Etiqueta: Procuración del Tesoro

Gobierno nacional oficializó al nuevo secretario de Justicia y al procurador del Tesoro

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A través de tres decretos publicados en el Boletín Oficial, Santiago Viola fue designado como nuevo secretario de Justicia y Sebastián Amerio como titular de la Procuración del Tesoro.

Continúan los cambios en el Poder Ejecutivo. Luego del nombramiento de Juan Bautista Mahiques a cargo del Ministerio de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, este lunes, el Gobierno oficializó la designación de Santiago Viola como secretario de Justicia y de Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro.

Así lo indicaron los Decretos 141, 142 y 143/2026 publicados en el Boletín Oficial, firmados por el Presidente, Javier Milei, y Mahiques.

En el primero, se acepta la renuncia de Amerio como Representante del Poder Ejecutivo, y en su lugar, designan a Viola.

Mientras que en el segundo, avalan la renuncia de Santiago María Castro Videla a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, designando en su puesto a Amerio. Castro Videla, en tanto, se desempeñará como subprocurador del Tesoro.

Las normas que establecen la reorganización de cargos en el área jurídica decretan a los funcionarios en sus nuevos roles a partir del 6 de marzo.

Gobierno oficializó la reestructuración en Procuración del Tesoro

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Con un decreto, publicado en el Boletín Oficial, argumentó que con los cambios en el organismo se reducirán costos y mejorará la formación de los abogados del Estado. En la previa, la institución echó a 60 personas.

El Gobierno oficializó la reestructuración en la Procuración del Tesoro, luego de echar a 60 personas por la sospecha de que filtraron información de YPF a los demandantes en el juicio por la expropiación.

La Procuración del Tesoro habló de un "recorte histórico de personal y una drástica reducción de áreas técnicas" con las que dijo que "busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos".

El decreto 475, publicado en el Boletín Oficial, argumentó que con los cambios en el organismo se reducirán costos y mejorará la formación de los abogados del Estado.Fue firmado por el Presidente, Javier Milei, y el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Además, dispuso la eliminación de la Escuela para abogados estatales, que tenía como objetivo "ser el organismo de capacitación y perfeccionamiento técnico específico de los profesionales que desarrollen su carrera administrativa en el Cuerpo de Abogados del Estado".

"A pesar de haber cumplido con los objetivos propuestos en su norma de creación, la citada Escuela enfrenta desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos, por lo que resulta aconsejable su disolución", planteó el decreto.

En ese sentido, planteó que los cambios se "optimizarán recursos, evitando el sostenimiento de una estructura burocrática innecesaria, lo que permitirá reducir costos y mejorar la calidad de la formación y actualización profesional de los abogados del Estado".

El decreto aclaró que "los programas de capacitación en curso al momento de la entrada en vigencia del presente decreto continuarán hasta su finalización bajo la supervisión de la Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública", que garantizarán "la certificación de los estudios cursados".

La resolución determinó que la Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública será "el organismo competente para entender en la selección de los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado que soliciten becas para cursos de perfeccionamiento que ella administre. Será responsable de la difusión pública de las becas ofrecidas, evaluará las condiciones de los candidatos y elevará las propuestas pertinentes al Procurador del Tesoro de la Nación, quien resolverá sobre el particular".

El decreto indicó que "por razones de gestión resulta indispensable aprobar una nueva estructura organizativa" de la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, "con el fin de fortalecer su capacidad operativa y dotarla de mayor agilidad y dinamismo en el cumplimiento de sus funciones".

Tras las sospechas de filtraciones en el caso YPF, Procuración del Tesoro echó 60 personas

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El Gobierno reestructurará el organismo y disolverá parte de sus áreas.

Luego de que el Gobierno anunciara que despediría empleados de la Procuración del Tesoro por la sospecha de que filtraron información de YPF a los fondos extranjeros, el organismo confirmó una "profunda reestructuración".

Según indicaron a través de un comunicado, se busca "eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva".

En la misma línea, agregaron: "Este recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas, busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos".

Además, indicaron que desde la llegada de las nuevas autoridades en febrero de este año, se redujo la cantidad de personal en más de un 20%.

Ahora, pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.

Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas.

"Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales", agregaron.

Desde el organismo expresaron: "La Procuración del Tesoro reafirma así su compromiso con una defensa eficaz del Estado, acompañando el proceso de transformación nacional con una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos".

Y finalizaron: "Reducir el gasto público y colaborar con el equilibrio fiscal es un objetivo compartido por todas las áreas del Gobierno y prioridad absoluta de esta administración para el manejo de una gestión eficiente".

Horas antes, el Gobierno aseguró que tiene pruebas para impulsar una ola de despidos en el sector por venta de información confidencial a los demandantes por la expropiación de YPF.

En Balcarce 50 no descartan denunciar a los trabajadores apuntados ante la Justicia por daños al Estado. "Es un delito grave porque es un perjuicio directo hacia el Estado", expresaron en Nación.

El Gobierno cree que hay una serie de áreas, con acceso a los expedientes en trámite, como las apelaciones ante la Justicia de los Estados Unidos, que envía o comercia información con los fondos beneficiarios.

Procuración pidió a la Corte Suprema que intervenga por el fallo favorable a Chubut y la inhibición del juez

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La apelación fue anunciada por el Vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X.

La Procuración del Tesoro de la Nación pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia que intervenga a raíz del fallo que hizo lugar al pedido de Chubut para que se le restituyan fondos coparticipables suspendidos por la Nación, y solicitó la inhibición del Juez de Rawson Hugo Ricardo Sastre.

"La Procuración del Tesoro de la Nación presentó hoy la primera acción de su estrategia respecto de la causa de Chubut por el Fondo Compensador del Transporte. Se le pidió a la CSJN que inhiba al Juez de Rawson y que intervenga por ser el Tribunal competente para ello, por corresponder la competencia originaria y por la trascendencia institucional de la cuestión. Fin", anunció el Vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X.

El martes pasado, apenas se conoció el reciente fallo desfavorable en torno a la disputa por fondos coparticipables de Chubut, el Presidente Javier Milei ordenó a su equipo legal a pedir un per saltum a la Corte a fin de revertir lo dispuesto por el Juez Sastre.

En tanto, el miércoles el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que el Gobierno nacional iba a presentar "a la brevedad" el per saltum, en el marco de un trabajo conjunto con el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.

Finalmente, la solicitud del Gobierno no fue técnicamente un per saltum, sino un pedido para que la Corte intervenga como tribunal único. En ese marco, en el oficialismo consideran que la relación de las provincias con el Gobierno nacional es competencia plena del máximo tribunal.

Sobre la sentencia del Juez federal de Rawson, Cúneo Libarona consideró que se trata de "un disparate" y "una medida inadecuada", mientras calificó la actuación del magistrado como "una incompetencia manifiesta".

Además, insistió en que "el juez se pone a legislar sobre cuestiones económicas ajenas al Poder Judicial", mientras que enfatizó que cuando salió el fallo se quedó "perplejo, sobre todo por la falta de solidez y de fundamento".

En su fallo del martes pasado, el Juez Sastre exhortó a Chubut y Nación a que "arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial".

"Nos encontramos ante una injusta e intransigente posición por parte de la demandada, el Estado Nacional, sumado a una inexistente política de absorción de consecuencias por parte del Estado Nacional respecto de la Provincia del Chubut llevada a cabo por el descuento automático de fondo coparticipables", sostuvo el fallo, de 17 páginas.

Cuando una de las partes presenta un per saltum, los jueces del máximo tribunal se reúnen en una reunión de acuerdo y analizan si el pedido es justificado o no. Si lo aceptan, volverán a reunirse para emitir una sentencia definitiva. Si lo rechazan, la causa continúa su trámite natural.

El Presidente Milei oficializó la designación de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro

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Para poder nombrar a Barra, el mandatario debió modificar el artículo N°2 de la ley 18.777 que establecía un límite de edad para acceder a este cargo.

A pocos días de asumir, el Presidente Javier Milei ultimó los detalles de las designaciones de su Gabinete. En este contexto, oficializó a Rodolfo Barra como el procurador del Tesoro tras modificar el artículo de la ley 18.777 que ponía un límite a la edad de la persona que ocupe este puesto. Además, confirmó las designaciones de otros funcionarios que serán claves para su gestión.

A través del decreto 21/2023 publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, el mandatario modificó el artículo N°2 de la ley mencionada, que establecía: "El procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, no menor de 30 ni mayor de 60 años, abogado con el título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con 8 años de antigüedad en la profesión", puesto que con esta normativa Barra no podía acceder al cargo.

Ahora, quedó redactado de la siguiente manera: "El Procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, abogado con título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión". Luego, el presidente oficializó la designación de Barra como titular de la Procuración del Tesoro, a través del decreto 23/2023. Su misión será dotar de blindaje legal al plan de reformas del jefe de Estado.

El ahora funcionario cuenta con una gran experiencia jurídica en el ámbito del Estado y también en el privado. Integró la Corte Suprema de Justicia y que fue luego ministro de Justicia durante el Gobierno de Carlos Saúl Menem, cargo al que renunció en 1996, después de una denuncia en la que se lo sindicaba como integrante en su juventud de la agrupación Tacuara, de orientación filonazi. Por esto mismo, cuando comenzó a resonar su nombre, la decisión fue cuestionada.

Otras designaciones claves

Además de oficializar a Barra al frente de la Procuración, el Presidente extendió la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia por un plazo de 2 años o hasta que cesen los motivos que dieron lugar a la medida, cuyo interventor será Silvestre Sívori, un abogado que trabaja desde hace tiempo junto al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Tal como indica el decreto, dentro de sus facultades se encuentran: elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción de la Agencia Federal de Inteligencia ajustando su labor a las tareas de inteligencia y contrainteligencia previstas en la Ley N° 25.520 y sus modificaciones y a los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo Nacional; elaborar una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia; evaluar, modificar y/o aprobar un nuevo régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas confidenciales de conformidad con la Ley N° 25.520; estructurar la Escuela Nacional de Inteligencia, adecuándola a los objetivos primarios establecidos; revisar la administración de fondos reservados y de compras y contrataciones en cualquiera de sus modalidades, entre otras metas enumeradas.

Como adelantó Infobae, en el entorno de Sívori habían anticipado que las chances eran muy altas de hacerse cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, pero esperaban el nombramiento a través del Boletín Oficial, algo que terminó de concretarse a través del decreto 24/2023.

Dentro de las nuevas designaciones, se encuentran también la de María Victoria Marcó, quien estará al frente de la Subsecretaría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación. Bajo esta cartera, también estará la Subsecretaría de Asuntos Legales, que dependerá de Sergio Gabriel Iacovino, cuyo nombramiento también se publicó esta madrugada. En consecuencia, ambos trabajarán bajo la supervisión del secretario Javier Herrera Bravo.

Por último, el Presidente Milei dejó firme la designación de Martín Rodríguez Giesso como escribano General de la Nación.

La Procuración del Tesoro pidió indagatoria de Mauricio Macri por la deuda externa

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La citación al expresidente es por presunta "malversación de caudales públicos", en la causa que investiga la deuda externa contraída en el Gobierno de Cambiemos.

La Procuración del Tesoro de la Nación reiteró este miércoles su pedido de citación a declaración indagatoria al expresidente Mauricio Macri por presunta "malversación de caudales públicos", en la causa que investiga la deuda externa contraída en el Gobierno de Cambiemos.

El organismo presentó un escrito ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, en el que incorporó como prueba los dichos de Macri en una entrevista al canal de cable CNN el 7 de noviembre último y sostuvo que hay "elementos de juicio" que avalan y "justifican" la citación a todos los imputados, según informaron a Télam fuentes judiciales.

"Se encuentran reunidos elementos de juicio que justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados", sostuvo el escrito al reiterar un planteo hecho en la causa el 30 de agosto último.

Para el organismo, que es querellante en la causa en representación del Estado Nacional, "el uso de los fondos prestados por el FMI para satisfacer los requerimientos de inversores especulativos que pretendían reposicionarse en dólares" se corresponde "con lo que el Fondo Monetario Interncional advirtió como desvíos en el uso de los recursos prestados a la República".

El escrito de diez carillas está firmado por el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y el Subprocurador Horacio Diez.

La Procuración entregó a la jueza un "pendrive" con la entrevista que Macri dio al canal de cable y advirtió que "más allá de las consideraciones de orden político general que allí formuló el entrevistado, resultan llamativas las expresiones" sobre el uso que se dio al préstamo del FMI.

"La usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir", dijo Macri en esta entrevista, según citó el escrito de la Procuración.

La Procuración argumentó ante la jueza que "sus propias manifestaciones denotan que el préstamo del FMI fue utilizado, precisamente, para un destino distinto del que fue previsto por el organismo internacional".

La Procuración del Tesoro pidió extender la quiebra del Correo Argentino a Socma y Sideco

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El organismo, a cargo de Carlos Zannini consideró que "Socma Americana ejercía el control en la toma de decisiones de Sideco Americana y, en consecuencia, ejercía también el control sobre Correo Argentino a través de aquella".

La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, solicitó que se extienda la quiebra del Correo Argentino SA a las empresas del grupo Macri Socma y Sideco, ante el temor que la firma de envíos postales concursada no pueda hacer frente a las obligaciones que le imponga la justicia, dijeron este lunes fuentes tribunalicias.

Para fundar su pedido, Zannini recordó que en el fallo de la Jueza Marta Cirulli, que decretó la quiebra en julio de este año, se consignó que el Correo Argentino S.A. posee "un desmesurado pasivo concursal y postconcursal" y que "tal crítica situación genera dudas razonables sobre su capacidad de pago".

"Además dicha circunstancia es reconocida por Correo Argentino, en tanto ha dejado en claro su imposibilidad de pagar el total de la deuda que tiene con el Estado Nacional", agregó la Procuración en su escrito de 82 páginas.

El organismo, que tiene como función velar por los intereses del Estado y hacerlos valer con su equipo de abogados, consideró que "Socma Americana ejercía el control en la toma de decisiones de Sideco Americana y, en consecuencia, ejercía también el control sobre Correo Argentino a través de aquella".

Para los abogados de la Procuración "existen elementos que exhiben que las sociedades aquí demandadas junto con su controlada funcionan como un grupo empresario", por tanto solidario en las obligaciones de cualquiera de sus marcas.

En función de demostrar estos lazos, la presentación de la Procuración firmada por Zannini y también por el Subprocurador, Horacio Diez, señaló que "Socma Americana es garante del préstamo tomado el 14-12-98 para atender a las necesidades financieras de la sociedad".

"Sideco Americana respaldó financieramente a Correo Argentino mediante operaciones de préstamo que al 31-12-00 ascienden a dólares 32.587.917", puntualizó la demanda presentada a fines del mes pasado y conocida este lunes.

El Grupo Macri gestionó el Correo Argentino entre 1997 y 2003, hasta que el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año.

En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos que fueron rechazados por insuficientes y "abusivos", según los dictámenes de la fiscal Gabriela Boquín.

Finalmente, a principios de julio, la jueza Cirulli decretó la quiebra de la firma pero, días después, concedió una apelación con carácter suspensivo a Correo Argentino S.A. para que presente los argumentos contrarios al fallo y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial falle al respecto.

La Ley de Concursos y Quiebras, en su artículo 163, establece que la extensión de la quiebras puede ser pedida por el síndico o por cualquier acreedor, en este caso por el Estado argentino, que reclama el pago del canon por la adjudicación del servicio postal a la familia Macri y sus socios.

Citando jurisprudencia al respecto, la presentación señaló que "la extensión de la quiebra constituye uno de los medios orientados a incrementar el activo liquidable para su reparto entre los acreedores, generalmente insatisfechos a raíz de la insolvencia de su deudor".

En ese momento, la Procuración respondió a la oferta evaluando que "evidentemente, el interés de Correo Argentino no está, ni estuvo nunca, centrado en obtener conformidades, sino en continuar con su estrategia dilatoria en base a la permanente apertura de nuevos puntos de discusión".

En la presentación, el procurador transparentó que Socma hace unos meses compró la tenencia accionaria del Correo a Sideco, pero que, como "al momento de ocurrencia de los hechos" era parte de la conducción de la empresa, se debe extender la quiebra a ambas firmas.

"A través de variadas maniobras el Grupo Controlante ha desviado el interés social de Correo Argentino para fugar sus activos en un progresivo vaciamiento en su beneficio, constituyéndose en la relación causal generadora de la quiebra de ésta última", explicó el escrito presentado ante Cirulli.