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Gobierno nacional simplificó trámites aduaneros para reducir "las oportunidades de corrupción"

Los operadores de comercio exterior podrán presentar una declaración jurada en lugar de una garantía para respaldar sus obligaciones ante la Aduana.

El Gobierno nacional introdujo una modificación en una norma reglamentaria del Código Aduanero con el objetivo de simplificar trámites para reducir "las oportunidades de corrupción".

La medida consiste en facilitar a los operadores de comercio exterior la manera de garantizar sus obligaciones ante el servicio aduanero, permitiendo que a partir de ahora puedan presentar una declaración jurada en lugar de una garantía.

La simplificación normativa fue formalizada mediante el Decreto 838/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, habilitando a los operadores a poder exhibir un documento firmado como "instrumento de garantía cuando los regímenes de importación establezcan la obligación de garantizar los tributos que pudieran exigirse por dichas operaciones".

En el texto oficial se justificó la decisión indicando que la herramienta "permitirá homogeneizar el tratamiento normativo, reducir costos operativos para las empresas y simplificar trámites, en línea con los objetivos de modernización impulsados por el Gobierno nacional".

Asimismo, se destacó: "La medida propuesta se alinea con la necesidad de ofrecer a los operadores de comercio exterior una alternativa menos gravosa y más accesible, sin que ello comprometa la solvencia del sistema, el control aduanero ni el debido resguardo del interés fiscal".

El cambio normativo también fue valorado y explicado por el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en su cuenta de X al precisar: "Nos abre un camino para una importante simplificación de los trámites aduaneros".

Al contextualizar la decisión, recordó que "cuando hay una discrepancia o duda sobre la liquidación, o un pago pendiente, la Aduana pide una garantía por el monto pendiente o en disputa".

"Esto encarece el tránsito sumándole un cargo financiero a la operación aduanera. Peor aún, como la garantía muchas veces no tiene plazo, la persona que comercia está expuesta a tener que ‘gratificar’ el trámite para cancelar la garantía", consideró.

Ante este escenario, planteó: "El decreto introduce una modalidad alternativa previamente vedada: reemplazar la garantía por una declaración jurada. Si un cliente es confiable, ¿por qué cargarlo con un costo financiero? Si un cliente nunca falló un pago con Aduana, ¿por qué encarecerle el costo de operar en comercio exterior?".

El funcionario remarcó que "el próximo paso es que Aduana identifique a los operadores y las operaciones donde va a habilitar esta opción" destacando que "se abre la puerta a una gran simplificación de la operatoria y una reducción tremenda en las oportunidades de corrupción".

"Todo esto seguirá reduciendo costos y precios para todos los argentinos”, sintetizó el funcionario.

Gobierno nacional eliminó 973 normas para reducir la regulación en la industria vitivinícola

A través de la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, se reestructuró el marco regulatorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura. La medida busca simplificar procesos productivos y concentrar los controles en los productos finales.

El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura con el objetivo de eliminar la intervención en los procesos productivos y reducir la burocracia en el sector.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que con esta reforma "se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino".

Según la resolución, el Instituto Nacional de Vitivinicultura dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias de la producción, como el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte, para concentrarse exclusivamente en el control de los productos finales embotellados.

Su función principal será garantizar que los vinos sean aptos para el consumo y que no estén adulterados.

Asimismo, los controles de trazabilidad, como las certificaciones de origen, añada y varietal, pasarán a ser optativos y podrán ser gestionados por los propios productores o por entidades privadas, según las necesidades comerciales de cada empresa.

El nuevo esquema alcanzará a productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológicos, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, así como a laboratorios enológicos y operadores registrados.

Gobierno nacional oficializó la inscripción remota de vehículos nuevos nacionales o importados

Lo anunció a través del Boletín Oficial y amparado en el decreto 70/23 de Sturzenegger.

El Gobierno oficializó este viernes en el Boletín Oficial la norma que determinó que las inscripciones o anotaciones de manera remota de vehículos nuevos tanto nacionales como importados, con el objetivo de facilitar el proceso administrativo.

Fue a través del decreto 745/2025 y amparándose en el artículo 353 del decreto 70/23, que dictó el Presidente, Javier Milei, en diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido, y que tuvo gran injerencia el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Para concretarlo, la administración libertaria creó el Registro Único Virtual, "a fin de instrumentar de manera virtual las peticiones de inscripción de trámites referidos a bienes incluidos en el citado Régimen Jurídico del Automotor".

"En una primera etapa, bajo esa modalidad se tramitarían las inscripciones iniciales de vehículos 0km de fabricación nacional e importados que cumplieran determinados requisitos, los cuales fueron detallados en su artículo 1°", anunció el texto.

La modalidad, resalta, "permite en la actualidad una mayor y más eficiente interacción con las bases de datos de éste y de otros organismos públicos".

"Esa circunstancia habilita que determinados controles que forman parte del proceso de calificación registral sean validados de manera automática por el sistema, mediante la interconexión con otras bases sistémicas oficiales a nivel nacional, asegurando la integridad, autenticidad y confiabilidad de la información, en consonancia con los principios de celeridad, economía, eficacia y control que rigen la actividad administrativa", dijo la publicación oficial.

ARCA: ya se pueden traer electrodomésticos de línea blanca desde Chile

Comparando precios, en electrodomésticos hay diferencias en torno del 50%, pero no debe dejarse de tener en cuenta su volumen para ingresarlos como equipaje.

A partir de la apertura a las compras de línea blanca en el exterior que rige desde esta semana, se pueden traer de las tiendas del otro lado de la cordillera esos productos a precios comparativamente muy inferiores.

Por ejemplo, las heladeras medianas se consiguen a menos de mitad de precio que en Argentina, $522.000; las cocinas, un 50% más económicas, $215.000; los lavarropas con una diferencia del 40%, $494.000, los aires acondicionados, a un tercio del valor que se paga en el país, $362.000, y hornos eléctricos, un 40% más baratos, $215.000.

La disparidad se explica, en muchos casos, por factores como la carga impositiva, costos logísticos internos y diferentes estrategias comerciales en cada país.

También se impone hacer cuentas con lo que representarían en las compras hechas en el país las facilidades de pago a plazos sin intereses, la garantía con cobertura nacional y la entrega a domicilio.

Ampliación de artículos a ingresar

Mediante un esquema digital que consta en la resolución firmada por el Director general de Aduanas, Andrés Velis, se amplió la resolución ANA Nº 3.751/94 que permite ingresar electrodomésticos y otros bienes adquiridos en el extranjero y el cambio normativo ahora hace posible incorporar a los listados cocinas, hornos, equipos de lavandería, refrigeración y climatización.

También comprende lavavajillas, campanas extractoras, sistemas de calefacción y termotanques, siempre que su destino sea el uso doméstico particular.

El millón largo de viajantes a la nación trasadina desde el año pasado concretó compras de celulares y otros dispositivos electrónicos, así como ropa y calzado, sobre todo, por más de U$S1.000 millones, pero estuvo vedado aprovechar las ofertas de la denominada línea blanca que, en algunos casos, representaría un ahorro del 70% respecto de lo que costaba de este lado de la frontera.

La sangría de dólares que significó esta corriente de importaciones hormiga llevó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la Dirección General de Aduanas a extremar los controles fronterizos y a exigir el uso de medios de pagos que transparentaran las operaciones.

Las tiendas chilenas multiplicaron sus ventas a los contingentes turísticos golondrinas merced al dólar barato en Argentina y a una rebaja arancelaria, que favorecieron los precios en moneda extranjera al cambio en el país.

Trabajadores del INTI rechazaron el decreto de Sturzenegger: "Sin el instituto no hay industria nacional"

Luego de la publicación en el Boletín Oficial, que concreta la modificación y el "vaciamiento" del organismo, los empleados cortaron la Avenida General Paz.

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial cortaron la Avenida General Paz en las inmediaciones del edificio del organismo, en rechazo al decreto publicado en el Boletín Oficial y que concreta la modificación de la cantidad de personal y elimina su autarquía.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, la Secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado en el INTI, Giselle Santana, manifestó que, tal como acordaron ayer en asamblea general, "si había decreto, había ruidazo y corte".

"Hoy hicimos lo que la brutal represión de ayer no nos permitió hacer. Estamos visibilizando el rechazo al decreto y la disposición de los trabajadores y trabajadoras de pelear hasta derogarlo. Ayer Sturzenegger y Adorni, en conferencia de prensa, le mintieron a la población sobre la importancia de un instituto estratégico como es el INTI", expresó Santana.

El Decreto 462/2025 sostiene que el área de administración del organismo "concentra más del 30 % de los recursos humanos" y que, según el Gobierno nacional, es una cantidad "muy por encima de los estándares habituales" para el tipo de actividades que realiza el INTI.

Asimismo, sostiene que el cumplimiento de las competencias que tiene atribuidas son llevadas "sin una estrategia clara" y dejaron como resultado una "falta de vinculación de las actividades que implementa con las necesidades y demandas prioritarias" de los diferentes sectores productivos involucrados.

Por ese motivo, el Ministerio de Economía "propuso transformar" al INTI, que dependerá, a su vez, de la Secretaría de Industria y Comercio, que mantendrá su denominación para "preservar su reconocimiento internacional y garantizar la continuidad de su identificación" dentro del Sistema Nacional de la Calidad.

"Estamos a solo un día de celebrar nuestra independencia y estamos más colonizados y dependientes que nunca. Vamos a defender la soberanía nacional, la industria, la ciencia y la tecnología y a seguir garantizando, para toda la población, la seguridad cuando se consumen productos de origen industrial. Vamos a cuidar la vida y la salud de la población y a luchar para defender el INTI, que ya tiene 70 años de existencia, y que es un orgullo", concluyó la secretaria gremial.

Modificaron la forma de contratación de obra pública

Hay nuevos mecanismos para evitar actos de corrupción.

El Gobierno nacional modificó los mecanismos para la contratación de obra pública simplificando los sistemas para buscar mayor competencia entre las empresas.

Lo hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 24/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones que reglamentó la forma en que se adjudicará la Obra Pública.

"Durante 70 años imperó un sistema de cartelización establecido por ley. Este dislate la ley lo protegía a través de un perverso sistema que limitaba la capacidad constructiva de cada oferente asegurando un reparto entre los actores al tiempo que limitaba la entrada al club", señaló el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El funcionario remarcó que "ambas cosas terminan de caer hoy. Por un lado se derrumban las barreras de entrada a nuevos jugadores. Previamente, a los que hacían obra privada o en el exterior no se los dejaba competir. Ahora estarán en paridad con la patria contratista e incluso si no tuvieran obras previas también podrán competir reemplazando obras por patrimonio o garantías. Y, lo más importante, se termina el sistema de la capacidad constructiva que era el corazón del sistema anterior".

La reglamentación que se publicó se enmarca en los cambios normativos recientes que incluyen la eliminación de antiguos registros y la creación de un nuevo Sistema de Información de Cocontratantes.

Este sistema exigirá la inscripción de todas las personas interesadas en participar en procedimientos de contratación de la Administración Nacional, abarcando categorías como Proveedores, Contratistas de Obra Pública y Concesionarios.

Si bien la implementación plena del Sistema de Información de Cocontratantes implica un cambio estructural y aún está en proceso, la Oficina Nacional de Contrataciones, como Órgano Rector del sistema de contrataciones de obra pública, está realizando ajustes progresivos en la calificación de los Contratistas de Obra Pública.

La nueva normativa flexibiliza los parámetros y simplifica el trámite de inscripción y calificación de las constructoras de obra pública.

Bajo el reglamento anterior, Disposición N° 16/19, los constructores debían presentar antecedentes y documentación de hasta 10 años, lo que a menudo implicaba cientos de documentos, para ser evaluados en su Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial y su Capacidad Económico Financiera de Ejecución Referencial.

La ejecución se basaba en balances y certificaciones de obra, priorizando obras públicas y considerando el capital social para empresas sin antecedentes locales.

El Decreto Nº 206/25, y ahora la Disposición 24/2025 que lo complementa, buscan fomentar la competencia y el ingreso de nuevos participantes, tanto locales como extranjeros.

Los nuevos criterios de calificación contemplarán por igual a empresas nacionales y extranjeras, y considerarán antecedentes de obra pública o privada para determinar la capacidad de ejecución.

Un cambio fundamental es que no se ponderarán los compromisos de obras asumidos y se elimina la capacidad de contratación.

Obra pública: Gobierno unificó en un régimen general las contrataciones con el Estado y consultorías

La medida se enmarcó en el proceso de desregulación estatal y busca simplificar la contratación pública.

El Gobierno dispuso la unificación de los sistemas de inscripción para las contrataciones con el Estado de obra pública y servicios de consultorías en un régimen general, mediante la publicación del Decreto 105/2025 este martes en el Boletín Oficial.

La información pasará a estar centralizada en el Sistema de Información de Proveedores, en el que se deberán inscribir las empresas y profesionales que deseen contratar con la Administración Pública Nacional.

La medida, que deroga una serie de regulaciones vinculadas al registro de empresas y consultores en la obra pública, busca simplificar el sistema de contrataciones con el Estado para evitar el requerimiento de igual documentación en distintas instancias y la multiplicidad de requisitos.

En este sentido, la normativa detalló que "coexisten en la actualidad diversos sistemas de inscripción y/o registro de las personas interesadas en contratar con la Administración Pública Nacional que, no sólo les exigen requisitos diversos, sino que les imponen la obligación de presentar la misma documentación".

Ante la situación expuesta, se consideró necesaria "la unificación de los sistemas de inscripción y/o registro de las personas interesadas en contratar con la Administración Pública Nacional, estableciendo un régimen general común a todas ellas, que solo prevea particularidades en la reglamentación cuando así lo exija un contrato en particular".

La decisión se enmarca en el proceso de desregulación estatal que viene propiciando la administración de Javier Milei, por lo que partiendo de que "las políticas de Estado se enfocan en maximizar la eficiencia del gasto público, resulta imperioso revisar aquellas funciones que puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal, asegurando así que los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva".

En este contexto, se derogó el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, que había sido creado por el artículo 13 de la Ley Nº 13.064, junto con la totalidad de la Ley Nº 22.460, que comprendía el Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas. Ambas instancias regulatorias serán absorbidas por el SIPRO.

Asimismo, el Gobierno también avanzó en la modificación del régimen de habilitación de proveedores al sustituir el artículo 27 del Decreto Nº 1023/01, que regula el régimen de contrataciones de la Administración Nacional.

A partir de ahora sólo podrán participar en procedimientos de selección aquellas personas físicas o jurídicas que estén inscriptas en la base de datos administrada por el órgano rector.

Al argumentar la unificación de la base de datos, el Ejecutivo consideró que "la presente medida permitirá mejorar el funcionamiento del Estado, contribuyendo a desempeñar sus funciones de manera más ágil, eficiente y eficaz, a la vez que reducirá el sobredimensionamiento de la estructura estatal".

Sturzenegger dio más detalles sobre la promesa de Milei de eliminar el 90% de impuestos

El ministro destacó la importancia de una "motosierra profunda" en el gasto público para lograr una economía más eficiente y expandir la actividad.

El Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, afirmó que el objetivo del Gobierno es simplificar la estructura impositiva, aunque no reducir las cargas un 90%, tal como anunció el Presidente Javier Milei este martes por la noche durante la cadena nacional con motivo del primer año de su Gobierno.

Además, indicó que la competencia de monedas mencionada en la cadena nacional ya estaba contemplada en el DNU 70/2023.

En una nota que concedió esta mañana a Radio Mitre, Sturzenegger aclaró que el presidente de la Nación "no está hablando de eliminar 90% cuantitativamente, sino en términos de la cantidad de instrumentos".

Y explicó que para bajar 90% la carga impositiva "tendríamos que bajar 90% el gasto, lo ha hecho en 30%, una cosa histórica, pero está hablando de que tenemos una estructura tributaria muy compleja, con un montón de impuestos que recaudan muy poco, y es momento de empezar a simplificar y concentrarse en los impuestos más importantes".

"Argentina tiene un montón de impuestos chiquititos que recaudan poco, esto apunta a simplificar la estructura tributaria", indicó.

Por otro lado, para compensar, interpretó que la reducción de 5 puntos en el gasto público realizada por Milei en este primer año de gestión podría verse como una disminución equivalente en términos de impuestos.

"Cada gasto del Gobierno es un impuesto que debemos pagar los argentinos", afirmó.

Gobierno realizará una reestructuración del Fondo Nacional de las Artes

La administración libertaria denunció que el fondo utilizaba el 72% de su presupuesto a gastos de funcionamiento. El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló el alcance de la medida a través de sus redes sociales.

El Gobierno anunció una profunda reestructuración del Fondo Nacional de las Artes. A través del Decreto 1029/2024, publicado en el Boletín Oficial, la administración libertaria anunció que modificará las fuentes de financiamiento para los artistas.

En detalle, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que el decreto "limita el uso de los fondos al otorgamiento de créditos a los artistas que, además, serán denominados en UVAs a fin de evitar la licuación del capital".

Además agregó que la medida habilita las "donaciones privadas que, junto a las ganancias financieras de los créditos, serán los únicos recursos que podrán usarse para otorgar becas o subsidios".

El decreto del Gobierno comprende por "actividades artísticas y literarias" a las artes plásticas, la arquitectura y el urbanismo en sus aspectos exclusivamente estéticos, las actividades de teatrales definidas en el artículo 11 del Decreto Ley N° 1251/58; la cinematografía; la radiofonía; la televisión; la música; la danza; las letras; las artes aplicadas y las expresiones folclóricas.

Una vez delimitado qué tipo de práctica puede acceder al Fondo Nacional de las Artes, el oficialismo dictaminó que "el instrumento primario de promoción del Fondo Nacional de las Artes será el otorgamiento de créditos".

Además, detalló: "En todos los casos, el otorgamiento estará condicionado a que no se desvirtúe, durante el proceso de utilización de los inmuebles y maquinarias construidas o adquiridas, las altas finalidades de superación artística que persigue la creación del Fondo Nacional de las Artes".

En su reestructuración, el la administración de Milei también denominó a las operaciones de crédito del Fondo Nacional de las Artes como Unidades de Valor Adquisitivo.

"El Fondo podrá establecer diferentes mecanismos de implementación de dichos créditos, los cuales incluyan: créditos grupales con responsabilidad solidaria de todos los miembros, créditos con fiadores, los cuales podrán requerir una contragarantía en obras o de un porcentaje de ingresos del artista, y anualidades perpetuas o temporarias, con contragarantías en las obras del artista".

Al respecto, Sturzenegger detalló: "El decreto le da libertad al Fondo Nacional de las Artes, pero sugiere una modalidad de renta contra garantías de obras o garantes por lo cual el Fondo Nacional de las Artes podrá financiar a los artistas durante los primeros años de su carrera".

Otra de las grandes modificaciones es que, a partir de la publicación del Decreto en el Boletín Oficial, el Fondo Nacional de las Artes estará habilitado a "recibir donaciones, legados y contribuciones sean estas para financiar las actividades regulares del Fondo o con objeto de implementación de programas específicos”.

Tras la publicación del Decreto, Sturzenegger utilizó sus redes sociales para justificar la medida: "La organización necesitaba un importante rediseño: cobra derechos de autor de obras universales pero gasta una proporción inaceptable de esos recursos en sí misma; así un organismo que se suponía que debía ayudar al arte en la práctica con los años fue convirtiéndose en una carga para el sector. En 2023 el Fondo Nacional de las Artes destinó ¡el 72% de su presupuesto, financiado por los usuarios de la cultura a gastos de funcionamiento!"

"El Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, no se mantuvo inactivo ante este diagnóstico. El Consejo Directivo de 14 personas pasó a ser ad honorem, el kirchnerismo le había asignado abultados sueldos. Además, redujo el 25% la nómina de personal, generando una estructura más eficiente y profesional", agregó el funcionario.

"En definitiva, la actividad principal del Fondo Nacional de las Artes será ofrecer oportunidades y financiamiento pero no regalar dinero. Se busca un Fondo Nacional de las Artes sustentable en beneficio de los artistas y no de la burocracia", concluyó.

Gobierno afirmó que hay 10.000 empleados públicos en condiciones de jubilarse

Unos 6.800 agentes pertenecen a planta permanente. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado firmó un convenio con Anses para que ese organismo determine quiénes están en condiciones de concretar el trámite

La intimación a tramitar la jubilación alcanzaría a unos 10.000 empleados públicos de los cuáles 6.500 pertenecen a planta permanente, según estimaciones del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

A su vez, se informó que el Ministerio firmó un convenio con Anses para que ese organismo determine quiénes están en condiciones de concretar el trámite.

En ese sentido, se remarcó que "es necesario asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos en el ámbito del Sector Público Nacional".

El Ministerio de Desregulación publicó este miércoles la Resolución 3/24 que obliga a todas las áreas del gobierno a en los próximos 30 días a intimar a las personas que están en condiciones de jubilarse.

Para instrumentarlo, el 10 de octubre la Secretaria de Tranformacion del Estado y función pública suscribió un Convenio de Intercambio Electrónico de Información con la Anses.