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A pesar del rechazo legislativo, el Gobierno avanzó con la reducción de la estructura del INTA

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El Ejecutivo eliminó la Dirección Nacional del organismo.

El Gobierno nacional avanza con la reducción de la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, mediante el Decreto 571/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, pese al rechazo legislativo de la modificación del organismo.

La normativa dispuso la eliminación de la Dirección Nacional del INTA, transfiriendo las funciones a la Presidencia del organismo, en el marco de la transformación institucional que viene llevando a cabo la administración de Javier Milei.

La medida se da a menos de una semana del rechazo opositor en la Cámara de Diputados a una serie de decretos delegados emitidos por el Gobierno, entre los que estaba el 462/2025, que establecía la transformación del Instituto de organismo descentralizado a desconcentrado.

En línea con el decreto rechazado que amplió las funciones asignadas al Presidente del INTA, la nueva norma se amparó en la facultad del titular del organismo de proponer la estructura organizativa del mismo, según dispone el artículo 4° del Decreto Ley Nº 21.680/56.

En este sentido, el actual responsable máximo del organismo, Nicolás Bronzovich, elaboró un informe en el que impulsó la supresión de la Dirección Nacional de la estructura organizativa del Instituto.

Al argumentar la decisión en el texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que "las actuales funciones del Presidente del Instituto resultan superpuestas con las oportunamente asignadas a la Dirección Nacional en su carácter de órgano ejecutivo del Instituto", indicando que "las razones operativas que justificaban la existencia de la mencionada Dirección Nacional han desaparecido".

De esta manera, determinó que a partir de ahora las disposiciones de la Resolución 513/19, en las que se menciona a la Dirección Nacional del INTA "deberán entenderse referidas al Presidente del citado Instituto".

Asimismo, aclaró que "hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por la presente medida, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de primer nivel operativo y aperturas de nivel inferior de la Dirección Nacional suprimida por el presente acto, las que mantendrán las acciones, cargos, dotaciones y suplementos vigentes a la fecha".

La Justicia ordenó al Gobierno que frene por 6 meses la reestructuración del INTI

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El Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dispuso un plazo por 6 meses para que el Ejecutivo no realice cambios.

La Justicia frenó este martes el decreto 462/2025 por el cual el Gobierno buscaba aplicar cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y dispuso que el Poder Ejecutivo "se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo" por el plazo de 6 meses, en una decisión que ATE celebró como un apoyo a la "lucha" sindical.

Así lo estableció la Jueza, Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín y quien ordenó al Gobierno que "se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo" que derive de la aplicación del decreto 462/25 por un tiempo determinado de seis meses.

El decreto había sido impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para modificar la estructura del organismo.

La jueza dispuso "hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar solicitada por la actora Asociación Trabajadores del Estado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial".

El objetivo del Gobierno era integrar el INTI a una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

Actualmente, el organismo cuenta con una dotación de 2.356 agentes y un presupuesto anual de más de $85.600 millones, con más de 250 reparticiones estructuradas en 6 niveles jerárquicos.


Gobierno oficializó la reestructuración en Procuración del Tesoro

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Con un decreto, publicado en el Boletín Oficial, argumentó que con los cambios en el organismo se reducirán costos y mejorará la formación de los abogados del Estado. En la previa, la institución echó a 60 personas.

El Gobierno oficializó la reestructuración en la Procuración del Tesoro, luego de echar a 60 personas por la sospecha de que filtraron información de YPF a los demandantes en el juicio por la expropiación.

La Procuración del Tesoro habló de un "recorte histórico de personal y una drástica reducción de áreas técnicas" con las que dijo que "busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos".

El decreto 475, publicado en el Boletín Oficial, argumentó que con los cambios en el organismo se reducirán costos y mejorará la formación de los abogados del Estado.Fue firmado por el Presidente, Javier Milei, y el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Además, dispuso la eliminación de la Escuela para abogados estatales, que tenía como objetivo "ser el organismo de capacitación y perfeccionamiento técnico específico de los profesionales que desarrollen su carrera administrativa en el Cuerpo de Abogados del Estado".

"A pesar de haber cumplido con los objetivos propuestos en su norma de creación, la citada Escuela enfrenta desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos, por lo que resulta aconsejable su disolución", planteó el decreto.

En ese sentido, planteó que los cambios se "optimizarán recursos, evitando el sostenimiento de una estructura burocrática innecesaria, lo que permitirá reducir costos y mejorar la calidad de la formación y actualización profesional de los abogados del Estado".

El decreto aclaró que "los programas de capacitación en curso al momento de la entrada en vigencia del presente decreto continuarán hasta su finalización bajo la supervisión de la Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública", que garantizarán "la certificación de los estudios cursados".

La resolución determinó que la Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública será "el organismo competente para entender en la selección de los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado que soliciten becas para cursos de perfeccionamiento que ella administre. Será responsable de la difusión pública de las becas ofrecidas, evaluará las condiciones de los candidatos y elevará las propuestas pertinentes al Procurador del Tesoro de la Nación, quien resolverá sobre el particular".

El decreto indicó que "por razones de gestión resulta indispensable aprobar una nueva estructura organizativa" de la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, "con el fin de fortalecer su capacidad operativa y dotarla de mayor agilidad y dinamismo en el cumplimiento de sus funciones".

Gobierno avanzó con la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de la ESMA

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A través del Decreto 344/2025 publicado en el Boletín Oficial, los dos organismos formarán parte de las unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

El Gobierno Nacional avanzó con la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de la ESMA, organismos descentralizados de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que integrarán las unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

A través del Decreto 344/2025 publicado en el Boletín Oficial, la administración libertaria argumentó que la modificación responde a "la necesidad de garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos públicos y promover una gestión más ágil y centralizada".

En el artículo 1°, detallaron: "Dispónese la transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo del Sitio Esma Excentro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, ambos organismos desconcentrados de la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en unidades organizativas a incorporarse a la estructura del Centro Internacional Para la Promoción de los Derechos Humanos".

Según precisan desde el Poder Ejecutivo, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos se creó como entidad descentralizada de la Secretaría de Derechos Humanos para "obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino".

El informe técnico de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado detalló la existencia de 111 organismos, 40 desconcentrados y 71 descentralizados, de los cuales, los organismos desconcentrados, cuentan con cuatrocientas setenta y siete autoridades superiores.

Ante este escenario, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que el Archivo Nacional de la Memoria, el Museo de Sitio Esma Excentro Clandestino de Detención y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos comparten responsabilidades relacionadas, y precisó que bajo la premisa de optimizar recursos, la cartera avanzó en la reestructuración de las áreas con garantía de conservar fondos documentales y las actividades.

"Para el logro de una más eficiente gestión de Gobierno se inició un proceso de evaluación de las competencias asignadas a las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública Nacional", puntualizaron desde Casa Rosada.