El Gobierno nacional y los gobernadores volverán a encontrarse seguramente a partir de marzo para discutir qué hacer con el reparto de un impuesto que cada día recauda más.
El Impuesto Pais recaudó unos $450.000 millones en enero y se proyectó a superar los $6 billones durante este año.
De esa plata, un 30% va a un fondo fiduciario para obras en las provincias. Pero se espera que a partir de marzo, regrese la discusión sobre cómo se reparte, en el marco de la intención del Gobierno de Javier Milei de discutir un nuevo Pacto Fiscal.
El Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria nació en el marco de la emergencia económica que pidió Alberto Fernández al Congreso, con la finalidad de encarecer el precio del dólar oficial y así desalentar la compra para atesoramiento.
Como ocurrió con el Impuesto al Cheque, creado en el 2000 por Domingo Cavallo, el Impuesto Pais es una herramienta tan eficaz de recaudación que ningún político lo quiere sacar.
Sin embargo, no deja de ser un factor más de distorsiones impositivas en Argentina atestada de gravámenes inexplicables.
En enero, la recaudación del Impuesto Pais subió 1.252% respecto de enero del 2023, como consecuencia del aumento de la alícuota, pero sobre todo por la fuerte devaluación de diciembre, que llevó el dólar oficial a 800 pesos.
La pelea entre Nación y provincias
La pelea entre Nación y provincias comenzó con el reclamo de compensación por los cambios en el Impuesto a las Ganancias que los propios gobernadores avalaron en 2023, para que el 99% de los trabajadores que pagaban dejaran de hacerlo. Eran tiempo en que se creía que Sergio Massa tendría serias chances de ser presidente.
Los gobernadores habían acordado con Massa coparticipar el Impuesto al Cheque, algo que fue rechazado por el Presidente Milei. Luego de ello, se pensó en el Impuesto Pais.
En el paquete de la Ley Ómnibus, Milei solicita modificar la asignación específica para quedarse con el 100% de los fondos. Eso abre un nuevo foco de conflicto con los gobernadores, que no quieren perder el 30% de los recursos para obras.
Otra opción es hacerlo coparticipable, por lo que su producido sería de transferencia automática y se repartiría un 56% para las provincias. En ese caso, los que perderían serían los jubilados, que reciben el 70% del impuesto.
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