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La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para derogar el aborto legal

El proyecto del oficialismo ingresó por mesa de entrada de Diputados a días del encuentro entre el Presidente Milei y el Papa Francisco.

Los Diputados del bloque La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el jefe del Bloque, Oscar Zago, presentaron un proyecto de para derogar la Ley 27.610 del acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar, para derogar la norma y penar esa práctica.

La iniciativa se dio días antes del encuentro entre el Presidente Milei y el Papa Francisco en el Vaticano y un día después de que el oficialismo retirara del tratamiento de la Ley Ómnibus.

El proyecto oficialista propuso, en uno de sus artículos, la reclusión de 3 a 10 años, si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer.

"Esta pena podrá elevarse hasta 15 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer", detalló.

"Con reclusión o prisión de 1 a 4 años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a 6 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer", agregó.

Además cambia el artículo 86 que se refiere a los profesionales a cargo de la intervención de los abortos: "Sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios".

"Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho", agregó la modificación del artículo 88.

Otro de los puntos es el referido a los abortos realizados en embarazos originados por una violación.

"Decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente", agregó.

Esta idea, la de derogar y modificar la Ley de Aborto, había sido un eje de campaña presidencial.

Inclusive fue tema del Presidente Milei en el Foro de Davos, en su discurso en el que hizo mención a "la agenda sangrienta del Aborto".

Al respecto, al día siguiente el Vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa señaló que "con esa definición que dio el presidente podemos sospechar que efectivamente es un tema que en algún momento se debatirá, pero solo estoy sacando una conjetura de lo que me acabas de decir en relación a ese fragmento del discurso de Davos".

Nuevo impuesto a las Ganancias: pagaría solo el 10% de los asalariados

El Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que dejen de pagar el impuesto los trabajadores que cobren hasta un millón de pesos.

El Ministro de Economía, Sergio Massa, enviará al Congreso un proyecto de ley para que dejen de pagar el impuesto a las ganancias los trabajadores que cobren hasta $1.000.000, y jubilados, con excepción de aquellos de privilegio, a partir del año próximo

Sólo estarán alcanzados los directores de las sociedades anónimas, los CEO, gerentes y subgerentes y pensiones de privilegio que implicarán un porcentaje muy menor del total de empleados en relación de dependencia de todo el país.

Se implementará una suba del piso mínimo a más de $1.000.000 de ganancias, se tratará de un aumento del 40%, para reducir el impacto de la devaluación del peso post PASO que está impulsando más de un 20% los precios en el bimestre de agosto y septiembre.

Según las proyecciones que hacen en el Gobierno, mejoraría el ingreso neto de bolsillo entre 21% y 27%. Actualmente, el piso mínimo para quedar exento es de $700.870.

Si se tomará como base a los salarios de agosto, y según los números que manejan en el Palacio de Hacienda, la cantidad de trabajadores y jubilados que pagan el impuesto son 701.928, o sea, un 7% del total de los trabajadores en relación de dependencia.

Si ese piso no se modificaba, según las proyecciones oficiales, la cantidad de retenidos aumentaría a 890.000 en diciembre.

Cómo será el impacto en el bolsillo

Para un salario neto de bolsillo de $667.998, la mejora pensada sería de $117.690; para uno de $717.998 sería de $135.190 ; para uno de $767.998 sería de $152.690; para uno de $817.998 sería de $170.190; para uno de $867.998 sería de $187.690.

Son variaciones que se asemejan a la inflación del período, por lo que serían más bien actualizaciones con el objetivo de no incluir a más trabajadores en el pago del impuesto debido a la fuerte aceleración inflacionaria y de las paritarias.

Cuáles serían los sectores más beneficiados

Según las proyecciones del Ministerio de Economía, el porcentaje de empleados más beneficiados por la medida, según los sectores en los que trabajan, serían:

Industria: 19,13%.

Defensa, seguridad enseñanza y administración pública: 14,5%.

Intermediación financiera y servicios de seguros: 11,94%.

Prestaciones de servicios: 8,10%.

Comunicaciones: 7,84%.

Servicios de transporte y almacenamiento: 7,71%.

Enseñanza privada: 6,33%.

Comercios al por mayor y por menor: 5,82%.

Explotación de minas y canteras: 5,82%.

Suministro de electricidad, gas, agua y cloacas: 5,06%.

Construcción: 3,11%.

Salud humana y servicios sociales: 2,91%.

Servicios de alojamiento y servicios de comida: 0,90%

Agricultura, ganadería silvicultura y pesca: 0,65%.

Resto de actividades: 0,20%.

Ganancias: cómo se pagará con esta modificación

Con el piso mínimo en $700.870, un sueldo bruto de $800.000 paga de Ganancias $117.690; uno de $850.000 debe hacer frente a $135.190; otro de $900.000 abona $152.690; uno de $950.000 paga $170.190 y un salario bruto de $1.000.000 tiene que pagar por impuesto a las ganancias $187.690, según los datos oficiales.

Cuándo se implementará

La propuesta para que dejen de pagar el impuesto a las ganancias cuarta categoría los trabajadores y jubilados requiere de una ley, ya que además de ser materia tributaria es un impuesto de ejercicio "anual". Deberá tener efectos a partir del 1º de enero de 2024.

Sin embargo, se implementará un esquema "puente" con similares beneficios a partir de las remuneraciones de octubre de este año.

El PRO presentó un proyecto de ley que suprime gradualmente los planes sociales

"El Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad" obliga a los beneficiarios de planes sociales a tomar cursos de formación laboral a cambio de seguir recibiendo las prestaciones sociales por un máximo de dos años.

Los Diputados de PRO, José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira presentaron hoy un proyecto de ley que crea el "Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad", el cual busca eliminar gradualmente los planes sociales ofreciéndoles a sus beneficiarios cursos de formación laboral a cambio de seguir recibiendo las prestaciones sociales por un máximo de dos años.

La iniciativa también incorpora una segunda línea de acción que comprende beneficios para las empresas que tomen primero como pasantes y luego como empleados efectivos a personas que estén registradas en este "Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad".

El proyecto apunta a transformar los planes sociales en empleo genuino a través de un puente de inclusión laboral que propicia el Estado.

El programa propuesto absorbe todos los planes sociales y obliga a todas aquellas personas beneficiarias a anotarse en un mínimo de dos capacitaciones anuales, que le demandarán un máximo de 20 horas semanales, y un tope de cuatro horas por día. Este es el requisito que le prevé para seguir percibiendo el monto equivalente al plan social.

No obstante, la ley aclara que una vez transcurridos los 24 meses, el plan social percibido dejará de tener efecto y será dado de baja, porque ya se supone que la persona está preparada para insertarse en el mercado de trabajo formal.

Se propone como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, quien dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas, a fin que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales y uniones de empresas.

"Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la denominada pasantía laboral", señala el proyecto en su articulado.

La otra pata del proyecto tiene que ver con los beneficios para las empresas que contraten personas que participan en este plan de capacitaciones.

En este sentido se establece que las empresas que contraten a las personas que perciben prestaciones sociales tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil.

El ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.

Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.

"Desde el PRO queremos generar una herramienta para que los planes sociales se conviertan en empleo genuino otorgándole condiciones a los trabajadores y empleadores. Definitivamente estamos en contra de la intermediación que politiza el acceso a los ingresos de emergencia. Transformar los planes sociales en empleo genuino permitirá que Argentina ingrese en una senda de desarrollo", expresó José Núñez.

Por otra parte, el proyecto establece que si un beneficiario de planes es detenido infraganti provocando daños a bienes de terceros o del Estado Nacional o cortando el libre tránsito sin autorización previa, será suspendido del beneficio social por 6 meses, y en caso de reincidencia será dado de baja de manera definitiva.

El proyecto también lleva las firmas de los Diputados nacionales Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Sofía Brambilla, Gustavo Santos, Adriana Ruarte, María Sotolano, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angelini, Aníbal Tortorielo y Rogelio Frigerio.

El Gobierno presentó un proyecto para extender las licencias de maternidad y paternidad

Las primeras pasarían de 90 a 126 días y las segundas de dos días a 15, mientras que la de por adopción sería por 90 días para madre y padre.

El Presidente Alberto Fernández anunció este lunes el envío al Congreso del proyecto de Ley Cuidar en Igualdad, que entre otras iniciativas establece la ampliación de las licencias por maternidad de 90 a 126 días y por paternidad de los actuales dos días a 15, mientras que además implementa una licencia por adopción por 90 días para madre y padre.

El jefe de Estado había anunciado un proyecto de estas características durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del pasado 1 de marzo y ahora ratificó que en breve será girado al parlamento para su tratamiento.

En la ceremonia del anuncio, realizada en la plaza Colón ubicada justo detrás de la Casa Rosada, estuvo acompañado por la Ministra de las mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, el de Trabajo Claudio Moroni, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la del PAMI, Luana Volnovich.

"Desde el primer día que llegamos nos propusimos ampliar derechos porque el pueblo de esa forma podrá desarrollarse", sostuvo el mandatario, quien agregó que "la obligación de cuidar a los hijos es del padre y la madre por eso estamos ampliando las licencias por maternidad y paternidad".

El proyecto además reconoce el derecho a cuidar a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, a través de la creación de una asignación para personas gestantes, personas no gestantes y por adopción.

El monto de esta asignación consistirá en el pago mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil y se establece el mismo régimen para personal de casas particulares, personal temporario de trabajo agrario y para toda la Administración Pública Nacional.

El proyecto de ley establece modificaciones a la legislación vigente de manera que los períodos de licencia pasan a ser cubiertos por la seguridad social y no por la parte empleadora.

La iniciativa no implica ningún incremento de costos para los empleadores dado que se prevé que las nuevas licencias y la extensión de las vigentes sean financiadas por la seguridad social, se informó.

En el caso de la extensión de la licencia para personal gestante, se prevé que la licencia de 90 días pase a ser de 126 días. Estos días podrán utilizarse durante los 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores, con opción de usar 30 previos y 96 luego del nacimiento.

En las personas no gestantes, se prevé que la licencia por paternidad de 2 días que hoy se encuentra vigente en la legislación, pase a ser de 90 días, independientemente de su género. Respecto de su uso, 15 días deben ser utilizados apenas se produce el nacimiento y el resto pueden usarse dentro de los 180 días posteriores al nacimiento.

Este aumento de las licencias para personas no gestantes se prevé progresivo, es decir que se realizará de manera escalonada a partir la entrada en vigencia de la Ley, se elevará la licencia a 15 días; luego de dos años, a 30; luego de cuatro a 45; luego de seis a 60 días y al cumplirse ocho años de vigencia de la Ley, la licencia será de 90 días.

Por otro lado, se crean licencias para futuros adoptantes y licencias por adopción, estableciendo una de 2 a 12 días por año para quienes estén por adoptar para visitar al niño/a o adolescente que se pretende adoptar.

En caso de adopción, el proyecto prevé una licencia de 90 días de los cuales 15 deben ser utilizados inmediatamente con posterioridad a la notificación de la resolución judicial que otorga la guarda con fines de adopción al niño o adolescente y el resto, dentro de los 180 días posteriores a esa notificación.

También crea una licencia de 2 a 6 días para cuidar o acompañar al cónyuge o conviviente que realiza técnicas de reproducción médicamente asistida y la extiende de 3 a 10 días en el caso que tuviesen hijos/as menores de edad a cargo.

Al respecto, se informó que el universo de la reforma alcanza a más de 8 millones de personas, entre ellas 5.000.000 que están bajo la Ley de Contrato de Trabajo; 450.000 bajo el régimen de trabajadoras de casas particulares; 350.000 bajo el régimen de trabajo agrario; 380.000 con trabajo autónomo; 1.500.000 de monotributistas; 400.000 monotributistas sociales y 190.000 trabajadoras/es de la Administración Pública Nacional.

Asistieron al acto la mayoría de los ministros del Gabinete; una comitiva de la CGT integrada por Héctor Daer, Hugo Moyano, Juan Carlos Schmid y Jorge Sola; el titular de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, y el de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

El Gobierno enviará un proyecto para ampliar la conformación Consejo de la Magistratura

La Portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informó que es inminente el envío a la Cámara alta de un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura.

En una conferencia de prensa, la Portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, informó que en las próximas horas el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, en el cual buscarán cambiar la composición y el funcionamiento de dicho organismo.

"Venimos a anunciarles que en las próximas horas, el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo que se comprometió el Presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa de primero de marzo, va a enviar al Congreso de la Nación y al Senado para su ingreso, evaluación y tratamiento, un proyecto que modifica la actual Ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura", afirmó la funcionaria nacional.

En ese sentido, señaló que esta iniciativa llegará al parlamento luego de "escuchar las voces y las sugerencias del consejo consultivo".

Según explicó, entre los cambios que propone el Gobierno se encuentra elevar el número de integrantes de 13 a 17. Los nuevos miembros no pertenecerán a la política, sino que representan al sector judicial: un juez, dos abogados y un representante del estamento académico-científico.

"Entendemos que esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo de la Magistratura y que nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos centrales, que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura", afirmó.

Además, afirmó que se incorpora la "cuestión de género y equidad de género en la representación de los diferentes estamentos". En cuanto a las mayorías especiales, Cerruti afirmó que no fueron modificadas, siendo sus principales objetivos son la presentación de ternas o la remoción de jueces. "Siguen siendo mayorías agravadas", recalcó.

De este modo, el Gobierno busca adelantarse a un fallo de la Corte Suprema, que se realizaría de forma inminente, por el cual declararía la inconstitucionalidad de la actual composición de 13 miembros, que no respetaría el pretendido equilibrio entre representantes de órganos políticos y los jurídicos. Según trascendió, la decisión del máximo tribunal se conocería a mediados de este diciembre.

La definición por parte de la Corte se basa en el artículo 114 de la Constitución, incorporado en la reforma de 1994, por el cual estableció la creación del órgano y asegura que "el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal".

La iniciativa fue avalada por el propio presidente y la Vicepresidenta Cristina Kirchner y elaborada por la Secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, y el Ministro y viceministro de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, cercanos a la vicepresidenta.

El Ministro Lammens anunció que el programa Previaje se convertirá en ley

En el marco de la inaugurción de la FIT 2021, el ministro de Turismo y Deportes aseguró que el Gobierno impulsa la conversión del plan en una política de Estado y el objetivo de crear 250 mil puestos de trabajo en el sector.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, formuló este sábado anuncios de coyuntura y de fondo para el sector en su discurso inaugural de la FIT 2021, como el llamado a una mesa de trabajo para analizar la cancelación de ventas de pasajes al exterior en cuotas, la conversión del Plan Previaje en una política de Estado y el objetivo de crear 250 mil puestos de trabajo en turismo.

Entre los planes del Gobierno, Lammens destacó al Previaje, que en su segunda etapa "quintuplicó los números de la primera edición y creo que vamos a terminar el año por encima de los 60.000 millones de pesos contra los 10.000 del año pasado".

Sobre la iniciativa de convertir este plan en ley, anunció que presentarán el proyecto "a cada uno de los gobernadores, a cada una de las cámaras de las provincias, la estamos trabajando con Gustavo; en esta semana o la que viene vamos a estar con todas las cámaras recibiendo la jefe de Gabinete, para que venga a la puerta del sector privado".

"Queremos que sea una ley muy robusta, que deje a Previaje como una política de Estado, porque previaje fue la política pública más importante de la historia en términos de turismo", aseguró.

Mediante esa ley, siguió, "queremos que tengan diferentes exenciones impositivas quienes vengan a invertir en turismo, la posibilidad de un bono fiscal que les reconozca esas inversiones, queremos un diferimiento de las contribuciones patronales".

Lammens dijo que, "en definitiva, estamos buscando que cada vez pese más, que el porcentaje del PBI vinculado a la actividad de turismo sea mayor" y agregó que "terminamos con 10 puntos en 2019; buscamos que sea de 13 a 14 puntos y generar en los próximos años 250.000 puestos de trabajo".

"Entiendo las preocupaciones de una parte del sector con lo que pasó con los pasajes en cuotas", expresó Lammens luego que en el discurso previo Gustao Hani, presidente de la FIT 2021, de Faevyt y la CAM, reclamara "reglas claras" y previsibilidad en la toma de decisiones desde el Gobierno respecto a la cancelación de la venta de pasajes al exterior en cuotas.

Tras asegurar que "vamos a trabajar", señaló que al recibir los primeros reclamos, "rápidamente se convocó a una mesa de trabajo, que no tengo dudas que va a dar resultados".

Lammens explicó que quienes conducen el país "tenemos responsabilidades en el Gobierno nacional, que es cuidar los dólares, cuidar las reservas que tenemos, porque para seguir creciendo Argentina las necesita para tener un crecimiento sostenido pero también entendemos que el turismo es una de las industrias que nos va a ayudar en ese crecimiento, en la generación de divisas".

"Entendemos también que necesitamos conectividad y para que esa conectividad exista, que los vuelos vengan, tienen que ir y venir con turistas de los dos lados, así que vamos a trabajar para buscarle una solución a eso, es el compromiso que asumimos con Gustavo y con todas las cámaras", acotó.

El ministro aclaró que "el sector turístico y la Argentina tiene que definitivamente desarrollar una burguesía nacional que priorice los intereses de la Argentina por encima de los personales; es muy difícil pero aquellos países que los tienen son los que han logrado un desarrollo importante, que tienen niveles de desempleo marginales y que no tienen prácticamente pobreza".

Lammens explicó que "si bien el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de divisas, también es verdad que para un país que tiene un problema de restricción interna, como Argentina, que necesita los dólares para seguir creciendo, necesita dar vuelta el déficit en la cuenta de viajes que tuvo en los últimos años", algo que "es un problema y creemos que tenemos una gran oportunidad para revertirlo".

También recordó que debido a la pandemia "debimos dar un golpe de timón que tuvo que ver con el presupuesto, y reconvertir todo lo que teníamos para promoción y ponerlo en cada una de las empresas, sobre todo las pymes, que son el 96% de las empresas del sector, para sostener esos trabajos del sector, más de un millón en todo el país".

Luego enumeró los planes puestos en práctica en ese marco como el de Asistencia al Trabajo y la Producción, los Repro y otros del Minturdep, con financiamiento internacional, que sumaron "solamente el año pasado más de 60.000 millones de pesos en el sector, que fue uno de los sectores que más ayudó el Gobierno", al cual consideran "un sector estratégico para el desarrollo de la economía de los próximos años".

Buenos Aires: se presentó un proyecto para que los intendentes sean reelectos indefinidamente

En la actualidad, de los 135 intendentes, 87 no podrán volver a presentarse por otro mandato en 2023 porque ya agotaron los dos mandatos consecutivos que establece la norma vigente.

Un diputado provincial del Frente de Todos presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto que busca terminar con el impedimento a las reelecciones indefinidas que tienen los intendentes del distrito.

Se trata de la primera iniciativa que busca volver para atrás con la ley que se sancionó en 2016 con impulso de la entonces Gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

La propuesta fue presentada por el Diputado provincial del Frente de Todos Walter Abarca. En los fundamentos, el legislador oficialista establece que la elección del intendente municipal debe estar "determinada únicamente por el voto popular, universal, igual, secreto, libre y obligatorio de los vecinos del Municipio".

En la actualidad, de los 135 intendentes, 87 no podrán volver a presentarse por otro mandato en 2023 porque ya agotaron los dos mandatos consecutivos que establece la norma vigente.

La iniciativa busca modificar el artículo 3 del Decreto-ley 6769/1958, Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, con el fin de establecer que la reelección o no de los intendentes surja de la voluntad del pueblo expresada en las prácticas democráticas. Es decir, que se anule el límite a las reelecciones indefinidas que se había colocado en 2016.

"En la constitución provincial no se establece un límite de tiempo ni de reelecciones para el departamento ejecutivo unipersonal, esto se establece por Ley en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que ha tenido modificaciones por última vez en agosto del año 2016, estableciendo que los intendentes y concejales solo podrán tener una relección pudiendo ser elegidos para el mismo cargo con un intervalo de un periodo", consideró Abarca.

En declaraciones radiales, el legislador bonaerense expresó que "el cargo de intendente es el único cargo unipersonal: la gente vota a esa persona, por lo tanto, creo que en democracia no puede haber un poder más fuerte que el voto popular".

En el proyecto, Abarca insiste en la necesidad del "desarrollo de los municipios, no siendo el resultado de un acto de magia sino de un proceso evolutivo al servicio del bien común".

"La autonomía municipal como resultado de un proceso evolutivo debe importar la revalorización de un conjunto de principios que tiendan a la eficiencia en el manejo de las funciones públicas y constituir el ámbito propicio para una creciente participación popular y social", agregó.

Eutanasia: la UCR presentó en Mendoza un proyecto de ley para regular la práctica

La iniciativa busca "respetar el derecho de todas las personas a solicitar la asistencia y recibir la ayuda necesaria para morir cuando se encuentre sufriendo enfermedades graves e incurables o un padecimiento grave crónico e imposibilitante".

Los Diputados nacionales Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron este lunes en Mendoza un proyecto de ley que llevarán al Congreso para regular la eutanasia en Argentina.

"Este proyecto consiste básicamente en respetar el derecho de todas las personas a solicitar la asistencia y recibir la ayuda necesaria para morir cuando se encuentre sufriendo enfermedades graves e incurables o un padecimiento grave crónico e imposibilitante", explicó el exgobernador Cornejo en la presentación del proyecto Buena Muerte y regulación de la eutanasia, anunciado en el Comité provincial de la UCR, ubicado en el centro mendocino.

Cornejo señaló que los requisitos para poder acceder a esta asistencia son "muy específicos y estrictos" y advirtió que "no cualquiera lo puede solicitar", al tiempo que recordó que esta legislación "está vigente en varios países desarrollados y en vía de desarrollo, como Bélgica, España y estados de Estados Unidos".

Asimismo, apuntó que este tipo de norma "se ha aplicado con estricto profesionalismo".

Durante la conferencia de prensa estuvo presente también el abogado Daniel Ostropolsky, a quien se le diagnosticó hace cuatro años esclerosis lateral amiotrofia o ELA, una enfermedad neurodegenerativa terminal progresiva que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal.

Ostropolsky además fue integrante en el periodo 2010/2014 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y único representante de los abogados del interior del país.

El proyecto

"Este proyecto de Ley es la primera vez que llega como tal a la Cámara Baja", resaltó Cornejo y adelantó que lo presentará junto a Latorre y el Diputado nacional por San Luis, Alejandro Cacace.

Y, comentó que según la iniciativa se "crea una Comisión en cada una de las 24 provincias que permite y exige la aprobación en cada caso" que sea requerida.

El abogado Ostropolsky, señalado como autor de esta iniciativa jurídica y política, indicó a modo de vocero del proyecto, "yo amo la vida y, como tal, me siento muy conmovido de que sea en este lugar en el cual surja un proyecto para que amar a la vida sea consagrada en profundidad".

Ostropolsky felicitó a los diputados por instalar el debate que encuentra dificultades para ser admitido en muchos países y celebró que, por ejemplo, "en Colombia ya se ha sancionado esta Ley".

Consultado por la prensa sobre la aplicación de esta ley para menores de edad, el Diputado Cornejo señaló "están contemplados hasta los 16 años con su consentimiento y los menores de esa edad con el consentimiento de sus tutores o padres".

En cuanto a los requisitos establecidos para aplicar la eutanasia, Latorre señaló que "la ley establece una reglamentación y una comisión de asistencia y análisis médico que será la que reciba el planteo del paciente".

Latorre acotó que esa comisión sería un equipo "interdisciplinario; médico, psicólogo y jurista, que tomará conocimiento de la decisión del paciente y la voluntad de recurrir a esta asistencia para una buena muerte y revisará la procedencia y cumplimiento de los requisitos".

La legisladora por Mendoza detalló que "no hay un listado de cuáles son las enfermedades, el requisito es que sea un padecimiento grave irreversible y que implique un sufrimiento de tal magnitud que sea incompatible con la dignidad humana".

En Argentina, la "muerte digna" o eutanasia pasiva es permitida en ciertos casos y está regulada por la Ley 26.529.

Según la norma, el paciente puede tomar decisiones anticipadas y disponer directivas por escrito sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos y decisiones relativas a su salud.

El Gobierno enviará un proyecto de ley para convertir los planes sociales en trabajo

Lo anunció el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El texto entrará este jueves al Congreso de la Nación y establece beneficios para las empresas y la ayuda social pasaría a ser parte del salario.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó este miércoles que el Poder Ejecutivo enviará este jueves al Congreso el proyecto de ley que apunta a convertir planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector de la construcción.

"Mañana ingresamos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas", anunció el titular de la Cámara baja en Twitter.

El programa A construir que impulsa el Gobierno tiene como meta "el desarrollo de actividades formativas, de certificación de competencias laborales y de inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales de trabajadores desocupados", con prioridad para "beneficiarios de planes de asistencia como el programa Potenciar Trabajo".

De subsidio a porción del salario

De esta manera, el subsidio que reciben los beneficiarios de planes sociales pasaría a convertirse en una porción del salario en la industria de la construcción, con una etapa previa de capacitación.

Durante su presentación el martes pasado en el cierre del acto de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el Presidente Alberto Fernández se había referido concretamente del problema del desempleo y los subsidios.

"A nosotros no nos hace feliz que en Argentina haya tantos hombres y mujeres que perdieron su trabajo y hoy viven de la asistencia del Estado", reconoció el jefe de Estado.

En este sentido, dijo que la apuesta del Gobierno pasaba por "ver cómo convertimos planes sociales en empleo para devolverle dignidad de trabajo a aquellos que lo perdieron, y reconstruir la cultura del trabajo que también se fue perdiendo".

"Lo que nos importa es recuperar el trabajo, no sostener el plan social. Eso no quiere decir que vamos a terminar con los planes sociales, mientras los argentinos lo necesiten lo seguirán teniendo", aclaró.

El Presidente Fernández presentó un proyecto para jerarquizar la enfermería

Bajo las condiciones en las que se encuentra el sistema de salud público y privado en Argentina, la iniciativa busca promover la formación y el reconocimiento de los enfermeros.

El Presidente Alberto Fernández subrayó este viernes que "los enfermeros y enfermeras no son empleados administrativos" sino "mucho más que eso" y remarcó que la tarea que cumplen "es muy importante para la salud de todos nosotros".

"La falta que hace el personal de enfermería es muy grande y estamos lejos de alcanzar un número razonable", aseveró el mandatario en un acto que encabezó en el Museo del Bicentenario, al presentar un proyecto de ley para jerarquizar esa profesión.

Sobre el proyecto de ley que busca jerarquizar y mejorar la calidad de formación de la enfermería, Alberto Fernández afirmó que se trata de "un acto de reparación". "Un Estado que no se preocupa por la salud no merece existir", resaltó el Presidente.

Propuesta del proyecto de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería

  • Facilitar que haya mas enfermeros y promover el desarrollo de la enfermería en Argentina.
  • Reconocimiento de los enfermeros como profesionales de la salud.
  • Creación de nuevas carreras universitarias y superiores técnicas de Enfermería y fortalecimiento de las existentes.
  • Acceso igualitario desde el nivel técnico superior al universitario, homologación de títulos y acreditación de carreras.
  • Creación de una comisión intersectorial nacional para asesoramiento técnico, recomendaciones en todo lo relativo a Enfermería.
  • Desarrollo y fomento de las especializaciones de enfermería.
  • Capacitación continua e investigación en enfermería.
  • Formación Continua Profesional.
  • Profesionalización de los auxiliares de enfermería.
  • Becas para Formación de enfermería, especializa.