque el presidente posteó sobre el lanzamiento de la criptomoneda fallida desde la residencia de Olivos, se acumule a la investigación de Servini.
La decisión fue del camarista Juan Pablo Salas, quien hizo lugar a una apelación del fiscal federal de San Isidro.
"Está claro que la Justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que previno, si comparamos lo actuado en uno y otro expediente", consideró el magistrado.
Además, el juez sostuvo que "si de garantizar una mejor y más pronta administración de justicia se refiere, entiendo que la Justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy se encuentra en una mejor posición procesal e investigativa, en comparación a lo sucedido en la justicia federal de San Isidro".
La Jueza María Servini delegó la investigación del criptogate a la fiscalía de Eduardo Taiano, quien ahora impulsará las pruebas en el caso vinculado al presidente Javier Milei.
La Jueza María Servini delegó este jueves la investigación del criptogate en la Fiscalía de Eduardo Taiano, por lo que será este funcionario quien resuelva e impulse medidas de prueba en el caso que involucra al Presidente Javier Milei, informaron fuentes judiciales.
La magistrada lo resolvió esta tarde luego del regreso de Taiano al país tras haber asistido a una conferencia en Costa Rica, según pudo saber de fuentes judiciales.
El fiscal recibió ya diez denuncias que se tramitan en Comodoro PY 2002 y analizaba las medidas de prueba que solicitará en el caso.
La primera denuncia fue la del exdiputado Claudio Lozano, y por decisión de la Cámara Federal porteña, las demás se unificaron a esta, que resultó sorteada en el juzgado de Servini.
Ahora Taiano tendrá que resolver si ordena diferentes medidas de prueba pedidas en las presentaciones.
La jueza fue la seleccionada por sorteo para tratar el tema de las denuncias contra el mandatario por la promoción en Twitter de la criptomoneda Libra.
La Jueza federal, María Servini, resultó sorteada este lunes para investigar la primera denuncia presentada en los tribunales de Retiro contra el Presidente, Javier Milei, por el posteo en la red social X vinculado al lanzamiento de la criptomoneda $Libra.
Se trata de la denuncia que ingresó por correo electrónico a la casilla de la Secretaría general de la Cámara Federal porteña presentada por el Diputado nacional, Claudio Lozano, y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, según el sorteo realizado este lunes a través de bolillero manual en Comodoro Py 2002.
La decisión de realizar el sorteo de esta manera y no por vía informática, como es habitual, la tomó la presidencia de la Cámara a cargo de Mariano Llorens, para evitar un dispendio judicial innecesario y para garantizar transparencia, informaron fuentes judiciales.
De esta manera, la primera causa quedó a cargo de la Jueza Servini y del Fiscal federal, Eduardo Taiano, y las que se presentaron luego se acumularán con esta en caso de compartir denunciados y delitos.
Hasta esta mañana había en Comodoro Py presentadas tres denuncias ante la Cámara Federal y una cuarta que ingresó por comisaría en el turno del juez federal Sebastián Casanello, quien ahora tendrá que determinar si se queda con el caso o lo envía a sorteo.
Milei fue denunciado como presunto partícipe necesario de estafa a raíz de haber posteado el viernes último en su cuenta personal de X la promoción del lanzamiento de la citada criptomoneda.
La Jueza María Servini está a cargo de la causa. La División Unidad de Investigación Antiterrorista de a Policía Federal Argentina tomó intervención luego de que el Ministerio de Seguridad recibió la grabación.
El video en el que 4 presuntos narcos amenazaron con armas de guerra a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, será analizado por expertos de la Dirección General de Policía Científica de la Policía Federal Argentina en una investigación a cargo de la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la misma fuerza.
La causa para esclarecer el origen del video ya está en manos de la Jueza federal, María Servini, a quien le remitirán los resultados de las pericias, ampliaron.
En primer lugar, la Policía Federal Argentina pudo determinar que los cuatro hombres que protagonizan el video ostentan una ametralladora FMK3, un FAL modelo Para, una pistola, probablemente una Glock, con kit RONI fabricado por la firma argentina Bersa, que le da el aspecto de arma larga y que permite montarle mira y agregar empuñadura secundaria, una escopeta a chimaza tipo Ithaka o Batán y una pistola que podría ser una Bersa, detallaron las mismas fuentes.
Por otro lado, los investigadores analizarán y procesarán la voz del sujeto que parece leer el mensaje en la fonoteca sistema biométrico de voz.
Sin embargo, adelantaron que "las características aurales percibibles hacen suponer que se trata de un joven y, por lo tanto, difícilmente se cuente con muestras almacenadas".
En tanto, la vestimenta, el ambiente, entre otros indicios que aparecen en la escena, serán analizadas por personal de las Divisiones Fotografía Policial y Scopometría.
Fuentes del caso indicaron que los mamelucos blancos que cubren la totalidad del cuerpo de los 4 presuntos soldados narcos tienen doble función: ocultar sus rostros y, a la vez, mantener fuera de la vista cualquier tatuaje con los que puedan ser identificados.
En cuanto "al set" en el que realizaron la grabación, parece ser el cuarto de una vivienda precaria con escasa luz.
Incluso, se alcanza a ver una especie de cortina anaranjada y un cable en la pared.
Al mismo tiempo, indicaron que podría haber quinto hombre detrás de la cámara. Este dato podría ser confirmado por una pericia de fotografía policial.
Las actuaciones, por el momento, están caratuladas como "averiguación de amenaza".
Al mismo tiempo, se solicitó la intervención de la Unidad de Investigación Antiterrorista y la colaboración del departamento Ciberdelitos en el expediente, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Servini.
Por último, los investigadores dejaron constancia que en el pasado, al menos reciente, no se recibieron videos similares.
Frente al mensaje, el Gobierno no tardó en responder con un comunicado: "No se equivoquen, con nosotros nunca podrán".
Este lunes por la mañana, la Ministra Bullrich consideró que la amenaza "puede estar ligada a bandas muy fuertes de la provincia de Buenos Aires".
Además, anunció el lanzamiento del Plan de Seguridad 90-10, que estará enfocado en combatir los altos índices de homicidios en zonas críticas del país.
En cuanto al método que utilizaron los delincuentes para difundir la amenaza, Bullrich precisó: "El video no fue enviado a ninguna cuenta, sino puesto en las redes para que nosotros podamos detectarlo, que no era muy difícil".
Además, la funcionaria aseguró que se están llevando a cabo investigaciones para determinar el lugar de grabación del material y la identidad de los responsables.
Por su lado, el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioli, adelantó que, la difusión del video motivó "una elevación del nivel de alerta en todo el despliegue operativo, particularmente en Rosario y alrededores".
"Se van a incrementar los controles, requisas e identificaciones en la vía pública, haciendo hincapié en algunas zonas cercanas a algunos actores del sistema justicia penal, fiscalías y demás", puntualizó el funcionario en conferencia de prensa.
"Estaremos colaborando con la investigación en todo lo que se nos requiera, para esclarecer estas amenazas, establecer y desmantelar a las líneas de responsables que pudiera haber detrás de esto", aseguró el Ministro.
El exasesor de Mauricio Macri se instaló en Uruguay y se negó a regresar porque pesaba sobre él una orden de captura; la Jueza Servini lo buscaba desde 2021 para indagarlo por amenazas y extorsión.
La Jueza Servini había llamado a Rodríguez Simón a prestar declaración indagatoria hace 3 años, pero el exfuncionario se fue a Uruguay, donde permaneció con un pedido de refugio político.
En todas las instancias la autoridad administrativa uruguaya venía rechazando el pedido de refugio, pero ese trámite, con todos sus recursos, le permitió a Rodríguez Simón que no se activara la orden de captura internacional que Servini había dictado en su contra.
De hecho nunca empezó el proceso judicial de extradición, pues estaba tramitando el proceso administrativo para que Uruguay le otorgue una protección especial.
La llegada del Presidente Javier Milei al poder, sumada al hecho de que el exasesor de Macri no estaba bien en Uruguay en los últimos meses, lo motivó a pedir una eximición de prisión.
El planteo de Pepín
El exasesor de Macri presentó un escrito en el que señaló que como la situación del país había cambiado con la salida de Alberto Fernández del Gobierno y la llegada de Milei al poder, entendía que ya no corría el peligro que lo hizo pedir asilo político en Uruguay. El Fiscal, Guillermo Marijuan, se opuso y discrepó con la jueza.
Rodríguez Simón está acusado de haber extorsionado y amenazado al empresario Cristóbal López, del Grupo Indalo, en nombre de Macri, para que apoyara al Gobierno de Cambiemos bajo la supuesta amenaza de que, si no lo hacía, sufriría perjuicios económicos.
Los delitos por los que la jueza había pedido la captura de Rodríguez Simón son los de amenazas y extorsión. Y en el pedido de detención enumeró que hay evidencias de reuniones del exasesor con empresarios allegados a López en el negocio del juego y llamadas telefónicas realizadas de manera contemporánea con esos encuentros donde supuestamente se ejercieron las presiones.
La magistrada cargó contra el tribunal, que la había acusado de generar "confusión y estrépito" en el electorado a dos días de las PASO.
La tensión entre la jueza electoral María Servini y la Cámara Nacional Electoral sigue escalando. "Quieren manejar la elección", disparó la magistrada luego de que la Cámara la acusara de generar "confusión y estrépito en el electorado" antes de las elecciones.
"No es de hoy. Cada vez que hay una elección, quiere manejarla en Capital Federal y también querría hacerlo en algunas provincias, pero no lo puedo asegurar. Tengo una carpeta en la que he guardado las acordadas de todas las elecciones en donde me quisieron manejar la elección", dijo Servini este viernes en una entrevista con el programa Volviendo a Casa, por Radio Mitre.
La jueza se había quejado ante la Corte Suprema argumentando que la CNE invadía sus atribuciones, en lo relativo a la organización de las elecciones, que depende de cada juez electoral en las distintas jurisdicciones. Este viernes, los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas respondieron con un oficio dirigido al Máximo tribunal.
"Planteos como el que suscita esta intervención producen confusión y estrépito en el electorado, en un contexto delicado como el que atraviesa la ciudadanía y lejos de promover la confianza en las instituciones, abundan en el descrédito y la desazón de quienes deben cumplir sus obligaciones cívicas", acusaron en el escrito.
"En la elección de este domingo soy la jueza electoral que tengo que organizar de acuerdo al Código. Y, a la vez, soy Junta Electoral; o sea que toda la responsabilidad, todo lo que pase en una escuela, es mía según la ley. Tengo 26 elecciones hechas en Capital Federal, nunca tuve un problema, y nunca tuve una denuncia, por lo tanto creo que se han manejado bien", contestó este sábado la jueza.
Servini fue a la Corte por las medidas mínimas de seguridad sanitaria que estableció la Cámara Electoral para las elecciones de todo el país. Para la jueza, la constante "intromisión" tiene como objetivo que la Cámara se transforme en el único órgano "capaz de decidir sobre las cuestiones electorales todo el país".
Los camaristas recordaron que a ellos le impusieron "potestades reglamentarias, operativas y de administración", y que incluso se hicieron encuentros, en uno de los cuales participó Servini, con todos los jueces electorales del país para sugerir estos protocolos, y que se trata de "condiciones mínimas" que pueden adaptarse a las realidades diversas de cada una de las jurisdicciones.