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Milei ordenó que el Estado se retire como querellante en la causa por la deuda con el FMI de 2018

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El Gobierno derogó el decreto que habilitaba la intervención de la Procuración del Tesoro.

El Gobierno nacional resolvió que la Procuración del Tesoro deje de actuar como querellante en la causa penal que investigó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional solicitado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.

La decisión se tomó a casi cinco años de que el organismo estatal fuera admitido como parte acusadora en el expediente.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 87/2026, firmado por el Presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El expediente había sido iniciado para investigar presuntas irregularidades en la toma de deuda con el FMI y alcanzaba, entre otros, al expresidente Macri, al exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y al actual Ministro de Economía, Luis Caputo.

También al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al entonces titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, bajo acusaciones de defraudación contra la administración pública.

Con esta decisión, quedó sin efecto el Decreto N° 239/2021, que había habilitado a la Procuración a intervenir como querellante en representación del Estado Nacional.

En ese marco, el organismo tenía la misión de impulsar la acción penal para determinar responsabilidades por posibles daños al erario público.

Según informó Infobae, la salida se fundamenta en una resolución de la jueza interviniente, quien dispuso el archivo de la causa al considerar que no se configuraron los delitos denunciados.

En ese sentido, la jueza consideró que las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en el marco del acuerdo stand-by con el organismo internacional formaban parte de facultades discrecionales propias de la política económica.

Estas sujetas a control jurisdiccional, pero no pasibles de reproche penal por sus efectos macroeconómicos.

El fallo también analizó el rol de la Procuración del Tesoro y remarcó que su intervención en causas penales resulta excepcional, dado que su actuación habitual se concentra en los fueros contencioso administrativo, civil y comercial federal.

Además, señaló que el Ministerio Público Fiscal se encuentra en mejores condiciones técnicas para impulsar investigaciones de esta naturaleza.

De esta manera, el Gobierno justificó la decisión al sostener que "corresponde priorizar un uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos".

También advirtió que la continuidad del Estado como querellante podía generar superposición de funciones o interpretarse como una forma de persecución política.

La determinación se suma a otros cierres de investigaciones vinculadas a esa gestión, entre ellas la causa que indagaba una presunta fuga de capitales entre 2016 y 2019, que también fue archivada por la Justicia.

Gobierno de Santa Fe será querellante en la causa federal que investiga el fentanilo contaminado

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Las ampollas de los laboratorios fueron distribuidas en hospitales provinciales, tanto públicos como privados, y se registraron pacientes afectados.

El Gobierno Santa Fe será querellante en la causa federal que investiga el fentanilo contaminado distribuido en ampollas por los laboratorios HLB Pharma S.A. y Ramallo S.A. que ya habría provocado 53 muertes en Argentina.

A través de un comunicado, informaron que la presentación será realizada en los próximos días por la Fiscalía de Estado, con la intervención técnica del Ministerio de Salud a partir de información generada en una investigación propia.

En el escrito detallaron que se implementaron "todas las acciones preventivas para proteger a la población, evitando que el producto se utilice con posterioridad al 8 de mayo, cuando se conoció una alerta sobre el producto, por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica".

"La figura del querellante permitirá al Estado provincial actuar formalmente en el proceso penal junto al Ministerio Público Fiscal, con capacidad para aportar pruebas, solicitar medidas cautelares y recurrir resoluciones judiciales", indicaron.

Las autoridades manifestaron que la medida se funda en la "afectación directa que este hecho provocó en el sistema sanitario santafesino", debido a que el fentanilo adulterado "fue distribuido en efectores del territorio provincial, tanto públicos como privados, y se registraron pacientes afectados".

"Como garante del derecho a la salud en la provincia, el Estado santafesino toma esta medida para impulsar el proceso", concluyeron.

La causa tramita en la Justicia Federal, a cargo del Juez, Ernesto Kreplak, y el Gobierno de Santa Fe se sumó así como querellante junto con el Gobierno nacional y el Hospital Italiano de La Plata, instituto médico que dio aviso sobre las ampollas contaminadas.

Gobierno ordenó que la UIF deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de dinero

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El objetivo de la medida apunta a evitar la superposición de organismos, que según el Ejecutivo podría generar “contradicciones” en las actuaciones.

El Gobierno dispuso que la Unidad de Información Financiera deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos.

El Ejecutivo argumentó que el esquema actual "superpone la actividad" de la Unidad de Información Financiera y del Ministerio Público Fiscal, "con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar".

La medida se dispuso a través del decreto 274/2025, firmado por el Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El texto mencionó que "el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos conexos son fenómenos de criminalidad compleja que afectan la integridad del orden económico-financiero, tanto nacional como internacional".

El decreto advirtió que estos delitos "evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y por los actores involucrados que en ellos participan".

El texto mencionó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional representan "un sistema completo y consistente que los países miembros deben implementar para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Citó un informe que "establece acciones concretas que el país debe adoptar, a fin de fortalecer el sistema nacional de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Entre ellas que Argentina "debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa".

Destacó que "corresponde regular las condiciones para que la UIF delimite el alcance de las obligaciones que recaerán sobre los sujetos obligados conforme un enfoque basado en riesgo, eficiente y eficaz, que contemple las distintas capacidades técnicas de los referidos sujetos y sus recursos".

Mencionó la competencia de la Unidad de Información Financiera "para poner a disposición del Ministerio Público Fiscal y para el ejercicio de las acciones pertinentes los elementos de convicción obtenidos en el marco de su actuación, como así también para colaborar con los órganos judiciales y ese Ministerio Público en la persecución penal de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las pautas que se establezcan reglamentariamente".

Máximo Kirchner se presentó como querellante en la causa de espionaje ilegal

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Es porque apareció en la lista de espiados por el expolicía Zanchetta. La presentación fue ante el juez del caso.

El Diputado nacional Máximo Kirchner se presentó este lunes como querellante en la Justicia Federal al ser uno de los 1.200 espiados por el expolicía Ariel Zanchetta.

La presentación fue porque apareció en el listado y se sumó a otros pedidos que están siendo analizados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

"Que habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado a cabo acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar que me informe si en aquella investigación resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida", rezó la presentación hecha vía electrónicamente.

El pedido del hijo de la vicepresidenta de la Nación es para poder tener no sólo acceso al expediente, sino además tener la posibilidad de solicitar medidas de prueba o bien acusar junto a la fiscalía.

El escrito presentado por Máximo Kirchner es con el patrocinio de los abogados Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazabal.

El Juez Martínez de Giorgi ahora analizará los varios pedidos que hubieron en los últimos días cuando se conoció el listado de nombres de aquellos espiados por el exsargento de Policía Federal Ariel Zanchetta.

Entre otros ya se presentaron los candidatos a presidente de la Nación Sergio Massa y Javier Milei.

Por ahora, está detenido el expolicía e imputado el actual funcionario de AFIP e integrante de La Cámpora Fabián Conu Rodríguez, cuya detención fue solicitada por la fiscalía y rechazada por el magistrado a cargo.

No obstante, Pollicita podría insistir en las próximas horas con el pedido de detención e indagatoria.

Es que cuando fue allanada su casa y las oficinas de AFIP, el Conu no estaba y por ello no se dio con su teléfono de uso diario. Cuatro días más tarde, él llevó el celular a Tribunales y ahora es parte de peritaje de la Gendarmería para tratar de obtener toda la información sobre su contenido.

El Ministro Wado de Pedro se presentó como querellante en la causa por el espionaje ilegal

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El ministro del Interior solicitó al juzgado de Martínez de Giorgi participar en el proceso y justificó su pedido en que su nombre aparece en la lista de funcionarios y dirigentes supuestamente investigados.

El Ministro del Interior, Wado de Pedro, se presentó este jueves ante el Juzgado Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, para solicitar ser sumado a la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a funcionarios y dirigentes políticos, en la que el titular de la cartera de Interior sería una de las víctimas de estas maniobras.

A través de un escrito presentado ante la Justicia, De Pedro solicitó al Juez de Giorgi "poder ejercer la acción penal en el rol de querellante hasta su finalización", dentro de la causa que investiga el Fiscal Gerardo Pollicita.

En ella existen 1.196 informes de "inteligencia" secuestrados al expolicía Ariel Zanchetta, en los que figuraría información de funcionarios judiciales y de políticos, que van desde los candidatos a presidente Sergio Massa y Javier Milei, hasta el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el Diputado nacional Máximo Kirchner, además de dirigentes de la oposición como Jorge Macri, Diego Santilli y Julio Garro.

A su vez, el ministro del Interior anunció su presentación judicial en la red social X: "En virtud de trascendidos periodísticos que consignan que sería una de las víctimas del espionaje ilegal a funcionarios de los tres poderes del Estado, dirigentes políticos, empresarios y periodistas, he solicitado constituirme como querellante en la causa que investiga estos hechos".

Vecinos de Lomas de Zamora pidieron ser querellantes en la causa contra Insaurralde

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Aseguraron que son damnificados ya que el funcionario desarrolló la mayor parte de su carrera política en el distrito. Además, de haberse enriquecido ilícitamente "lo ha hecho con bienes del estado municipal y aportes de los vecinos".

Vecinos de Lomas de Zamora pidieron ser querellantes ante la Justicia de la causa que se sigue por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que se sigue contra el exjefe de Gabinete Bonaerense Martín Insaurralde.

Un abogado, una ama de casa, comerciantes, empresario, un empleado administrativo y otros vecinos patrocinados por el abogado José España, hicieron la presentación ante el Juez federal Ernesto Kreplak.

"Hoy los ciudadanos no podemos seguir sin hacer nada ante la Justicia y la corrupción descarada que crece desesperadamente en nuestro país", advirtieron en el escrito presentado.

"La Justicia debe reconocernos como víctimas de la corrupción y desde ese status, permitirnos ejercer nuestros derechos", esto es que al ser parte de la causa pueden solicitar medidas de prueba y desde ya tener acceso al expediente, el cual está bajo secreto de sumario por el momento.

Se trata, según justificaron, de "causas de interés público como los que se investigan actos gravísimos de corrupción son también instancias donde se toman decisiones públicas".

"Estos querellantes pretenden actuar como observadores del proceso lo que constituye a aumentar la transparencia de la investigación, máxime teniendo en cuenta el descreimiento de la Justicia", argumentó en su escrito el abogado.

"Somos ciudadanos de Lomas de Zamora donde el denunciado Insaurralde desarrolló la mayor parte de su carrera política siendo intendente durante varios períodos, por lo que de haberse enriquecido ilícitamente en el ejercicio de la función, lo ha hecho con bienes del estado municipal, con nuestros aportes como contribuyentes", resumieron.

Aceptaron a Cristina como querellante en la causa de Revolución Federal

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La decisión fue adoptada por el Juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio.

La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada este martes como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal.

La decisión fue adoptada por el Juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el Fiscal Gerardo Pollicita, según detallaron a Télam fuentes judiciales.

El abogado José Manuel Ubeira, que representa a Fernández de Kirchner, pidió este martes que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro de Finanzas del Gobierno de Cambiemos Luis Caputo "no son una casualidad".

"Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den", señaló Ubeira en declaraciones a El Destape Radio.

La presentación para que la vicepresidenta sea tenida por querellante fue realizada este lunes por Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos abogados que representan a la exmandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado.

Los abogados quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, toda vez que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, según pudo reconstruir esta agencia.

En su momento, el Juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.

A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el Presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran su trámite por separado.

En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título ¿Hay que pudrirla?.

La conversación aportada al expediente cuenta con la participación de dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

En uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la vicepresidenta para hacerla "pasar a la historia", en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde.

En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma Caputo Hermanos, según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.

Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería, detallaron las fuentes.

Ubeira señaló que el "objetivo es ir hacia donde las pruebas nos lleven y encontramos que hay nueve millones de pesos para esa organización que están dando vuelta y no tienen relación con nada".

"Más allá de los loquitos sueltos a los que alude Macri hay una organización que puede tener puntos de contacto con la causa en la cual la jueza Capuchetti investiga el atentado. Creemos que esa carpintería, cuyos integrantes aprendieron a trabajar la madera por YouTube, es novedosa", apuntó.

Además, consignó que "antes de funcionar esta carpintería en la localidad de Boulogne era un centro de jubilados al que asistía Macri", por lo que adelantó que pedirá informes sobre ese "inmueble".

En tanto, la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, María Teresa García, señaló que Caputo "está en un silencio de radio" luego de que se detectaran aportes de su familia para Revolución Federal, y sostuvo que "es un gran absurdo" que las empresas del exfuncionario le hayan hecho aportes a una persona como Jonathan Morel.

"Si fuera Caputo y no tengo nada que ver con el hecho, estaría en todos los canales de televisión explicando mi situación", advirtió García.

Cristina solicitó ser querellante en la causa por el atentado en su contra

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La vicepresidente pidió ser parte en la causa que investiga el atentado que sufrió en la puerta de su domicilio el 1 de septiembre último, y también "acceso urgente" al expediente.

La Vicepresidenta, Cristina Kirchner, pidió ser querellante y designó a José Ubiera y Marcos Aldazabal como sus posibles abogados en la causa que investiga el intento de asesinato en su contra.

Asimismo, adelantó que "cuando lo considere oportuno" también accionará civilmente con el patrocinio de Gregorio Dalbón.

Cristina Kirchner identificó como responsables iniciales del ataque a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos detenidos por disposición de la Jueza María Eugenia Capuchetti.

Pero, además, anticipó: "Ejerceré los derechos que me corresponden como acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de la investigación".

Ello implica que la querella podría extenderse en lo inmediato contra Agustina Díaz, quien fue detenida esta madrugada en la localidad bonaerense de San Miguel por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

"Además, solicito que se dé acceso urgente al expediente electrónico a mis abogados, Ubeira y Aldazábal", reclamó la vicepresidenta.

El carácter de querellante le permitirá a la segunda en la línea sucesoria presidencial tener acceso al expediente, controlar las medidas de prueba que se produzcan, presentar testigos y proponer medidas para el esclarecimiento del hecho.

"Cuando lo considere oportuno, me constituiré como actora civil", anunció además. Esto significa que también podrá reclamar un resarcimiento u otras medidas no penales en el marco del ataque del que fue víctima.

El escrito ya fue presentado ante la Jueza Capuchetti.

Incidentes en el Congreso: la vicepresidenta pidió ser querellante en la causa

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A través de la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, Cristina Kirchner solicitó ser parte de la causa que investiga el ataque con piedras a su despacho ocurrido el pasado 10 de marzo.

La presidencia del Senado, encabezada por la Vicepresidenta Cristina Kirchner, se presentó en la causa que investiga el ataque al Congreso del pasado 10 de marzo para solicitar ser querellante en la investigación.

De esta forma, si la Justicia accede al pedido, la expresidenta podrá acceder de primera mano a lo actuado en la causa.

En la presentación, realizada este lunes ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 5, se detalla que "el pasado 10 de marzo de 2022, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación que tuviera por objeto tratar el acuerdo de refinanciación de la deuda externa contraída con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018 por el entonces Gobierno argentino, se concentró en la Plaza de los dos Congresos una amplia movilización de diversos sectores sociales en rechazo a dicho proyecto".

"Pese a la mayoría pacífica que se manifestó libremente, pudo verificarse un grupo de personas que, apostados sobre la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, de forma coordinada, comenzaron un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho de la Presidencia del H. Senado de la Nación en el que, en aquel momento, se encontraban tanto la actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner, la Senadora Anabel Fernández Sagasti, el Senador Oscar Parrilli y el Diputado Máximo Kirchner entre otros colaboradores", se indicó.

Además, el escrito que fue presentado por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, afirmó que "entre los ataques con piedras y que tuvieran como claro objetivo las oficinas mencionadas, se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona, circunstancia que podría haber oficiado de señalización".

"Los daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, recién pudieron ser evitados a partir de las 15.21 aproximadamente, cuando un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional", agregó la letrada.

El Estado será querellante en la causa contra Macri por la deuda con el FMI

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El Procurador del Tesoro Nacional Carlos Zannini recibió este viernes la instrucción del Gobierno nacional. El presidente había definido el endeudamiento como "la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".

El Gobierno nacional instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante, en representación del Estado, en la causa que investiga si existió "administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública" de parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios, en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional.

Así se estableció por medio del Decreto 239/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del Presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.

En el artículo 1° del decreto se "instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública".

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.

El artículo 1 agrega la necesidad de que el Procurador "coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado".

El endeudamiento asumido durante el Gobierno de Cambiemos con el FMI, fue definido por el Presidente Alberto Fernández en marzo pasado, al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso, como "la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".

En ese marco, el presidente anunció que iniciará una querella criminal para impulsar la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos.

En tanto, en el artículo 2° del decreto publicado este viernes, también se instruye al Procurador "a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal".

Del mismo modo, se instruye a la Sindicatura General de la Nación "para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018".

Las autoridades también solicitan la "colaboración" del Banco Central de la República Argentina en sus materias de competencia.

En el marco de la Asamblea Legislativa de marzo pasado, el presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo pasado, Fernández reveló que había "instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".

En los días previos, comenzó a circular por despachos oficiales la denuncia del Director del Banco Nación, Claudio Lozano, contra Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, entre otros, por la toma de deuda presentada en 2019.

Esa denuncia formó parte de la documentación que la conducción del Banco Central, elevó a la Sigen.