Distintas entidades consideraron que la medida dispuesta por el Ejecutivo "es un grave retroceso para la independencia judicial". También reclamaron que se suspenda la toma de los juramentos.

La decisión del Gobierno de Javier Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, sigue generando repercusión en distintos sectores políticos y sociales. En este caso, fueron varias ONG las que rechazaron la decisión.

Este miércoles, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos se sumaron hoy a los reclamos de la oposición.

"Es un grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional de la Corte Suprema", señalaron a través de un comunicado.

En la misma línea, manifestaron que "la decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional".

Entre otras organizaciones, firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y Poder Ciudadano.

Meses atrás, en agosto del 2024, habían participado de una audiencia pública en el Senado donde expusieron su rechazo a las postulaciones de Lijo y García Mansilla.

En tanto, hicieron hincapié en que "el Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer".

Y remarcaron: "El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud".

En ese sentido, las organizaciones indicaron que "eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía".

Además, argumentaron que en las audiencias públicas se plantearon múltiples impugnaciones por falta de idoneidad e independencia de los candidatos.

"Si la oposición hace lo que tiene que hacer, estamos ante una enorme derrota política del Gobierno, que después de casi un año no logró el apoyo del Senado para sus candidatos a la Corte y se vio obligado a avanzar con una designación irregular y precaria", afirmó el Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Julián Alfie.

"Ahora los senadores y las senadoras tienen que hacer en el recinto lo que tendrían que haber hecho hace varios meses, que es pedir una sesión y rechazar los pliegos. Que quede claro, el Senado puede y debe rechazar estos pliegos, y de ellos depende ahora que este descalabro no se concrete", agregó.

Asimismo, Alfie se preguntó: ¿Qué fiscal va a investigar al Presidente por el escándalo de $LIBRA sabiendo que el imputado es alguien que puso a dedo a los jueces de la Corte y que eventualmente puede hacer lo mismo con la vacante en la Procuración General, es decir, con el jefe de los fiscales? ¿Qué juez va a dictar la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia de Milei si la propia Corte está compuesta por jueces designados por un decreto inconstitucional?".

Y advirtió: "Por no hablar del riesgo de que esta nueva mayoría de la Corte tome la presidencia del Consejo de la Magistratura y logre un control pleno sobre el sistema judicial".

Por su parte, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad solicitó una medida cautelar para que se suspenda la toma de juramento de Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema.

"El dictado del decreto 137/2025 demuestra la vulneración de principio de no concentración de poder", explicaron.

Según el CEPIS, esta decisión del Gobierno "evidencia la arbitrariedad e inconstitucionalidad del mismo, asumiendo el Poder Ejecutivo facultades que le son regladas al poder legislativo en la búsqueda de consensos y control cruzado de facultades y deberes. En definitiva, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades vedadas por la Constitución Nacional".