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Imputaron a Marcos Peña y a Jorge Faurie por el envío de municiones a Bolivia

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Lo decidió el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial, que investiga el envío de material represivo de Argentina a Bolivia en 2019, durante los días en los que se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó este lunes a los exfuncionarios del Gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete) y Jorge Faurie (canciller) en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019, cuando se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales, informaron fuentes judiciales.

El fiscal también imputó al exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, al impulsar la ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por funcionarios del Gobierno nacional que encontraron elementos que vincularían a los denunciados con las maniobras investigadas.

"Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces Jefe de Gabinete, Marcos Peña; al Canciller, Jorge Faurie; y al Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación", en los hechos; según surge de la imputación fiscal.

Del dictamen, que Navas Rial le presentó al juez Javier López Biscayar, surge que los imputados habrían participado de la "organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero".

En la ampliación de la denuncia, el Gobierno nacional consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019.

Los Ministros Martin Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional.

"Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado, fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando", sostuvieron en aquel escrito al que accedió esta agencia.

El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que "el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje".

"Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia", agregó la presentación.

Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, "se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero", ya imputados en el expediente, al igual que Macri.

Bolivia dio detalles sobre el armamento enviado por el Gobierno de Mauricio Macri

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El Ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, confirmó que ingresaron desde Argentina armas de manera ilegal, sin registros, lo que constituye "tráfico ilícito de municiones".

El Ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponderían al envío de material represivo por parte Gobierno de Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y confirmó que se trata de "tráfico ilícito de municiones", un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.

Allí confirmó además que en noviembre de 2019 "ingresaron desde Argentina armas de manera ilegal, sin registros" a Bolivia, y se informó que ya se han "se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía" que son parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería argentina pidió sacar del país con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional.

En ese contexto, precisó que "en el Hércules c130 argentino venia munición y armamento autorizado por el pueblo boliviano que cumplía con todos los mecanismos solicitados, no obstante llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas".

El ministro detalló que el material fue trasladado a las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019 a la Embajada argentina en Bolivia para que, una vez allí, "personal uniformados de Argentina realizaran la entrega a la policía boliviana".

"Estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, de proyectiles de granadas para la policía boliviana. Gran parte también fue entregada a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en la masacre de Sacaba y Senkata", completó Del Castillo en el marco de la conferencia de prensa en la que también estuvieron el Jefe de la Policía, Johnny Aguilera, y el embajador Ariel Basteiro.

"Lo que ha cometido el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de Argentina en Bolivia del Gobierno de Macri, es trafico ilícito de armas y esto está penado en nuestro país con 30 años de presidio sin derecho a indulto", destalló el ministro.

"El comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de argentina en Bolivia del Gobierno de Macri han vulnerado losartículos 6, 26, 28 y 29 de la ley 400 y los artículos 49 y 50 del reglamentode la misma ley y también elartículo 26de ese cuerpo normativo", sintetizó.

Además, sostuvo que la cantidad de material no autorizado encontrado es diferentes a las que el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros le agradeció en una nota al ex embajador argentino Normando Álvarez García y a los datos recolectados en Argentina.

"Esto nos hace presumir que las fuerzas armadas recibieron más material que aún no ha sido constatado", subrayó y agregó que el material encontrado en bóvedas "no fue utilizado en las masacres", pero no descartó que haya sido destinado a la fuerza aérea.

"Continuaremos con las investigaciones para saber qué sucedió con el faltante que ingresó de manera ilegal", completó.

Durante su exposición, el ministro mostró imágenes de los elementos que ingresaron de manera ilegal y en algunas de las cajas se encontraba el sello de la Gendarmería argentina.

En tanto, en otra fotografía se podía ver cómo, "de manera dolosa y malintencionada, habrían tratado de esconder municiones en una bolsa de cuero" bajo el rótulo "guantes".

Plan continental de represión

Por otra parte, el ministro denunció que existió "un plan continental para reprimir al pueblo boliviano" a través del pedido de apoyo de material bélico a Argentina y Ecuador que podía anticiparse desde el 24 de julio del 2019 cuando el Gobierno del expresidente Donald Trump habló "de un supuesto fraude electoral sin prueba alguna".

"Esto le demostró a la comunidad internacional y al pueblo boliviano que ya se tenía un manual para un presunto golpe de Estado en nuestro país", dijo.

Imputaron a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Oscar Aguad por el envío de armamento a Bolivia

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El fiscal Claudio Navas Rial presentó un requerimiento de instrucción para que se investigue si hubo un "contrabando agravado". También fueron imputados el exembajador en Bolivia, Normando Álvarez García, y tres gendarmes retirados.

El expresidente Mauricio Macri y sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa) fueron imputados este viernes por el fiscal Claudio Navas Rial, quien impulsó la investigación de la denuncia presentada por el Gobierno boliviano y las autoridades argentinas por el presunto contrabando de armamento a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se desarrolló el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales.

Navas Rial incluyó también al exdirector de Gendarmería, Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de Gendarmería, Rubén Carlos Yavorski, al exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde, y al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García.

En tanto, el documento presentado por el fiscal es un requerimiento de instrucción en el que describe el hecho a investigar y solicita las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes al Gobierno argentino y a Bolivia. La fiscalía impulsó la pesquisa en lo vinculado a posibles infracciones al Código Aduanero, que es materia de investigación del fuero penal económico.

Sin embargo, Navas Rial no incluyó otras medidas que había solicitado el Ejecutivo en su denuncia, como un informe de las llamadas entre el expresidente y los demás acusados para hacer un entrecruzamiento. Tampoco incluyó en su lista de imputados al excanciller Jorge Faurie ni a los exdirectores de Aduanas (Jorge Dávila) ni de Anmac (Eugenio Cozzi), que integran la nómina de los denunciados por el Gobierno.

Igualmente, no incorporó las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni "los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación".

Ahora bien, la presentación será analizada por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, que ya la tiene a su cargo.

Paralelamente, avanza otra causa por los mismos hechos, presentada por el excamarista Eduardo Freiler, y le tocó también al fiscal Navas Rial aunque con otro juez, Alejandro Catania. Ambos expedientes se unificarán, pero todavía no se sabe en qué juzgado.

La denuncia del Gobierno nacional contra Macri

A través de los Ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Martín Soria, junto a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el Gobierno nacional presentó una denuncia esta semana por contrabando agravado contra Macri y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, por colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas.

Se trata de material antidisturbios que se envió a Bolivia en noviembre de 2019, en medio de la crisis institucional que atravesó el país vecino y que terminó con la renuncia de Evo Morales.

La denuncia tuvo como base una carta que hizo pública la cancillería boliviana que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Terceros Lara el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino Álvarez García agradeciéndole "la colaboración" y comunicándole el recibo de una serie de elementos de "material bélico" que detallaba.

Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya.