Alberto Fernández pudo conducir de una manera muy diferente la cuestión del endeudamiento con el FMI. No quiso. El momento clave fue el de su asunción.

O cumplía con sus promesas electorales de auditar la deuda y diferenciar la legítima de la ilegítima, y trataba de hacer valer las desprolijidades e ilegalidades del acuerdo de 2018 firmado por Christine Lagarde y Mauricio Macri en los foros internacionales, o agachaba la cabeza y hacía caer sobre todos los argentinos los costos de un fabuloso préstamo que pasó como una ola sobre la Argentina por la canaleta de la fuga de capitales. Todos sabemos cuál fue su decisión. También quiénes se beneficiaron.

Para el FMI el principio de arreglo fue un negocio redondo. Consiguió el reconocimiento de una deuda ilegítima, otorgada violando sus propios estatutos. "Deuda odiosa", según el concepto jurídico utilizado por Alberto Rodríguez Saá.

También se vio beneficiado el PRO: ahora el Frente de Todos tiene en su mochila una deuda simétrica a la de Mauricio Macri. Y, de yapa, creó una especie de tsunami al interior de la coalición gobernante.

La vicepresidenta mantiene un incómodo silencio sobre el arreglo alcanzado. El cristinismo y el kirchnerismo doctrinario lo repudian.

Sólo el albertismo aplaude a cuatro manos la resolución. Gobernadores, sindicalistas, intendentes y algunos funcionarios moderados.

¿Resistirá el Frente de Todos? ¿Tendrá futuro electoral? Interrogantes que se resolverán con el paso del tiempo.

El tablero político cambió. Con "la deuda de Alberto", el argumento de la "pesada herencia" queda anulado.

El presidente ya no podrá culpar al Gobierno de Macri con la misma liviandad con que lo hizo hasta ahora. Tiene su propia deuda, equivalente a aquella que no se cansó de denunciar.

La comunicación oficial del Gobierno insistió en afirmar que el arreglo no se hizo a costa del crecimiento económico y que no implicaba ninguna clase de ajuste. Una falacia. El FMI le cerró la que ha sido hasta ahora su principal fuente de financiamiento: la máquina de hacer billetes sin respaldo, la emisión descontrolada.

También le amputó su soberanía: ahora las decisiones económicas y financieras estarán sujetas a la revisión trimestral del FMI.

La espada de Damocles a la que Alberto Fernández aludió en su discurso no se eliminó. Muy por el contrario, estará mucho más activa que en el pasado. Una evaluación negativa de sus políticas, emisión, inflación, déficit, en cualquiera de las evaluaciones de las misiones del FMI y el país caerá en el vacío por interrupción de pagos.

¿Cómo podrá afrontar sus últimos dos años un gobierno intervenido por el FMI? ¿Cómo abordará la creciente pobreza, la desigualdad, la exclusión de más de la mitad de los niños argentinos, la generación de empleo, la situación de los jubilados y los desequilibrios estructurales en la administración de recursos, con la lupa de la auditoría permanente del Fondo sobre sus acciones?

El acuerdo cerrado no es más que un plan de estabilización de emergencia para los próximos dos años y medio. Una transición para bajar la emisión, controlar la inflación, bajar el déficit y achicar subsidios en los servicios públicos. Después habrá que comenzar a pagar la deuda de Macri.

Pero el Gobierno, necesitado de dar buenas noticias, hizo hincapié en los permisos que le concedió el Fondo, como el aval para ejecutar planes de inversión pública y mantener la asistencia social con limitaciones. Fue un tributo del FMI al sentido común, algo que no ocurría en el pasado. Sin estas facultades, el estallido social no tardaría en producirse. Y una sociedad estallada no paga deudas.

Limitada considerablemente la emisión, no se ve de dónde aparecerán los recursos genuinos para fondear las políticas de estado. La consecuencia que brinda la experiencia es el ajuste: educación, salud, políticas sociales. Los clásicos. Nada nuevo bajo el sol. El Gobierno ganó tiempo pero no queda claro que pueda resistir hasta fines de 2023.

Para peor, la aprobación del entendimiento requiere de la aprobación legislativa. Hablando en claro, no sólo el gobierno recibirá el impacto de las condiciones impuestas. También deberá ceder cosas para conseguir el respaldo parlamentario de la oposición. Y también la del cristinismo.

La coparticipación y los adelantos del tesoro serán los primeros afectados. Para conseguir votos parlamentarios el gobierno deberá hacer nuevas erogaciones con una caja sensiblemente reducida, y ser más generoso con algunas provincias opositoras a las que mantuvo rezagadas hasta ahora.

Por supuesto que, a falta de emisión, alguien deberá sufrir el recorte: ni más ni menos que las provincias oficialistas, sobre todo la de Buenos Aires.

El Gobierno confía en profundizar el crecimiento económico del último año para financiar sus políticas. Pero la recuperación del 2021 fue deteniéndose en los últimos meses, y el casi 11% del último año se recorta a apenas un 3% para 2022 en la mayoría de las proyecciones.

No será posible gobernar prescindiendo del ajuste. El problema es que el ajuste en Argentina ya lleva seis años consecutivos. ¿Quiénes serán los ganadores y los perdedores de las nuevas decisiones?

Hasta ahora, la deuda con el FMI era una cuestión eminentemente externa, y tenía un responsable: Mauricio Macri. A partir de ahora habrá dos deudas, la de Macri y la de Alberto, con el agravante de que, con las auditorías y el recorte sustancial de la emisión, impactarán aún más en la política interna.

Alberto Fernández debería recordar que apenas pasó año y medio entre el "Qué lindo es dar buenas noticias" de Fernando De la Rúa y su salida a la disparada en helicóptero, con su coalición de Gobierno disuelta y un altísimo costo social.

¿Pudo haber sido de otro modo? Seguramente. Pero después de más de dos años de pagar religiosamente al FMI, el argumento de la ilegitimidad de la deuda había perdido todo sostén.

Sólo quedaba elegir entre lo malo y lo peor. Y Alberto, con sus constantes dilaciones, nunca le ha encontrado el agujero al mate.