Un ciudadano de San Juan, Fernando, emprendió una consulta de rutina en Migraciones, y se llevó la sorpresa de su vida: descubrió que había un duplicado B de su DNI, algo que él nunca había tramitado.
Se trata de otro caso más de estafa realizada por la banda delincuencial que falsificaba documentos para estafar desde el Registro Civil de Pocito.
El caso saltó a los medios en San Juan cuando, días atrás, Gendarmería Nacional realizó un operativo en el Registro Civil de Pocito por la entrega irregular de un DNI. Una empleada, Natalia Castillo, fue detenida tras detectarse el uso fraudulento de documentos en San Juan.
El episodio vivido por Fernando fue infausto, porque luego de iniciar un trámite convencional en Migraciones descubrió que pesaba sobre su persona una deuda de $60.000.000, los cuales habían sido tomados como préstamos a su nombre y con su DNI.
En marzo de este año, comenzaron a llegarle avisos de deudas de bancos y financieras, algo que al principio no lo preocupó, porque pensó que se trataba de un error, pero que luego le empezó a complicar su vida.
"Primero eran $17.000.000", recordó Fernando, luego la deuda trepó a "$60.000.000 y ahora ronda los $34.000.000". La deuda complicó al ciudadano sanjuanino que se vio trabado a la hora de hacer trámites y hasta llegó a tener inconvenientes para demostrar su identidad.
La fraudulenta y nefasta estafa se concretó gracias a un nuevo DNI tramitado en el Registro Civil de Pocito.
Según el curso de la investigación, Marcelo Omar Cardozo, exempleado estatal, fue quien utilizó los datos de Fernando para sacar créditos y hacer compras en distintos bancos.
El caso de Fernando se suma a otras denuncias que destaparon el fraudulento accionar de la banda de cacos que operaba dentro del Registro Civil de Pocito.
Tras la denuncia, y avanzada la investigación en la Justicia Federal bajo la órbita del Fiscal Fernando Alcaraz, se logró la detención de Natalia Castillo, quien dirigía el área de documentos en Pocito.
La pérfida mujer está acusada de haber facilitado datos y documentos a la organización, junto a otros cómplices como Rolando El Narigón Navarro Saide, su hijo Rodrigo Navarro Pozo y Marcos Esteban Vallejo, vinculados a estafas de características muy parecidas.
El caso sigue su curso en la Justicia Federal, bajo la órbita del Fiscal Fernando Alcaraz y se están recolectando pruebas a través de las pericias que realiza Renaper.
En el caso de Fernando, ya se confirmó que el DNI fue emitido de manera irregular. Con esa prueba, el ciudadano estafado logró demostrar que fue víctima de suplantación de identidad, aunque la deuda aún no ha sido anulada.
Fernando recordó que tuvo que "ir al Renaper con papeles, mi hermana y la libreta de mis padres, todo para demostrar que soy yo".
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