El oficialismo aparece enredado ideológicamente frente a la violencia. Ya provocó una pulseada de características institucionales con una provincia. Sumó otra mala señal en la relación con Chile. Y añadió otro capítulo de tensión interna.

El Gobierno realizó dos reuniones en 48 horas para tratar de ordenar el tramo final de su campaña. El mensaje básico, además de seguir con la consigna publicitaria del "Sí", no es novedoso ni sorpresivo después de una derrota: recuperar la iniciativa, dar batalla territorial, especialmente en Buenos Aires, imponer la agenda.

Es ilustrativa la reacción oficial frente a los ataques de grupos que se reivindican representantes de los mapuches. Fue sumando conflicto institucional, una mala señal hacia Chile, posible costo electoral y nueva exposición del conflicto interno.

En rigor, los últimos episodios violentos registrados en el Sur agregan capítulos a un dilatado problema, que ha crecido y que supera por mucho la discusión histórica para aterrizar en cuestiones de otra naturaleza, incluidos posibles negocios. El Gobierno se ha encorsetado en una mirada que se presume ideológica.

El problema de fondo puede ser abordado desde el punto de vista político, legal y jurídico. Pero esa amplitud y complejidad no puede convalidar o minimizar la violencia.

El Gobierno nacional viene tratando de eludir el tema, no debate posiciones, deja correr y trata más bien de que el conflicto quede limitado a los ámbitos provinciales. El punto en las últimas semanas es que el problema escaló en el terreno y provocó un fuerte cruce con Río Negro y una llamativa reacción en Chubut, además de añadir el capítulo de la situación judicial de Facundo Jones Huala, en Chile.

La Gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, primero reclamó y después planteó como "exigencia" que el Gobierno nacional enviara fuerzas federales para garantizar la seguridad en algunas zonas calientes de la provincia. En lugar de encarar una conversación reservada, el Ministro Aníbal Fernández rechazó el pedido y descalificó a la jefa provincial. El presidente firmó una carta, de pésima factura, para decir que enviaría gendarmes aunque no correspondía.

Alberto Fernández ensayó una diagonal para descomprimir una pulseada institucional entre el Estado nacional y una provincia, con posible proyección a la Justicia. Prefirió eludir una definición sobre el tipo de problema, o de delito, y convirtió una cuestión federal en un asunto de voluntad de Olivos para disponer de Gendarmería.

El clima ya venía enrarecido por la intervención de Rafael Bielsa en una audiencia chilena por el caso de Jones Huala. El embajador defendió después su posición en la nueva instancia judicial que enfrentaba el jefe de la organización Resistencia Ancestral Mapuche. Y argumentó cuestiones normalmente de nivel consular.

De todos modos, quedaron a la vista dos elementos: el primero, que nadie podía desconocer el sentido político de esa intervención; y el segundo, que generó malestar en el Gobierno chileno. Un agregado a la desgastante política regional del Gobierno.

Esa movida potenció el cuadro local y tuvo estribaciones no previstas en otra provincia, Chubut, que el presidente y buena parte de su gabinete visitó esta semana como parte de la actividad oficial y de campaña para intentar recuperar terreno electoral perdido en las PASO.

El cuestionamiento más fuerte al episodio de Bielsa surgió del Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, que cultiva un perfil estilo Sergio Berni y es candidato a senador por afuera del Frente de Todos.

A esa altura, el caso mapuche mostraba además posible impacto en las necesidades electorales del Gobierno. En Chubut, las PASO para candidatos a senador dejaron como ganador a Juntos por el Cambio, con cerca de 40% de los votos. El Frente de Todos quedó segundo, con 26,5%. Y tercero resultó la lista encabezada por Massoni (13,4%), con respaldo del gobernador Mariano Arcioni, de juego propio y vínculo con Sergio Massa.

El Gobierno buscó que el ministro y candidato se bajara de la competencia, para darle aire al FdT pero no hubo caso. Y si sigue así y se repite o profundiza el resultado de septiembre, significará un costo en la Cámara alta.

La disputa con Río Negro también es leída en función del Congreso. Alberto Weretilneck es senador nacional, exgobernador y jefe político del partido local gobernante en la provincia, es buscado siempre como aliado por el FdT y podría ser vital para el oficialismo si pierde bancas y se queda sin quórum propio.

Pero además, en Río Negro el FdT quedó tercero en las PASO, detrás de la agrupación local y de JxC. Necesita subir un escalón para poder llevarse una de las dos bancas de diputado en juego. El conflicto de estos días no ayudaría.

Para completar, surgió una nueva expresión de la fuerte tensión interna en el oficialismo. Berni habló de los episodios del Sur como actos de "terrorismo" y además sostuvo que se imponía el envío de fuerzas de seguridad. Contradijo directamente al presidente, sin reparar en ese límite y en lo que representa el gesto como desgaste de poder.

Las reuniones de campaña eluden tales cuestiones. El malestar queda para encuentros más restringidos, están implícitas en los llamados a la unidad. Son puntos de fuerte repercusión que escalan en la agenda no deseada pero alimentada por el oficialismo.