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Bullrich volvió a criticar a Macri: "A medias nunca más"

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La ministra de Seguridad dijo que al expresidente le faltó voluntad durante su gestión. También apuntó fuertemente contra Marcos Peña y Horacio Rodríguez Larreta.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a criticar a Mauricio Macri en medio de las idas y vueltas entre el Gobierno y el PRO de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

"Mauricio Macri hizo muchas cosas buenas, pero en muchas otras la decisión de su Gobierno fue la de ser políticamente correcto. Eso le hizo muy mal a Argentina. No haber tenido esa voluntad que había que tener nos hizo muy mal", señaló Bullrich.

La titular de la cartera de Seguridad remarcó varias veces que la principal diferencia entre el gobierno actual y la gestión de Cambiemos fue "la decisión clara de cambiar a fondo y no a medias, o pensar en qué dirán los demás".

Las declaraciones de la expresidenta del PRO se dieron en el marco del debut del nuevo ciclo de entrevistas del influencer libertario conocido como Gordo Dan en el canal de streaming Carajo. Allí, destacó la decisión de Javier Milei por sobre la de Mauricio Macri.

En ese sentido, remarcó que durante la gestión de Macri "la política de planes sociales no cambió", al igual que otras políticas.

"Por eso en mi campaña de 2023, mi campaña fue A medias nunca más", avanzó la todavía autoridad en el PRO.

“Esto es totalmente distinto: hoy la decisión es rápida, firme, concreta y profunda. Yo creo que la decisión y la voluntad de un cambio rápido o un shock son cosas que se notan rápido”, remarcó Bullrich.

En esa misma línea, destacó una diferencia clave entre las dos gestiones en las que fue ministra de Seguridad.

"Entonces, ¿cuál es la diferencia? La decisión clara de cambiar a fondo y no, en cambio, eso de Voy a medias o ¿Qué dirán los demás? Esto es totalmente distinto: hoy la decisión es rápida, firme, concreta y profunda", manifestó.

Y resumió, tanto para criticar al gobierno anterior como para elogiar al actual: "En vez de aprovechar la posibilidad de consolidar un cambio, terminó viniendo el peor Gobierno de la historia, que fue el de Alberto Fernández. Que, a su vez, dio lugar al mejor Gobierno de la historia".

Durante su fuerte crítica a la gestión de Mauricio Macri, Bullrich reveló que el protocolo antipiquetes que hoy puso en marcha este Gobierno lo había presentado cuando fue ministra de Seguridad en 2015.

"Presenté el mismo que presenté ahora, sin ninguna palabra diferente. Lo hice a propósito. ¿Qué cambió ahora, para que pudiera aplicarse? La decisión y la voluntad. No se trata del instrumento, sino la dirección, la decisión y la voluntad de ir", destacó.

Fue en ese contexto que aprovechó para criticar tanto a Marcos Peña, jefe de Gabinete de Mauricio Macri en aquel momento, como a Horacio Rodríguez Larreta, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento desde las PASO de 2023.

"En su momento, cuando el protocolo comenzó a ser criticado, miré alrededor y todos se habían ido: Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta, todos se fueron y me dejaron sola con el protocolo", inició su crítica.

"A los tres días de haberlo aplicado, mandé Gendarmería a cuidar el Aeropuerto de Ezeiza y hubo algunas balas de goma. Al rato me llamó Marcos Peña y me dijo: Uh, ya empezaste con las balas de goma y ahora nos están criticando. Yo le respondí que sí, pero que había 46.000.000 de argentinos que sentirían que podían llegar al aeropuerto liberados de estos cinco que quieren secuestrarnos el país, y que votaron eso".

"A los pocos días, le pasamos parte de la Policía a la Ciudad y desde ese momento me sacaron toda posibilidad de que actuara frente a los piquetes en la 9 de Julio, se la dieron a Larreta y éste no actuó", cerró.

Imputaron a Marcos Peña y a Jorge Faurie por el envío de municiones a Bolivia

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Lo decidió el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial, que investiga el envío de material represivo de Argentina a Bolivia en 2019, durante los días en los que se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó este lunes a los exfuncionarios del Gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete) y Jorge Faurie (canciller) en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019, cuando se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales, informaron fuentes judiciales.

El fiscal también imputó al exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, al impulsar la ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por funcionarios del Gobierno nacional que encontraron elementos que vincularían a los denunciados con las maniobras investigadas.

"Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces Jefe de Gabinete, Marcos Peña; al Canciller, Jorge Faurie; y al Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación", en los hechos; según surge de la imputación fiscal.

Del dictamen, que Navas Rial le presentó al juez Javier López Biscayar, surge que los imputados habrían participado de la "organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero".

En la ampliación de la denuncia, el Gobierno nacional consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019.

Los Ministros Martin Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional.

"Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado, fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando", sostuvieron en aquel escrito al que accedió esta agencia.

El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que "el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje".

"Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia", agregó la presentación.

Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, "se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero", ya imputados en el expediente, al igual que Macri.

Auditoría General evalúa denunciar a Macri por el reparto irregular de publicidad oficial

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La mayoría oficialista de la Auditoría General de la Nación asegura que no hubo criterios objetivos para privilegiar a un grupo de medios. El estafador Mauricio Macri en problemas.

La mayoría oficialista de la Auditoría General de la Nación aprobó un informe sobre el reparto de publicidad oficial durante 2017 y 2018 y evalúa realizar una denuncia penal ante presuntos hechos de corrupción.

El informe concluye en que el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, no pudo determinar criterios objetivos en la distribución de fondos, los concentró en 8 medios y privilegió a una empresa en la promoción en vía pública.

El cuarteto que responde al Frente de Todos lo integran los auditores generales María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada. El Presidente Jesús Rodríguez, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva son la minoría de Juntos por el Cambio.

El informe que abrió polémica en la última reunión fue el Programa 19: Prensa y Difusión de Actos de Gobierno, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de la Comunicación, a cargo de Marcos Peña y Jorge Grecco. Abarcó el ejercicio 2017 y el primer trimestre de 2018, porque las cuentas de 2016 son las únicas que Macri tiene aprobadas por la Auditoría General de la Nación.

El estudio incluyó la auditoría en la contratación de servicios técnicos y profesionales y las estrategias de comunicación directa y vínculo con el ciudadano, mediante redes sociales y otras formas de comunicación electrónica, tal el caso de SMS, WhatsApp y email, entre otras.

Los auditores oficialistas detectaron "imprecisiones o información incompleta" y un "análisis limitado respecto a la gestión de la entonces Subsecretaría de Vínculo Ciudadano debido a su desaparición y a la inexistencia de un sector a cargo de sus funciones".

"Se evidencian incumplimientos relacionados con la planificación de la publicidad oficial, en particular, en lo referido a la inexistencia de un documento aprobado que defina la estrategia anual de comunicación, incumpliéndose de esta manera con el artículo 1° del Anexo a la Resolución 617-E/16", señalaron.

En 2017 ocho medios recibieron el 48,9% del total de órdenes de publicidad equivalente a 1.053 millones de pesos, siendo el principal beneficiario el grupo Clarín. En ese año, Latin American recibió el 40% del gasto total en publicidad oficial para vía pública.

Otra irregularidad fue la ausencia de un Plan Anual de Publicidad Oficial que enuncie las campañas presentadas por los organismos del Sector Público por lo que se incumplen los requisitos exigidos por los artículos 5° y 6° de la Resolución 247-E/16.

"De esta manera, se impide evaluar la razonabilidad del análisis que en cada caso haya efectuado la autoridad administrativa al momento de ponderar la admisión o rechazo de las propuestas presentadas por los organismos del Sector Público Nacional conforme lo establece la normativa aplicable", destacaron.

También se verificaron también incumplimientos referidos a la aplicación de criterios objetivos para la asignación de partidas a las distintas publicaciones y medio por campaña, que rigen la distribución de la pauta oficial.

Se comprobó además la ausencia de controles de emisión de la pauta publicitaria, siendo la certificación del servicio responsabilidad del proveedor, quien la realiza mediante una declaración jurada.

"El auditado informó que no efectúa controles sobre la prestación efectiva del servicio, sino controles sobre el cumplimiento de los requisitos formales de la documentación acompañada a efectos de realizar el pago. Asimismo, se pudo constatar la falta de acreditación de los criterios objetivos aplicados para la asignación de la pauta oficial a las firmas comercializadoras de espacios publicitarios en vía pública", señala el informe.

De los datos relevados, se desprende que la firma Latin American Comunication SA, durante el ejercicio 2017 recibió el 40% del gasto total en publicidad oficial para vía pública, representando un monto de 118 millones de pesos, importe que supera en aproximadamente un 1.200 % el monto asignado a la firma proveedora ubicada en segundo orden de prelación.

La firma LatCom, una de las beneficiadas, es propiedad de Valentín Bueno, que fue funcionario de Macri en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuando éste llegó a la presidencia, se convirtió en intermediario entre el Gobierno nacional y las empresas de vía pública.

Bueno mantenía amistad y contacto con los funcionarios de Jefatura de Gabinete y se reinventó ofreciendo servicios de colocación de contenidos de Macri en eventos y medios extranjeros.

"Se establece que fueron transgredidas las normas que rigen la ejecución presupuestaria al no registrar gastos del periodo 2017 por un monto de 584,5 millones de pesos de la Partida 3.6 "Publicidad y Propaganda", importe que representa el 27% del presupuesto aprobado para ese año", concluyen en el informe que compromete al estafador Mauricio Macri y al delincuente Marcos Peña.

Del análisis efectuado surge que 14.067 órdenes de publicidad no se registraron en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2017, período en el que efectivamente se emitió la Orden de Publicidad, ejecutó el servicio y facturó, sino que fueron registradas en el año 2018 como si esos hechos hubieran ocurrido recién en ese ejercicio.

Asimismo, se relevó que en la campaña Haciendo lo que hay que hacer, la cual representó el 45% de la ejecución presupuestaria del año 2017, se emitieron órdenes de publicidad sin contar con la aprobación del crédito presupuestario.

Una vez aprobado el informe por la totalidad del Colegio de Auditores Generales, fue remitido a la Secretaría Legal e Institucional de la propia Auditoría General de la Nación para que evalúe la posible presentación de una denuncia penal ante la Justicia.

Denunciaron a Marcos Peña por administración fraudulenta

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El ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri está acusado por la Oficina Anticorrupción por la venta de terrenos del Estado a empresas como Techint a precios injustificados.

La Oficina Anticorrupción denunció ante la justicia al ex jefe de Gabinete Marcos Peña, al exministro del Interior Rogelio Frigerio y al extitular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado Ramón Lanús, entre otros exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, por lo que considera negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en la realización de las subastas de terrenos en la zona de Catalinas Norte, en la ciudad de Buenos Aires,y de campos en Córdoba.

La denuncia formulada por la OA, a cargo de Félix Crous, surge de una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación, actualmente a cargo de Carlos Montero. Se trata de la primera acusación formal de la OA contra funcionarios de la gestión de Cambiemos. Por sorteo, la denuncia la llevará adelante el juez federal Julián Ercolini, y el fiscal Gerardo Pollicita.

Según La Nación, la controversia surgió por el precio mediante el cual se subastaron los terrenos de Catalinas Norte, uno de ellos adquirido por el Grupo Techint y otro por el empresario Eduardo Costantini, y los campos ubicados en la localidad de Ordóñez, en Córdoba, adquiridos por productores agropecuarios de esa provincia.

Según la denuncia esos valores fueron fijados de manera orientativa por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior. En tanto que la AABE depende de Jefatura de Gabinete.

En el entorno de Frigerio dijeron a La Nación no tener conocimiento de la denuncia. Sí, en cambio, resaltaron que las decisiones administrativas como la estudiada en este caso necesitaban refrendo, y consideraron que por ser cuestiones de áreas que estaban bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, Frigerio solo refrendó por ser el primer ministerio en el orden establecido por la ley de ministerios.

En esa lína, en el entorno de Frigerio, consideraron ayer que es posible que se lo termine excluyendo de la denuncia de la OA, ya que el Ministerio del Interior "no tenía ninguna competencia sobre la AABE". En tanto que allegados a Peña, dijeron que dependía del ministerio de Frigerio.

Ante la consulta de La Nación, Lanús, quien dijo que tampoco tenía conocimiento de la presentación penal formulada por la OA, contestó: "Estoy feliz y orgulloso del trabajo que hicimos, con la conciencia tranquila de que se hizo con los más altos estándares de transparencia, desconozco la denuncia, no puedo opinar sobre el detalle de la denuncia".

Imputaron a Peña y a Triaca por supuestas presiones de Cambiemos a la Justicia

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La causa investiga la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en temas del Poder Judicial a través del Estado durante la gestión de Mauricio Macri.

El Fiscal Federal Ramiro González imputó al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al exministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en temas del Poder Judicial a través de la denominada "mesa judicial" de Cambiemos, durante el Gobierno de Mauricio Macri.

El fiscal también dispuso que sean citados a prestar declaración testimonial el Juez recientemente jubilado, Enrique Arias Gibert, que estuvo al frente de la sala V de la Cámara Nacional del Trabajo, y los magistrados de otras salas de la misma cámara, Graciela Marino, Diana Cañal y Néstor Rodriguez Brunengo.

Triaca quedó imputado luego de que ayer el juez Luis Raffaghelli declarara que en marzo de 2016 el entonces Ministro de Trabajo visitó la Cámara laboral junto a colaboradores que plantearon "la necesidad de consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica", lo que fue entendido como un intento injerencia indebida.

En el caso de Marcos Peña, fue imputado luego de que la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia encontrara una serie de correos electrónicos en la que era la oficina del ex titular de ese organismo, Gustavo Arribas, en los que se destacaba que Peña era uno de los convocantes a las reuniones de la denominada "mesa judicial".

"Continuando con los lineamientos trazados al momento de delimitar el objeto procesal de las presentes actuaciones e impulsar el ejercicio de la acción penal, como así también las últimas constancias que fuera acompañadas al sumario, amplíese el objeto procesal para investigar la participación de Marcos Peña, ex Jefe de Gabinete de Ministros, y Jorge Triaca, exministro de Trabajo, en los hechos que comprenden la presente investigación; ello sin perjuicio que nuevos autores y partícipes puedan surgir con el desarrollo de la investigación", sostuvo el Fiscal González en el dictamen, según la agencia de noticias Télam.

La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos para que se investigue el papel que jugó la "mesa judicial" durante la gestión de Cambiemos e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del expresidente Macri.

En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la Jueza Figueroa, quien, en un programa de la Radio AM750, dijo que en 2015 recibió la visita de un funcionario del ministerio de Justicia de la anterior gestión que le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum con Irán.

Los denunciantes sindicaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el gobierno del presidente Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial" de aquella administración.

En ese sentido, apuntaron al expresidente; su Jefe de asesores, José Torello; el exministro de Justicia, Germán Garavano; el exsecretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el exconsejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; el último Procurador General del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, el exjefe de la Asociación Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas; y el expresidente de Boca, Daniel Angelici.

Denuncian a Michetti y Marcos Peña por contrataciones irregulares de publicidad

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Se trata de contrataciones irregulares por 300 millones de pesos a cuatro empresas encargadas de realizar las campañas publicitarias durante el macrismo.

La exvicepresidenta, Gabriela Michetti y el exjefe de Gabinete, Marcos Peña, ambos funcionarios del Gobierno del estafador Mauricio Macri, fueron denunciados ante la Justicia por autorizar compras irregulares por 300 millones de pesos durante la gestión macrista de la que también fue parte el Diputado Eduardo Cáceres.

La denuncia fue realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, y va a ser investigada en los Tribunales de Comodoro Py.

Se trata de contrataciones irregulares, adjudicadas sin ningún tipo de concurso a distintas empresas, realizadas por la que Jefatura de Gabinete de ministros entre 2016 y 2019.

Las empresas investigadas Aura Advertising, La Comunidad S.A., Circus, Power República Argentina, las cuales habrían participado en el desarrollo de las campañas publicitarias en las elecciones de 2015 que llevaron a Mauricio Macri a la presidencia.

Además, habrían estado encargadas de la publicidad oficial de distintos organismos públicos durante la gestión macrista.

Según la denuncia, las contrataciones por 300 millones de pesos violan los principios de las contrataciones públicas.