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Gobierno reglamentó el derecho de huelga en el transporte, educación y salud a través de un DNU

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El artículo 3 de la normativa publicada en el Boletín Oficial señala que dicha actividad quedará sujeta a la "prestación de servicios mínimos".

A través del decreto de necesidad y urgencia 340/2025 el Gobierno del Presidente Javier Milei reglamentó el derecho a huelga y amplió las actividades consideradas esenciales.

Se trata de las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en medio de un conflicto sindical.

"Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos", afirmó artículo 3 de la normativa.

Agregó que "en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare".

Por su parte, "en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%".

El nuevo decreto del Gobierno amplió el listado de servicios considerados esenciales que, hasta ahora, sólo reconocía como tal a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo.

A diferencia de lo que regía hasta ahora, la normativa incorporó actividades clave en sectores estratégicos como la salud, el transporte, la educación y las telecomunicaciones.

Se incluyeron como servicios esenciales: los servicios sanitarios y hospitalarios, el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios, los servicios farmacéuticos, y la producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica.

También, los servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales; y la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y demás servicios portuarios.

Lo mismo para los servicios aduaneros y migratorios, y otros vinculados al comercio exterior, el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial, y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, junto a los servicios conexos y operaciones costa afuera.

Eliminaron todas las regulaciones que ponían tope a tarifas de Internet, celulares y cable

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Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperarán la capacidad de fijar libremente sus precios.

El Enacom que se encuentra intervenido, eliminó todas las regulaciones que le ponían tope a las tarifas de internet, celulares y cable. La institución eliminó las regulaciones de la anterior gestión de Claudio Ambrosini que fijaban un límite a las empresas para los aumentos del 5% y de hasta el 10% mensual.

La decisión la tomaron los interventores Juan Martín Ozores, consultor y exempleado de Movistar; y los interventores adjuntos que son la abogada con 30 años de carrera en organismos estatales, Patricia Roldán; y el exdirector del Enacom en la gestión del presidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra.

Esta decisión respondió al Decreto de Necesidad y Urgencia 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020. Este último había declarado a los servicios TIC como "servicios públicos esenciales y estratégicos", otorgando al Enacomla facultad de regular sus tarifas.

Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperarán la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justificó como necesario para "salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia".

La resolución, firmada por la intervención del Enacom, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, marcando un cambio significativo en la política regulatoria del sector de las telecomunicaciones en Argentina.

Según explicó la misma resolución, según la Procuración del Tesoro de la Nación "el cambio de ordenamiento jurídico hace que deje de ser válido sin quedar totalmente extinguido". Por ese motivo fue necesario emitir otra resolución "que pronuncie su extinción, sea por la administración o por la justicia".

Mauricio Macri cuestionó la intención del Gobierno de regular las redes sociales

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El líder del PRO se definió como "un absolutista de la libertad de expresión" y dijo "lucharé junto a todos ustedes para que nadie se meta con lo queremos decir".

El expresidente Mauricio Macri cuestionó la intención del Gobierno de regular las redes sociales y advirtió que se podría avanzar hacia la "censura o vigilancia".

"A diferencia de la mayoría de los dirigentes del oficialismo, incluyendo al presidente y a la vicepresidente, yo nunca bloqueé a un usuario en Twitter y nunca lo haré. No importa lo que digan", sostuvo el líder del PRO.

A través de su cuenta de Facebook, el ex mandatario se refirió a la polémica abierta por el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y publicó un texto titulado "Soy un absolutista de la libertad de expresión".

"Desde mi punto de vista, el único límite que debe existir para las expresiones públicas en redes sociales o en cualquier plataforma de comunicación, son los contemplados por la Constitución Nacional y el código penal y la facultad de intervenir de la Justicia Civil en los casos que corresponda. Todo lo demás es censura o vigilancia", remarcó Macri.

"La polémica sobre la libertad de expresión en las redes que se produjo ayer luego del desafortunado anuncio que hizo el Gobierno, al declarar que trabaja en un pacto para el buen uso de redes sociales para que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia, es una oportunidad para saber de qué lado de la democracia estamos", continuó.

El referente opositor afirmó que está "en contra de cualquier intento de limitar, regular, afectar, influir o condicionar, en cualquier forma, el derecho a expresarse libremente dentro de los artículos de la Constitución".

"No concibo que la democracia sea posible regulando las expresiones en las plataformas o en los medios de comunicación. No es esa la visión del oficialismo. En el pasado intentaron regular a los medios y en la actividad individual de sus principales dirigentes consta el bloqueo a usuarios, los insultos y el desprecio a las ideas y opiniones de otras personas", lanzó.

"Por eso, coincido plenamente con la posición de Elon Musk que hace poco declaró en un tweet ser un absolutista de la libertad de expresión", agregó.

"Yo también soy un absolutista de la libertad de expresión. Por eso, si es necesario, lucharé junto a todos ustedes para que nadie se meta con lo queremos decir, cómo podemos decirlo, ni dónde tenemos permitido hacerlo", concluyó.

El Gobierno trabaja en un pacto para regular el uso de redes sociales

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El Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, anticipó que planifican un abordaje para su "buena utilización" y que se deje de "intoxicar la democracia".

El Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, anticipó este martes que el Consejo Económico y Social trabaja en "un pacto para el buen uso de las redes sociales", para que se deje de "intoxicar la democracia".

Lo hizo durante la presentación de la Agenda Productiva Federal en el marco del Consejo Económico y Social, y el tema llamó la atención, ya que siempre se encienden las alarmas cuando se habla de regulación de los espacios de expresión.

"Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común", aseguró Beliz.

"Ya estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia", resaltó Beliz.

El funcionario aseguró se han convocado a 40 universidades del país para "pensar y proponer estas iniciativas".

"Redes para el bien común es un programa que, a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, persigue el objetivo de abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de Internet", se detalla en la web del Consejo.

La idea es "aprovechar al máximo el potencial democrático que ofrecen las plataformas virtuales, avanzando hacia la construcción de entornos digitales plurales y respetuosos que favorezcan la amistad social".

De entrar en vigencia, se pondrá el eje en "la preocupación real y concreta de las democracias contemporáneas ante los efectos negativos de la desinformación y los discursos de odio para reducir su incidencia es una tarea compleja que requiere que se convoque a un debate amplio con la participación de toda la sociedad".

"Con ese fin, desde el programa Redes para el bien común se organizarán Foros abiertos sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación. Se trata de encuentros que se llevarán a cabo, durante los meses de octubre y noviembre, en 5 regiones del país: norte, centro, cuyo, sur y bonaerense", se indicó.

El objetivo es formular recomendaciones basadas en evidencia para la adopción de políticas públicas que permitan construir entornos digitales respetuosos; desarrollar investigaciones que incrementen el conocimiento de los problemas de mayor relevancia en el campo de las comunicaciones en entornos digitales.

También, evaluar el grado respeto a los principios del Pacto Internacional para la Información y la Democracia por parte de las entidades que integran el ecosistema digital del país.

El Banco Central prepara una nueva regulación sobre las billeteras digitales

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El País Diario
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Habrá nuevas exigencias para conocer en forma fehaciente a los clientes de cuentas virtuales. Ya hay cerca de 30 millones abiertas. 

Las billeteras digitales, que han tenido un boom explosivo en los últimos años, siguen bajo la atenta mirada del Banco Central.

El directorio de la entidad analizará este jueves una nueva regulación, que aseguran tiene como objetivo "evitar fraudes". "No se trata de prohibir nada, sino de aplicar las mismas normas que hoy deben cumplir los bancos en relación al conocimiento de los clientes", señalaron.

Aún no está confirmado si la normativa se terminará de redactar en la reunión de directorio de la institución, pero su publicación sería inminente. La filtración de esta nueva ofensiva del Central generó revuelo en el sector fintech, que temen que las nuevas regulaciones les impidan competir de igual a igual con el resto del sistema financiero.

El último antecedente en ese sentido es preocupante. A fin de año, el Titular del Banco Central, Miguel Pesce, decidió que todo el dinero líquido de clientes que permanece en las billeteras debía encajarse en un 100%. Se trató de una medida que impuso fuerte presión sobre los costos de las compañías, que previamente aprovechaban para invertir en los propios bancos esos saldos líquidos. Desde el Central indicaron que mantener ese dinero a la vista representa un "peligro sistémico". Sin embargo, muchos vieron en esta medida una fuerte presión de los propios bancos para acotar el crecimiento del sector fintech.

Aunque aún no trascendieron detalles, uno de los principales focos del BCRA estará puesto en toda la relación que vincula a las cuentas digitales con las bancarias. Según explicaron, se han detectado muchos casos de fraude de clientes de billeteras que vinculan sus cuentas virtuales con la de un banco y extraen dinero sin autorización. Justamente uno de los grandes avances de los últimos años fue la total interoperabilidad entre las cuentas virtuales con las bancarias.

Se verá si este tipo de operaciones que son inmediatas y sin límite corren peligro. Ya algunos bancos venían imponiendo algunas trabas para estas operaciones, aunque la regulación al menos hasta ahora las ponía en igualdad de condiciones. La "excusa" de varias entidades pasaba justamente por la imposibilidad de conocer la contraparte de la operación.

De la misma manera, la principal forma de fondeo que tienen los clientes de las billeteras es a través de transferencias desde sus cuentas bancarias. Ese tipo de operaciones está ahora bajo la mirada del Central.