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Alertan sobre el impacto ambiental que tendría el proyecto minero Josemaría

Por
Ernesto Simón
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Desde la agrupación Agüita pura para San Juan presentaron ante la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera, observaciones al proyecto megaminero Josemaría.

La CIEAM funciona en el Ministerio de Minería de San Juan. Se trata de una Comisión Interdisciplinaria Evaluación Ambiental Minera que sigue de cerca el proceso de Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Josemaría, situado en Iglesia, San Juan.

Desde la agrupación expresaron "objeciones al informe de impacto ambiental del proyecto Josemaría, explotado por la empresa canadiense Josemaría Resources.

Mina Josemaría

Es un proyecto minero de cobre con una vida útil aproximada de 20 años. Se encuentra a 350 kilómetros de la ciudad Capital de San Juan. Está ubicado sobre la cordillera iglesiana frontal, a 4.295 metros sobre el nivel del mar y 10 kilómetros del límite con Chile.

El yacimiento es explotado por Desarrollo de Proyectos Mineros SA, subsidiaria argentina de la compañía canadiense Josemaría Resources, y es un concentrado de cobre con contenido de oro y plata.

Josemaría tiene recursos por 7.400.000 de libras de cobre, 7.400.000 de onzas de oro y 34.500.000 de onzas de plata.

El informe

"Cumpliendo con el plazo establecido para la presentación de dichas objeciones, manifiesto que el acceso a dicho informe es dificultoso ya que los horarios para retirar el mismo se superponen con el horario de trabajo o estudio del ciudadano promedio lo que implica dejar de realizar tareas fundamentales", indicaron.

"También dejo expresado que el tiempo para el análisis del mismo es escaso para su lectura en comparación con los 8 meses de los que dispone la Dirección de Evaluación Ambiental Minera del Ministerio de Minería de la provincia", asevera el informe.

Las objeciones presentadas ante la CIEAM

Lo expresado a continuación reproduce la mirada de un grupo interdisciplinario de profesionales y pobladores de la provincia:

1 - Viola La Ley de Emergencia Hídrica Provincial N° 1263-L. El Proyecto megaminero Josemaría pretende una dotación de agua de aproximadamente 1000L/s, lo que equivale a un 20% del agua que trae el río Jáchal en promedio. Esta tremenda concesión de agua que pretende otorgar la provincia atenta contra los derechos de agua previos a este proyecto, y agudizará la crisis hídrica, productiva y ambiental de los valles y pueblos allí establecidos (Jáchal e Iglesia en su conjunto).

A continuación se adjuntan los 3 primeros artículos de la Ley de Emergencia Hídrica que entró en vigencia nuevamente el 26 de Noviembre del 2020.

 LEY Nº 1263-L

  • ARTÍCULO 1º.- Declarase el Estado de Emergencia Hídrica, en todo el territorio de la provincia, por el término de un (1) año a partir del 26 de noviembre de 2020.
  • ARTÍCULO 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a celebrar con el Estado Nacional los convenios de asistencia financiera necesarios para realizar las acciones y obras de refuerzo, mantenimiento y conservación, tendientes a la prevención de los daños que pudieran ocurrir por las inclemencias climáticas y escasez de recursos hídricos en la provincia.
  • ARTÍCULO 3º.- Promuévase la utilización racional del recurso hídrico, procurándose la utilización del agua subterránea en los diferentes usos para compensar el déficit de agua superficial. El Departamento de Hidráulica, en uso de las facultades y atribuciones que la Constitución y las leyes le acuerdan, dispondrá las medidas necesarias para distribuir el agua ajustadamente a la oferta, a la demanda, a los usos empadronados y a las prioridades legales.

2 - El proyecto Josemaría Ignora la Ley Nacional de Glaciares. Toma como referencia la ley provincial de glaciares (una ley más flexible e incompleta en lo que respecta a la proyección de los glaciares y el ambiente periglaciar). La Ley provincial debería proteger por encima de la Nacional, nunca por debajo.

Ley Nacional de Glaciares

El 30 de septiembre de 2010 se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley Nacional de Glaciares nº 26639. La norma define un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares del Ambiente Periglacial, con el objetivo central de preservar estas reservas estratégicas de recursos hídricos.

En su artículo 3, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares para individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional y registrar así toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

En el artículo 5, define al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) como el órgano científico responsable de realizar el Inventario, con la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

¿Qué protege?

La Ley Nacional de Glaciares tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la ley busca:

  • Preservarlos como reservas estratégicas de agua
  • Proteger la biodiversidad
  • Cuidarlos como fuente de información científica.
  • Valorarlos como atractivo turístico.

¿Qué actividades prohíbe?

La ley restringe todas aquellas actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, entre ellas:.

  • La liberación de sustancias contaminantes.
  • La construcción de obras de arquitectura o infraestructura.
  • La exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
  • La instalación de industrias.

 La Ley N° 26.639 viene a suplir la necesidad de relevar un recurso hídrico estratégico para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad y recarga de las cuencas hidrográficas en zonas signadas por condiciones desérticas. Científicos y cuerpo técnico liderado por el IANIGLA, instituto del CONICET, fueron convocados para realizar el primer inventario de glaciares de la Argentina, coordinada por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

574.000 km2 del territorio distribuidos en 69 subcuencas fueron relevados de acuerdo a rigurosos protocolos científicos internacionales y validados en terreno durante 5 años ininterrumpidos. De ello se estableció, por primera vez, la magnitud del área englazada de la Argentina: 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie de 8.484 km2 a lo largo de más de 5.000 km de extensión, desde Jujuy a Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. Los logros que se presentan en este libro constituyen el respaldo necesario para proyectar el análisis profundo de la dinámica de los recursos hídricos cordilleranos y su gestión, y velar por su conservación.

3 - Josemaría atenta con la Ley de Educación ambiental, confundiendo, desinformando e interviniendo en la educación de la población a través de publicidad engañosa, prometiendo sustentabilidad en un proyecto extraxtivo de gran escala que utilizará toneladas de explosivos, sustancias tòxicas, una cantidad muy considerable de agua cuando atravesamos una sequía extrema. A continuación se adjunta los objetivos, principios y fundamentos básicos de la reciente Ley de Educación Ambiental Integral:

  • Abordaje interpretativo y holístico. La educación ambiental debe ser pensada desde un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente, de modo de llegar a un pensamiento crítico y resolutivo en el manejo de temáticas y de problemáticas ambientales, el uso sostenible de los bienes y servicios ambientales, la prevención de la contaminación y la gestión integral de residuos.
  • Respeto y valor de la biodiversidad. Reconocer la fragilidad que amenaza la sostenibilidad y perdurabilidad de los ecosistemas. Su importancia no es solo biológica, sino que también tiene relación estrecha con la calidad de vida que pretendemos los humanos y las comunidades en las que vivimos.
  • Principio de equidad. Propender a la igualdad, el respeto, la inclusión y la justicia, tanto entre humanos, como en sus relaciones con otros seres vivos. Esto parte de considerar las diferencias y diversidades de las personas, promoviendo la igualdad de derecho y trato jurídico, sin discriminación y fomentando la autonomía y la libertad.
  • Principio de igualdad desde el enfoque de género. Es la piedra angular de los derechos humanos que debe orientar las políticas de Estado para eliminar la discriminación en las relaciones de género y garantizar el pleno goce de derechos para varones, mujeres y otras disidencias, respetando sus diversidades.
  • Reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios. Integrar la diversidad cultural en las estrategias democráticas, al tiempo que fomentar el respeto hacia las personas que aprenden, su diversidad, costumbres, modelos de pensamiento, esquemas y patrones culturales.
  • Participación y formación ciudadana. Apuntar al desarrollo de procesos educativos integrales que orienten a la construcción de una perspectiva ambiental, en la cual los distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales confluyan en una conciencia regional y local de las problemáticas, y permitan fomentar la participación ciudadana orientada a la acción y hacia un pensamiento global.
  • Cuidado del patrimonio natural y cultural: Incluir la valoración de la identidad cultural y el patrimonio natural y cultural en todas sus formas.
  • Problemática ambiental. Considerar el abordaje de las problemáticas ambientales, permitiendo integrar las interrelaciones de los factores económicos, políticos, culturales y sociales, además de las implicancias locales y globales que se presentan como causa o consecuencia, abordando el conflicto como una oportunidad de aprendizaje y construcción de nuevas lógicas en el hacer.
  • Educación en valores. La educación ambiental debe estar fundada en una ética que permita. a quien facilita el aprendizaje y a quien lo recibe, la construcción de un pensamiento basado en valores tales como respeto, solidaridad, integridad, inclusión, equidad e igualdad.
  • Pensamiento crítico e innovador. Promover la formación de personas capaces de interpretar la realidad a través de la innovación en sus enfoques, basados en la interdisciplinariedad y en la transdisciplinariedad y en la incorporación de nuevas técnicas, modelos y métodos que permitan cuestionar los modelos vigentes, generando alternativas posibles.
  • Concientización sobre el derecho constitucional a un ambiente sano. La educación ambiental debe promover el desarrollo de una ética de la solidaridad con las generaciones futuras y el derecho de la sociedad a un ambiente sano para su desarrollo.
  • Josemaría viola la Ley General del Ambiente n° 25.675  que protege el ambiente garantizando su cuidado, la educación y participación del ciudadano, controlando el impacto y el daño ambiental que puede causar el hombre.

Este Informe de Impacto Ambiental de Josemaría de ninguna manera contempla la participación ciudadana.

Además, el Gobierno jamás realizo ningún tipo de consulta pública ni participación ciudadana. Definitivamente la presentación de este informe no puede ser considerada como una audiencia pública real.

Este proyecto generará una contaminación inevitable e irremediable, que no sabemos a ciencia cierta en cuanto tiempo puedan impactar esas consecuencias, pero que al fin y al cabo comprometemos el ambiente para las generaciones futuras y el ecosistema en general.

Fuente: Agüita pura para San Juan

Catamarca: masiva movilización contra la megaminería contaminante en Andalgalá

Por
Ernesto Simón
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Una multitud de más de 4.000 personas marchó por las calles de Andalgalá, situada al noroeste de Catamarca, para rechazar la ofensiva minera del Gobierno. Hubo un despliegue de gendarmes para contener la furia de los vecinos.

El pueblo de Andalgalá llevó adelante una masiva movilización que se expresó contra el intento del Gobierno provincial de avanzar con la megaminería, en este caso, con el proyecto minero Agua Rica.

Los manifestantes llegaron el sábado por la tarde hasta la oficina del proyecto Agua Rica, de Yamana Gold, y también protestaron frente a la sede del Partido Justicialista de esa localidad.

A esto se sumó el desgaste generado por la enorme crisis social y la grave situación sanitaria que atraviesa la región, ya que esta ciudad es la segunda con más contagios de coronavirus en toda la provincia de Catamarca.

Frente a las acusaciones de violencia, Asamblea El Algarrobo respondió con un comunicado en el cual se advirtió sobre posibles maniobras para manchar el reclamo de la voluntad de los vecinos.

"El pueblo de Andalgalá responde: Ante el avasallamiento de nuestros derechos humanos fundamentales y la violación sistemática de las leyes, durante una multitudinaria caminata, el pueblo de Andalgalá expresó hoy su indignación en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro y en la sede del Frente para la Victoria, centros simbólicos del aparato represor estatal megaminero", dice el comunicado que se difundió en redes sociales.

"Estos incidentes son la clara muestra de que el pueblo está cansado del manoseo y que no hay paz ni licencia social", explica el texto. 

La sede del PJ fue escenario de la protesta

Según precisó diario El Ancasti, también hubo destrozos en la sede del Partido Justicialista de Andalgalá. Allí los manifestantes rompieron el ventanal para ingresar, expresando su bronca ante la falta de sensibilidad de los funcionarios que meten el proyecto contaminante sin consenso popular.

El proyecto Agua Rica

Yamana Gold, como propietario único de Agua Rica, y los socios de Minera Alumbrera, crearon una nueva empresa llamada Joint Venture, mediante la cual Yamana tiene una participación mayoritaria del 56,25%, Glencore International AG tiene un 25% y Newmont Corp posee el restante 18,75%.

El Informe de Impacto Ambiental que presentó la mina Josemaría aún no está disponible online

Por
Ernesto Simón
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Si bien algunos medios locales informaron que "la gente ya puede participar en el impacto ambiental del gigante minero Josemaría", se trata de una mentira a medias o una verdad parcial.

Hace días, un diario de San Juan publicó que el Informe de Impacto Ambiental del emprendimiento Josemaría "está a disposición de la ciudadanía". Es cierto a medias y es casi una trampa mentirosa que deja al ciudadano común sin información sobre lo que hará la empresa canadiense Josemaría Resources en la etapa de explotación del proyecto que tiene asiento en Iglesia, San Juan.

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El Gobierno de San Juan informó en el Boletín Oficial del 10 de marzo que el Ministerio de Minería, comandado por Carlos Astudillo, invitaba a sanjuaninos y sanjuaninas a participar del llamado que consiste en "poner a disposición de cualquier persona interesada el Informe de Impacto Ambiental".

Hay un pequeño detalle omitido: el informe no está colgado en internet. Al no estar online dificulta el acceso público al documento. Llegar a la información es un obstáculo casi infranqueable.

Los diarios de San Juan, leales al Imperio, indicaron que "los interesados tendrán que presentarse por escrito en la Mesa de Entradas del Ministerio de Minería de la provincia de San Juan dentro del plazo de 15 días corridos, contados a partir del siguiente día hábil al vencimiento del plazo de puesta a disposición para la consulta pública".

Si bien el proyecto minero Josemaría presentó el Informe de Impacto Ambiental y la apertura de la Convocatoria de Consulta Pública, por ahora, para acceder a un expediente de más de 3.000 fojas hay que presentarse en el Centro Cívico, en el Ministerio de Minería, solicitar el informe, sacarle fotocopias, pagadas del propio bolsillo del ciudadano, y luego irse a casa a leer todo el material.

Teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el país, y atendiendo a que una fotocopia hoy cuesta entre 5 y 10 pesos, cualquier persona que esté interesada en acceder al Informe de Impacto Ambiental de 3.000 fojas deberá contar con la friolera de 15.000 pesos mínimos, los cuales deberán ser destinados a pagar las copias, pudiendo llegar el costo a unos 30.000 pesos.

La otra opción es ir todas las mañanas al Ministerio de Minería y ponerse a leer el informe hasta la hora de cierre, y rogar que nadie lo solicite porque, en ese caso, se vería interrumpida la paciente lectura de unas 3.000 páginas.

Leyes de acceso a la información pública

Existen en Argentina dos normas que rigen el acceso del ciudadano a la información: la Ley 25831 y la Ley 27275.

La Ley 27275 versa sobre la "transparencia y máxima divulgación", e indica que "toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas".

"El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican", afirma la norma.

Además, hay un punto denominado "Informalismo", allí se establece que "las reglas de procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento".

En este punto también se ha legislado sobre el "Máximo acceso", y la ley establece que "la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles".

La ley también habla de "Apertura", e indica taxativamente que "la información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros".

Acá surge entonces una pregunta: ¿No hubiese sido sencillo tomar el archivo word del Informe de Impacto Ambiental de Josemaría, pasarlo a PDF y colgarlo en el sitio oficial del Ministerio de Minería o en SÍ San Juan? Parece mentira que el Ministro Astudillo no lo haya pensado, pues él es un prestigioso ingeniero, debería resolver con pragmatismo este tipo de obstáculos.

Por su parte, la Ley 25831 indica que "la denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones".

Esta misma norma, en su artículo 7°, aclara que "la información ambiental solicitada podrá ser denegada únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales.

b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial.

c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual.

d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales.

e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren publicados.

f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión.

g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones".

Acerca de la mina Josemaría

Es un proyecto minero de cobre con una vida útil aproximada de 20 años. Se encuentra a 350 kilómetros de la ciudad Capital de San Juan. Está ubicado sobre la cordillera iglesiana frontal a 4.295 metros sobre el nivel del mar y 10 kilómetros del límite con Chile.

El yacimiento es explotado por Desarrollo de Proyectos Mineros SA, subsidiaria argentina de la canadiense Josemaría Resources, y es un concentrado de cobre con contenido de oro y plata. Josemaría tiene recursos por 7.400.000 de libras de cobre, 7.400.000 de onzas de oro y 34.500.000 de onzas de plata.

Exigir a las trasnacionales que cumplan con la ley

Habrá que esperar a que la empresa termine con los requerimientos de las leyes argentinas y que el Ministerio de Minería de San Juan decida cumplir con los requisitos que se establecen en las normas nacionales y constitucionales del país.

Si así no sucede, que Dios, la patria y la ciudadanía se lo demanden.

El Gobierno prepara un proyecto para meterse en la guerra por el litio

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El País Diario
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En medio de una puja de inversiones de más de siete países, el Ministerio de la Producción de la Nación prepara una norma de electromovilidad para exigir a las compañías que fabriquen en Argentina las baterías que usan litio.

Lo que está sucediendo y pocos medios cuentan es una guerra silenciosa entre empresas extranjeras de más de siete países.

Desde hace varios años, en el noroeste argentino, luchan por la extracción del litio, el denominado "oro blanco" de la nueva era.

El esquema sustancial de esta batalla consiste en la explotación de este mineral, el litio, valioso para la elaboración de baterías que se usan para celulares y otros dispositivos electrónicos.

El Gobierno argentino está dispuesto a intervenir en este millonario negocio para redefinir la matriz productiva.

El Ministro de Producción, Matías Kulfas, ya tiene listo el borrador de un proyecto de ley de electromovilidad que el Gobierno impulsará en marzo en el Congreso para rediagramar la industrialización del litio, incorporar los productores de autopartes y fomentar la investigación.

"Tenemos que salir de la discusión dicotómica entre minería sí y minería no, la discusión es cómo implementamos estrategias para tener una minería que permita garantizar la inclusión y que sea sustentable", dijo el Ministro Kulfa en relación a este tema.

De esta manera, el ministro de Producción remarcó que el proyecto minero del Gobierno hacia el futuro consistirá en que la extracción del litio sea inclusiva para que haya una cadena productiva que involucre a las pymes, que se genere empleo y que las comunidades donde está la minería se desarrollen en su conjunto.

Es un discurso muy parecido al que se usó en los años 90 para referirse a la industria minera, sobre todo en las provincias donde se extrae oro, plata y cobre. Pero la inclusión y el progreso nunca llegaron. Sólo se beneficiaron las multinacionales, como es probable que suceda ahora.

En la actualidad, la explotación del litio se despliega en un preciado triangulo conformado en la cordillera de los Andes que une a Argentina, Bolivia y Chile.

En ese territorio compiten centenares de compañías de Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Corea del Sur, Italia y China para extraer el mineral que escasea en el mundo entero.

Es una codiciosa y dura batalla que se despliega entre grandes compañias que persiguen la adquisición de zonas de explotación del litio.

Argentina tiene potencial para llevar las exportaciones de litio de los 190 millones de dólares actuales hasta 2.101 millones de verdes en 2030.

El "oro blanco" resulta esencial para la fabricación de baterías de celulares, computadoras portátiles, autos eléctricos y otras maquinarias de la industria de nuevas tecnologías.

El tema es que la mayoría de los inversores extranjeros se llevan el litio en crudo para producir las baterías en sus países y dejan un mínima parte de regalías en la Argentina.

Las exportaciones argentinas del segmento litio representaron en 2018 apenas el 5,1% de los despachos del sector minero.

De seguro quien va a perder es Argentina, como siempre, que regala sus metales y minerales a cambio de un miserable 3% de regalías mineras.

Video: un diputado de Chubut pedía "100 lucas" para hacer lobby minero

Por
El País Diario
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El legislador del PRO, Sebastián López, aparece en una cámara oculta ofreciendo "rosca" y "contactos políticos" a cambio de protección mediática y apoyo en campañas.

Asegura que es una "opereta" y que se trata de un video previo a su elección como diputado. Esta semana otra diputada acusó a sus pares de recibir 10.000.000 de pesos para aprobar una ley prominera.

Todo parece indicar que la minería a gran escala se mueve así. Ante la duda, consultar con José Luis Gioja, él conoce bien el tema, muy de cerca.

En un clima político enrarecido en Chubut por la previa de un debate parlamentario que pondrá en discusión si permitir o no la actividad minera en la zona de la meseta, en las últimas horas se acumulan audios y videos cruzados que dan cuenta de los intereses que corren detrás de un debate que tiene en vilo a gran parte de la sociedad chubutense.

Después de que una diputada provincial acusara a sus pares de "recibir 10 millones de pesos" para que se apruebe la norma, apareció ahora una cámara oculta a otro legislador.

Allí se pide "100 lucas" para hacer lobby en favor de un emprendimiento minero.  Se trata del Diputado provincial del PRO, Sebastián López, quien aparece en el video ofreciendo "trabajar en equipo" y poniéndole precio a sus servicios.

Pero pide a cambio que la empresa con la que está dialogando, a la que define como una "multinacional", lo defienda en caso de que reciba notas periodísticas que lo afecten.

Al relatar sus antecedentes, asegura estar involucrado en la cuestión "minería" y haber sido nexo con Nación, provincia y diputados para hacer "la rosca".

"El tema es que no me peguen, y que si sale algún boludo lo frenen, esa protección nada más, el cierre con el medio", pide a cambio López.

Pero ahí no termina todo, solicita además que "para pensar a futuro, y yo tener un compromiso con ustedes el día de mañana y demás, obviamente esto es un equipo, y cuestiones que me permitan llegar, yo estoy hablando arriba de 100 lucas", dice con una modestia conmovedora.

"La rosca me gusta, la sé, la hago de manera profesional y después veremos dónde llegamos con la política", concluye el terrible delincuente.

Mendoza vuelve a las calles para defender la Ley 7722 y prohibir el fracking

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El País Diario
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Grupos de autoconvocados, asambleístas y movimientos ambientales se volvieron a movilizar en defensa del agua y contra la contaminación de las compañías mineras.

Es un momento crítico donde el Gobierno de Mendoza está a punto de intentar nuevamente reformar la Ley 7722. Como si fuera poco, el fracking avanza sobre el departamento Tupungato.

La convocatoria a movilizarse se fijó para el viernes 11 de diciembre a las 18 horas, en el kilómetro 0 de Mendoza.

Una de las premisas es "dar un contundente mensaje de unidad frente al Gobierno y las multinacionales ahora, antes de que sea demasiado tarde".

"Están robando el agua en las nacientes de los ríos y Mendoza va camino a convertirse en una futura Jáchal o Allen, paradigmas de pueblos sacrificados por la megaminería y el fracking", expresaron en un comunicado los autoconvocados.

Convocaron además a la unión "antes de que sea tarde y amplifiquemos la lucha por todo el mundo para generar presión internacional sobre el Gobierno y las empresas".

El geólogo Favio Casarín repasó la historia de la minería en Argentina

Por
El País Diario
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Al cumplirse los 250 números de la revista Prensa GeoMinera, publicación que se editó por primera vez en el año 2002, el abogado y geólogo repasó el inicio de la minería en el país y el estado actual de la actuividad.

"La minería, si bien tiene más de 200 años en este país, considerando los gobiernos patrios, con la primera Ley de Fomento Minero dictada por la Asamblea del Año XIII, podemos decir que fue descubierta en los últimos 30 años", aseguró en un diálogo mantenido con El País Diario.

Favio Casarín es abogado y geólogo, estudió en la UNC, UBA y University of Texas. Es especialista en Energía, Petróleo y Minería. Además, es un apasionado de la música y la filosofía.

En relación a la minería en Argentina, recordó que "los impulsos comenzaron en el año 1994 con la sanción de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras, y reforzados diez años después, cuando el por entonces Presidente Néstor Kirchner en el 2004, y en oportunidad del lanzamiento del Plan Minero, incluyó a la minería como política de Estado".

"Lamentablemente, el propio sector minero no aprovechó las circunstancias, y en la última década ingresó en un cono de sombras que se volvió cada vez más oscuro con el transcurrir de los años", señaló, al tiempo que agregó que "hoy, en pleno 2020, deambula hacia una minería residual, muy lejos de la política de Estado del año 2004".

Aseveró que "sumido en un imaginario ideal e irreal de que ante el hecho de poseer recursos geológicos, sólo se necesita decisión política para atraer inversiones, el sector minero se fue alejando de la sociedad, concentrándose en el lobby, encerrada en un pequeño grupo ensimismado, que no puede pese al demostrado fracaso, abandonar su propia alienación".

Afirmó que la minería en Argentina "confundió elementos claves: comunicación con propaganda y publicidad; responsabilidad social empresaria con dádivas; relaciones comunitarias con arreglos con los referentes; motivación con slogans mentirosos; licencia social con licencia política; políticas concretas con discursos vacíos de contenido".

"Así, poco a poco, como el agua que va erosionando la piedra, se fueron socavando las posibilidades de desarrollo de una minería federal en todo el país", detalló, y dijo también que "fueron llegando las leyes antimineras en las provincias, mientras los referentes se alejaban de la realidad y se aplaudían en hoteles en las provincias presentando lo que minería puede ser. Los sectores antimineros fueron ganando espacio a costa de la propia torpeza minera. Jamás soñaron con semejante regalo, ni con las facilidades de que dispusieron".

Casarín sostiene que "estas asimetrías en las distintas provincias, fue provocando el alejamiento del Estado Nacional que debió, y debe volver a ser, el real impulsor de la industria, más allá de que el dominio del recurso pertenezca a las provincias. El inversor, viene al país, no a una provincia; si abandona proyectos, abandona el país".

En otro tramo de la charla con El País Diario, el especialista sostuvo que "el concepto de minería de aldea, sostenida en argumentaciones parecidas a los adelantados que en la época de la colonización fundaban poblaciones, no se compatibiliza con el criterio que debería imperar en estos tiempos, con menos fronteras internas y mayor desarrollo regional con participación e inclusión social".

En relación a los recursos de cada distrito, fue claro, y recordó que "se había instalado hace años, y aún perdura con fuerza en algunos referentes, el slogan de Cada provincia decide que minería quiere y como hacerla. Simpático slogan para no ocuparse de los problemas, y para ocultar la ignorancia de que más allá del dominio provincial o nacional de los recursos mineros, existe una Constitución Nacional con una doctrina que establece notoriamente la diferencia entre dominio y jurisdicción. Y por cierto, también un Código de Minería de la Nación, que es de fondo y forma, que entre sus principios señala que la actividad minera es de Utilidad Pública".

La consecuencia fue que en la última década San Juan no puso en producción ningún proyecto metalífero, al igual que Catamarca, las dos provincias cordilleranas mineras por excelencia. Sólo Santa Cruz salvó la ropa, con dos proyectos.

Los números no mienten y reflejan la consecuencia: la minería exportó por 5.400 millones de dólares en el año 2012, y luego exportó 3.200 millones en el 2019. Una caída estrepitosa que da la razón a los conceptos vertidos por Casarín.

"A partir del año 2016, el nuevo gobierno anunció la creación del Ministerio de Energía y Minería, un sueño de gran parte del sector, de darle a la minería el rango que necesita dentro de la estructura del Estado, y retornar a la senda de política de estado. Fue sólo una puesta en escena, con una escenografía desvencijada y un libreto desactualizado", recordó el geólogo, y señaló que "la representación duró un suspiro, ya que el propio espacio político terminó por derrumbarla: apenas dos años después, desarmó el Ministerio, y la minería fue reducida a una oficina administrativa inoperante, y a cargo de personas sin experiencia en el sector. Del arranque con pretensiones de que la minería ocuparía una gran ópera en un teatro lírico pasó a ser una payasada en un circo".

Dijo también que "al borde de la catástrofe, la esperanza llegó con el recambio de gobierno en diciembre 2019. Claro que a la esperanza, hay que dotarla de contenido, y la minería continúa deambulando por el camino declinante de los últimos años, a la espera de políticas contundentes que reviertan o al menos intenten, retomar la senda del desarrollo. Dentro del estado, carece de autonomía legal, administrativa y financiera, siendo una dependencia de otro ministerio".

En un intento de rescate salvador, se viene desde algunos sectores tratando de instalar que lo que se necesita es otorgar mayores ventajas al inversor, y surgen proyectos tales como descontar regalías mineras si se realizan obras públicas.

Dijo que esto es "muy peligroso, porque de un escenario de decadencia como el que indica el título, algunos están al borde de un complejo donde inferioridad y de sometimiento, dispuestos a entregar lo que sea, a cambio de los que lo que nos quieran dar".

Sostuvo que "es innegable como las distintas 250 ediciones de la revista Prensa GeoMinera fueron reflejando el auge y caída de la minería. Señalando los aciertos, y remarcando aún más los errores. Y así debe ser en el periodismo temático. Poner mayor énfasis en el error que en el acierto. Los aciertos, en la minería han tenido publicidad paga desde los funcionarios públicos de ocasión y desde las empresas. Los errores, necesitan la voluntad de que alguien los haga trascender para corregirlos. Las páginas de PGM han reflejado, a veces crudamente, este camino. Pero siempre con verdades, y respetando las opiniones y la libertad de sus articulistas y colaboradores".

Casarín opinó que "la coyuntura actual es difícil pero, a su vez, nos pone a prueba. Una prueba que, sin dudas, es a todo o nada. La primera década del siglo actual, nos demuestra que se puede generar desarrollo y beneficios para las comunidades, las provincias y el país. Pero, también, las segunda, indica que se puede fracasar, destruyendo en lugar de generar. En nosotros está elegir".

Fuente: Favio Casarín
Abogado y Geólogo, estudió en la UNC, UBA y University of Texas. Es especialista en Energía, Petróleo y Minería. Además, es un apasionado de la música y la filosofía.

Argentina: anticipan una fuerte caída en las inversiones mineras

Por
El País Diario
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Lo aseguró el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. Durante 2020, la inversión en exploración minera disminuirá alrededor de un 35% respecto a 2019.

Producto de la pandemia y la caída de la economía, en Argentina pronostican una fuerte caída de la inversión en exploración minera para 2020.

Al respecto, el Secretario de Minería, Alberto Hensel, señaló que la inversión cerrará este año en 155 millones de dólares, mientras que en 2019 fue de 241 millones de dólares.

La inversión en exploración minera en 2020 caerá un 35% respecto a 2019. Así lo advirtió Hensel hace días, y la declaración fue publicada en Econojournal. La frase fue dicha en un informe que duró casi 3 horas en la comisión de Minería del Senado de la Nación.

Además, el funcionario nacional adelantó que el próximo 5 de noviembre el Gobierno "lanzará una Mesa Nacional".

Hensel aseveró que se está trabajando "para elaborar el plan nacional estratégico para el desarrollo argentino que fije las reglas del juego para los próximos 30 años. Es el plan de todos los argentinos definiendo cuál es el rol que pretendemos darle a la actividad minera en el desarrollo económico y social del país".

Gobierno de cipayos: bajaron las retenciones mineras del 12% al 8%

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Ernesto Simón
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El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció medidas que apuntan a promover la producción y, sobre todo, a ingresar dólares frescos al país, en un momento en que el Banco Central tambalea.

Nunca antes un presidente argentino fue tan veloz en mostrar que se puede ser un traidor a la patria en el corto plazo. Alberto Fernández quedará en la historia como el más prematuro de los cipayos criollos. Al menos así lo indican las medidas que acaba de tomar.

Entre los sectores beneficiados con la baja sustancial de los derechos de exportación estuvo el complejo agroexportador, el pecuario y el rubro minero, que contamina los ríos y el territorio argentino llevándose las riquezas y dejando apenas una migaja de las fastuosas ganancias.

El Imperio estará agradecido de por vida con el Presidente Alberto Fernández. Nunca antes un mandatario fue tan rápido en defraudar a sus compatriotas.

El Ministro Guzmán, quien a esta altura es una herramienta pseudosocialista que articula la entrega de los bienes nacionales, explicó que la medida obedece a la Reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que establece un tope del 8% para los derechos de exportación de los metales.

Con gobernantes como Duhalde, Néstor, Cristina, Macri y Fernández, el país no necesita una invasión foránea, el trabajo sucio es realizado por los cipayos vernáculos.

Así nos va.

Presidente Fernández, estatice la mina Veladero para que el oro sea de los argentinos

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Ernesto Simón
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¿Para qué seguir entregándole el oro y las riquezas del país a multinacionales que apenas dejan el 3% y utilizan cantidades enormes de agua dulce?

Cuidemos nuestro medio ambiente, presidente, anímese a estatizar la mina Veladero que hoy está en manos de Barrick Gold y Minera Andina del Sol. El Estado la puede explotar cumpliendo normas ecológicas.

Tómese esta nota como el pedido de un ciudadano que pretende que todos estemos mejor. Con el oro en poder del Estado no deberíamos pedir plata al extranjero. ¿Para qué seguir traicionándonos entre hermanos y hermanas? Hagamos algo que en el futuro será considerado como un acto de soberanía.

Presidente Fernández, yo sé que a usted le gusta utilizar la palabra "soberanía". Recuerde que la usó cuando intentó estatizar la cerealera Vicentin.

Ahora es el turno de la soberanía metalífera: ¿se anima a ser por una sola vez leal a los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional? Recuerde que usted juró son su mano sobre esa Constitución. Se lo está reclamando un vulgar habitante de este pago criollo que alguna vez soñó con emanciparse para siempre.

Sé que entre las posibilidades que se barajan está la idea planteada por la Secretaría de Minería de la Nación, a cargo ahora de un sanjuanino, Alberto Hensel, donde se propone poner en marcha una compañía estatal de hidrocarburos. El titular de YPF, Guillermo Nielsen, sabe que esto que escribo es verdad. Él es uno de los cerebros del proyecto.

También da vueltas en la cartera de Minería una propuesta de montar una empresa estatal que se dedique al extractivismo minero. De hecho ya existe, es la Compañía de Inversiones Mineras SA (CIMSA), unidad de la petrolera que ya controla canteras con las que provee arena silícea a las compañías que hacen fracking en la cuenca de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Con la Compañía de Inversiones Mineras SA se debería explotar el cobre, litio, oro, plata y molibdeno. ¿Acaso no sería mejor eso a seguir regalándole los preciados metales a los canadienses de Barrick y a los chinos de Shandong Gold Mining?

Según algunos estudios, en Argentina queda un 75% del territorio con potencial minero sin explorar.

En caso de que el Presidente Alberto Fernández decida gobernar en favor de los habitantes de Argentina y no traicionarlos, se estima que a través de CIMSA se abriría para el país un nuevo horizonte financiero mediante YPF, ya que la unidad minera de la empresa estatal reuniría todas las condiciones para cotizar en bolsa.

Tenga valor, presidente, no sea timorato, el pueblo va a apoyar un acto de soberanía de tamaña magnitud. En usted está torcer el destino de este país.

Alberto Fernández, usted tiene la posibilidad de elegir cómo quiere que lo recuerde la historia: como un traidor muerto de miedo o como un soberano hijo de la Patria.

De usted depende.

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