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Milei aumentó el giro de transferencias no automáticas a las provincias

Subieron 7,8% en mayo, exceptuando a la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno nacional transfirió un total de $160.265.000.000 a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante mayo de 2026 en concepto de transferencias no automáticas.

Aunque la cifra global representa una caída del 43,8% en términos reales respecto al mismo mes de 2025, el flujo de recursos hacia las 23 provincias marcó un incremento del 7,8% una vez que se retira del cálculo el distrito porteño.

Esta divergencia en las estadísticas responde al cese de los giros de fondos hacia la Capital Federal que no obedece a un recorte de partidas corrientes, sino a una modificación en el mecanismo de cancelación de la deuda por coparticipación que la Nación mantiene con ese distrito tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Los datos corresponden a un informe de la consultora Politikón Chaco. El motivo técnico de la exclusión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires radica en un convenio financiero reciente.

El Gobierno nacional y las autoridades porteñas acordaron que la deuda pendiente por la medida cautelar de la Corte "se saldará vía Bonos del Estado Nacional y no vía transferencias como se realizó durante gran parte de 2025".

De esta manera, el distrito dejó de recibir efectivo por esta vía, afectando el promedio general de envíos discrecionales. En cuanto al destino de los fondos, tres áreas concentraron el 83% de los desembolsos totales del mes.

El programa de Universalización de la Jornada Extendida recibió $64.735.000.000, 40% del total, seguido por las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales con $47.167.000.000, 29%, y los fondos para Comedores Escolares con $20.844.000.000, 13%.

Los giros destinados a las jubilaciones provinciales mostraron un alza debido a la firma de nuevos convenios entre los distritos y el Estado central.

Mientras que en enero solo tres provincias contaban con acuerdos vigentes, en mayo la nómina se amplió a ocho: Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chubut y Neuquén.

En este marco, el informe destaca que "el valor transferido en mayo por Cajas Previsionales Provinciales es el más alto en la era Milei, con la sola excepción de diciembre 2025".

En el reparto por territorio, la provincia de Buenos Aires lideró la recepción con $53.366.000.000, 33,3% del total; seguida por Santa Fe con $20.174.000.000, 12,6%, y Córdoba con $14.317.000.000, 8,9%.

En el extremo opuesto, Santa Cruz y San Luis fueron las jurisdicciones que menos recursos percibieron, con menos de $ 500 millones cada una. Por otro lado, los Aportes del Tesoro Nacional no registraron ninguna distribución de fondos durante el periodo analizado.

PAMI detectó una red de sobrefacturación y prestaciones falsas en varias provincias

El organismo identificó un sistema sistemático de sobrefacturación, recetas apócrifas y prestaciones fantasma que afecta a jubilados en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados.

Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados, detectándose la repetición de estas maniobras en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío, siendo la más extendida la sobrefacturación de anteojos. Según el informe, los prestadores recetaban lentes de baja graduación pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros: "Un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204".

A esto se suman las "prestaciones fantasma", consistentes en consultas y estudios nunca realizados, donde "hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico".

El esquema también incluyó circuitos cerrados con conflictos de interés y el cobro indebido a los jubilados por lentes que debían ser gratuitos. Los auditores relevaron casos donde se ofrecían productos fuera de cobertura a precios exorbitantes, llegando a detectar pagos de "hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos".

En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones, confirmándose un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el titular de la óptica.

En Entre Ríos, la situación fue descrita por los auditores como una "facturación sin sustento médico real", tras hallar 613 casos de sobrefacturación y recetas emitidas sin dioptrías.

Estas maniobras se enmarcaron en un proceso de investigación más amplio sobre el sistema OME que ya cuenta con al menos seis causas judiciales activas.

"Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos", destacaron fuentes del Instituto.

Uno de los expedientes más avanzados radica en Rafaela, Santa Fe, donde se pidió el juicio oral para un médico y una farmacéutica por confeccionar 636 prescripciones apócrifas.

El fraude se constató al rastrear las direcciones IP de las recetas electrónicas, las cuales "correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia".

Otros hallazgos incluyeron volúmenes de atención imposibles, como un cardiólogo que registró 689 órdenes en un solo día, lo que equivaldría a jornadas de hasta "108,7 horas diarias".

Esta serie de auditorías comenzó bajo la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir halló un déficit que ascendía a los 92.000 millones de pesos.

Como contrapartida, la administración ya "recortó aproximadamente $90.000.000.000 de pesos en gastos políticos e innecesarios", eliminando gran parte de la estructura jerárquica y centralizando la compra de insumos para evitar la cartelización.

El organismo implementó ahora controles más estrictos y monitoreos permanentes para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios.

Solo 7 provincias lograron superávit: San Juan, Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, Tucumán y Santiago del Estero

Según un informe de la consultora Politikón Chaco, durante 2025 solo 7 provincias lograron mantenerse con superávit: San Juan, Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán.

El resto ya muestra cuentas en rojo. Tierra del Fuego lidera el ranking con un déficit financiero equivalente al 16,4% de sus ingresos. Le siguen Santa Cruz 12,9%, Chubut 8%, Chaco 7,3% y Mendoza 5,8%.

Las cuentas públicas de casi todas las provincias registraron un fuerte deterioro durante 2025 y revirtieron el equilibrio alcanzado el año anterior.

En un contexto marcado por mayores gastos y una menor dinámica en los ingresos, las provincias pasaron de tener superávit a cerrar el año con déficit financiero.

De acuerdo a un relevamiento de la consultora Politikón Chaco, dirigido por Alejandro Pegoraro y basado en datos oficiales provinciales junto a proyecciones, el resultado agregado cambió significativamente en apenas doce meses: de un superávit equivalente al 1,1% de los ingresos totales en 2024 se pasó a un déficit del 2,9% en 2025.

A pesar del duro contexto económico que imperó durante 2025, hay informes que señalan a San Juan y Formosa como las provincias con mayor constancia en superávit primario.

Como respuesta a la delicada situación de algunas provincias, el Ministerio de Economía puso en marcha una línea de adelantos financieros a tasas reducidas para asistir a una docena de provincias en el pago de gastos urgentes.

Las favorecidas con créditos son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares y delegó facultades de control a las provincias

Dos semanas después de su aprobación en el Congreso, el Gobierno nacional oficializó el nuevo marco legal para ambientes periglaciares a través del Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley N° 27.804, que introduce modificaciones sustanciales al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares.

La medida, que redefine el alcance de la preservación de estas reservas de agua dulce, fue formalizada mediante el Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial, tras su sanción definitiva en el Congreso el pasado 8 de abril con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.

El cambio fundamental de la nueva normativa radica en la transferencia de competencias hacia las jurisdicciones provinciales.

A partir de ahora, cada provincia tendrá la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos.

Si bien la ley original de 2010 establecía una protección rígida como bienes públicos estratégicos, el nuevo texto permite que aquellas áreas que no sean catalogadas bajo los nuevos criterios locales queden fuera de la protección específica de esta ley.

Solo 4 provincias crearon empleo en enero, contra 100.000 puestos que se perdieron en el resto del país

Las mayoría de las que pudieron incrementar el nivel de empleo registrado están ligadas a los sectores económicos que impulsa el Gobierno. Río Negro sumó 3.200 puestos; Neuquén, 3.000; San Juan, 1.300 y Santiago del Estero, 500. Todas las demás provincias retrocedieron.

El modelo económico que va perfilando el Gobierno de Javier Milei apuesta a que los sectores ligados a los recursos naturales; agro, minería, petróleo y gas, generen los dólares para comprar afuera los productos que la industria local no llega a fabricar de manera competitiva.

Y, si bien la ecuación en divisas puede llegar a cerrar, entre los economistas no están tan seguros de que lo mismo funcione en cuestiones de empleo.

Los rubros que deben despegar no generan tantos puestos de trabajo ni tan rápido para compensar los que se están perdiendo en la industria, un sector intensivo en mano de obra que da cuenta de casi el 19% del empleo formal, el segundo lugar detrás de comercio, 20%.

Por el contrario, los que el Gobierno quiere impulsar, principalmente a través del RIGI, el régimen de beneficios fiscales, son la minería, la siderurgia y los hidrocarburos, con una participación de menos del 7% en el empleo registrado privado. El agro aporta 5,1%.

"La pregunta clave se relacionaría con la capacidad de derrame de los pocos sectores productivos vigorosos hacia el resto, lo cual vemos poco probable", dice consultora LCG en un informe.

Según los datos de enero que difundió esta semana la Secretaría de Trabajo, en la comparación interanual, las mayores caídas de empleo asalariado registrado se observaron en industria: perdió 39.808 puestos, una baja del 3,4%.

Textiles, con 13.000, y metalmecánica, con 9.900 puestos, fueron los más golpeados. Comercio le siguió, con 13.143 puestos menos, una baja de 1 por ciento.

Además de un reformateo del empleo por sector, se vendría un nuevo mapa, con provincias ganadoras y perdedoras.

"Para ilustrar: en los últimos 12 meses hubo 7.500 nuevos empleados registrados en Neuquén, Río Negro y San Juan, contra una caída de 100.000 en el resto de las provincias", detallaron en LCG.

Esas tres provincias están ligadas al boom de megayacimiento de gas y petróleo de Vaca Muerta y a la producción minera.

Esas tres provincias, junto con Santiago del Estero fueron las únicas que en enero consiguieron incrementar la cantidad de empleo registrado: Río Negro sumó 3.200 puestos; Neuquén, 3.000; San Juan, 1.300 y Santiago del Estero, 500.

En la otra punta, las que más empleo perdieron en términos absolutos fueron Buenos Aires, con una caída de 23.300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23.000; Chubut, 6.400; Mendoza, 6.300; Santa Cruz, 5.100, y Salta, 5.000.

Para la consultora LCG, esta dinámica económica dual, con sectores ganadores, generadores de divisas, y perdedores, generadores de empleo, no es "un empate innocuo".

"El sesgo antiempleo de este mix puede erosionar todavía más la legitimidad, y sin legitimidad, aumentar los riesgos políticos, lo cual genera un renovado impacto en la actividad económica", especuló.

Durante la gestión de Milei, cinco provincias lograron aumentar el nivel de empleo: Río Negro, Corrientes, Chubut, Mendoza y Neuquén, según un trabajo de la consultora CEPA.

Un segundo grupo redujo el empleo entre 0,01% y 5%: Chaco, Misiones, Tierra del Fuego, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy y Tucumán.

Y las más perjudicadas, con caídas de más de 5%, fueron La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis y La Pampa.

Gobierno nacional habilitó a 9 provincias para que asuman la gestión y concesión de rutas nacionales

El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.

El Gobierno nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que pasan por sus territorios.

Las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos.

Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.

La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El texto aclara que esta delegación de facultades es de carácter "funcional, limitado, temporal y revocable".

La normativa especificó que el Estado nacional mantiene la propiedad de las rutas. El decreto señaló que la medida "no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados".

Además, se fijó un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales "en ningún caso podrá exceder de 30 años contados desde su aprobación".

Para implementar este sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad.

En estos acuerdos se detallarán los tramos específicos a transferir y el plan de obras previsto. Según el decreto, las provincias deben garantizar el "respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero".

Finalmente, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y la Dirección Nacional de Vialidad supervisará el cumplimiento de los contratos.

En caso de que una provincia no convoque a licitación en el plazo de un año tras la firma del convenio, se producirá el "decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate".

Gobierno nacional otorgó un anticipo financiero de hasta $400.000.000.000 a 12 provincias

La medida fue firmada por el Presidente, Javier Milei, junto al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno le otorgó a 12 provincias un anticipo financiero de $400.000.000.000 y el monto que se le dará a cada una de ellas lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía "conforme a la capacidad de repago de cada provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales".

Así se indicó este lunes en el Decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La medida fue firmada el 1 de abril por el Presidente Javier Milei junto al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro de Economía, Luis Caputo.

Las provincias que recibirán el dinero son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

Además, en el Boletín Oficial se indicó: "Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a disponer la cancelación de los anticipos otorgados, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15%, mediante la afectación de la respectiva participación de las provincias detalladas en el artículo 1° del presente decreto, en el régimen de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el que lo sustituya y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico".

La citada secretaría también podrá "disponer las condiciones de desembolsos a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones para determinarlos".

Mientras que se estableció que, a los fines de dar cumplimiento a la presente medida, "los Gobiernos de las provincias que se detallan el mencionado decreto deberán afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las provincias establecido en la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que lo sustituya, y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado, con más sus intereses y autorizar a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a retener automáticamente los fondos emergentes de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que la sustituya, y de otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado más sus intereses, con el fin de cancelar los fondos que se otorgan con más sus intereses".

Gobierno nacional extendió el plazo para el acuerdo de compensación de deudas con provincias

Al momento solo seis jurisdicciones completaron el trámite.

El Gobierno nacional extendió en 60 días hábiles el plazo para la adhesión de las provincias al regimen de compensación de deuda con el Estado, procedimiento que busca la cancelación de obligaciones mutuas pendientes.

Este mecanismo, denominado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, permite que las partes acuerden "compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas recíprocas".

La disposición fue formalizada este miércoles a través del Decreto 171/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma modificó artículos del Decreto 969/2024, que dio origen a este sistema de ordenamiento fiscal, para otorgar mayores facilidades de adhesión.

Según estableció el nuevo texto, aquellas jurisdicciones que aún no se hayan sumado a la iniciativa cuentan con un plazo de 60 días hábiles administrativos" para manifestar su voluntad de participar ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

Este periodo podrá ser ampliado por única vez por la autoridad de aplicación.

Para las provincias ya adheridas o las que se incorporen en este nuevo tramo, el decreto extiende hasta el "31 de diciembre de 2027, inclusive" el tiempo límite para presentar la documentación que acredite la legitimidad de las obligaciones.

Este proceso requiere la elaboración de informes técnicos sobre la verosimilitud y cuantificación de los montos propuestos para el canje.

Además, en cuanto al procedimiento de validación, el decreto especifica que el Estado Nacional y las provincias son los encargados de fundamentar sus propias cifras.

El texto aclara que "cada una de las partes será la responsable por las deudas y/o acreencias que ofrezca para negociar, consensuar y suscribir en cada acuerdo".

Si existieran diferencias entre los informes técnicos de Nación y las jurisdicciones, se abrirá una instancia de negociación de hasta 180 días hábiles administrativos".

Durante este tiempo, se buscará llegar a un consenso bajo principios de "buena fe y lealtad federal".

Finalmente, la normativa limita la intervención de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro de la Nación a casos específicos.

Su participación será necesaria únicamente cuando las obligaciones "se encuentren sometidas a litigios judiciales y/o arbitrales" y el Estado Nacional reconozca un crédito a su favor que esté en disputa judicial.

Las provincias que ya adhirieron son: Salta, Catamarca, Chubut, Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Tucumán y Corrientes.

El Gobierno de Milei reactivó los ATN y repartió $47.000.000.000 entre 11 provincias, incluidas San Juan y Mendoza

La cifra fue girada a los distritos entre el 19 y el 20 de marzo pasados. Corrientes fue la principal beneficiaria, con $8.000.000.000, seguida por Mendoza y Entre Ríos que embolsaron muy buenas sumas. En tanto que San Juan recibió en el primer trimestre $4.000.000.000.

En solo dos días, el Gobierno libertario repartió $47.000.000.000 entre las provincias dialoguistas con presidencia.

De este modo, el Gobierno nacional reactivó el flujo de fondos vía Aportes del Tesoro Nacional, y, entre el 19 y 20 de marzo de 2026 repartió $47.000.000.000 a las provincias.

La cifra fue distribuida entre 11 provincias, según detalló la consultora Politikon Chaco, que dio cuenta de cada uno de las gobernaciones, casi todas dialoguistas con Casa Rosada, que recibieron ATN.

Cuánto le tocó a cada provincia

En el detalle de los montos entregados como ATN a casa provincia, el reparto fue el siguiente:
Corrientes, gobernada por Juan Pablo Valdés, recibió $8.000.000.000.
Mendoza, comandada por Alfredo Cornejo, consiguió $7.000.000.000.
Entre Ríos, liderada por Rogelio Frigerio, embolsó $6.000.000.000.
Misiones, conducida por Hugo Passalacqua, logró $5.500.000.000.
San Juan, gobernada por Marcelo Orrego, recibió $4.000.000.000.
Chaco, comandada por Leandro Zdero, embolsó $4.000.000.000.
Salta, liderada por Gustavo Sáenz, consiguió $3.500.000.000.
Catamarca, conducida por Raúl Jalil, se granjeó $2.500.000.000.
Chubut, gobernada por Ignacio Torres, también logró $2.500.000.000.
Jujuy, gobernada por Carlos Sadir, recibió $2.000.000.000.
Neuquén, comandada por Rolando Figueroa, embolsó $2.000.000.000.

Sobre el tema, consultora Politikon Chaco, especializada en estos temas, consignó que los $47.000.000.000 ya superan en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero de 2026, que apenas si fueron $20.000.000.000.

Además, en comparación con marzo de 2025, muestran un alza parcial del 98,5%, ya que el año pasado apenas se distribuyeron $18.000.000.000 entre las provincias.

De este modo, el reparto total del primer trimestre de 2026 totaliza $74.000.000.000 hasta la fecha, lo que equivale a una suba real interanual del 29%.

La coparticipación de fondos se desploma y tensiona las cuentas fiscales de las provincias

La recaudación nacional se desplomó en el primer bimestre de este 2026 y los giros automáticos a las provincias cayeron 7,5% en febrero. Gobernadores reclaman recursos en medio de paritarias y ajuste del gasto.

El panorama fiscal de las provincias argentinas se presenta cada vez más desafiante en 2026.

La caída de la recaudación nacional impactó de lleno en la coparticipación federal, uno de los principales ingresos de las provincias.

Esto complica la gestión de los gobernadores en medio de negociaciones salariales con los gremios.

De acuerdo con datos oficiales, en febrero la coparticipación federal totalizó $5,44 billones, lo que implicó una caída real interanual del 7,5% en los recursos enviados a las provincias. En comparación con enero, el retroceso fue aún mayor: 9,5%.

El deterioro comenzó en 2025 y se profundizó en el inicio de este año, lo que obliga a los gobiernos provinciales a recalcular sus estrategias fiscales.

La caída en los montos que se reciben de Nación alcanzó a las 23 provincias.

Durante el periodo 2024, 2025 y 2026, San Juan dejó de recibir 700.000.000.000 de pesos.

Provincia de Buenos Aires aparece como la más afectada: entre 2024, 2025 y los primeros meses de 2026 perdió 10,9 billones de pesos en recursos nacionales respecto de lo que habría recibido si se hubieran mantenido los niveles de 2023.

Detrás se ubicó Santa Fe, con una merma de 2,2 billones de pesos, y Córdoba, con menos 1,9 billones de pesos.

Le siguió Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán, todas con recortes superiores a 1 billón de pesos.

Asimismo, la caída de los recursos coparticipables combinada con el impacto de la merma en los ATN golpeó con fuerza las finanzas provinciales.

Caída de impuestos y menor recaudación

El principal motivo del retroceso en los envíos automáticos es la baja en la recaudación nacional. Según el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), nueve de los diez principales impuestos registraron caídas reales en el primer bimestre.

En ese período, la recaudación nacional perdió $3,3 billones en términos reales frente al mismo lapso del año pasado.

Los tributos que más retrocedieron fueron:

IVA: caída de $1.680.000 millones

Retenciones a las exportaciones: baja de $587.000 millones

Aportes y contribuciones a la seguridad social: reducción de $455.000 millones

El único impuesto que mostró una mejora fue Combustibles, con un aumento real de $71.000 millones.

Menos recursos para Nación y provincias

El deterioro recaudatorio impactó tanto en el Tesoro nacional como en las administraciones provinciales.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, los ingresos que quedan en manos de la Nación cayeron 9,3% real interanual. Los recursos transferidos a las provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajaron 7,6%.

En términos nominales actualizados a febrero, la Nación dejó de percibir $2,4 billones, mientras que las provincias resignaron $930.000 millones.

Parte de esta dinámica responde a cambios impositivos y a distorsiones temporales en la recaudación, como la restitución de certificados de exclusión de percepciones del IVA aduanero y el adelantamiento de importaciones registrado durante 2025.