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Causa Libra: la Justicia definirá en los próximos días si acepta la inclusión de los querellantes

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La Cámara Federal debe expedirse sobre los cinco damnificados que fueron excluidos por el Juez Martínez de Giorgi.

La Justicia determinará en los próximos días qué pasará con los querellantes del caso por la presunta estafa con la criptomoneda Libra, quienes habían sido apartados por el Juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi.

Según informaron fuentes judiciales, la Sala 1 de la Cámara Federal podría definir la próxima semana si los cinco inversores damnificados podrán seguir o no siendo parte de la investigación.

Los afectados son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes fueron apartados a comienzos de julio por Martínez de Giorgi tras un planteo de la defensa del lobbista Mauricio Novelli.

El martes, el empresario que fue parte de quienes crearon la criptomoneda, hizo una presentación a través de su abogado, Daniel Rubinovich, en la que aseguró que los damnificados "no fueron estafados", sino que asumieron un riesgo de mercado como inversores.

Novelli también defendió al Presidente Javier Milei. Según su defensa, el posteo realizado por el mandatario en la red social X para anunciar el lanzamiento de Libra es "jurídico-penalmente irrelevante".

En caso de que la Cámara Federal defina dejar firme la decisión del juez de apartar a los querellantes, la investigación quedará únicamente en manos del Fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por las demoras en el avance de la causa.

Caso Libra: la Cámara Federal fijó una audiencia clave para definir el futuro de los querellantes

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La instancia quedó fijada para el 10 de agosto. Los querellantes insistirán en continuar impulsando el caso, tras haber sido apartados.

La Cámara Federal porteña fijó fecha para el 10 de agosto para la audiencia en la que los querellantes que han sido apartados del caso Libra, insistirán en ser mantenidos en ese carácter para continuar impulsando el caso.

La Sala I de la Cámara convocó a los damnificados para el 10 de agosto, tras la feria judicial, y luego de la audiencia los jueces deberán determinar si continúan o no como querellantes.

La causa en la que se investiga si se cometió una estafa tras la promoción y difusión de la criptomoneda Libra pasó el martes a la Cámara Federal luego de que el Juez, Marcelo Martínez De Giorgi, concedió las apelaciones de los damnificados que cuestionaron la decisión judicial de apartar a las víctimas del caso.

La audiencia convocada para escuchar a las víctimas se llevará a cabo en la Salsa I de la Cámara Federal en los tribunales de Comodoro Py el 10 de agosto próximo, luego de la feria judicial.

Martín Romeo, uno de los damnificados representado por el abogado Nicolás Ozsust, y las víctimas patrocinadas por el abogado y dirigente social Juan Grabois apelaron semanas atrás la resolución de Martinez de Giorgi. Todos sostienen que el juez prejuzga sobre el caso y desconoce pruebas clave.

En la causa se investiga una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda Libra, y los querellantes apartados del proceso penal presentaron un recurso de apelación contra la resolución del pasado 3 de julio, que los excluyó del rol de parte querellante.

La apelación de Romeo cuestiona que se haya considerado el caso como una inversión de alto riesgo propia de una memecoin. "Esto no fue ‘solo una memecoin con riesgo’ ni su desplome dependió de las condiciones del mercado", afirmó el escrito.

Y agrega: "El colapso de $LIBRA no fue una volatilidad del mercado; fue un Rug Pull preprogramado".

Según la presentación, la maniobra incluyó compras automatizadas realizadas segundos antes de la publicación del tuit presidencial que impulsó el valor del activo digital y la posterior extracción de U$S44.500.000 mediante información privilegiada.

La presentación, patrocinada por Juan Grabois y Camila Palacin Roitbarg, sostiene que la decisión judicial “desconoce la entidad de la maniobra defraudatoria efectivamente acreditada en la causa".

En el escrito, los querellantes afirman que el juez Martínez De Giorgi se pronuncia sobre el fondo de la imputación, al sostener que 'los hechos investigados no resultan subsumibles en el delito de estafa' y al calificar lo sucedido como una simple inversión especulativa fallida, propia de la volatilidad ordinaria de una 'memecoin'".

Para los querellantes, excluirlos en esta instancia equivaldría a consolidar el vacío de control e impulso del expediente. La causa solo sería investigada por el fiscal Eduardo Taiano, cuya labor es cuestionada por los damnificados.

La Cámara Federal y una decisión que será clave para la continuidad del caso

La Sala I de la Cámara Federal deberá resolver si revoca la decisión de Martínez De Giorgi y permite que las víctimas continúen participando activamente en la causa como querellantes. La definición llegará tras la audiencia del 10 de agosto.

Durante el transcurso de la investigación hubo un cambio de sala debido a distintas cuestiones procesales relacionadas con el cambio de magistrados que intervinieron en la causa. Los querellantes habían sido confirmados en su momento.

Luego el caso pasó a la Sala I integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que deberá resolver la cuestión clave sobre si los damnificados pueden continuar impulsando el caso.

La Sala está en proceso de renovación respecto de Bruglia y Bertuzzi, dos de los jueces que habían sido trasladados a ese tribunal durante el macrismo. Bertuzzi continuaría en la sala ya que el Gobierno envió su pliego al Congreso para convertirlo en titular en ese tribunal.

El Juez Bertuzzi había sido trasladado a la Cámara Federal junto a Bruglia por el macrismo en en 2018. Bertuzzi es uno de los tres candidatos que el Consejo de la Magistratura de la Nación envió al Gobierno para concretar la designación definitiva, junto a la Fiscal, Cecilia Incardona, y el Juez, Julio César Di Giorgio.

El Presidente, Javier Milei, eligió a Bertuzzi y ya envió su pliego, junto al de Pablo Yadarola al Senado.

En tanto, Bruglia presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para continuar en el cargo. Este sería reemplazado en la Sala I por Yadarola. Pero si para agosto no se da el recambio, el reclamo de los querellantes podría ser resuelto por la Sala con la actual composición.

La Cámara Federal es un tribunal clave que revisa decisiones sensibles vinculadas a casos de corrupción, y la Sala I debe resolver todo lo que concierne a la causa Libra.

Milei ordenó que el Estado se retire como querellante en la causa por la deuda con el FMI de 2018

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El Gobierno derogó el decreto que habilitaba la intervención de la Procuración del Tesoro.

El Gobierno nacional resolvió que la Procuración del Tesoro deje de actuar como querellante en la causa penal que investigó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional solicitado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.

La decisión se tomó a casi cinco años de que el organismo estatal fuera admitido como parte acusadora en el expediente.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 87/2026, firmado por el Presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El expediente había sido iniciado para investigar presuntas irregularidades en la toma de deuda con el FMI y alcanzaba, entre otros, al expresidente Macri, al exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y al actual Ministro de Economía, Luis Caputo.

También al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al entonces titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, bajo acusaciones de defraudación contra la administración pública.

Con esta decisión, quedó sin efecto el Decreto N° 239/2021, que había habilitado a la Procuración a intervenir como querellante en representación del Estado Nacional.

En ese marco, el organismo tenía la misión de impulsar la acción penal para determinar responsabilidades por posibles daños al erario público.

Según informó Infobae, la salida se fundamenta en una resolución de la jueza interviniente, quien dispuso el archivo de la causa al considerar que no se configuraron los delitos denunciados.

En ese sentido, la jueza consideró que las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en el marco del acuerdo stand-by con el organismo internacional formaban parte de facultades discrecionales propias de la política económica.

Estas sujetas a control jurisdiccional, pero no pasibles de reproche penal por sus efectos macroeconómicos.

El fallo también analizó el rol de la Procuración del Tesoro y remarcó que su intervención en causas penales resulta excepcional, dado que su actuación habitual se concentra en los fueros contencioso administrativo, civil y comercial federal.

Además, señaló que el Ministerio Público Fiscal se encuentra en mejores condiciones técnicas para impulsar investigaciones de esta naturaleza.

De esta manera, el Gobierno justificó la decisión al sostener que "corresponde priorizar un uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos".

También advirtió que la continuidad del Estado como querellante podía generar superposición de funciones o interpretarse como una forma de persecución política.

La determinación se suma a otros cierres de investigaciones vinculadas a esa gestión, entre ellas la causa que indagaba una presunta fuga de capitales entre 2016 y 2019, que también fue archivada por la Justicia.

Gobierno de Santa Fe será querellante en la causa federal que investiga el fentanilo contaminado

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Las ampollas de los laboratorios fueron distribuidas en hospitales provinciales, tanto públicos como privados, y se registraron pacientes afectados.

El Gobierno Santa Fe será querellante en la causa federal que investiga el fentanilo contaminado distribuido en ampollas por los laboratorios HLB Pharma S.A. y Ramallo S.A. que ya habría provocado 53 muertes en Argentina.

A través de un comunicado, informaron que la presentación será realizada en los próximos días por la Fiscalía de Estado, con la intervención técnica del Ministerio de Salud a partir de información generada en una investigación propia.

En el escrito detallaron que se implementaron "todas las acciones preventivas para proteger a la población, evitando que el producto se utilice con posterioridad al 8 de mayo, cuando se conoció una alerta sobre el producto, por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica".

"La figura del querellante permitirá al Estado provincial actuar formalmente en el proceso penal junto al Ministerio Público Fiscal, con capacidad para aportar pruebas, solicitar medidas cautelares y recurrir resoluciones judiciales", indicaron.

Las autoridades manifestaron que la medida se funda en la "afectación directa que este hecho provocó en el sistema sanitario santafesino", debido a que el fentanilo adulterado "fue distribuido en efectores del territorio provincial, tanto públicos como privados, y se registraron pacientes afectados".

"Como garante del derecho a la salud en la provincia, el Estado santafesino toma esta medida para impulsar el proceso", concluyeron.

La causa tramita en la Justicia Federal, a cargo del Juez, Ernesto Kreplak, y el Gobierno de Santa Fe se sumó así como querellante junto con el Gobierno nacional y el Hospital Italiano de La Plata, instituto médico que dio aviso sobre las ampollas contaminadas.

Gobierno ordenó que la UIF deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de dinero

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El objetivo de la medida apunta a evitar la superposición de organismos, que según el Ejecutivo podría generar “contradicciones” en las actuaciones.

El Gobierno dispuso que la Unidad de Información Financiera deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos.

El Ejecutivo argumentó que el esquema actual "superpone la actividad" de la Unidad de Información Financiera y del Ministerio Público Fiscal, "con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar".

La medida se dispuso a través del decreto 274/2025, firmado por el Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El texto mencionó que "el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos conexos son fenómenos de criminalidad compleja que afectan la integridad del orden económico-financiero, tanto nacional como internacional".

El decreto advirtió que estos delitos "evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y por los actores involucrados que en ellos participan".

El texto mencionó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional representan "un sistema completo y consistente que los países miembros deben implementar para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Citó un informe que "establece acciones concretas que el país debe adoptar, a fin de fortalecer el sistema nacional de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Entre ellas que Argentina "debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa".

Destacó que "corresponde regular las condiciones para que la UIF delimite el alcance de las obligaciones que recaerán sobre los sujetos obligados conforme un enfoque basado en riesgo, eficiente y eficaz, que contemple las distintas capacidades técnicas de los referidos sujetos y sus recursos".

Mencionó la competencia de la Unidad de Información Financiera "para poner a disposición del Ministerio Público Fiscal y para el ejercicio de las acciones pertinentes los elementos de convicción obtenidos en el marco de su actuación, como así también para colaborar con los órganos judiciales y ese Ministerio Público en la persecución penal de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las pautas que se establezcan reglamentariamente".

Máximo Kirchner se presentó como querellante en la causa de espionaje ilegal

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Es porque apareció en la lista de espiados por el expolicía Zanchetta. La presentación fue ante el juez del caso.

El Diputado nacional Máximo Kirchner se presentó este lunes como querellante en la Justicia Federal al ser uno de los 1.200 espiados por el expolicía Ariel Zanchetta.

La presentación fue porque apareció en el listado y se sumó a otros pedidos que están siendo analizados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

"Que habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado a cabo acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar que me informe si en aquella investigación resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida", rezó la presentación hecha vía electrónicamente.

El pedido del hijo de la vicepresidenta de la Nación es para poder tener no sólo acceso al expediente, sino además tener la posibilidad de solicitar medidas de prueba o bien acusar junto a la fiscalía.

El escrito presentado por Máximo Kirchner es con el patrocinio de los abogados Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazabal.

El Juez Martínez de Giorgi ahora analizará los varios pedidos que hubieron en los últimos días cuando se conoció el listado de nombres de aquellos espiados por el exsargento de Policía Federal Ariel Zanchetta.

Entre otros ya se presentaron los candidatos a presidente de la Nación Sergio Massa y Javier Milei.

Por ahora, está detenido el expolicía e imputado el actual funcionario de AFIP e integrante de La Cámpora Fabián Conu Rodríguez, cuya detención fue solicitada por la fiscalía y rechazada por el magistrado a cargo.

No obstante, Pollicita podría insistir en las próximas horas con el pedido de detención e indagatoria.

Es que cuando fue allanada su casa y las oficinas de AFIP, el Conu no estaba y por ello no se dio con su teléfono de uso diario. Cuatro días más tarde, él llevó el celular a Tribunales y ahora es parte de peritaje de la Gendarmería para tratar de obtener toda la información sobre su contenido.

El Ministro Wado de Pedro se presentó como querellante en la causa por el espionaje ilegal

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El ministro del Interior solicitó al juzgado de Martínez de Giorgi participar en el proceso y justificó su pedido en que su nombre aparece en la lista de funcionarios y dirigentes supuestamente investigados.

El Ministro del Interior, Wado de Pedro, se presentó este jueves ante el Juzgado Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, para solicitar ser sumado a la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a funcionarios y dirigentes políticos, en la que el titular de la cartera de Interior sería una de las víctimas de estas maniobras.

A través de un escrito presentado ante la Justicia, De Pedro solicitó al Juez de Giorgi "poder ejercer la acción penal en el rol de querellante hasta su finalización", dentro de la causa que investiga el Fiscal Gerardo Pollicita.

En ella existen 1.196 informes de "inteligencia" secuestrados al expolicía Ariel Zanchetta, en los que figuraría información de funcionarios judiciales y de políticos, que van desde los candidatos a presidente Sergio Massa y Javier Milei, hasta el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el Diputado nacional Máximo Kirchner, además de dirigentes de la oposición como Jorge Macri, Diego Santilli y Julio Garro.

A su vez, el ministro del Interior anunció su presentación judicial en la red social X: "En virtud de trascendidos periodísticos que consignan que sería una de las víctimas del espionaje ilegal a funcionarios de los tres poderes del Estado, dirigentes políticos, empresarios y periodistas, he solicitado constituirme como querellante en la causa que investiga estos hechos".

Vecinos de Lomas de Zamora pidieron ser querellantes en la causa contra Insaurralde

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Aseguraron que son damnificados ya que el funcionario desarrolló la mayor parte de su carrera política en el distrito. Además, de haberse enriquecido ilícitamente "lo ha hecho con bienes del estado municipal y aportes de los vecinos".

Vecinos de Lomas de Zamora pidieron ser querellantes ante la Justicia de la causa que se sigue por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que se sigue contra el exjefe de Gabinete Bonaerense Martín Insaurralde.

Un abogado, una ama de casa, comerciantes, empresario, un empleado administrativo y otros vecinos patrocinados por el abogado José España, hicieron la presentación ante el Juez federal Ernesto Kreplak.

"Hoy los ciudadanos no podemos seguir sin hacer nada ante la Justicia y la corrupción descarada que crece desesperadamente en nuestro país", advirtieron en el escrito presentado.

"La Justicia debe reconocernos como víctimas de la corrupción y desde ese status, permitirnos ejercer nuestros derechos", esto es que al ser parte de la causa pueden solicitar medidas de prueba y desde ya tener acceso al expediente, el cual está bajo secreto de sumario por el momento.

Se trata, según justificaron, de "causas de interés público como los que se investigan actos gravísimos de corrupción son también instancias donde se toman decisiones públicas".

"Estos querellantes pretenden actuar como observadores del proceso lo que constituye a aumentar la transparencia de la investigación, máxime teniendo en cuenta el descreimiento de la Justicia", argumentó en su escrito el abogado.

"Somos ciudadanos de Lomas de Zamora donde el denunciado Insaurralde desarrolló la mayor parte de su carrera política siendo intendente durante varios períodos, por lo que de haberse enriquecido ilícitamente en el ejercicio de la función, lo ha hecho con bienes del estado municipal, con nuestros aportes como contribuyentes", resumieron.

Aceptaron a Cristina como querellante en la causa de Revolución Federal

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La decisión fue adoptada por el Juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio.

La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada este martes como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal.

La decisión fue adoptada por el Juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el Fiscal Gerardo Pollicita, según detallaron a Télam fuentes judiciales.

El abogado José Manuel Ubeira, que representa a Fernández de Kirchner, pidió este martes que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro de Finanzas del Gobierno de Cambiemos Luis Caputo "no son una casualidad".

"Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den", señaló Ubeira en declaraciones a El Destape Radio.

La presentación para que la vicepresidenta sea tenida por querellante fue realizada este lunes por Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos abogados que representan a la exmandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado.

Los abogados quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, toda vez que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, según pudo reconstruir esta agencia.

En su momento, el Juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.

A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el Presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran su trámite por separado.

En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título ¿Hay que pudrirla?.

La conversación aportada al expediente cuenta con la participación de dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

En uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la vicepresidenta para hacerla "pasar a la historia", en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde.

En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma Caputo Hermanos, según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.

Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería, detallaron las fuentes.

Ubeira señaló que el "objetivo es ir hacia donde las pruebas nos lleven y encontramos que hay nueve millones de pesos para esa organización que están dando vuelta y no tienen relación con nada".

"Más allá de los loquitos sueltos a los que alude Macri hay una organización que puede tener puntos de contacto con la causa en la cual la jueza Capuchetti investiga el atentado. Creemos que esa carpintería, cuyos integrantes aprendieron a trabajar la madera por YouTube, es novedosa", apuntó.

Además, consignó que "antes de funcionar esta carpintería en la localidad de Boulogne era un centro de jubilados al que asistía Macri", por lo que adelantó que pedirá informes sobre ese "inmueble".

En tanto, la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, María Teresa García, señaló que Caputo "está en un silencio de radio" luego de que se detectaran aportes de su familia para Revolución Federal, y sostuvo que "es un gran absurdo" que las empresas del exfuncionario le hayan hecho aportes a una persona como Jonathan Morel.

"Si fuera Caputo y no tengo nada que ver con el hecho, estaría en todos los canales de televisión explicando mi situación", advirtió García.

Cristina solicitó ser querellante en la causa por el atentado en su contra

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La vicepresidente pidió ser parte en la causa que investiga el atentado que sufrió en la puerta de su domicilio el 1 de septiembre último, y también "acceso urgente" al expediente.

La Vicepresidenta, Cristina Kirchner, pidió ser querellante y designó a José Ubiera y Marcos Aldazabal como sus posibles abogados en la causa que investiga el intento de asesinato en su contra.

Asimismo, adelantó que "cuando lo considere oportuno" también accionará civilmente con el patrocinio de Gregorio Dalbón.

Cristina Kirchner identificó como responsables iniciales del ataque a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos detenidos por disposición de la Jueza María Eugenia Capuchetti.

Pero, además, anticipó: "Ejerceré los derechos que me corresponden como acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de la investigación".

Ello implica que la querella podría extenderse en lo inmediato contra Agustina Díaz, quien fue detenida esta madrugada en la localidad bonaerense de San Miguel por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

"Además, solicito que se dé acceso urgente al expediente electrónico a mis abogados, Ubeira y Aldazábal", reclamó la vicepresidenta.

El carácter de querellante le permitirá a la segunda en la línea sucesoria presidencial tener acceso al expediente, controlar las medidas de prueba que se produzcan, presentar testigos y proponer medidas para el esclarecimiento del hecho.

"Cuando lo considere oportuno, me constituiré como actora civil", anunció además. Esto significa que también podrá reclamar un resarcimiento u otras medidas no penales en el marco del ataque del que fue víctima.

El escrito ya fue presentado ante la Jueza Capuchetti.

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