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Procesaron a Alberto Fernández en la causa Seguros

También fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, exsecretaria privada del exmandatario.

La Cámara Federal de Casación resolvió este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la casa por la contratación de seguros durante su Gobierno.

Según la resolución, también fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, exsecretaria privada del exmandatario.

Además, Casación procesó a Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino.

Todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También confirmó los procesamientos y prohibiciones de salida del país de Alberto Carlos Pagliano, Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Arana y Mauro Damián Tanos.

Fue por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública.

Cositorto de nuevo complicado: fue procesado en Buenos Aires por más de 1.000 denuncias por estafas

El líder de Generación Zoe ya fue condenado en Goya y Salta por el delito de asociación ilícita.

Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, fue procesado en la provincia de Buenos Aires por más de 1.000 denuncias por estafas. En este caso se sobreseyó a 23 implicados ya que para la Justicia también son víctimas.

El acusado ya fue condenado en Goya y Salta por el delito de asociación ilícita y su situación en Córdoba está a la espera.

Como en los anteriores caso, la jueza Alejandra Alliaud lo acusa de ser jefe de una asociación ilícita, junto con Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray y Leonardo Javier Prioli, quienes habrían estafado a 1.095 inversionistas.

En este dictamen de procesamiento, según pudo saber Noticias Argentinas, se les trabó un embargo de $10.000.000.000 millones a cada uno, pero no se les dictaminó la prisión preventiva.

En el escrito, la magistrada señaló que, bajo el liderazgo de Leonardo Cositorto, "elaboraron y desplegaron una puesta en escena utilizando la estructura de una empresa próspera que ofrecía cursos de coaching, trading, liderazgo y otros paquetes educativos tecnológicos imprecisos, alegando conocimientos sobre supuestos criptoactivos, tokens, servicios inmobiliarios, promoviendo oportunidades de inversiones basadas en el oro extraído de minas propias del holding Generación Zoe, cuya existencia no se pudo acreditar, con la finalidad de captar inversores para realizar operaciones financieras en dólares, que se verían acrecentadas con la promesa del ofrecimiento de retornos con tasas de interés superiores a las ofrecidas por las entidades bancarias y financieras".

"Las pruebas reunidas demostraron que las ganancias prometidas no provenían de actividades comerciales o financieras genuinas, sino de los fondos aportados por nuevos inversores, reproduciendo el esquema clásico de fraude piramidal", destacó el informe.

En este caso Cositorto es defendido por los abogados Guillermo Tiscornia y Eduardo Jorge Iriarte, mientras que en la provincia de Córdoba sigue el letrado Guillermo Dragotto quien, en las próximas horas, realizará varias denuncias por irregularidades.

En Goya el líder de Generación Zoe fue condenado a 12 años de prisión, mientras que en Salta recibió una pena de 11 años de cárcel.

Tras ser procesado por la causa Seguros, Alberto Fernández denunció que es perseguido por ser peronista

El expresidente calificó de arbitraria la decisión judicial y pidió a la Justicia Federal que cumpla con su función sin influencias mediáticas.

Después de haber sido procesado en el marco de la causa Seguros por el delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", el expresidente Alberto Fernández cuestionó la medida y le pidió a la Justicia Federal que "cumpla su función" y deje de persegurlo "por ser peronista".

Por medio de sus redes sociales, compartió un comunicado en el cual manifestó: "Ayer la Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el 'riesgo' que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros".

En ese sentido, continuó manifestando que "entiendo que la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso".

"Cómo alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación", concluyó.

El juez impuso un embargo que supera los $14.000.000 vinculado al decreto 823, con el que se eliminó el sistema de coaseguro y se otorgó exclusividad a Nación Seguros.

Procesaron a Alberto Fernández en la causa Seguros

El Juez Sebastián Casanello también le aplicó un embargo por más de $14.000.000.

El expresidente Alberto Fernández fue procesado sin prisión preventiva en la causa Seguros por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

"Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir, en especial su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios de primer mandatario, suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza", expresó el fallo.

A lo que agregó: "La evidencia reunida mostró, además, que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad y/o laboral".

"A la par de un trato frecuente y cercano, reflejado en múltiples intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas y registros fotográficos, se comprobó la entrega de obsequios, flujos dinerarios y gestión de favores personales", sostuvo.

El Juez Sebastián Casanello también le aplicó un embargo por más de $14.000.000 por la firma del decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.

Procesaron a Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez

Es por dos hechos que implicaron lesiones graves y amenazas coactivas. La Justicia decidió dejar sin efecto la prohibición de salida del país, pero le trabó un embargo de $10.000.000.

El Juez federal Julián Ercolini procesó este lunes a Alberto Fernández en la causa que lo investiga por violencia de género tras la denuncia de Fabiola Yáñez.

El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10 también ordenó trabar un embargo de $10.000.000 sobre los bienes del expresidente.

Por otro lado, el magistrado dejó sin efecto la medida que le prohíbe a Alberto Fernández salir del país, aunque tendrá que informar al Juzgado al menos 72 horas antes de viajar al exterior.

Según el fallo, Ercolini pidió que el exmandatario sea investigado por dos hechos de "lesiones leves" doblemente agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; sumado a "lesiones graves" agravadas por violencia de género, y "amenazas coactivas", en concurso real.

Tras rechazar el planteo de nulidad presentado por la defensa, el juez solicitó que se mantengan las medidas restrictivas, como el cese de actos de perturbación o intimidación del imputado hacia la ex primera dama.

Esto significa que no se puede acercar a menos de 500 metros de Yáñez, ya sea que se encuentre en Madrid, donde está viviendo, o en cualquier otro lugar. Tampoco puede llamarla, enviarle mensajes, correos, ni tener otro tipo de contacto virtual.

Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández el 6 de agosto del 2024. En un escrito, aseguró que su expareja ejerció violencia de género en su contra desde el 2016.

Según declaró, el expresidente aprovechó su situación de vulnerabilidad y la sometió a "violencia psicológica", bajo las formas de "acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad".

El vínculo también habría estado marcado por episodios de violencia física, cuando ella intentaba mudarse del departamento que compartían en la calle Juana Manso, en la Ciudad de Buenos Aires.

La ex primera dama aseguró que, tras ser electo como presidente de la Nación, la violencia física habría continuado y escalado, más precisamente después de haber quedado embarazada hacia fines de julio y principios de agosto del 2021.

Yáñez declaró que Fernández la agarraba del cuello, la zamarreaba, le daba cachetazos con la mano abierta, y golpes en la cara y en otras partes del cuerpo.

Esto sucedió presuntamente cuando vivían en la Quinta de Olivos. Incluso, la foto de la polémica en la que ella aparece con un moretón en el ojo y en el brazo sería del 21 de junio del 2021.

Según su testimonio, el calvario siguió incluso hasta cuando se mudó a la ciudad de Madrid, con Francisco, el hijo de ambos.

De acuerdo a la denuncia, la ex primera dama "habría sido condicionada económicamente" por Fernández "como medio para manipular y continuar ejerciendo poder y control". También le dijo que se iba a suicidar si continuaba con la acción penal.

Ante esto, Alberto Fernández presentó un escrito de 200 carillas en donde negó todas las acusaciones, cuestionó la "parcialidad" del Juez Ercolini y aseguró que la víctima de violencia había sido él, ya que culpó a Yañez de tener problemas de alcoholismo.

"Ella se ponía violenta, me atacaba con una fuerza singular. Yo solo atinaba a atajar sus manos para evitar sus golpes", expresó.

Fabián Gianola fue procesado y embargado por el delito de abuso sexual

La Justicia revocó la "falta de mérito" que el actor había obtenido sobre la denuncia realizada por Viviana Aguirre.

Este lunes se informó que Fabián Gianola fue procesado y embargado por el delito de abuso sexual. La Sala 7 revocó la "falta de mérito" que el actor obtuvo a fines de diciembre sobre la denuncia realizada por la locutora Viviana Aguirre. A partir de este fallo, deberá enfrentar un juicio.

En la resolución se especifica que el embargo judicial es de 800 mil pesos. El ex Televisión Registrada seguirá gozando de su libertad porque no se dictaminó prisión preventiva.

Tras la noticia, Viviana Aguirre conversó con el equipo A la Tarde, América. "Esperaba esto desde que dictaron la falta de mérito, que la viví como una injusticia. Me enteré hace media hora y no lo podía creer de la emoción que tengo", aseguró.

Y añadió que "con la falta de mérito me había sentido de nuevo violada. No quiero llorar, pero este momento es muy importante para mí. Les agradezco a ustedes porque gracias a eso, muchas chicas se animaron a denunciar".

Aguirre no dudó en remarcar que este procesamiento marca un precedente valioso. "Desde el año 93 que este tipo abusa sexualmente y estamos en el 2020. Lo que yo digo es que los violadores no van a cambiar y este tipo es un violador, más que un abusador. Esta es la oportunidad de que la Justicia escuche a las víctimas", completó.

La denuncia de Viviana Aguirre

"Iba avanzando a medida que una no le ponía los límites". Tiempo atrás, Viviana Aguirre había hablado acerca de los momentos incómodos que vivió durante su convivencia con Fabián Gianola.

"En pleno aire te manoseaba. Él era el toquetón que te agarraba fuerte y te toca las partes con las manos. Al principio era como que te acariciaba la espalda, pero después era otra cosa", detalló en el programa radial El Show del Espectáculo.

Y completó diciendo que "iba avanzando a medida que una no le ponía los límites. Me gustaba ir a trabajar, pero la pasaba mal. Tenía que correr la cara cuando me daba un beso, y me lo daba en la oreja, en el cuello".

Esa situación la llevó a renunciar a su trabajo para evitar el hostigamiento y el acoso constante. Como prueba, Viviana Aguirre presentó algunos audios que fueron incorporados a la causa y que salieron a la luz hace algunos meses.

L-Gante fue procesado por tentativa de homicidio contra el representante de Yao Cabrera

Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, fue imputado por homicidio simple en tentativa y coacción por haber amenazado con una copa rota a Christian Manzanelli.

El hecho ocurrió en la noche del martes 21 de diciembre, en la presentación de la pelea entre el Chino Maidana y el influencer uruguayo.

En varios videos se ve a L-Gante frente a Manzanelli con una actitud agresiva. Según la versión del manager, L-Gante rompió una copa y intentó apuñalar.

Alejandro Cipolla, abogado del cantante, confirmó la imputación. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 58.

Además, afirmó que su representado "no tiene antecedentes penales ni otras causas en trámite". “Me parece que es una acusación totalmente falsa y exagerada. Asignarle una calificación legal como ‘tentativa de homicidio’ me parece muchísimo", aclaró el letrado.

"Vamos a ponernos a disposición de forma inmediata y presentar toda la prueba que demuestra todo lo contrario. Elián lo único que hizo fue repeler la agresión de otros individuos. Esperemos que el Juzgado no trate de tomar medidas ejemplificadoras y ridículas, como algún tipo de prohibición o restricción por el hecho de que Elián es uno de los artistas más importantes de la Argentina", comentó.

Por su parte, el mánager de Yao Cabrera declaró ante la Justicia que el cantante rompió una copa y se dirigió hacia él: "En esos momentos, en razón de sus movimientos, temí claramente por mi vida, dado que en su mano derecha contaba con un objeto corto punzante, no pudiendo lograr su cometido gracias a la intervención de numerosas personas que pudieron reducirlo y retirarlo del lugar", precisó.

Mauricio Macri habló de su procesamiento: "Esto es una persecución política"

Desde Chile, el expresidente criticó al Juez Martín Bava, que lo investiga por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. 

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, habló este miércoles luego de conocerse la noticia de su procesamiento en la causa que investiga el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido hace cuatro años y un mes.

Mientras se encuentra en Chile, donde participó de un evento y apoyó la candidatura de José Kast, Macri confirmó que apelará el procesamiento.

Consultado por el embargo que le trabó el Juez Bava, de un 100 millones de pesos, expresó "lo cumpliremos como corresponde hasta que apelemos".

"Es una persecución política que termina en esto que ya todos sabíamos", dijo el expresidente sobre el procesamiento en respuesta a una rueda de preguntas improvisada que ensayaron los periodistas del país trasandino.

Al igual que los dirigentes del PRO que lo apoyaron a través de las redes sociales una vez conocido el procesamiento, Macri apuntó contra el Juez Bava. "Más incómodo es para la Justicia argentina tener jueces como Bava", dijo.

Procesaron a Mauricio Macri y le prohibieron salir del país

La medida fue adoptada por el Juez federal de Dolores, Martín Bava, quien además le trabó un embargo por 100.000.000 de pesos.

El Juez federal interino de Dolores, Martín Bava, dictó el procesamiento del expresidente Mauricio Macri al considerarlo "autor" de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que "prima facie" Macri es "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal".

Como parte de este fallo, el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de Chile, adonde viajó recientemente.

Además, sufrirá un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos, el exmandatario "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal".

El Fiscal General de apelaciones rechazó el pedido de nulidad que hizo la defensa del Rector Nasisi

Recientemente se conoció la notificación del dictamen del Fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones, Dante Vega. En el texto se trata el planteo de nulidad que hicieron los abogados del procesado Oscar Nasisi, Rector de la Universidad Nacional de San Juan.

El Fiscal Vega rechazó el pedido de la defensa de Nasisi por varios motivos: uno por extemporáneo, ya que es una nulidad presentada 2 meses después de notificada la sentencia.

Además, porque en la causa no acreditó que (daño) gravamen hizo la sentencia de rechazo de darle curso a la Casación penal.

Por su parte, el auto de procesamiento no habilita el recurso de Casación.

Por estas razones, la sentencia debería salir dentro del próximo mes ya que la defensa de Oscar Nasisi acumula en esta causa siete pronunciamientos en contra por retener bienes personales y intelectuales de dos ingenieros.

Es preciso recordar que la Cámara Federal de Mendoza había confirmado el procesamiento de Oscar Herminio Nasisi y de Pedro Edgardo Sarquis, dispuesto por el Juez de primera instancia, Miguel Gálvez. El juicio, que tiene como protagonista al rector de la UNSJ, es por no devolver bienes retenidos a los ingenieros demandantes: Rudolph y Matar.

Al parecer el 2020 no será un gran año para el kirchnerista Oscar Nasisi, quien enfrenta este juicio desde hace tiempo. Se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber sido diligente en la devolución de los bienes, siendo que los ingenieros lo habían reclamado por diversos medios y siempre obstruyó la devolución de los mismos.

Recientemente, la Cámara Federal de Mendoza, más precisamente la Sala A, dispuso hacer lugar a la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. Este recurso de casación deducido por la querella había devuelto las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia para su sustanciación.

Vale decir que la Cámara de Federal de Mendoza ya confirmó todo lo actuado por el Juez Gálvez.

La causa involucra al rector de la UNSJ y se desprende del expediente conocido como el Caso Rudolph y Matar. Se trata de dos ingenieros que en 1989 fueron apartados y denunciados por el entonces rector, Tulio Del Bono, por malversación de fondos. Luego de varios años, la Justicia los declaró inocentes. Tras esa situación, ambos profesionales demandaron a la UNSJ e intentaron recuperar los elementos de su propiedad que habían quedado bajo la custodia de la Facultad de Ingeniería. Pero Nasisi impidió que esto sucediera y el juicio comenzó a complicarse más aún.

La Cámara Federal de Mendoza, a instancias del abogado querellante, Miguel Arancibia, quien representa en esta causa a las familias Rudolph y Matar, resolvió "devolver las actuaciones al Juzgado de primera instancia", a cargo del Juez federal Miguel Gálvez.

El magistrado local deberá clausurar la etapa y elevar a Juicio Oral, atento que Nasisi ya no tiene otros recursos legales que presentar en esta causa.

Este penoso episodio provocado por rectores de la UNSJ sería elevado muy pronto al Tribunal Oral Federal de la provincia de San Juan.

Según indica la sentencia de la Cámara de apelaciones de Mendoza, se confirmaría todo lo actuado por el Juez de Instrucción, Miguel Galvez, que encuadró la conducta del Rector Oscar Nasisi en las figuras de "defraudación por retención indebida e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 173, inc. 2º y 249 del C.P.)".

La sentencia indica que durante el "proceso quedó demostrado que Nasisi ha retardado voluntariamente la devolución de los bienes", y que no "cumplió con los actos propios que le corresponden como funcionario público por lo que también se lo procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público en orden a obstaculizar la pronta devolución de los bienes reclamados utilizando el cargo que detenta, por lo que le es atribuible los delitos por los que está procesado".

Se abre la posibilidad de un juicio oral para el Rector Nasisi

La sentencia destaca que "esta alzada aprecia que existen en autos elementos de convicción suficientes para establecer que existiría hecho delictuoso, y que los imputados serían prima facie responsables del mismo. No obstante lo expuesto será, eventualmente, el Juicio Oral el ámbito propicio para desplegar plenamente los argumentos defensivos concretos respecto de todas y cada una de las pruebas existentes".

En otras palabras, el ámbito natural de controversia y examen pleno de los hechos y la prueba no es otro que el del debate, según los principios de oralidad, inmediatez y contradicción.

Cómo se generó el Caso Rudolph y Matar 

Los ingenieros Rudolph y Matar fueron acusados de peculado de servicio cuando Tulio del Bono era rector de la UNSJ. Lo que hicieron sus abogados, una vez que se concretó esta acusación, fue aclarar que ellos nunca dispusieron de plata ni firmaron un sólo cheque. La defensa sostuvo siempre que era imposible que los denunciaran por malversación de fondos cuando nunca manejaron cash ni cheques. Finalmente la Justicia falló a favor de los dos investigadores y resultaron absueltos.

Ambos ingenieros, luego que se determinara su inocencia, pidieron que se les devolvieran sus estudios de investigación y además que las autoridades de la UNSJ pidieran las pertinentes disculpas.

En la causa se acredita que los ingenieros Matar y Rudolph y la Asociación Cooperadora del Instituto de Investigaciones Mineras (ACIIM), desde el año 1989 están pidiendo la devolución de los bienes muebles y los proyectos que estaban trabajando tanto ACIIM con IDEMSA, mediante convenio con la UNSJ.

Estos proyectos, por orden del exrector Tulio Del Bono, fueron retenidos y hasta el día de hoy la UNSJ no los ha devuelto.

También en la causa queda taxativamente demostrada la displicencia del Rector Oscar Nasisi para tratar el conflicto. Argumentan burocracia innecesaria y falta de medidas internas para descubrir quienes violentaron los sellos que se pusieron en la cajas y robaron o sustrajeron los trabajos intelectuales de los ingenieros.

Del Bono: el origen del conflicto

El responsable de esta situación es el exrector Tulio Del Bono, que en 1989, sin orden judicial, decidió quedarse con todos los bienes y trabajos profesionales de Rudolph y Matar, y entre sus ordenes estuvo el secuestro de los bienes personales y de las herramientas de trabajo.

Esto no terminó ahí, la Universidad Nacional de San Juan sacó del laboratorio a estas dos eminencias, Rudolph y Matar, y los mandó a caminar Tribunales durante 20 años para defenderse.

Todavía, luego de 30 años, no logran recuperar sus trabajos intelectuales. El instructivo de la persecución fue ordenado en un escrito de puño y letra de Del Bono, documento reconocido por él mismo en el juicio civil de responsabilidad.

Hasta ahora ningún rector de la UNSJ pudo escapar a la influencia nefasta de Tulio Del Bono, quien fue premiado con la distinción del Honoris Causa por la Vicerrectora de la UNSJ, Mónica Coca, a pesar de que Del Bono metió a la UNSJ en un juicio millonario que pagarán todos los argentinos con dinero del Estado. Desde sus cargos ocupados en Ciencia y Técnica se encargó de que los rectores continuaran su persecución contra los dos brillantes ingenieros, Rudolph y Matar.

Una torpeza lamentable que cometió el destacado Honoris Causa de la UNSJ.