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Desde que asumió Milei hay 48.000 puestos de trabajo menos en el sector público

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Con los cambios, el Estado aseguró haber logrado un ahorro anual de U$S1.885.000.000.

Durante los primeros 17 meses de su mandato, el Presidente Javier Milei implementó una profunda reestructuración del sector público al eliminar cerca de 48.000 puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción del 9,6% del personal.

Esta reestructuración, destacó un informe del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que comanda Federico Sturzenegger, permitió generar un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares.

En detalle, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, el empleo en el sector público se redujo un 9,6%, lo que equivale a la eliminación de 47.925 puestos de trabajo.

Al desglosar los datos se destacan las caídas en la Administración Pública Nacional y las empresas estatales.

En ese período, la Administración Pública Nacional redujo su personal en un 13,7%, mientras que en las empresas estatales la disminución alcanzó el 16,4%.

Considerando los números de abril de 2025, la reducción de personal en el sector público genera un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos.

"Se estima que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares", precisó el informe.

Dentro del sector de la Administración Pública Nacional, el ahorro varía según el tipo de contrato.

La reducción de personal fue particularmente significativa en los contratos regidos por la Ley Marco, donde el ahorro anual en sueldos ascendió a U$S231.000.000, mientras que el ahorro total, al considerar los costos de infraestructura laboral, alcanzó los U$S462.000.000.

En el caso del personal bajo modalidades permanente y transitoria, el ahorro anual en sueldos fue de U$S254.000.000, con un total de U$S508.000.000 al incluir los costos adicionales.

Por último, en los contratos de Locación de Obras y Servicios, el ahorro anual en sueldos se estimó en U$S67.000.000, alcanzando un total de U$S134.000.000 al considerar los gastos en infraestructura laboral.

El Gobierno estableció una reducción gradual de la doble indemnización

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El País Diario
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La norma que impide a las empresas desprenderse de personal vence a fin de año y el Poder Ejecutivo sostiene que no lo prorrogará. A la par, emitió un decreto que fija un descenso escalonado de las sumas que debe percibir un trabajador cuando es cesanteado sin causa

El Gobierno adoptó dos definiciones que eran esperadas especialmente por las empresas. A través de un decreto publicado este 24 de diciembre en el Boletín Oficial, dispuso una reducción gradual de la doble indemnización para los despidos sin causas. A la par, voceros oficiales comunicaron que el 31 de diciembre finalizará la prohibición de despidos ya que la norma que la impuso vence ese día y no será prorrogada.

De acuerdo al decreto 886/21 publicado esta madrugada, desde 1° de enero al 28 de febrero de 2022, el trabajador despedido "tendrá derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación aplicable, un incremento equivalente al 75% del monto de la misma, desde el primero de enero y hasta el 28 de febrero de 2022″.

Esa cifra será del 50% desde marzo y hasta el 30 de abril próximos, y del 25% desde el primero de mayo y hasta el 30 de junio de 2022.

El monto adicional no podrá exceder en ningún caso los 500.000 pesos.

El beneficio "no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia" de esta ley, que fue implementada por primera vez a mediados de diciembre del 2019, poco después del cambio de Gobierno.

La prohibición de despidos y la doble indemnización fueron dos medidas que puso en marcha la Casa Rosada en el contexto de crisis sanitaria, que fueron extendidas por decreto sucesivamente a lo largo de 2020 y, más recientemente, hasta fin de este año.

Esas dos políticas forman parte de uno de las quejas más pronunciadas de las cámaras empresarias en los últimos meses. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, lo bautizó como el "triple cepo" laboral, en lo que identifica como una de las razones por las que el sector privado no puede crear puestos de trabajo formales.

Por el contrario, fuentes del Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, negaron que la rigurosidad de esta legislación pueda incidir en el ritmo de generación de empleo. "Nos cuesta pensar en evidencia empírica que demuestre que flexibilizar las normas laborales impacte positivamente, ni siquiera el FMI piensa eso ahora", consideraron en la cartera de empleo.

No obstante, en agosto pasado las autoridades laborales reconocieron que el empleo privado aún estaba 1,5 puntos por debajo del nivel que tenía en febrero de 2020, el último mes antes de la pandemia, y lo comparaban con la situación de otros países para aseverar que la Argentina tenía hasta ese momento una situación menos apremiante. Brasil, estimaron, todavía estaba 11 puntos por detrás de la prepandemia; Chile, unos 6 puntos porcentuales, y los Estados Unidos, unos 5 puntos.

Dos diputados proponen reducir la jornada laboral a 6 horas en todo el país

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En el Congreso hay dos proyectos de extracción sindical que pertenecen a Hugo Yasky, de la CTA, y Claudia Ormachea, de la Bancaria. 

Dos diputados de índole sindical buscan instalar en la agenda del Congreso sus proyectos relacionados a la reducción horaria de la jornada laboral.

Por un lado, Claudia Ormachea, legisladora nacional del Frente de Todos y Secretaria de Derechos Humanos de la Bancaria, propone que la jornada laboral sea de 6 horas o un total de 36 semanales.

Por otra parte, se encuentra el proyecto del diputado Hugo Yasky, titular de la CTA. Él presenta en su iniciativa que los trabajadores deben desarrollar su jornada en cuatro días a la semana.

Claudia Ormachea, explicó que "desde el sector de la bancaria venimos desde el año pasado discutiendo la reducción de la jornada laboral. Creo que habrá muchos proyectos de esta índole, porque nos permitirá debatir las diferentes opiniones frente al trabajo en el momento que se está viviendo".

Además, detalló que los fundamentos de estas iniciativas también están destinados a cuidar los puestos de trabajo y la salud de los argentinos.

"En el mundo del trabajo hubo distintos períodos donde se discutió el avance en el trabajo. Bueno, hoy con el avance de la tecnología y puesta al servicio de la producción, es necesario discutir nuevamente las jornadas laborales. La tecnología no solo tiene que estar al servicio de la rentabilidad, esos avances también tienen que estar al servicio de las personas, somos nosotros los que producimos ciencia y tecnología", argumentó la diputada.

Se reducirá el Impuesto a las Ganancias para 9 de cada 10 empresas

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La definición modifica el proyecto original y reformulará las escalas, aumentando la progresividad del impuesto. La distribución de los dividendos pagará, en todos los casos, la alícuota del 7%, a través del impuesto cedular vigente.

El Gobierno nacional decidió este martes reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias que deberán pagar las empresas, lo que beneficiará a más del 90% de las pymes a partir de un acuerdo alcanzado para reformular el proyecto de ley enviado en marzo pasado al Congreso para su tratamiento.

La decisión fue adoptada en una reunión de gabinete económico que encabezó el Jefe de ministros, Santiago Cafiero, que contó con la asistencia del titular del Palacio de Hacienda, Martin Guzmán, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y los titulares de la comisiones de Presupuesto del Senado y de Diputados, Carlos Heller y Carlos Caserio; la Senadora Anabel Fernández Sagasti, la Vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, y la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont.

El proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias de las empresas, en el que se establecía que las compañías deberán pagar entre el 25 y el 35 de alícuota, se reformuló de tal modo que 9 de cada 10, empresas pequeñas y medianas, abonarán la tasa más baja.

A partir de la reciente decisión impositiva se modifica el proyecto original y se rehacen las escalas, aumentando la progresividad del impuesto. En función de esto, fuentes parlamentarias subrayaron que sólo una de cada diez empresas contribuyentes en el rubro ganancias pasará a pagar el 35%.

El 11 de marzo pasado el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional establece un sistema progresivo de alícuotas que se aplicarán a las Sociedades de Capital que oscilarán entre el 25% y el 35% y a la distribución de dividendos que será del 7%, con el fin de mejorar la recaudación fiscal.

El proyecto girado por el PEN establece que pagarán un 25% las sociedades de Capital con una ganancia de 1.300.000 pesos, un 30% de tasa aquellas que tengan una ganancia hasta $2.600.000.

En el tercer tramo se estableció que las sociedades con ganancias anuales superiores a 2.600.000 pesos pagarán una alícuota de 35%.

La distribución de los dividendos pagará en todos los casos la alícuota del 7%, a través del impuesto cedular vigente.