Desde el Ministerio de Capital Humano le respondieron a los sindicatos.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ratificó este lunes la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes, para el próximo 1 de septiembre, y de esa forma le respondió a los sindicatos que anunciaron un paro para el próximo miércoles 12 de agosto.

En un comunicado, la cartera que lidera Sandra Pettovello calificó la protesta como de "carácter político".

También, en medio de cuestionamientos sindicales por la falta discusión salarial, señaló que la reunión paritaria fue pactada "conforme al cronograma oportunamente establecido" y remarcó el accionar del área educativa estatal.

"A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia", subrayaron desde el Ministerio.

En ese sentido, el Ejecutivo cuestionó con dureza la medida de fuerza ratificada por los sindicatos docentes y no docentes para el 12 de agosto.

"El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional", concluyó el texto oficial.

La medida de este miércoles fue confirmada por distintas organizaciones gremiales el jueves pasado y se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo. Entre los principales reclamos se encuentran una recomposición salarial, el pago de una deuda que los gremios estiman en un 28,5% hasta junio y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales resolvió adherir a la medida, mientras que Conadu Histórica anunció además una nueva jornada de protesta de mayor duración.

Según anticipó el gremio, también realizará un paro nacional desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.

Las organizaciones sindicales también reclaman el envío de fondos para los gastos de funcionamiento de las universidades y cuestionan la falta de transferencia de un incremento del 20% contemplado para ese concepto.