La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes buscó que se declare inconstitucional el decreto que condiciona la implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica.

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación presentó un amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional tras condicionar la promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica N° 27.796.

El escrito, firmado por el apoderado Nicolás Sergio Sipioni, solicitó que se garantice el derecho a la salud de los pacientes del Hospital Garrahan.

También que se declare inconstitucional el Decreto N° 760/2025, que supeditó la implementación de la ley a la identificación de partidas presupuestarias por parte del Congreso.

"El PEN incurrió en un comportamiento arbitrario y la promulgó sujeta a condicionamientos previos que contradicen palmariamente los alcances del art. 83 de nuestra Constitución Nacional", sostuvo el escrito.

"Si el PEN está obligado a promulgar una ley cuya sanción fue insistida por el Congreso, entonces corresponde inferir que está obligado a promulgarla sin condicionamiento alguno", agregó.

El amparo solicitó la reasignación inmediata de partidas presupuestarias al Ministerio de Salud.

Asimismo, pidió la conformación urgente de la Comisión de seguimiento y evaluación prevista en la ley, bajo apercibimiento de astreintes, multas diarias para los funcionarios responsables en caso de incumplimiento.

"El artículo 5 de la ley establece: 'El Poder Ejecutivo Nacional reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias'”, indicó el escrito.

A su vez adviertió que los pacientes del Hospital Garrahan constituyen un grupo en doble situación de vulnerabilidad, por su edad y por las enfermedades que atraviesan.

"Solo puede haber una respuesta: o el art. 1 del Decreto N° 760/2025 es inconstitucional por obstaculizar la ejecución de una Ley que, luego de ser vetada, volvió a ser votada por el Congreso de la Nación conforme el procedimiento que establece el art. 80 CN", señaló.

"O, en cambio, dicho artículo es constitucional y no existe incumplimiento alguno por parte del PEN. No hay grises", enfatizó el escrito.

La Defensoría advirtió que la demora en la ejecución de la ley genera "perjuicios de imposible o muy dificultosa reparación ulterior".

"Porque impacta directamente en la calidad del servicio de salud que el Hospital Garrahan ofrece a menores de edad que se encuentran atravesando graves cuadros de salud y requieren tratamientos costosos y complejos", explicó.

El escrito también anticipó la intención de recurrir a la Corte Suprema si se rechazaran las pretensiones y solicitó que la causa se inscriba en el Registro Público de Procesos Colectivos.

Finalmente, reclamó la admisión del amparo, la declaración de inconstitucionalidad del decreto, la reasignación presupuestaria inmediata y la habilitación de la vía federal para recurrir ante la Corte Suprema.